BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

SEGURIDAD PRIVADA

Preámbulo

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en adelante la Ley), en su

disposición final tercera, encomienda al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior,

dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución

de lo dispuesto en la misma, y concretamente para determinar: los requisitos y

características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación; las

condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad privada y

en la prestación de servicios de esta naturaleza; las características que han de reunir

tanto las medidas de seguridad privada como los medios técnicos y materiales utilizados

en tales actividades y servicios; las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación

del personal de seguridad privada y del personal acreditado, así como el régimen de su

habilitación y acreditación; y los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada

caso, para el desempeño de las distintas funciones.

Por su parte, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana, en su artículo 26, en relación con establecimientos e instalaciones

industriales, comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas,

establece que reglamentariamente en desarrollo de lo dispuesto en dicha ley, en la

legislación de seguridad privada podrá establecerse la necesidad de adoptar medidas de

seguridad privada con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos o

infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean

especialmente vulnerables. Para ello, de la misma manera se habilita al Gobierno, en su

disposición final cuarta, para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas en

orden a su ejecución.

La indudable afinidad de las materias aludidas y la idéntica finalidad de las mismas,

aconsejan desarrollarlas reglamentariamente de forma unitaria, lo que se lleva a cabo

mediante el Reglamento de Seguridad Privada, que se aprueba por este Real Decreto, de

acuerdo con las previsiones contenidas en las mencionadas leyes y en cumplimiento de

los mandatos conferidos o habilitaciones que se han otorgado al Gobierno para ello.

Además de todo lo anterior, se ha dado el oportuno cumplimiento a todas las

remisiones a desarrollo reglamentario contenidas en la citada Ley, procurando conservar,

en la medida de lo posible, actualizado, todo el articulado del Reglamento de Seguridad

Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre que no entraba en

contradicción con ella, una vez subsanadas las lagunas existentes y superados los

desfases producidos por la propia dinámica de la seguridad privada durante los años

transcurridos desde entonces, pero también introduciendo nuevos preceptos que la

realidad ha ido revelando necesarios. .

Asimismo, en atención al espíritu y previsiones de la propia Ley con el Reglamento

de desarrollo de la misma se persigue, entre otros objetivos, aumentar la eficacia en la

prestación de los servicios de seguridad a los que tienen derecho los ciudadanos, con el

consiguiente beneficio para éstos, así como dar respuesta a sus necesidades reales de

seguridad en cada momento.

Este principio de búsqueda de la máxima y mejor seguridad de los ciudadanos trata

de plasmarse en el articulado del Reglamento de Seguridad Privada, de manera que no

se limite u obstaculice, todo el potencial que encierra el nuevo marco jurídico de la

seguridad privada en España.

Igualmente, el texto reglamentario pretende constituirse, al mismo tiempo, en un

instrumento jurídico global que esté al servicio de un sector en permanente evolución y

que, en lógica consecuencia, debe estar dotado de buenos reflejos para evolucionar,

asimismo, de manera que pueda adaptarse continuamente para cumplir las finalidades

fundamentales perseguidas por la seguridad privada y, en parte, también, indirectamente,

por la seguridad pública.

Las consideraciones expuestas anteriormente han sido tenidas en cuenta para la

elaboración de este Reglamento, dando lugar a un texto estructurado, unitario y

sistemático, distribuido en diez títulos, , con un total de doscientos cincuenta y un

artículos, incluyéndose, en su parte final siete anexos.

El Título I (Disposiciones generales), tras definir el objeto, fijar su ámbito de

aplicación y señalar su naturaleza y carácter, establece qué autoridades públicas y

órganos administrativos o policiales son competentes en materia de seguridad privada,

así como las facultades que se les atribuyen, y cuáles son los procedimientos que han de

aplicarse a las actuaciones con trascendencia administrativa.

Como consecuencia de la incorporación de la seguridad privada al sistema público

de seguridad, una de las novedades más importantes derivadas de ello viene dada por el

hecho de que la Secretaría de Estado de Seguridad asume, en el ámbito nacional, todas

aquellas competencias relacionadas con el perfeccionamiento y dirección del sector y su

coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En dicho título cabe destacar, en línea con el favorecimiento de la actividad

económica marcada por la Ley, que, por primera vez, en sede reglamentaria, se

introducen los procedimientos de declaración responsable y de comunicación previa para

el ejercicio de parte o, en su caso, totalmente, de las actuaciones que han de llevar a

cabo los prestadores de servicios, entidades, establecimientos o centros con sujeción al

ámbito de la seguridad privada, pasándose así de una gestión administrativa

monopolística, marcada por la necesidad de la autorización previa, a otra compartida

entre Administración y administrados, más propia de los tiempos actuales y consiguiente

madurez de un sector profesionalizado como es el de la seguridad privada.

Asimismo, en el terreno de los aspectos registrales debe destacarse el hecho de

que se ha procedido a regular la organización y funcionamiento del Registro Nacional de

Seguridad Privada, con carácter unitario para todo el territorio nacional y para cualquier

acto objeto de inscripción o anotación en el mismo, y de acuerdo con el mandato

formulado en la Ley de integrar, en uno solo, los diferentes registros y archivos que

venían funcionando en el ámbito de la gestión de la seguridad privada.

Como novedad, este Registro no se limita al simple ejercicio de competencias

administrativas de orden registral, sino que también asume la función de mantener

permanentemente actualizado un mapa de los servicios privados de seguridad de forma

que se facilite su integración y coordinación con los de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Además, servirá como instrumento de lucha contra las malas prácticas toda

vez que contiene los datos necesarios para que se pongan de manifiesto cualquier tipo de

actuaciones fraudulentas.

En el Título II (Coordinación, colaboración y participación) se ha dado cumplimiento

a las previsiones de la propia Ley, con la configuración del nuevo marco de entendimiento

que ha de presidir las relaciones entre la seguridad pública, representada

fundamentalmente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la seguridad privada,

especialmente por lo que se refiere al intercambio de información, bajo los principios de

coordinación, colaboración y corresponsabilidad.

A tales efectos, en el referido título se han desarrollado las distintas fórmulas de

coordinación y de colaboración profesional en la prestación de los respectivos servicios,

así como de participación institucional y reconocimiento social, junto con la necesaria

cooperación y coordinación interadministrativa, al objeto de mejorar la calidad, eficacia y

eficiencia de los respectivos servicios que se prestan a favor de la preservación de la

seguridad ciudadana y de la lucha contra el delito, así como de dar la oportuna respuesta

a la especial problemática que genera el intrusismo y la competencia desleal en el ámbito

del sector de la seguridad privada.

Dentro de las fórmulas de reconocimiento social que se han establecido en este

título, cabe destacar la introducción del “Día de la Seguridad Privada”, así como la

creación de la ”Orden de Mérito de la Seguridad Privada”, lo que, junto a otros posibles

reconocimientos honoríficos, constituyen claros ejemplos del valor y utilidad social que la

acción profesional de la seguridad privada ha alcanzado en España.

El Título III (Empresas de seguridad privada), se ocupa de los requisitos generales

de autorización inicial que han de reunir las empresas interesadas en desarrollar

actividades de seguridad privada, la inscripción de aquélla en el registro correspondiente,

los procedimientos que deben seguirse para su obtención, así como la modificación o

extinción de la misma y el régimen de funcionamiento empresarial, estableciéndose

cuáles son los deberes generales a los que quedan sometidas, la infraestructura y

logística con la que se ha de contar, cómo han de formalizarse y comunicarse los

contratos de servicios de seguridad privada, qué disposiciones específicas resultan de

aplicación como consecuencia de la realización de determinadas actividades de seguridad

privada, y los requisitos adicionales que han de cumplimentarse en función de la

prestación de determinados servicios de seguridad privada, así como, en su caso, la

ampliación de los mismos o su exención.

Como novedades más importantes que se introducen en este título, destacan la

exigencia requerida a las empresas de seguridad privada de disponer de medidas de

seguridad privada para sus sedes y delegaciones vinculadas con la operativa de

seguridad, como requisito general, el cual solo se contemplaba en una orden ministerial,

así como el sometimiento de las mismas al cumplimiento de otros requisitos en cuanto a

las condiciones de ubicación y uso de las mismas, Otra destacada novedad guarda

relación con el ámbito territorial de actuación de dichas empresas de seguridad privada,

fijándose en función del voluntariamente declarado en el registro para el que soliciten su

inscripción: autonómico, circunscrito al territorio de una sola comunidad autónoma con

competencias en materia de seguridad privada; o nacional, en los demás casos, con

extensión a todo el territorio nacional.

Además, con el fin de hacer efectivo el principio de unidad de mercado, se ha

simplificado el sistema acabando con la injusta situación de discriminación existente que

imponía el anterior reglamento, por razón de establecimiento o residencia de las

empresas de seguridad privada prestadoras de servicios de seguridad privada, respecto

de las diferentes cuantías establecidas en orden a cumplimentar los requisitos de

suscripción o constitución de seguros de responsabilidad civil o garantías por parte de las

empresas de seguridad privada, según se tratase de un ámbito de actuación nacional o

autonómico. A partir de ahora, las cuantías únicamente quedan diferenciadas por la

actividad de seguridad privada desarrollada, sin tenerse en cuenta el ámbito territorial de

actuación, el cual queda a la libre decisión del empresario interesado. Al mismo tiempo,

se ha eliminado el complejo y enrevesado sistema de cálculo de tales cuantías en el

ámbito autonómico, basado en criterios tales como atender al número de provincias que

componen las comunidades autónomas o el número de habitantes existentes en ellas.

De la misma manera, al objeto de reducir cargas económicas a las empresas de

seguridad privada que no prestan servicios de seguridad privada con armas, se ha

considerado oportuno que no se les exija, en este reglamento, como requisito necesario

para su autorización el que todas ellas dispongan, en sus sedes y delegaciones

vinculadas a la operativa de seguridad, de armeros para desarrollar sus actividades, pues

resulta innecesario, desproporcionado y antieconómico.

En materia de contratación, y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional

segunda de la Ley, se ha estimado conveniente que a los efectos de garantizar la

necesaria solvencia técnica o profesional de las empresas de seguridad privada que

pretendan contratar con las Administraciones Públicas se exija la aplicación de más de un

criterio de adjudicación, debiendo primar los de carácter cualitativo sobre los que guarden

relación con el precio.

También cabe destacar que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, , se ha

hecho uso de la potestad conferida por el legislador para exigir a las empresas de

seguridad privada el cumplimiento de determinados requisitos y garantías adicionales en

razón de la singularidad de los servicios de seguridad privada que presten, tales como el

acompañamiento, defensa y protección a grupos de personas determinadas; depósitos de

fondos en los que se maneje o cuente dinero; depósitos de obras de arte, antigüedades u

otros objetos de valor histórico o cultural; transportes transfronterizos de fondos en euros

por carretera, u otros que, por similares razones, se contemplan en el articulado del

reglamento.

De otro lado, se han ampliado los requisitos que han de cumplir las empresas de

seguridad privada, referentes a medios personales y materiales, para poder prestar

servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así

como en los servicios necesariamente prestados con armas de fuego o los servicios de

vigilancia y protección requeridos de autorización previa o en régimen de decisión por

parte de la autoridad competente.

Al amparo, igualmente, de la potestad otorgada en la Ley para poder eximir, a las

empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o

mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de alguno de los

requisitos generales exigidos para poder desarrollar tal actividad, se ha estimado oportuno

hacerlo cuando aquéllas revistan forma de empresario individual, en cuyo caso quedarán

exentas de la obligación de estar inscritas en el registro mercantil.

Por último, otra novedad significativa introducida en el texto reglamentario , en

relación con la obligatoriedad de que, con carácter previo a la prestación de servicios de

seguridad privada en los sectores estratégicos, las empresas de seguridad privada hayan

de contar con una certificación emitida por una entidad certificadora previamente

acreditada por la autoridad competente en esta materia, ha consistido en determinar el

alcance de dicha obligatoriedad, su vigencia, periodicidad en su seguimiento y la

normativa aplicable para la revisión, así como las características de la entidad de

certificación y los requisitos que han de reunir tanto el correspondiente proceso de

evaluación como el personal responsable de la auditoría.

El Título IV (Despachos de detectives privados) aborda todas las cuestiones

relacionadas con los requisitos que han de reunir los despachos de detectives privados

para su apertura, el procedimiento para su inscripción en el registro correspondiente, su

personal integrante, los medios auxiliares de los que pueden valerse, el régimen de su

funcionamiento, con el establecimiento de determinados deberes generales que han de

cumplir, cómo ha de ajustarse la formalización y comunicación de los contratos de

seguridad privada, y la documentación que han de contener los correspondientes

expedientes de contratación, así como aquellos aspectos relativos al cierre de tales

despachos de detectives privados.

A destacar en este título el hecho de que, siguiendo las líneas trazadas por la Ley,

ante la insuficiencia de regulación que existía antes de su entrada en vigor, se afrontan,

de manera decidida y en profundidad, los problemas de funcionamiento detectados en el

pasado que planteaban las actividades de seguridad privada de investigación privada

desarrolladas por los despachos de detectives privados y sus integrantes, procediéndose

a mejorar, concretar o completar el contenido, perfiles, limitaciones y características de su

regulación en vía legal.

Asimismo, teniéndose en cuenta que, potencialmente, las actividades de seguridad

privada de investigación privada desarrollas por los despachos de detectives privados

pueden incidir, de manera directa, en la esfera de intimidad de los ciudadanos, se han

abordado cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del

expediente de contratación, la configuración del informe de investigación, o el

controvertido deber de reserva profesional y sus limitaciones frente a las autoridades

judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre las principales novedades introducidas en este título respecto de los

requisitos exigidos para su apertura y funcionamiento, y de conformidad con lo dispuesto

por la Ley, merecen destacarse las siguientes: concreción de las medidas de seguridad

privada a las que resultan obligados los despachos de detectives privados; ajuste de los

contenidos mínimos en relación con los deberes de formalización y comunicación de los

contratos de seguridad privada que celebren con sus clientes; y determinación del importe

de las cuantías mínimas de los seguros y garantías a constituir para responder por las

responsabilidades que se deriven de su funcionamiento.

El Título V (Personal de seguridad privada) fija los requisitos específicos que han

de reunirse para la expedición de las habilitaciones, en cada caso, a los profesionales del

sector; regula el procedimiento de obtención de las mismas y cómo han de documentarse;

establece el régimen de su suspensión, extinción, retirada, devolución y recuperación, así

como los órganos competentes para la expedición de tales habilitaciones. Igualmente, se

cumplimentan las previsiones legales de desarrollo relativas al ejercicio de las funciones

del personal de seguridad privada y delegación de éstas, sus responsabilidades y

deberes, así como lo relativo al régimen de incompatibilidades y de obtención de

habilitaciones múltiples y adicionales. También se contemplan todas aquellas cuestiones

relacionadas con la documentación, uniformidad, armamento, distintivos y medios de

defensa, especialmente de los vigilantes de seguridad, de los guardas rurales y sus

respectivas especialidades. Por último, se regula el ejercicio del derecho de huelga, en

previsión de lo dispuesto en la Ley. .

Como novedad más significativa en el ámbito del procedimiento de obtención de la

habilitación profesional en el sector, ha de mencionarse la posibilidad que se brinda al

personal de seguridad privada que pueda estar interesado en recuperar la misma,

siempre y cuando hubieran concurrido antes determinadas causas en su extinción (a

petición propia, por pérdida de algunos de los requisitos generales o específicos, o como

consecuencia de ejecución de sanción administrativa o sentencia judicial), lo cual no se

contemplaba en el anterior reglamento ni en otras disposiciones de concreción de éste.

En cuanto a la regulación del ejercicio de las distintas funciones profesionales de

seguridad privada es de resaltar que, en este ámbito, el Reglamento trata de corregir el

abandono histórico sufrido por la figura del guarda rural, la más antigua de la seguridad

privada, dotada además de una personalidad propia que modula su carácter, cuyas

funciones requerían un esfuerzo de concreción y de flexibilidad para extraer todo su

potencial. Así, se ha regulado su ejercicio profesional teniendo en cuenta sus

peculiaridades y las capacidades que aporta a la seguridad en el ámbito rural, donde en

muchas ocasiones será el único activo disponible para apoyar la acción de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad.

Respecto a la determinación del régimen de incompatibilidades contemplado para

el ejercicio por parte del personal de seguridad privada de sus funciones, teniendo en

cuenta la previsión legal de que éste ha de ejercer exclusivamente aquéllas para las que

se encuentre habilitado, es de resaltar que los supuestos de incompatibilidades

establecidos guardan relación con el desarrollo de las funciones que se tienen atribuidas

mientras se están materialmente desempeñando, de manera que lo que se prohíbe es la

prestación simultánea de las mismas. De ahí también que se hayan eliminado las

limitaciones que anteriormente se habían introducido respecto del ejercicio de las

funciones correspondientes a las profesiones de escolta privado, vigilante de explosivos y

detective privado en los casos de habilitación múltiple (resultaban incompatibles entre sí y

con las demás funciones del personal de seguridad privada).

La mayor parte de las novedades apuntadas anteriormente contribuirán, sin duda, a

que exista un mayor dinamismo interno en el ámbito de la prestación de servicios de

seguridad privada por parte de las empresas de seguridad privada ya que, en muchas

ocasiones, las mismas quedaban encorsetadas por la rigidez de un régimen de

incompatibilidades en cierta manera incomprensible e inadecuado a los fines que persigue

la seguridad privada.

A destacar también en este título el hecho de que, en relación con la protección

jurídica brindada al personal de seguridad privada, se ha procedido a concretar, cuando

se cometan contra él agresiones y desobediencias, en qué supuestos se considera que

está desarrollando actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aun sin necesidad de presencia física de los

miembros de los cuerpos policiales.

Otra de las novedades dignas de mención que aparecen en este título, viene

constituida por la incorporación de las personas con discapacidad al ámbito profesional de

la seguridad privada, del que hasta ahora estaban totalmente excluidas. La admisibilidad

reglamentaria de tal incorporación profesional, además de obedecer a los mandatos de la

legislación sectorial sobre discapacidad, se realiza de forma ordinaria, de conformidad con

los principios establecidos al respecto y sin agregar traba o carga administrativa alguna,

habiéndose tenido en cuenta el beneficio y mejora que ello va a suponer en la prestación

de determinados servicios de seguridad privada.

También merece destacarse, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley

17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, que, ante situaciones de huelga en el

sector, la autoridad competente podrá decretar servicios mínimos, en el ámbito de la

seguridad privada, cuando concurran determinados supuestos en los que se presten

servicios de seguridad privada que resulten o se declaren esenciales (vigilancia y

protección en centrales nucleares, refinerías, transporte y distribución de materias

inflamables, fábricas de armas de fuego, centros de telecomunicaciones, hospitales,

juzgados; depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes; protección

personal a autoridades y cargos públicos; centrales receptoras de alarmas, etc.), así como

en todos aquellos establecimientos, instalaciones o actividades en los que los servicios de

seguridad privada se hubieran impuesto con carácter obligatorio. Es de significar que la

regulación establecida al respecto con anterioridad, pero en menor medida, aparecía

insertada en el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la

prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de

huelga, que no había sido modificado desde entonces y, en consecuencia, ya no se

ajustaba a la nueva realidad social.

En el Título VI (Servicios de seguridad privada) se procede a regular los servicios

de seguridad privada que pueden prestarse sobre las actividades de seguridad privada de

las que se derivan, atendiendo a lo dispuesto al respecto en la Ley, partiéndose de que la

prestación de los mismos, sea cual fuere su tipo, además de ajustarse a las disposiciones

legales y reglamentarias que resulten de aplicación, ha de adecuarse, en todos los casos,

a los niveles de riesgos que se ciernen sobre personas y bienes, a las estipulaciones de

los correspondientes contratos y, en su caso, conforme a los requisitos exigidos cuando

requieran de autorización específica.

También, de acuerdo con la voluntad del legislador, se han determinado las

condiciones que han de regir en la prestación de los servicios de seguridad privada con

armas de fuego en los supuestos contemplados en el artículo 40.1 de la Ley, así como en

aquellos otros a los que se refiere el artículo 40.2 de la citada Ley, cuando concurran

concretas circunstancias; las armas de fuego que han de emplearse para prestar cada

tipo de servicio de seguridad privada y los armeros de servicios con los que han de contar

las empresas de seguridad privada prestatarias de tales servicios para el debido depósito

y custodia de aquéllas.

Por lo que se refiere a los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección

de bienes, con carácter general, se concretan los requisitos que han de cumplir las

empresas de seguridad privada prestatarias de los mismos, regulándose, por primera vez,

en el ámbito de la seguridad privada, la manera de llevar a cabo la ejecución material de

los controles de accesos por parte del personal de seguridad privada que preste servicios

de este tipo, especialmente por lo que se refiere a sus obligaciones y facultades.

Específicamente, se ha procedido a la regulación de determinados servicios de

seguridad privada que, en el anterior reglamento no aparecían mencionados, o, si lo

estaban, no quedaban suficientemente regulados, o no contenían más que referencias

aisladas, tales como los de protección en de bienes en vías públicas; de vigilancia y

protección de buques mercantes y pesqueros; de protección de cajeros automáticos; de

medios de transporte; de rondas o vigilancia discontinua; , así como los servicios de

seguridad privada de vigilancia perimetral de centros penitenciarios, centros de

internamiento de extranjeros o de otros edificios o instalaciones de organismos públicos y

de participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública.

De otro lado, se han establecido las condiciones y requisitos para la prestación de

los servicios de seguridad privada de vigilancia en polígonos industriales y

urbanizaciones, complejos o parques comerciales y de ocio, recintos y espacios abiertos

que se encuentren delimitados, y acontecimientos culturales, sociales o deportivos. Tan

solo los primeros, urbanizaciones y polígonos, eran objeto de regulación en el anterior

reglamento, si bien muy lejos de la realidad social imperante en estos momentos y

utilizando conceptos jurídicos indeterminados o imprecisos, por lo que se ha procedido a

su actualización y acomodación a los tiempos actuales.

Resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de video vigilancia

que se ha llevado a cabo (a diferencia de lo que ocurría en el anterior reglamento), puesto

que potencialmente pueden incidir, de manera directa, en el ámbito de la intimidad de las

personas. A este respecto, se han establecido las condiciones y requisitos que han de

reunirse para su prestación y concretado la autoridad competente a la que, en su caso, le

corresponde autorizarlos por afectar a los derechos a la privacidad propios de la

legislación de protección de datos.

En cuanto a los servicios de seguridad privada de protección de personas, se

determina su carácter y el régimen de prestación de los mismos con mayor alcance que

en el anterior reglamento, siendo relevante destacar que, por primera vez, se ha

procedido a regular los servicios de seguridad privada de protección de grupos de

personas determinadas.

Respecto de los servicios de seguridad privada de depósitos de seguridad, se

determina su carácter, el régimen que resulta de aplicación a los mismos y los tipos o

clases de depósitos (de dinero, joyas u otros objetos valiosos; de obras de arte y

antigüedades; y de armas, explosivos o sustancias peligrosas).

En lo referente a los servicios de seguridad privada de transporte de seguridad, se

determina el régimen de prestación de los mismos, distinguiéndose, en función de la

doble naturaleza de los objetos a transportar, entre los de carácter valioso y los de

carácter peligroso. Así, se establecen seis tipos: de monedas, billetes y títulos-valores; de

joyas, metales preciosos u otros objetos valiosos; de obras de arte y antigüedades; de

explosivos; de armas y cartuchería metálica; y de sustancias, materias, mercancías u

otros objetos peligrosos.

En todos los supuestos, los objetos a transportar han de requerir de una vigilancia y

protección especial y, en su caso, de acuerdo con las cuantías que al respecto se

establecen, o cuando las autoridades competentes así lo dispusieran en atención a los

antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos. A diferencia de lo que

ocurría en el anterior reglamento, además de perfilarse, con una mayor precisión, cuando

se está o no ante un transporte de seguridad, se ha tenido muy en cuenta, en relación con

los vehículos que se han de utilizar en el ejercicio de tales actividades de seguridad

privada, el tipo de transporte que se ha de realizar y, en consecuencia, las exigencias

establecidas al respecto vienen determinadas tangencialmente, y no de igual forma para

todos los transportes de seguridad. De la misma manera, se permite que el transporte se

efectúe con vehículos propios o ajenos, siempre que estén especialmente acondicionados

en cada caso. Al margen de la actualización de las cuantías, es destacable la novedad, en

cuanto al transporte de fondos, de establecer un tramo inicial en el que la obligación de

protección implica simplemente la utilización de contenedores dotados de un sistema

inteligente de neutralización de billetes.

Por lo que respecta a los servicios de seguridad privada de instalación y

mantenimiento, además de señalarse qué se entiende por sistemas de seguridad, se fijan

los criterios con arreglo a los cuales habrán de ser adaptados tales sistemas cuando

vayan a conectarse con centrales receptoras de alarmas, o con centros de control o de

video vigilancia; quiénes pueden realizar las operaciones de instalación y mantenimiento

de dichos sistemas, con especial consideración hacia el personal acreditado responsable

de ello, y el material utilizado, el cual ha de estar debidamente homologado; qué

características han de reunir los elementos que componen los referidos sistemas de

seguridad; cuáles deben ser los contenidos y especificaciones de los proyectos de

instalación; a quién corresponde emitir el certificado de instalación y conexión de los

sistemas a la central receptora de alarmas; y en qué deben consistir las preceptivas

revisiones de mantenimiento de los sistemas de seguridad instalados.

En cuanto a los servicios de seguridad privada de alarmas de seguridad se refiere,

se establecen los grados de seguridad de los sistemas de alarmas, los requisitos de su

conexión, las obligaciones a las que han de atenerse las empresas de seguridad privada

prestadoras de tales servicios, los derechos de los usuarios, las características que han

de reunir los locales en los que se instalen las centrales receptoras de alarmas y el

régimen de su funcionamiento, así como los requisitos que deben cumplir los operadores

de seguridad encargados del tratamiento de las señales de alarma.

Igualmente, se fijan los pasos a seguir o protocolos de actuación para considerar

que una señal de alarma ha sido correctamente verificada, tanto por medios técnicos

como humanos, y pueda ser comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el

procedimiento de comunicación, denuncia y desconexión de los sistemas de seguridad

instalados. También quedan definidos los aspectos básicos relativos a los sistemas

móviles de alarma. Por último, se abordan todas aquellas cuestiones relacionadas con los

dos tipos de servicios de seguridad de alarmas, de gestión o de respuesta, tales como

modalidades, personal que ha de prestarlos, posibilidad de prestación con armas, etc.

Finalmente, por lo que concierne a los servicios de seguridad privada de

investigación privada, se ha procedido a la regulación de los medios utilizados por los

detectives privados para realizar sus investigaciones, señalándose cuáles son, qué

permiten obtener y los requisitos a los que deben ajustarse, así como el contenido que ha

de tener el informe de investigación y las obligaciones que dimanan de su evacuación

frente a los clientes.

El Título VII (Medidas de seguridad privada), se dedica a la regulación de las

medidas de seguridad privada en el ámbito de la seguridad privada, determinándose sus

características, naturaleza, exigibilidad y finalidades, qué autoridades son competentes

para su imposición, así como las responsabilidades en la adopción y cumplimiento de las

mismas o las exenciones o dispensas que pueden solicitarse.

Asimismo, se determinan los tipos de medidas de seguridad privada que pueden

adoptarse y en qué consisten, constituyéndose el departamento de seguridad como la

principal medida de seguridad organizativa sobre la que se asientan las demás medidas.

La planificación se sitúa también entre las medidas de seguridad privada organizativas,

determinándose los planes de seguridad que inciden en el ámbito de la seguridad privada

y cuya elaboración y actualización atribuye la Ley a los directores de seguridad.

Entre las principales novedades introducidas en este título sobresalen dos: una, el

establecimiento de una clasificación de los sujetos que están obligados a adoptar medidas

de seguridad privada; y la otra, la catalogación de tales sujetos mediante su agrupación

en sectores. Para estos sujetos, la obligación de adoptar medidas de seguridad privada va

asociada al riesgo soportado en cada caso y será el resultado de aplicar una matriz de

riesgos que para cada sector elaborará el Ministerio del Interior.

Por otra parte, se crea la figura del operador estratégico como sujeto obligado,

referida a aquellos proveedores de servicios esenciales identificados en el desarrollo de

los Planes Estratégicos Sectoriales. Se pretende así conseguir la armonización de las

obligaciones impuestas por dicha Ley, con las derivadas de la normativa de seguridad

privada, para evitar vacíos o diferencias injustificables en el tratamiento de sujetos que

deberían mantener dispositivos de protección ciertamente semejantes. Esta figura actúa

además desde la vertiente de usuario de servicios de seguridad privada, cuya condición

va a determinar los requisitos exigibles a las empresas de seguridad privada o de

seguridad informática que le presten servicios.

Por otro lado, conviene destacar la específica y más amplia regulación llevada a

cabo respecto de las centrales receptoras de alarmas de uso propio, que en el reglamento

anterior tan solo aparecían mencionadas como imposición de una medida de seguridad

privada obligatoria, así como también el hecho de que, por primera vez en el ámbito de la

seguridad privada, se ha procedido a regular por completo los denominados centros de

control o de videovigilancia, dotando de concreción y contenido a los servicios de

seguridad privada que se prestan en ellos.

El Título VIII (Disposiciones complementarias), además de establecer varias

disposiciones relacionadas con aspectos documentales y de gestión que han de ser

tenidos en cuenta en materia de seguridad privada, , regula otras actividades, entidades y

personal con sujeción al ámbito de aplicación de la normativa en dicha materia

(actividades de formación y centros de formación del personal de seguridad privada;

empresas y actividades de seguridad informática; y el personal acreditado).

Cabe destacar, en materia de formación del personal de seguridad privada, que se

complementa la regulación sobre titulaciones y diplomas que se requieren para la

obtención de las respectivas habilitaciones profesionales; se define la formación

permanente, de actualización y especializada; la finalidad de las pruebas de

comprobación de conocimientos y los distintos supuestos en que son exigibles para el

ejercicio y desempeño de las funciones de las respectivas profesiones de seguridad

privada; se fijan otros requisitos que han de reunir los centros de formación para su

apertura y funcionamiento, y cómo han de formalizarse y comunicarse los cursos por

parte de éstos (lo cual constituye toda una novedad en la materia); se determinan los

módulos profesionales o las materias o programas que han de impartirse por los mismos

en los cursos de formación; y se regula el reconocimiento de las cualificaciones

profesionales a los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de

Estados parte en el Espacio Económico Europeo.

En cuanto a los módulos profesionales se refiere, la principal novedad es que los

ejercicios de tiro del personal aspirante a la obtención de la correspondiente habilitación

profesional ya no tienen un carácter obligatorio, luego de que, por la experiencia

acumulada, se haya llegado a la conclusión de que la práctica de los mismos no aporta

capacidades ni conocimientos notables a su formación, por cuanto que, además de tener

que obtener la correspondiente licencia de armas para poder prestar servicios con éstas,

en muchos casos, posteriormente, no llega a prestar los mismos (pues la mayoría de los

servicios de seguridad privada que se prestan lo son sin armas), con el consiguiente gasto

para los centros de formación.

Por lo que respecta a la formación de actualización, la novedad más relevante y

trascendente, sin duda, es la reducción de las horas lectivas que se han de impartir,

anualmente, en los cursos de formación permanente, pasando de un mínimo de veinte a

diez. Para el caso de la formación especializada se amplían las horas lectivas de un

mínimo de diez a un mínimo de veinte horas lectivas, al tiempo que se reducen los cursos

de especialización de catorce a seis. Todo ello al objeto de concentrar el esfuerzo

formativo en determinados tipos de servicios de seguridad privada que requieren de una

mayor formación.

Por lo que se refiere a los centros de formación del personal de seguridad privada,

se han establecido nuevos requisitos para su apertura tales como la obligatoriedad de

constituir una garantía para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas

que puedan derivarse de la comisión de infracciones en el ámbito de la normativa de

seguridad privada, o contar con un director o administrador al frente de los mismos y un

jefe de estudios. De otro lado, es de significar que ya no se exige que dichos centros

dispongan obligatoriamente de una galería de tiro, propia o ajena, para la realización de

prácticas reales de tiro con armas de fuego, en congruencia con la supresión de las

mismas en los temas correspondientes a los módulos profesionales de los aspirantes a

obtener la habilitación como personal de seguridad privada.

Asimismo, se han impuesto nuevas obligaciones respecto del funcionamiento de

los centros de formación del personal de seguridad privada, destacando, de entre todas

ellas, la de llevar un Libro-Registro de Diplomas y la de realizar las adaptaciones que

sean precisas para garantizar la participación en condiciones de igualdad cuando las

acciones formativas estén dirigidas singularmente a personas con discapacidad física.

Otra de las novedades más importantes de este título viene constituida por la

definición de las actividades que, a efectos de este reglamento, se consideran de

seguridad informática, imponiendo a las empresas que las lleven a cabo, sean o no de

seguridad privada, el cumplimiento de requisitos específicos para garantizar la calidad de

sus servicios en función de los usuarios concretos a quienes los presten. De esta manera,

la seguridad informática encuentra su primer desarrollo reglamentario en España, desde

el más absoluto respeto a la normativa sobre protección de las redes y sistemas de

información que pueda elaborarse.

Por último, también como una de las principales novedades introducidas en el texto

legal, se procede a regular la acreditación expedida por el Ministerio del Interior a

ingenieros y técnicos de empresas de seguridad, operadores de seguridad y profesores

de centros de formación (requisitos exigidos, procedimiento para su obtención, órganos

competentes para su expedición, y retirada de la misma).

En el Título IX (Control e inspección) se recogen las actuaciones de control e

inspección sobre las empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados,

de sus servicios y de su personal y medios, así como de medidas de seguridad privada,

centros de formación del personal de seguridad privada, centrales receptoras de alarmas

de uso propio y empresas de seguridad informática, que en materia de seguridad privada

han de efectuar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se establece,

además, el régimen de competencias al respecto, y también se concretan los datos que

deben de figurar en las respectivas memorias que han de remitirse por parte de los

prestadores de servicios de seguridad privada y otros entes obligados, así como el plazo

otorgado para ello.

Igualmente, cabe destacar el establecimiento de una serie de fines específicos que

han de tenerse en cuenta a la hora de practicar las pertinentes inspecciones, así como

sobre qué aspectos han de centrarse las mismas en función de las entidades, empresas,

centros o sujetos de que se trate (lugares de realización, principios de actuación

contemplados, acceso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

competentes, levantamiento de actas, etc.).

Otra importante novedad introducida en este título es el establecimiento de un

régimen de auditoría externa obligatorio para las empresas de seguridad informática, las

empresas de seguridad privada que pretendan prestar servicios de seguridad privada en

sectores estratégicos definidos en la normativa de protección de infraestructuras críticas

y las empresas de seguridad privada prestadoras de determinados servicios, así como

para ciertos sujetos obligados al cumplimiento de medidas de seguridad privada.

El Título X (Régimen sancionador) contempla, con la debida separación en cada

caso, la concreción de las infracciones que pueden ser cometidas por los prestadores,

entidades, centros, el personal o los usuarios de seguridad privada. Además, regula el

procedimiento sancionador atendiendo a las especialidades previstas en el mismo, y

establece qué autoridades son competentes para su incoación y para adoptar, si procede,

las medidas cautelares, así como a quiénes corresponde instruirlo.

Cabe destacar en este título, al igual que ocurría en el anterior reglamento, que al

órgano instructor, antes de formular la correspondiente propuesta de resolución, se le

sigue facultando para interesar informe, no vinculante, a la unidad policial competente en

materia de seguridad privada cuando se trate de procedimientos por la comisión de

infracciones muy graves o graves.

Igualmente, es de significar que, dentro del ámbito de la incoación, instrucción y

resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves, a

la vista de las circunstancias de singular complejidad que concurren en su tramitación y

que así lo aconsejan, se ha estimado oportuno establecer que el plazo máximo en el que

debe notificarse la resolución que ponga fin a dichos procedimientos sea el de seis

meses.

Por lo que se refiere a las disposiciones adicionales y transitorias contenidas en el

Real Decreto aprobatorio del Reglamento, es de señalar que se han contemplado las

salvaguardas necesarias para permitir un paso armónico, sin complicaciones ni traumas,

desde la normativa reglamentaria vigente a la nueva, especialmente por lo que respecta a

los periodos de adaptación, que son suficientemente amplios.

A tal efecto, se ha estimado conveniente establecer una reducción del cincuenta

por ciento en los mínimos de garantías que se exigen específicamente respecto de las

actividades que se realicen o servicios que se presten en el ámbito de la seguridad

privada, si bien atendiéndose a la concurrencia de determinadas circunstancias en función

de la empresa de seguridad privada, despacho de detectives privados, centro de

formación del personal de seguridad privada o central receptora de alarmas de que se

trate, tomando como referencias el número de trabajadores que se integran en las

respectivas plantillas y el volumen de su facturación anual.

También se ha aprovechado para modificar las cuantías de las garantías y seguros

de los distintos prestadores de servicios, haciéndolo en un doble sentido: rebajando las

dispares y desproporcionadas exigencias anteriores, e igualándolas en función de la

actividad de seguridad privada a desarrollar y no del territorio, en aplicación de lo

dispuesto al respecto por la normativa en materia de unidad de mercado.

Finalmente, se han incluido en el texto reglamentario un total de siete Anexos

(dedicados a Empresas, Personal, Servicios, Medidas, Formación, Documentación y

Normas), en los que se cumplimentan las remisiones efectuadas en los títulos del

reglamento a diversos aspectos como el establecimiento de requisitos específicos que

han de reunirse para el ejercicio de las actividades en el ámbito de la seguridad privada;

documentos que han de aportarse en los procedimientos de autorización; datos

registrales que han de anotarse; conformación de las prendas de los uniformes y

ejercicios de tiro del personal de seguridad privada; tipos, descripción y características de

las medidas de seguridad privada; configuración de los cursos de formación y contenidos

mínimos de los programas; Libros-registro que han de llevarse, características de las

tarjetas de identidad profesional y de los distintivos profesionales; y normas técnicas que

resultan de aplicación a elementos de seguridad física, electrónica, informática, o a las

certificaciones de las auditorías externas.

Se completa, así, el ciclo normativo de la seguridad privada, contemplada en su

totalidad, y presidida por la ley cabecera del sector de la seguridad privada en España,

poniéndose fin a la dispersión de normas vigentes con la integración en este texto

reglamentario de la práctica totalidad de órdenes ministeriales y resoluciones de

concreción reguladoras de la materia que habían sido promulgadas en desarrollo del

anterior reglamento, subsanándose las lagunas existentes y los desfases producidos por

la propia dinámica de la seguridad privada durante los años transcurridos.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación del Ministro de

Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación

del Consejo de Ministros, en su reunión del día XX de XX de 20XX,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Seguridad Privada.

En desarrollo y ejecución de la disposición final tercera de la Ley 5/2014, de 4 de

abril, de Seguridad Privada (en adelante la Ley), y del artículo 26 de la Ley Orgánica

4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, se aprueba el

Reglamento de Seguridad Privada, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Integración de registros y archivos.

    1. De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley, en el Registro Nacional de Seguridad

Privada, constituido en el Ministerio del Interior, se integrarán los registros que

actualmente funcionan en la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional,

así como los archivos físicos e informáticos que para la gestión de la seguridad privada

existen en la misma:

    1. a) Registro General de Empresas de Seguridad Privada.
    2. b) Registro Especial de Detectives Privados.
    3. c) Registro de Sanciones de Seguridad Privada.
    4. d) Archivo de Personal de Seguridad Privada.
    5. e) Fichero Automatizado de Contratos de Servicios de Seguridad Privada.
    6. f) Archivo de Centrales Receptoras de Alarmas de Uso Propio.
    7. g) Archivo de Departamentos de Seguridad.
    8. h) Archivo de Centros de Formación del personal de Seguridad Privada.
    9. i) Resto de archivos relativos a expedientes sobre seguridad privada.
    10. Igualmente, en el Registro Nacional de Seguridad Privada quedarán integrados

el registro, archivos y documentación que sobre guardas rurales y sus especialidades,

centros de formación del personal de seguridad privada específicos de este personal y el

resto de archivos relativos a expedientes de gestión documental sobre seguridad privada,

actualmente existentes en el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

    1. Hasta tanto no se produzca la integración efectiva de los referidos registros y

archivos, éstos continuarán con su actual régimen de adscripción y funcionamiento.

Disposición adicional segunda. Procedimientos electrónicos.

    1. Los procedimientos, Libros-Registro y demás documentación de gestión

administrativa del ámbito de seguridad privada, continuarán realizándose en sus formatos

actuales hasta tanto las administraciones públicas competentes pongan, a disposición de

los administrados, los medios y plataformas electrónicas oficiales.

    1. Aquellos procedimientos cuya formalización se venga realizando por medios

electrónicos, continuarán cumplimentándose a través de los mismos hasta tanto se

produzca su adaptación a la normativa de seguridad privada.

Disposición adicional tercera. Comercialización de productos.

De acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley, , en la comercialización

de productos se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre y

cuando estén emitidas por organismos de control acreditados, en base a la Norma UNEEN

ISO/IEC 17065, y a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para laboratorios.

Disposición adicional cuarta. Empresas de seguridad privada de ámbito

autonómico.

    1. Las empresas de seguridad privada, excepción hecha de las inscritas en los

correspondientes registros autonómicos, que a la entrada en vigor de este real decreto se

encontrasen inscritas únicamente en el Registro General de Empresas de Seguridad del

Ministerio del Interior, y cuyo ámbito de actuación territorial no fuese estatal, quedarán

integradas en el Registro Nacional de Seguridad Privada como empresas de ámbito

nacional.

    1. Estas empresas de seguridad privada, podrán ajustar las cuantías de sus

seguros o garantías a los fijados en el Reglamento de Seguridad Privada.

Disposición adicional quinta. No obligatoriedad de registro.

    1. Para la instalación y mantenimiento, por parte de empresas que no sean de

seguridad privada, de sistemas móviles de seguridad, así como de sistemas de alarmas

contra incendios, técnicas o asistenciales, cuando no se encuentren conectados con

centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no se necesitará

estar inscrito en el correspondiente registro, nacional o autonómico, de seguridad privada.

    1. La instalación de dichos dispositivos de seguridad en vehículos u otros bienes

muebles o en inmuebles, tanto en el momento de su fabricación o construcción, o con

posterioridad a los mismos, así como, en su caso, el mantenimiento de los mismos, no

tendrá la consideración de actividad de seguridad privada hasta su efectiva conexión con

centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.

    1. Las empresas que se dediquen a estas actividades, no tendrán la consideración

de empresas de seguridad privada, ni podrán prestar servicios relativos a las actividades

de seguridad privada establecidas en el artículo 5.1 de la Ley.

Disposición adicional sexta. Reducción de los mínimos de garantía.

Las cantidades determinantes de los mínimos de garantía, especificadas en cada

caso en el Reglamento de Seguridad Privada, quedarán reducidas al cincuenta por

ciento, siempre que se den las siguientes circunstancias:

    1. a) Cuando se trate de empresas de seguridad privada que tengan una plantilla

de menos de cincuenta trabajadores, y durante dos años consecutivos no superen los

600.000 euros de facturación anual.

    1. b) Cuando se trate de despachos de detectives privados que tengan una

plantilla de menos de cinco trabajadores, y durante dos años consecutivos no superen los

100.000 euros de facturación anual.

    1. c) Cuando se trate de centros de formación del personal de seguridad privada

que expidan menos de quinientos diplomas de formación previa, y durante dos años

consecutivos no superen los 100.000 euros de facturación anual.

Disposición transitoria primera. Plazos de adecuación.

En lo no previsto expresamente en la disposición transitoria cuarta de la Ley, las

medidas, requisitos o exigencias establecidos específicamente en el Reglamento de

Seguridad Privada deberán cumplirse en el plazo de adecuación de dos años, computado

a partir de la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de cursos de formación previa de

vigilantes, guardas y escoltas.

    1. Los centros de formación del personal de seguridad privada, en los que se

impartan los módulos profesionales de formación previa, para vigilantes de seguridad,

guardas rurales, y sus respectivas especialidades, y escoltas privados, adaptarán el

contenido y duración de los cursos de formación previa de este personal, en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto.

    1. Los diplomas de formación previa expedidos por los centros de formación con

anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, u obtenidos durante el periodo de

adecuación, tendrán validez indefinida a efectos de presentación a las respectivas

convocatorias de pruebas de selección para vigilantes de seguridad y guardas rurales, y

sus respectivas especialidades, y escoltas privados.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de cursos de formación especializada.

    1. Los centros de formación en los que se imparta formación al personal de

seguridad privada, deberán adaptar el contenido y duración de los cursos de formación

especializada a las exigencias establecidas en el Reglamento de Seguridad Privada,

dentro del periodo de adecuación fijado en este real decreto.

    1. El personal de seguridad privada que con anterioridad al año 2012 se encontrase

desempeñando servicios de seguridad para cuya prestación se requiera poseer el

correspondiente curso de formación especializada, así como aquellos que acreditasen su

desempeño durante un período de dos años anteriores a dicho año 2012, no les será

exigible la realización del curso de formación especializada que resulte necesario en cada

caso.

    1. Al personal de seguridad privada al que se le haya reconocido su cualificación

profesional para el ejercicio en España de las respectivas profesiones de seguridad

privada, les resultará de aplicación, lo dispuesto en el apartado anterior.

Disposición transitoria cuarta. Adaptación de grados y cursos de director de

seguridad.

    1. Los centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, que

tengan reconocidas titulaciones para la habilitación de director de seguridad, a que se

refiere el Reglamento de Seguridad Privada, deberán adaptar el contenido y duración de

los programas de los respectivos cursos a las exigencias establecidas en el mismo, en el

plazo de adecuación fijado en este real decreto.

    1. Las titulaciones obtenidas al término de los cursos de director de seguridad que

se encuentren iniciados a la entrada en vigor de este real decreto, y las de aquellas otras

expedidas con anterioridad, así como las que se obtengan durante el plazo de

adecuación, tendrán validez indefinida a efectos de habilitación para jefe de seguridad y

director de seguridad.

    1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1b) de la Ley, a efectos de

habilitación para jefe de seguridad y director de seguridad, los títulos universitarios

oficiales de grado en el ámbito de la seguridad deberán adecuarse, dentro del plazo fijado

en este Real Decreto, a las competencias profesionales que se determinan en el

Reglamento de Seguridad Privada, a cuyo efecto las universidades en las que se

impartan dichos grados, podrán dirigir la correspondiente solicitud de reconocimiento del

título por parte del Ministerio del Interior al órgano de la Dirección General de la Policía

que determine su estructura orgánica y funcional.

Disposición transitoria quinta. Adaptación de grados y cursos de detective privado.

    1. Los Institutos de Criminología u otros centros oficiales adecuados y habilitados,

que tengan reconocidas titulaciones para la habilitación de detective privado, a que se

refiere el Reglamento de Seguridad Privada, deberán adaptar el contenido y duración del

programa de los referidos cursos, a las exigencias establecidas en el mismo, en el plazo

de adecuación fijado en este real decreto.

    1. Los diplomas de detective privado expedidos al término de los cursos que se

encontrasen iniciados a la entrada en vigor de este real decreto, y los expedidos con

anterioridad, así como durante el plazo de adecuación, tendrán validez indefinida a

efectos de habilitación como detective privado.

    1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1c) de la Ley, a efectos de

habilitación para detective privado, los títulos universitarios de grado en el ámbito de la

investigación privada deberán adecuarse, dentro del plazo fijado en este Real Decreto, a

las competencias profesionales que se determinan en el Reglamento de Seguridad

Privada, a cuyo efecto los centros universitarios en los que se impartan dichos grados,

podrán dirigir la correspondiente solicitud de reconocimiento del título por parte del

Ministerio del Interior al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su

estructura orgánica y funcional.

Disposición transitoria sexta. Cursos de ingenieros, técnicos y operadores.

    1. Los cursos de formación para ingenieros, técnicos y operadores acreditados, que

se vayan a impartir en los centros de formación de seguridad privada, o en los respectivos

colegios profesionales, a que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada, deberán

comenzar a impartirse a partir del día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto.

    1. Los ingenieros, técnicos y operadores que, a la entrada en vigor de la Ley, se

encontrasen prestando sus servicios profesionales, o los hubiesen prestado con

anterioridad, así como aquellos que hubieran prestado servicio desde la entrada en vigor

de la citada ley y hasta la entrada en vigor de este real decreto, no estarán obligados a

realizar el correspondiente curso de formación, a efectos de obtener su acreditación

profesional.

Disposición transitoria séptima. Recuperación de la habilitación.

    1. Los profesionales de seguridad privada que, por causa de incapacidad física,

hayan perdido su habilitación profesional para el ejercicio de funciones de seguridad

privada, podrán recuperar la respectiva habilitación, previa solicitud al órgano competente,

siempre que la incapacidad que presenten no les imposibilite el ejercicio de las referidas

funciones profesionales, y cumplan el resto de requisitos exigidos para la recuperación de

la habilitación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Privada.

    1. Los interesados en recuperar la habilitación deberán haberla perdido en el plazo

de diez años anterior a la entrada en vigor de este real decreto, pudiendo solicitarla dentro

de los cinco años siguientes contados a partir de dicha entrada en vigor.

Disposición transitoria octava. Distintivos profesionales y uniformes.

    1. Los nuevos distintivos profesionales, y la característica de las prendas exteriores

del personal uniformado, a que se refieren el apartado 5 del capítulo I, y el apartado 5 del

capítulo II, ambos del Título I del anexo II, deberán comenzar a usarse a partir de la

finalización del plazo de adecuación fijado en este real decreto.

    1. Los actuales distintivos profesionales, y prendas exteriores de los uniformes,

podrán continuar usándose indefinidamente por el personal habilitado antes de la entrada

en vigor de este real decreto, y por el que se habilite hasta el momento en que sean

exigibles los nuevos distintivos y prendas exteriores.

Disposición transitoria novena. Instructores de tiro.

    1. Los instructores de tiro de personal de seguridad privada que, a la entrada en

vigor del presente Real Decreto, se encontraran habilitados como tales, y carecieran del

requisito establecido en el apartado 3 del Capítulo III del Anexo II, de tener en vigor la

licencia de armas “A”, “B”, “C” o “F”, deberán adaptarse a dicho requisito en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto. Transcurrido este plazo, para poder ejercer sus

funciones, deberán haber convalidado la habilitación necesaria con arreglo a lo dispuesto

en el título V del Anexo II.

    1. Los instructores de tiro del personal de seguridad privada que, a la entrada en

vigor del presente real decreto, se encuentren habilitados como tales, deberán sustituir su

acreditación por el nuevo modelo, regulado en el Capítulo XIV del Anexo II, en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto.

Disposición transitoria décima. Libros-Registros abiertos.

    1. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Privada, en relación a

los Libros-Registro:

    1. a) Desaparecen el Libro-Registro de Títulos-Valores, el Libro-Registro de

Depósitos y el Libro-Registro de Transportes.

    1. b) Desaparecen el Libro-Catálogo de Medidas de Seguridad, el Libro- Catálogo

de Instalaciones y Revisiones, y el Libro-Registro de Revisiones. Los contenidos que

hasta hoy se venían reflejando en estos tres libros, pasarán a reflejarse en el nuevo Libro-

Registro de Instalaciones y Revisiones.

    1. c) El Libro de Comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pasa a

denominarse Libro de Comunicaciones.

    1. d) El Libro-Registro de los Despachos o Sucursales de Detectives pasa a

denominarse Libro-Registro de Servicios de Investigación.

    1. e) El Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas pasa a denominarse Libro-

Registro de Armas y Cartuchería.

    1. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y los titulares de las

instalaciones de seguridad conectadas a centrales receptoras de alarmas, podrán seguir

utilizando los Libros-Registros que tuvieren abiertos, tanto en formato físico como en

informático, hasta que transcurra el plazo de adecuación fijado en este real decreto.

Finalizado dicho plazo, deberán ser sustituidos por los previstos en el Reglamento de

Seguridad Privada.

    1. Todos aquellos Libros-Registro o Libros-Catálogo abiertos a la entrada en vigor

de este real decreto, que, o bien sean sustituidos por los nuevos Libros, o bien hayan

quedado sin efecto, deberán conservarse durante un plazo de, al menos, cinco años a

partir de la fecha de su sustitución o cierre.

Disposición transitoria undécima. Habilitaciones de las licencias de armas Tipo “C”.

    1. Hasta que se reseñen en las licencias de armas “C” las referencias a las armas

de fuego que habilitan las mismas, en el caso en que se posean varias habilitaciones de

armas de fuego, bastará la licencia de armas “C” para amparar la tenencia del arma

propia de la especialidad, portándose un certificado expedido al efecto por la Intervención

de Armas y Explosivos de las Comandancias de la Guardia Civil, que referirá las demás

armas que habilita la licencia “C”.

    1. Se establece un plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigor del presente

real decreto, para la actualización de las licencias de armas “C”, donde se recoja el tipo o

tipos de armas que habilitan.

Disposición transitoria duodécima. Guardas rurales autónomos.

Los guardas rurales autónomos que, a la entrada en vigor del presente Real

Decreto, carecieran del requisito establecido en el artículo 102.1.b).2º, deberán adaptarse

a dicho requisito en el plazo de adecuación fijado en este real decreto.

Disposición transitoria decimotercera. Procedimientos en tramitación o ejecución.

    1. Los procedimientos que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor de este

real decreto se instruirán con arreglo al Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por

el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

    1. El régimen contemplado en el apartado anterior resultará igualmente aplicable al

sistema de recursos o de ejecución de actos ya dictados.

    1. En los procedimientos sancionadores se aplicará el principio de retroactividad de

la norma que resulte más favorable.

Disposición transitoria decimocuarta. Anotación registral de actividades de

seguridad informática.

    1. Las empresas que lleven a cabo las actividades de seguridad informática

definidas en este real decreto, a su entrada en vigor deberán proceder a interesar su

anotación en el registro correspondiente dentro del plazo de adecuación fijado en el

mismo.

    1. Las empresas de seguridad privada que pretendan desarrollar las actividades

de seguridad informática contempladas en el Reglamento de Seguridad Privada, deberán

proceder igualmente a su anotación en el registro correspondiente en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.

    1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a

lo dispuesto en este real decreto, así como en el Reglamento de Seguridad Privada que

por el mismo se aprueba, y especialmente:

    1. a) El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto

2364/1994, de 9 de diciembre.

    1. b) El Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la

prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de

huelga.

    1. c) La Orden de 15 de febrero de 1997 por la que se determinan las armas de

fuego a utilizar por los guardas particulares del campo para desempeñar funciones de

vigilancia y guardería.

    1. d) La Orden de 14 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos de

informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios

de seguridad privada.

    1. e) La Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad

privada.

    1. f) La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los

sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

    1. g) La Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad

privada.

    1. h) La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad

privada.

    1. i) La Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden

INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden

INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el

ámbito de la seguridad privada, la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas

de seguridad privada, y por la que se establecen las reglas de exigibilidad de Normas

UNE o UNE-EN en el ámbito de la seguridad privada.

    1. j) La Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de

Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de

tiro del personal de seguridad privada.

    1. k) La Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se

establecen en el Reglamento de Seguridad Privada.

    1. l) La Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relativo a la formación

previa y uniformidad de los guardas particulares del campo, en sus distintas

especialidades.

    1. m) La Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de

seguridad privada.

    1. La normativa de desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por

el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, mantendrá su vigencia en lo que no se

oponga a la Ley, a este real decreto y al Reglamento de Seguridad Privada que aprueba.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad

pública.

Disposición final segunda. No incremento de gasto público.

Las medidas contenidas en este real decreto se atenderán con los medios

personales y materiales existentes.

Disposición final tercera. Desarrollo y ejecución normativa.

    1. Se habilita a los Ministros del Interior, de Educación, Cultura y Deporte y de

Empleo y Seguridad Social, para dictar, en el ámbito de sus competencias, las

disposiciones que sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en este

real decreto y en el Reglamento de Seguridad Privada que aprueba.

    1. Se habilita al Ministro del Interior para incorporar, modificar o suprimir los anexos

del Reglamento de Seguridad Privada.

    1. Se habilita al Ministro del Interior para dictar instrucciones técnicas

complementarias destinadas a concretar y aclarar los aspectos técnicos que faciliten el

correcto cumplimiento y aplicación de las disposiciones del Reglamento de Seguridad

Privada.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín

Oficial del Estado”.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto.

    1. Este reglamento tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley

5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en adelante, la Ley), respecto a:

    1. a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas de seguridad

privada, despachos de detectives privados y otras entidades sujetas al ámbito de

aplicación de la normativa de seguridad privada.

    1. b) Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de

seguridad privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.

    1. c) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de

seguridad privada y del personal acreditado, así como su régimen de habilitación y

acreditación.

    1. d) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los

medios técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad

privada.

    1. e) Las obligaciones, requisitos y demás exigencias a las que han de someterse

los sujetos obligados a disponer de medidas de seguridad privada, los usuarios de

servicios de seguridad privada, las empresas prestadoras de servicios de seguridad

informática, las centrales receptoras de alarmas de uso propio y los centros de formación

de personal de seguridad privada.

    1. f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el

desempeño de las diferentes funciones.

    1. g) El régimen de control e inspección, incluido el sancionador.
    2. h) Los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

y la seguridad privada.

    1. i) Los mecanismos interadministrativos de cooperación y coordinación.
    2. Además, este reglamento desarrolla, en relación con las medidas de seguridad

privada, las previsiones contempladas en el artículo 26 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30

de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.3. Igualmente, este reglamento

desarrolla lo previsto en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones

laborales, respecto de lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley, en relación con el ejercicio

del derecho de huelga por parte del personal de seguridad privada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de este reglamento será el previsto en el artículo 3 de la

Ley, y se extenderá a todo el territorio nacional, incluidos aquellos lugares o bienes que

sean considerados como territorio español por la legislación vigente en el ámbito del

derecho nacional o internacional que resulte de aplicación.

Artículo 3. Naturaleza y carácter.

    1. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley, en ningún caso las empresas,

organismos o entidades de titularidad pública podrán desarrollar actividades o prestar

servicios de seguridad privada, aunque sí contratarlos.

    1. De acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley, los servicios sobre las actividades de

seguridad privada, cuyo desarrollo únicamente corresponde a las empresas de seguridad

privada, se prestarán por éstas sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Autoridades públicas en materia de seguridad privada.

    1. Son autoridades públicas competentes en el ámbito de la Administración General

del Estado las siguientes:

    1. a) El Ministro del Interior.
    2. b) El Secretario de Estado de Seguridad.
    3. c) El Director General de la Policía.
    4. d) El Director General de la Guardia Civil.
    5. e) Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
    6. Serán autoridades y órganos competentes los correspondientes de las

comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad

privada.

Artículo 5. Órganos competentes.

    1. Las competencias sobre seguridad privada establecidas en el artículo 12 de la

Ley, quedarán atribuidas a los siguientes órganos de la Administración General del

Estado:

    1. a) Secretaría de Estado de Seguridad.

1.ª Coordinar los servicios de seguridad e investigación privados con los de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2.ª Impulsar el desarrollo de herramientas técnicas que favorezcan esta

coordinación y la integración de la seguridad privada en el sistema público de seguridad.

3.ª Imponer, en aplicación del artículo 51.3 de la Ley, la adopción de medidas de

seguridad privada a los establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de

servicios u organizadores de eventos, cuando afecten a más de una comunidad

autónoma, así como en los supuestos del artículo 51.3, párrafo tercero, de la citada ley.

4.ª Designar los operadores estratégicos, identificados en el desarrollo de los

respectivos Planes Estratégicos Sectoriales elaborados al amparo de la normativa en

materia de protección de infraestructuras críticas.

5.ª Controlar e inspeccionar a las empresas que realicen actividades de seguridad

informática.

6.ª Impulsar y coordinar las actuaciones que potencien la buena imagen del

personal de la seguridad privada y refuercen la percepción de seguridad de los

ciudadanos.

7.ª Adoptar o promover las medidas de carácter general que resulten adecuadas

para perfeccionar el funcionamiento de este sector y para asegurar la consecución de las

finalidades de la Ley.

8.ª Cuantas otras le atribuya la Ley y este reglamento.

    1. b) Dirección General de la Policía

1ª. La autorización o, en su caso, recepción de la declaración responsable de las

empresas de seguridad privada y de sus delegaciones.

2ª. La recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos

de detectives privados y de sus sucursales.

3ª. La recepción de la declaración responsable de los centros de formación del

personal de seguridad privada, excepto los exclusivos para guardas rurales y sus

especialidades.

4ª. La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos

específicos de formación del personal de seguridad privada, excepto guardas rurales y

sus especialidades, que no sean de la competencia de los Ministerios de Educación,

Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social, así como el reconocimiento de los

títulos de dirección de seguridad o de investigación privada.

5ª. La autorización de los servicios de protección personal y de aquellos otros

servicios de seguridad privada cuyo ámbito territorial sea superior al de una comunidad

autónoma, salvo lo dispuesto en el párrafo C) 2ª, así como de aquellas actividades y

servicios transfronterizos de seguridad privada.

6ª. La autorización de las centrales receptoras de alarmas de uso propio.

7ª. La anotación registral de las empresas de seguridad informática.

8ª. La aprobación de la uniformidad y distintivos del personal de seguridad privada,

excepto de los guardas rurales y sus especialidades.

9ª. La inspección de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones.

10ª. La inspección de los despachos de detectives privados y de sus sucursales.

11ª. La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada, excepto los

guardas rurales y sus especialidades.

12ª. La acreditación de los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad

privada y de los operadores de seguridad.

13ª. La inspección de los centros de formación del personal de seguridad privada,

excepto los exclusivos para guardas rurales, así como la acreditación de su profesorado,

excepto el de estos últimos y sus especialidades.

14ª. La inspección de los servicios de seguridad privada, salvo lo dispuesto en el

párrafo c)9ª, y de las centrales receptoras de alarmas de uso propio.

15ª. El control, inspección y validación definitiva, en su caso, de las medidas de

seguridad privada adoptadas por empresas de seguridad privada, despachos de

detectives privados, centros de formación de personal de seguridad privada, salvo los

exclusivos de guardas rurales, centrales receptoras de alarmas de uso propio y

establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, y eventos,

excepto en materia de armas y explosivos.

16º Cuantas otras le atribuya la Ley, y este reglamento.

    1. C) Dirección General de la Guardia Civil.

1.ª La habilitación e inhabilitación de los guardas rurales y sus especialidades.

2.ª La autorización de los servicios de seguridad privada prestados por guardas

rurales y sus especialidades cuyo ámbito territorial sea superior al de una comunidad

autónoma.

3.ª La aprobación de la uniformidad y distintivos de los guardas rurales y sus

especialidades.

4.ª La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos

específicos de formación para guardas rurales y sus especialidades, que no sean de la

competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad

Social.

5.ª La recepción de la declaración responsable de los centros de formación de

personal de seguridad privada exclusivos para guardas rurales y sus especialidades y su

inspección, así como la acreditación, en todo caso, del profesorado de este personal.

6.ª La autorización del arma que corresponde a cada servicio realizado por el

personal de seguridad privada, cuando no se haya fijado reglamentariamente, así como

de medios de defensa no previstos en este reglamento que tengan la consideración legal

de armas.

7.ª El control y supervisión de los ejercicios de tiro del personal de seguridad

privada, así como el nombramiento y control de los instructores de tiro.

8.ª El control, inspección y validación definitiva, en su caso, de las medidas de

seguridad privada a adoptar en materia de armas y explosivos por las empresas de

seguridad privada y establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de

servicios que resulten obligados a ello, así como la aprobación de los planes de seguridad

que puedan requerirse en este ámbito.

9.ª La inspección de los servicios de seguridad privada prestados por guardas

rurales.

10.ª Cuantas otras le atribuya la Ley, y este reglamento.

    1. d) Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, corresponde a las

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno el ejercicio de las siguientes

competencias:

1.ª Las relativas a autorizaciones de servicios de seguridad privada que

circunscriban su ámbito material de prestación al territorio de la comunidad autónoma o

provincia correspondiente, excepto los de protección personal y los transfronterizos.

2.ª Las relativas a la autorización o declaración responsable de sujetos obligados a

adoptar medidas de seguridad privada, que limiten su ámbito de actuación al territorio de

la comunidad autónoma o provincia correspondiente, o en los que radiquen los

respectivos establecimientos obligados o se produzcan las actividades o eventos.

3.ª Las relativas a la imposición de medidas de seguridad privada a sujetos,

establecimientos, actividades o eventos que radiquen o tengan lugar en la

correspondiente comunidad autónoma o provincia.

4.ª Cuantas otras les atribuyan la Ley, y este reglamento.

    1. En el ámbito de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas por

el artículo 13 de la Ley, estarán facultados para ejercerlas los siguientes órganos

policiales:

    1. a) La unidad o servicio competente del cuerpo de policía respectivo de aquellas

comunidades autónomas con competencia para la protección de bienes y para el

mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus estatutos de

autonomía y a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, respecto de las materias comprendidas en el artículo 13.1.

    1. b) La unidad o servicio competente del cuerpo de policía respectivo de que

dispongan aquellas comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de

autonomía, hubieran asumido competencias ejecutivas en materia de seguridad privada

cuando así estuviera establecido en la legislación del Estado, respecto de las materias

comprendidas en el artículo 13.2.

    1. c) La Unidad Adscrita de la Policía Nacional cuando las comunidades

autónomas a las que se refiere el párrafo anterior hubieran establecido fórmulas de

colaboración con el Ministerio del Interior, por no contar aquéllas con un cuerpo policial

propio.

Artículo 6. Procedimientos de gestión.

    1. En la gestión de seguridad privada serán aplicables los procedimientos de

autorización, de declaración responsable y de comunicación previa.

    1. Se aplicará el procedimiento de autorización a las siguientes actuaciones:
    2. a) Las empresas de seguridad privada que pretendan dedicarse a alguna o

algunas de las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1a), b), c),

d), e) y g) de la Ley, así como, en su caso, sus respectivas delegaciones.

    1. b) Las centrales receptoras de alarmas de uso propio contempladas en el

artículo 5.3 de la Ley .

    1. c) La apertura o traslado de los establecimientos e instalaciones industriales,

comerciales y de servicios que estén obligados a adoptar medidas de seguridad privada,

contemplados en el artículo 12.1j) de la Ley .

    1. d) Las relativas a uniformes, distintivos y medios de defensa contempladas en el

artículo 39.2 de la Ley, y en los artículos 107, 108 y 109 .

e)Los servicios armados contemplados en el artículo 40.1c) y 2 de la Ley, y en el

artículo 123.

    1. f) Los servicios de vigilancia y protección contemplados en el artículo 41.2 de la

Ley.

    1. g) Los servicios de videovigilancia contemplados en el artículo 42.2 de la Ley.
    2. h) Los servicios de protección personal contemplados en el artículo 43 de la Ley.
    3. i) La expedición de las habilitaciones correspondientes al personal de seguridad

privada, y de las acreditaciones del personal acreditado.

    1. j) Las modificaciones que se produzcan en las autorizaciones, habilitaciones o

acreditaciones a que se refieren los párrafos anteriores, así como las respectivas

extinciones de las mismas cuando tengan lugar a petición propia.

    1. k) Los supuestos específicamente contemplados en este reglamento no citados

anteriormente.

    1. Se aplicará el procedimiento de declaración responsable a las siguientes

actuaciones:

    1. a) Inscripción de las empresas de seguridad privada que pretendan dedicarse

únicamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1f) de la Ley,

así como sus respectivas delegaciones.

    1. b) Inscripción de las empresas de seguridad privada que pretendan modificar

su ámbito territorial de actuación en actividades para las que ya se encuentren

autorizadas.

    1. c) Inscripción de la ampliación a actividades compatibles por parte de

empresas de seguridad privada ya inscritas.

    1. d) Anotación registral de las empresas de seguridad informática.
    2. e) Inscripción de la apertura de despachos de detectives privados y de sus

respectivas sucursales.

    1. f) Modificación de las medidas de seguridad privada obligatorias de los sujetos

obligados a su adopción.

    1. g) Inscripción de centros de formación del personal de seguridad privada, así

como de los cursos de dirección de seguridad o de detective privado.

    1. h) Aquellas otras actuaciones previstas en este reglamento.
    2. i) Las modificaciones o cancelaciones registrales que pudieran tener lugar al

respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores.

    1. Se aplicará el procedimiento de comunicación previa a las siguientes

actuaciones:

    1. a) Contratación, inicio y finalización de servicios de seguridad privada.
    2. b) Altas y bajas del personal habilitado de seguridad privada y del personal

acreditado.

    1. c) Creación y extinción de departamentos de seguridad.
    2. d) Delegación de funciones de jefes de seguridad y de directores de seguridad.
    3. e) Cumplimiento de obligaciones de seguridad privada de empresas de

seguridad privada y de despachos de detectives privados. Reformas o modificaciones de

medidas de seguridad privada obligatorias efectuadas en instalaciones o establecimientos

obligados a la adopción de dichas medidas.

    1. f) Validación provisional de sistemas o medidas de seguridad privada a que se

refieren los artículos 35.1c) y 36.1e) de la Ley.

    1. g) Cualquier otro trámite de seguridad privada no sometido específicamente a

los procedimientos de autorización o de declaración responsable, y que necesite ser

comunicado a la autoridad de control competente.

CAPÍTULO II

Registro Nacional de Seguridad Privada

Artículo 7. Objeto.

    1. De acuerdo con los artículos 11.1 y 12 de la Ley, el Registro Nacional

proporcionará la información que precisen las autoridades y los órganos de control e

inspección competentes en materia de seguridad privada. .

    1. Además, el Registro Nacional tendrá por objeto la ordenación y tratamiento de la

información y datos proporcionados por los registros autonómicos en el ámbito de sus

competencias registrales.

    1. Igualmente, será objeto del Registro Nacional, de acuerdo con el artículo 11.5 de

la Ley, disponer, junto con los registros autonómicos, los mecanismos necesarios que

posibiliten su coordinación, cooperación y colaboración.

    1. Con la información contenida en el Registro Nacional, el órgano responsable de

su gestión procederá a la elaboración y actualización permanente de un mapa de

servicios operativos y sistemas de seguridad instalados al que tendrán acceso las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las policías autonómicas en su

respectivo ámbito competencial.

Artículo 8. Organización.

    1. El Registro Nacional de Seguridad Privada se integrará en la Dirección General

de la Policía y su funcionamiento y gestión corresponderá al órgano que determine su

estructura orgánica y funcional. La información contenida en este Registro estará

disponible para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con vistas al ejercicio de sus

respectivas competencias.

    1. La inscripción de los datos relativos a las habilitaciones y servicios de los

guardas rurales y sus especialidades, a su formación y centros específicos y exclusivos

que la imparten, así como a las acreditaciones del profesorado de los cursos para este

personal, corresponderá al órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

determine su estructura orgánica y funcional.

Artículo 9. Funcionamiento.

    1. El Registro Nacional, que tendrá carácter unitario para todo el territorio nacional

y para cualquier acto objeto de inscripción o anotación en el mismo, estará conformado

por un banco de datos obtenidos de las inscripciones o anotaciones, practicadas en hojas

registrales.

    1. Asimismo, el Registro Nacional constituirá el sistema oficial central de

información estadística sobre el sector de la seguridad privada en España y, como tal, el

soporte para la difusión de los datos contenidos en él, con las limitaciones establecidas en

el artículo 11.6 de la Ley, y en la legislación en materia de protección de datos de

carácter personal.

    1. También, dicho registro constituirá el instrumento de la Administración General

del Estado para la elaboración del informe que anualmente ha de elevar el Ministerio del

Interior a las Cortes Generales sobre el funcionamiento del sector, de acuerdo con los

artículos 21.1e) y 25.1i) de la Ley. .

    1. Cualquier persona o entidad, sin necesidad de justificar su interés, podrá solicitar la

pertinente certificación de si se encuentra inscrita una empresa de seguridad privada y

sus delegaciones, despacho de detectives privados y sus sucursales, centro de formación

de personal de seguridad privada o central receptora de alarmas de uso propio, y número

de orden de inscripción asignado, así como sobre denominación o razón social, domicilio,

número de identificación fiscal y actividades de seguridad privada en relación con las

cuales están autorizados para prestar servicios de seguridad privada.

Artículo 10. Coordinación registral.

    1. Los registros, nacional y autonómicos, estarán intercomunicados por redes

telemáticas y los sistemas de numeración de los mismos, relativos a las empresas de

seguridad privada, despachos de detectives privados, centros de formación del personal

de seguridad privada, centrales receptoras de alarmas de uso propio, empresas de

seguridad informática y departamentos de seguridad, a inscribir, se determinarán

coordinadamente, de forma que el número de inscripción de una de dichas empresas o

entidades de seguridad privada no pueda coincidir con el de ninguna otra. Para ello,

establecerán sistemas de coordinación que garanticen su compatibilidad informática y la

transmisión telemática de los asientos registrales.

    1. Toda la información y documentación incorporada al Registro Nacional de Seguridad

Privada, relacionada con las referidas empresas y entidades de seguridad privada

inscritas en el mismo, estará a disposición de los órganos competentes de las

comunidades autónomas para el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad

privada. De la misma manera, el Registro Nacional podrá recabar de éstos los datos que

estime necesarios para la gestión registral que le corresponde.

Igualmente comunicará, a los registros autonómicos que correspondan, la apertura,

modificación o cancelación de empresas de seguridad privada y despachos de detectives

privados que tengan un ámbito territorial de actuación nacional y sede social en la

comunidad autónoma o, en su caso, las delegaciones o sucursales con sede en ella.

    1. Los registros autonómicos comunicarán, en un plazo no superior a treinta días,

al Registro Nacional de Seguridad Privada, los datos de las inscripciones que efectúen

sobre las empresas y entidades de seguridad privada referidas anteriormente, así como

sus modificaciones y cancelación registral. Del mismo modo, se comunicarán las

sanciones que se impongan a éstas y a otros sujetos responsables en el ámbito de la

seguridad privada.

    1. Cuando una empresa de seguridad privada, despacho de detectives privados,

centro de formación del personal de seguridad privada, central receptora de alarmas de

uso propio, empresa de seguridad informática o departamento de seguridad, inscritos en

un registro autonómico, solicite su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad

Privada por modificación del ámbito territorial de actuación, y viceversa, éste o aquél se

dirigirá al registro autonómico que corresponda, o al Registro Nacional de Seguridad

Privada, para que le sea remitida la certificación literal de los asientos registrales de la

empresa, despacho, centro o central de que se trate, así como de todo el expediente que

contenga la documentación incorporada al mismo.

TÍTULO II

Coordinación, colaboración y participación

CAPÍTULO I

Sistema de coordinación

Artículo 11. Actuaciones de coordinación.

    1. Para el ejercicio de su función de coordinación y resto de competencias

atribuidas en el artículo 5, la Secretaría de Estado de Seguridad llevará a cabo las

siguientes acciones:

    1. a) Elaborar el Plan Director de Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y la seguridad privada, En él se especificarán las áreas de relación,

necesidades de información y canales establecidos para su intercambio.

    1. b) Desarrollar el sistema informático que permita la explotación por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado del mapa de servicios elaborado a partir de los datos

contenidos en el Registro Nacional de Seguridad Privada.

    1. c) Recabar los informes de la Comisión Nacional de Seguridad Privada Asumir

las acciones que se deriven de la normativa sobre protección de redes y sistemas de

información en relación con el control de las empresas que realicen actividades de

seguridad informática.

    1. En las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad

privada, la responsabilidad de coordinación se asegurará en el ámbito de sus estructuras

organizativas.

Artículo 12. Relación de colaboración.

    1. De acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 2, y 21.2 de la Ley, el deber de auxilio y

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las comunicaciones

sobre hechos delictivos o susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana, la puesta a

disposición de presuntos delincuentes, o la entrega de instrumentos, efectos y pruebas

del delito, se cumplimentarán respecto del cuerpo policial competente.

    1. En el cumplimiento de sus respectivas obligaciones y funciones, los prestadores

de servicios y el personal de seguridad privada facilitarán, a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la colaboración o información

que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

    1. El personal de seguridad privada, recibirá un trato preferente y deferente por

parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 13. Intercambio de información.

    1. Las informaciones facilitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al

personal de seguridad privada contendrán los datos necesarios para facilitar la adopción

de las medidas de protección adecuadas frente a riesgos genéricos o específicos, sin que

puedan facilitarse datos personales salvo para la prevención de un peligro real para la

seguridad ciudadana o para evitar la comisión de infracciones penales contra las

personas y los bienes protegidos.

    1. Las empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados y

personal de seguridad privada, proporcionarán, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

los datos, incluso de carácter personal, que faciliten la identificación y localización de

personas, para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad

ciudadana. En el marco de los planes de colaboración establecidos y bajo el control de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos datos podrán compartirse con las entidades de

seguridad privada afectadas.

Artículo 14. Cooperación administrativa.

    1. Los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad

social, con el fin de evitar el fraude, el intrusismo y la competencia desleal por parte de

las empresas de seguridad privada o de los despachos de detectives privados, o de

aquellas empresas o sujetos que interfieren en el sector sin estar autorizadas,

establecerán los siguientes mecanismos de cooperación interadministrativa:

    1. a) De información, consistentes en la transmisión, a las autoridades de control,

de aquellas informaciones de que dispongan que, constituyendo indicios relevantes de

una infracción penal, administrativa, laboral o tributaria, permitan iniciar procedimientos

sancionadores por parte de las autoridades competentes.

    1. b) De control, mediante una intensificación de las actuaciones sobre las

empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados y empresas o sujetos

no autorizadas, verificando, en su respectivo ámbito competencial, el estricto

cumplimiento de sus obligaciones.

    1. c) De inspección conjunta, coordinando los planes de actuación por parte de

cada autoridad competente. La ejecución policial de las actuaciones conjuntas de

inspección se realizará por el órgano de la Dirección General de la Policía que determine

su estructura orgánica y funcional.

    1. Para la consecución de estos objetivos, las autoridades policiales, tributarias,

laborales y de seguridad social, promoverán, entre otras, las siguientes actuaciones:

    1. a) La firma de acuerdos de cooperación interministerial para la realización de

actividades conjuntas contra el intrusismo, el fraude y la competencia desleal.

    1. b) El establecimiento de canales ágiles de consulta e intercambio de

documentación o información.

CAPÍTULO II

Participación institucional y reconocimiento social

Artículo 15. Comisión Nacional de Seguridad Privada.

    1. La Comisión Nacional de Seguridad Privada, así como las de ámbito autonómico

o provincial, son los órganos consultivos de encuentro y participación en el ámbito de la

seguridad privada.

    1. La Comisión Nacional estará adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad y

presidida por su titular, correspondiendo al mismo la designación de su secretaría.

    1. Son funciones de la Comisión Nacional:
    2. a) Analizar la situación del sector y elaborar informes para la Presidencia sobre

cualquier circunstancia que incida en su buen funcionamiento.

    1. b) Promover la actualización permanente de la normativa y contribuir a su

elaboración e interpretación.

    1. c) Las demás que le atribuyan la Ley, y este reglamento.
    2. En la Comisión Nacional se integrarán, como vocales, representantes de la

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas con competencias en

materia de seguridad privada y de los diferentes ámbitos profesionales que intervienen en

el sector. El Presidente podrá convocar, cuando lo estime oportuno, en función de los

asuntos a tratar, a expertos de reconocido prestigio, tanto del sector público como

privado.

    1. La composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional se

determinarán por orden del Ministro del Interior.

Artículo 16. Comisiones autonómicas y provinciales.

    1. En las comunidades autónomas que hayan asumido efectivamente

competencias en materia de seguridad privada, se crearán comisiones autonómicas cuya

composición y funcionamiento se determinarán por la normativa autonómica.

    1. En las restantes comunidades autónomas, se crearán comisiones provinciales

cuya composición y funcionamiento se determinarán por orden del Ministro del Interior.

Las comisiones provinciales estarán adscritas a las respectivas Subdelegaciones

del Gobierno, y presididas por el titular de las mismas, correspondiendo al mismo la

designación de su secretaría.

Artículo 17. Reconocimiento y honores.

    1. Por orden del Ministro del Interior se establece el “Día de la Seguridad Privada”

para reconocer y divulgar la labor que realiza el sector de la seguridad privada, así como

su aportación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la mejora de la

seguridad común.

    1. Por orden del Ministro del Interior se podrán conceder reconocimientos

honoríficos a las personas físicas o jurídicas vinculadas con la seguridad privada. Dichos

reconocimientos se podrán efectuar con ocasión de la celebración del “Día de la

Seguridad Privada” o en otros actos relacionados con el sector.

    1. Por orden del Ministro del Interior se establece la “Orden de Mérito de la

Seguridad Privada”, destinada al reconocimiento de la trayectoria profesional y los méritos

de las personas o entidades del ámbito o vinculadas con la seguridad privada, que hayan

destacado, por su esfuerzo y dedicación, en la contribución a la mejora de la seguridad, o

hayan protagonizado actos o conductas destacables de colaboración con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad.

TÍTULO III

Empresas de seguridad privada

CAPÍTULO I

Otorgamiento de la autorización

SECCIÓN 1.ª REQUISITOS GENERALES

Artículo 18. Cumplimiento de requisitos.

    1. De acuerdo con los artículos 17.1, 18.1 y 2, 19.1, y 20.1 de la Ley, para la

obtención de la autorización administrativa o, en su caso, presentación de declaración

responsable, la posterior inscripción en el registro correspondiente y la prestación de

servicios de seguridad privada, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en la

sección 3ª de este capítulo, las empresas interesadas habrán de reunir previamente los

requisitos generales a que se refiere el artículo 19.1 de la Ley.

    1. Además, las empresas interesadas deberán cumplir los requisitos que

específicamente se establecen en el título II del anexo I, así como, en su caso, los

requisitos y garantías adicionales de acuerdo con los artículos 19. 2, 3 y 4 de la Ley, y 62

de este reglamento.

    1. Todos los requisitos deberán ir acompañados de la aportación de los

documentos acreditativos pertinentes, así como de cualesquiera otros que puedan

interesarse con el mismo fin, y deberán presentarse para acreditar el cumplimiento de los

mismos, en la forma establecida en el anexo I.

    1. En cualquier caso, dichos requisitos deberán mantenerse durante todo el tiempo

de vigencia de la autorización o, en su caso, de la declaración responsable, y cualquier

variación deberá comunicarse a los órganos competentes, en todo caso, en el plazo

máximo de quince días, a contar desde la fecha en que se produjo la misma.

Artículo 19. Sujetos o entes prestadores.

    1. Las actividades de seguridad privada objeto de autorización, o de declaración

responsable, podrán ser realizadas por cualquier empresa, persona física o jurídica, de

carácter privado, que se haya constituido legalmente y cumpla con los requisitos exigidos

por la Ley, y este reglamento.

    1. Las empresas que vayan a desarrollar actividades de seguridad privada, podrán

revestir forma societaria o de empresario individual, de acuerdo con el artículo 17.3 de la

Ley, y prestar los servicios de seguridad privada que se correspondan con aquéllas para

las que estén autorizadas, material y territorialmente, tanto por sí mismas como

agrupadamente.

    1. De acuerdo con el artículo 19.1a) de la Ley, las empresas interesadas cumplirán

con el requisito de hallarse constituidas legalmente e inscritas en el registro mercantil o en

el registro público correspondiente, mediante el otorgamiento del pertinente documento

público o privado, o, en su caso, el equivalente que así lo acredite, según se trate de

empresas que revistan forma societaria o de empresario individual, al que se acompañará

el certificado o nota de la inscripción en el registro que corresponda.

    1. Los documentos a que se refiere el apartado anterior contendrán, como mínimo,

los siguientes datos:

    1. a) Los que permitan identificar a los socios otorgantes o al empresario

individual.

    1. b) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial de la

empresa.

    1. c) El número o código de identificación fiscal asignado por la Administración

Tributaria a la empresa.

    1. d) El objeto, que habrá de ser coincidente con todas, varias o alguna de las

actividades de seguridad privada, así como, en su caso, de las compatibles.

    1. e) La sede empresarial en la que se haya fijado el domicilio, que deberá radicar

en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con indicación de su localización y

dirección exacta.

    1. f) En su caso, el capital social, con expresión de las participaciones,

aportaciones o acciones en que se distribuye, su valor nominal y titularidad de las

mismas.

    1. g) En su caso, la composición personal de los órganos de administración y

dirección, con indicación de su estructura organizativa, número de miembros, alcance de

los poderes otorgados a los mismos y socio o socios a los que se les encomienda la

representación de la empresa.

Artículo 20. Nacionalidad.

    1. De acuerdo con el artículo 19.6 de la Ley, cuando las empresas de seguridad

privada no españolas pretendan desarrollar actividades de tal naturaleza en territorio

español, estando ya constituidas y autorizadas como empresas de seguridad privada con

arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados referidos en el artículo 19.1b) de la

Ley, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada,

además de, en su caso, en el de la comunidad autónoma a cuyo territorio limiten su

ámbito de actuación.

    1. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la condición de empresa de

seguridad privada se acreditará mediante la certificación de su inscripción en el registro

correspondiente al Estado donde estuviera aquella establecida, o bien por su

reconocimiento como tal por la autoridad competente para ello, siéndoles de aplicación,

respecto a la forma de cumplimentación de los requisitos exigidos legal y

reglamentariamente para el desarrollo de la actividad o actividades de seguridad privada

pretendidas, las siguientes particularidades:

    1. a) El documento acreditativo de su constitución como empresa en el Estado de

que se trate, así como el pertinente certificado de su inscripción o reconocimiento como

empresa de seguridad privada, a efectos de lo previsto en el artículo 19.1a) de la Ley, y

que habrán de estar convenientemente legalizados o apostillados y traducidos al español

por traductor jurado debidamente habilitado al efecto.

    1. b) Cuando en el Estado donde estuviera establecida la empresa interesada se

permitiera a las empresas de seguridad privada desarrollar otras actividades no

permitidas en España, y éstas figuraran en su objeto, la representación legal de aquélla,

presentará, junto con el resto de la documentación exigida a afectos de su inscripción en

el registro español que corresponda, una declaración responsable en la que conste

expresamente que, en ningún caso, tales actividades se realizarán en territorio español.

En tal supuesto, los efectos de la resolución de autorización o de la declaración

responsable quedarán condicionados al cumplimiento permanente de tal exigencia.

    1. c) En relación con la exigencia de contar con los medios materiales adecuados

a que se refiere el artículo 19.1c) de la Ley, no será exigible a la empresa interesada el

documento acreditativo del título en virtud del cual dispone del local en que hubiere fijado

el domicilio o de otros locales de la misma, si éstos estuviesen ubicados fuera de España.

En estos casos se eximirá de la cumplimentación del requisito de disponer de las medidas

de seguridad privada que se determinan en este reglamento.

    1. d) Asimismo, en cuanto a la obligación de contar con la infraestructura y

logística adecuada a las características de los servicios de seguridad privada que se

vayan a prestar, habrá de procederse a la apertura de una delegación en territorio español

si la sede empresarial fijada por la empresa para el ejercicio de las actividades de

seguridad privada pretendidas radicara fuera de España, siempre que los servicios de

seguridad privada a prestar tengan carácter permanente y los mismos tengan lugar dentro

de las fronteras terrestres o de las aguas jurisdiccionales de España.

    1. e) En cuanto al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 19.1g)

y h), de la Ley, la empresa interesada deberá aportar ante el órgano que tramite el

correspondiente procedimiento de inscripción una certificación, expedida por la autoridad

competente del Estado en el que estuviera establecida la misma y debidamente

legalizada y traducida al español, por traductor jurado habilitado al efecto, en la que

conste la no incursión de la misma y, en su caso, de sus administradores de hecho o de

derecho y representantes, en cualquiera de las situaciones descritas en los dos apartados

del precepto citado.

Artículo 21. Denominación, nombre comercial y marca empresarial.

    1. De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley, toda empresa de seguridad privada

que pretenda dedicarse a desarrollar actividades de seguridad privada habrá de tener una

denominación específica que la distinga de las restantes empresas de seguridad privada

que ya estén inscritas como tales en el registro que corresponda.

    1. En la denominación, nombre comercial o marca de las empresas de seguridad

privada no podrán usarse, en ningún caso, las expresiones “Policía”, “Policía Privada” o

“Policía Particular”, así como el adjetivo oficial, policial u otros de análogo significado, o

hacer referencia a denominaciones que puedan generar confusión con unidades o

servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 22. Ámbito de actividad.

    1. Las empresas de seguridad privada, además de tener como objeto las

actividades de seguridad privada que figuran en el artículo 5.1a) a g) de la Ley, , también

podrán desarrollar las siguientes actividades:

    1. a) Las compatibles establecidas en el artículo 6 de la Ley.
    2. b) Las que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de

seguridad privada autorizadas, de acuerdo con el artículo 19.1a) de la Ley.

    1. c) Las relativas a formación del personal de seguridad privada y a creación de

centros de formación del personal de seguridad privada, de acuerdo con los artículos

17.2 y 29.6 de la Ley.

    1. d) Otras que no sean de tal naturaleza o incompatibles con ellas, siempre que,

en todo caso, las mismas vayan a desarrollarse fuera del territorio español.

    1. Las empresas de seguridad privada deberán expresar cuál o cuáles actividades

de seguridad privada concretas son las que van a desarrollar de entre las que constan en

su objeto, sin perjuicio de que posteriormente puedan ampliar o reducir su ámbito de

actividades y, en consecuencia, declarar la nueva o nuevas actividades de seguridad

privada que van a desarrollar sin necesidad de modificar dicho objeto siempre que ya

estuviesen incluidas en el mismo.

    1. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las empresas interesadas en

desarrollar la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1e) de la Ley,

deberán indicar si pretenden dedicarse a los dos ámbitos materiales que comprende su

objeto, o bien sólo a uno o al otro.

En el primer caso, deberán acreditarse los requisitos en función de los dos ámbitos

materiales referidos, mientras que en el segundo únicamente se acreditarán aquellos

relacionados con uno de los dos ámbitos materiales que comprenden tal actividad de

seguridad privada.

    1. Las empresas de seguridad privada limitarán su ejercicio profesional a las

actividades de seguridad privada materiales autorizadas o declaradas, debiendo

circunscribir su acción empresarial, en todo caso, al ámbito territorial de su respectiva

autorización o declaración responsable y que figure inscrito en el correspondiente registro.

Artículo 23. Ámbito territorial de actuación.

    1. Las empresas que soliciten la obtención de la autorización, o presenten la

declaración responsable, para operar como empresas de seguridad privada, podrán

desarrollar una, varias o todas las actividades de seguridad privada contempladas en el

apartado 1 del artículo anterior en todo el territorio nacional o en partes del mismo, e

igualmente en ámbitos geográficos distintos al de su sede principal, previa declaración de

su intención, a efectos de determinar la autoridad competente que ha de dictar la

pertinente resolución de autorización.

    1. La actividad o actividades de seguridad privada objeto de autorización, o de

declaración responsable, podrán realizarse dentro de los siguientes ámbitos territoriales:

    1. a) Nacional: con extensión a todo el territorio nacional, con independencia del

lugar donde radique su domicilio.

    1. b) Autonómico: circunscrito al territorio de una sola comunidad autónoma, con

competencia efectivamente asumida en materia de seguridad privada, en el que la

empresa tenga su domicilio.

    1. Las empresas de seguridad privada de ámbito nacional podrán actuar en el

territorio de las comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en

materia de seguridad privada y dotadas de registros propios, sin necesidad de trámite

administrativo alguno.

    1. Las empresas de seguridad privada de ámbito autonómico limitarán su actuación

al respectivo ámbito territorial autonómico, sin que puedan desarrollar actividad de

seguridad privada alguna fuera del mismo.

Artículo 24. Medios humanos.

    1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, , las empresas de seguridad privada

deberán contar con personal de seguridad privada debidamente habilitado o, en su caso,

acreditado, y en número suficiente, al objeto de garantizar en todo momento el buen

funcionamiento empresarial y poder prestar convenientemente los servicios de seguridad

privada a los usuarios que los contraten.

El tipo y número mínimo de personal de seguridad privada requerido se establece

en el título II del anexo I, en función del tipo de actividad o actividades de seguridad

privada para las que se solicite la autorización o se presente la declaración responsable,

y de las características de los servicios de seguridad privada que se vayan a prestar en

relación con ellas.

    1. El personal de seguridad privada, así como, en su caso, el personal acreditado,

habrá de estar incluido en una relación de personal que ha de aportarse al efecto por la

empresa interesada junto con la solicitud de autorización o incluirse en la declaración

responsable presentada, así como el personal integrado o vinculado, respectivamente,

con la misma, a través de cualquier modalidad contractual o relación profesional admitida

como válida.

En los contratos o relaciones podrá establecerse una cláusula por la que el

comienzo de sus efectos quede condicionado a la fecha de autorización o presentación de

la declaración responsable e inscripción de la empresa contratante en el registro que

corresponda.

Artículo 25. Medios de formación.

    1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, las empresas de seguridad privada

deberán poner a disposición de su personal de seguridad privada los medios de formación

más apropiados, en razón del tipo o tipos de actividades de seguridad privada que

pretendan desarrollar y de los servicios de seguridad privada a prestar.

    1. Los medios de formación podrán ser proporcionados al personal de seguridad

privada por sí mismas, en asociación con otras empresas de seguridad privada, o a través

de terceros.

    1. Las empresas de seguridad privada deberán conservar y poner a disposición de

los órganos de control e inspección competentes, cuando así lo requieran, los

documentos que acrediten la disponibilidad de los medios de formación adecuados.

Artículo 26. Medios financieros.

    1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, las empresas de seguridad privada

que soliciten autorización o, en su caso, presenten la correspondiente declaración

responsable, habrán de contar con los medios financieros precisos para la puesta en

marcha del proyecto empresarial.

    1. La solvencia financiera se acreditará por el capital constituido, así como, en su

caso, por los bienes, derechos o aportaciones en trabajo, que figuren en los documentos

de constitución legal de las empresas de seguridad privada interesadas.

Artículo 27. Medios materiales y técnicos.

    1. De acuerdo con los artículos 19.1c) y 21.1b) de la Ley, todas las empresas de

seguridad privada, independientemente de la actividad o actividades de seguridad privada

que pretendan desarrollar, deberán disponer de un local para su sede empresarial, sin

perjuicio de que igualmente puedan disponer de delegaciones o de otros locales

destinados al apoyo logístico de sus actividades.

    1. Cada empresa de seguridad privada, en función de la actividad o actividades de

seguridad privada que vaya a desarrollar, deberá contar con los medios materiales y

técnicos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de seguridad privada de

que se trate, de acuerdo con el título II del anexo I.

    1. Asimismo, las empresas de seguridad privada podrán contar también con el

apoyo de animales, equipos y medios técnicos de libre disposición en el mercado. 4. Los

medios materiales y técnicos empleados podrán ser adquiridos en propiedad, en régimen

de alquiler o, en su caso, mediante documento acreditativo del derecho de uso por cesión

de los mismos, debiendo estar homologados, cuando ello sea exigible.

    1. Para la acreditación de la solvencia material y técnica deberá presentarse un

inventario elaborado al efecto, en el que se indicará, en función de la actividad de

seguridad privada de que se trate, el local o locales destinados al desarrollo de las

actividades pretendidas y el resto de medios materiales y técnicos de los que disponga.

    1. El tipo y, en su caso, el número de medios materiales y técnicos con los que las

empresas han de contar específica o adicionalmente, se determina en el título II del

anexo I.

Artículo 28. Medidas de seguridad privada.

    1. Las empresas de seguridad privada, para su sede empresarial y, en su caso,

para las delegaciones vinculadas a la operativa de seguridad, habrán de disponer de las

siguientes medidas de seguridad privada que se determinan en el título II del anexo IV:

    1. a) Un sistema de seguridad, físico y electrónico, compuesto, como mínimo, de

los elementos indicados.

    1. b) Un área restringida, dotada de los medios físicos, electrónicos o

informáticos, destinada a la custodia de la información y documentación sensible que se

maneje.

    1. c) Un sistema informático, acorde con la clasificación del nivel de criticidad,

bajo, medio o alto, que resulte de aplicación en relación con la actividad o actividades

empresariales pretendidas, orientado a proteger los sistemas de información de la

empresa e integrado por los elementos o dispositivos y con las características que se

determinan.

    1. d) Un plan de seguridad, así como los procedimientos de seguridad derivados,

a fin de proteger la actividad empresarial frente a posibles riesgos y amenazas que

puedan perturbarla.

    1. e) Un plan de contingencia que garantice la continuidad de la actividad en los

supuestos de materialización de las amenazas.

    1. Asimismo, dependiendo de las concretas circunstancias que puedan concurrir,

las empresas de seguridad privada interesadas deberán adoptar las medidas de

seguridad privada que, con carácter específico o adicional, en cada caso se establezcan.

Artículo 29. Aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil.

    1. De acuerdo con el artículo 19.1e) de la Ley, las empresas de seguridad privada

deberán suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras

garantías financieras con una entidad debidamente autorizada de cualquiera de los

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el

Espacio Económico Europeo, con el objeto de cubrir la responsabilidad civil que por los

daños en las personas o en los bienes pudieran derivarse de la explotación de la actividad

o actividades de seguridad privada que pretendan desarrollar.

En la naturaleza del riesgo deberá figurar, literalmente, el texto que se inserta en el

artículo 5.1 de la Ley, respecto de cada una de las actividades de seguridad privada que

se pretenden desarrollar.

    1. De acuerdo con el artículo 19.5 de la Ley, si el seguro de responsabilidad civil

suscrito, o la garantía financiera constituida en cualquiera de los Estados miembros de la

Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

lo fuesen por cuantías inferiores a las exigidas a las empresas españolas, la empresa de

seguridad privada obligada a su prestación deberá suscribir nuevo seguro, o ampliar el ya

suscrito, o constituir una nueva garantía financiera u otras garantías adicionales hasta

alcanzar dichas cuantías.

    1. Los importes mínimos de las cuantías a consignar en los contratos de

responsabilidad civil que hayan de suscribirse o respecto de las garantías financieras a

constituir, quedan determinados en el título II del anexo I.

Artículo 30. Constitución de aval o seguro de caución.

    1. De acuerdo con el artículo 19.1f) de la Ley, las empresas de seguridad privada

habrán de constituir un aval en la Caja General de Depósitos, o en las Cajas o

establecimientos públicos equivalentes de las comunidades autónomas, o en un

organismo de naturaleza similar de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o

Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; o bien suscribir un

contrato de seguro de caución con una entidad debidamente autorizada para operar en el

ramo de dicho seguro, cuyo certificado expedido al efecto deberá entregarse en los

lugares señalados anteriormente.

Tanto el aval como el seguro de caución que se constituyan, estarán a disposición

de las autoridades con competencias sancionadoras en la materia, con el fin de atender a

las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de las empresas de seguridad

privada por infracciones a la normativa de seguridad privada.

    1. El aval o el contrato de seguro de caución deberán mantenerse por la cuantía

máxima de su importe durante todo el período de vigencia de la autorización, para lo cual

las cantidades que, en su caso, se hubieren detraído a los efectos previstos en el

apartado anterior, habrán de reponerse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en

que se hubieren ejecutado los correspondientes actos de disposición.

    1. De acuerdo el artículo 19.5 de la Ley, si el aval depositado o el contrato de

seguro de caución suscrito en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o

en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo fuese de cuantía

inferior a la exigida a las empresas de seguridad privada españolas, la empresa de

seguridad privada depositante deberá constituir nuevo aval o complementar aquél, o

suscribir un nuevo contrato de seguro de caución o ampliar el ya suscrito, hasta alcanzar

dicha cuantía.

    1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá suplirse la

constitución de las garantías que se citan por el depósito de dinero en efectivo, siempre

que se cumplan con los requisitos y condiciones que se establecen en los mismos.

    1. Los importes mínimos de las cuantías a depositar en las garantías a constituir

quedan determinados en el título II del anexo I.

Artículo 31. Autorización múltiple.

    1. Las empresas de seguridad privada que pretendan dedicarse a más de una de

las actividades enumeradas en el artículo 5.1a) a g) de la Ley, habrán de acreditar los

requisitos generales, así como los específicos y, en su caso, los adicionales que pudieran

afectarles al objeto de obtener la correspondiente autorización, con las siguientes

peculiaridades:

    1. a) El que se refiere a jefe de seguridad, que podrá ser único para las distintas

actividades de seguridad privada.

    1. b) Los relativos a la póliza de responsabilidad civil o a las garantías financieras,

así como al aval o seguro de caución, a los que se refieren los artículos 29 y 30,

respectivamente, en cuyos casos se seguirán las siguientes reglas:

1º Si van a realizar dos actividades de seguridad privada, justificarán

únicamente la mayor de las cantidades exigidas por cada uno de los dos conceptos.

2º Si pretenden realizar más de dos actividades de seguridad privada, las

cantidades a justificar por la correspondiente póliza de responsabilidad civil o las

garantías financieras, así como el aval o seguro de caución, se incrementarán en una

cuantía igual al veinticinco por ciento respecto de las exigidas para cada una de las

restantes clases de actividades.

    1. c) Los relacionados con los medios materiales y técnicos, los cuales podrán

compartirse o utilizarse, indistintamente, en el desarrollo de todas las actividades de

seguridad privada, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones de seguridad

y se cumplan el resto de requisitos exigidos por la normativa aplicable.

    1. Tales actividades de seguridad privada solo podrán ser objeto de autorización e

inscripción en virtud de una única resolución dictada al efecto por la autoridad que resulte

competente para ello, dependiendo del ámbito de actuación territorial declarado por la

empresa de seguridad privada y, todas ellas, respecto de un mismo y único ámbito

territorial de actuación.

Cuando posteriormente se solicitara por la empresa de seguridad privada

interesada la ampliación o, en su caso, la reducción de las actividades de seguridad

privada autorizadas, la resolución pertinente que se dicte al efecto incluirá o excluirá las

mismas.

    1. En aquellos casos en que las empresas de seguridad privada pretendan realizar

tanto el transporte y distribución de objetos valiosos como el de objetos peligrosos, a que

se refiere el artículo 5.1c), d) y e) de la Ley, les resultará de aplicación lo dispuesto en

los dos apartados anteriores como si se tratase de dos actividades distintas.

Artículo 32. Representantes legales.

    1. Las empresas de seguridad privada, sean persona física o jurídica, podrán

actuar por mediación de representantes legales ante la administración y demás terceros,

al objeto de realizar, en nombre de las mismas, cuantos trámites, escritos, solicitudes,

declaraciones, comunicaciones, actos conexos y demás actuaciones sean precisas.

    1. De acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley, los representantes legales deberán

mantener, en todo momento, los requisitos a que se refiere el mismo mientras las

empresas de seguridad privada a las que representan estén inscritas en el registro

correspondiente.

Los representantes legales acreditarán que reúnen tales requisitos mediante

declaración responsable, en la que conste la no incursión de la empresa de seguridad

privada a la que representan, de acuerdo con el artículo 19.1g) y h) de la Ley, y de ellos

mismos, en cualesquiera de las incompatibilidades, prohibiciones o situaciones

contempladas en aquélla y en este reglamento.

    1. En ningún caso, los representantes legales podrán formar parte, al mismo

tiempo, de órganos de representación de empresas de seguridad privada y de despachos

de detectives privados.

    1. Cuando se hubiere dictado auto de declaración de concurso, el administrador o

administradores concursales, deberán comunicar tal circunstancia, en el plazo máximo de

quince días, a los registros donde se hallasen inscritas las empresas de seguridad privada

afectadas y remitir copia de dicho auto para su incorporación a los expedientes de las

mismas en el ámbito de la seguridad privada.

SECCIÓN 2.ª EXPEDICIÓN E INSCRIPCIÓN

Artículo 33. Régimen general.

    1. Las empresas que se quieran dedicar a las actividades de seguridad privada,

para su inscripción de oficio en el correspondiente registro, deberán haber obtenido la

preceptiva autorización o presentado la correspondiente declaración responsable, de

acuerdo con los artículos 18.1 y 2 de la Ley, y 6.2 y 3 de este reglamento.

    1. La autorización o la declaración responsable será intransferible y no podrá ser

objeto de embargo. Tampoco eximirán de la obtención de las demás licencias, permisos

o autorizaciones que sean preceptivas.

    1. Se denegará la solicitud de autorización pertinente o, en su caso, no se

procederá a la inscripción de la declaración responsable, de aquellas empresas de

seguridad privada de las que, pueda determinarse que son continuación o que deriven,

por transformación, fusión, escisión o sucesión, de otras empresas de seguridad privada a

las que se les hubiera cancelado su inscripción en el registro correspondiente, como

consecuencia de las sanciones impuestas en el artículo 61 de la Ley.

Artículo 34. Autoridades competentes.

    1. El otorgamiento de la autorización o, en su caso, recepción de la declaración

responsable, una vez concluida la tramitación, corresponderá a las siguientes

autoridades:

    1. a) Al Director General de la Policía, cuando las empresas de seguridad privada

vayan a tener o tengan un ámbito territorial de actuación nacional.

    1. b) Al titular del órgano correspondiente de la comunidad autónoma cuando, las

empresas de seguridad privada tengan sede y ámbito limitado en su territorio.

    1. Las autoridades a que se refiere el apartado anterior podrán, conforme a lo

preceptuado en el artículo 36, suspender o retirar temporalmente, la autorización otorgada

o, en su caso, la declaración responsable, a las empresas de seguridad privada.

Artículo 35. Vigencia y alcance.

    1. De acuerdo con el artículo 18.3 de la Ley, la validez de la autorización

concedida o, en su caso, de la declaración responsable será indefinida, si bien la misma

quedará condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos legal y

reglamentariamente exigidos.

    1. La notificación de la autorización o la presentación de la declaración responsable

permitirá la entrada en funcionamiento de la empresa de seguridad privada solicitante.

    1. En caso de que se pretenda modificar el ámbito territorial de actuación

comprendido en la autorización o en la declaración responsable, de nacional a

autonómico, o de autonómico a nacional, bastará con que la empresa de seguridad

privada interesada en ello se dirija al registro que se corresponda con el nuevo ámbito

pretendido, a efectos de su inscripción en el mismo, mediante comunicación previa en tal

sentido, siempre que:

    1. a) El domicilio de la misma vaya a continuar ubicado dentro de los límites

territoriales de la comunidad autónoma de que se trate y en el mismo lugar, en el

supuesto de cambio de ámbito nacional a autonómico.

    1. b) El domicilio de la misma no vaya a trasladarse a otro lugar, ya sea dentro de

la comunidad autónoma en el que estuviera ubicado o fuera de la misma, en el supuesto

de cambio de ámbito autonómico a nacional.

    1. c) No concurran otras circunstancias modificativas relacionadas con los datos

incorporados a la resolución de autorización o a la declaración responsable, en los dos

supuestos anteriores.

A tales efectos, una vez recibida la comunicación previa en el Registro Nacional de

Seguridad Privada, o en el correspondiente registro autonómico, tanto uno como otro

practicarán, las actuaciones que resulten precisas para poder inscribir, de oficio, a la

empresa de seguridad privada interesada, por un lado, y cancelar su inscripción, por otro,

de acuerdo con lo prevenido en el artículo 10.4.

Artículo 36. Suspensión.

    1. Se acordará la suspensión de la autorización o, en su caso, de la declaración

responsable, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

La imposición a las empresas de seguridad privada, de la sanción prevista en el

artículo 61.2b) de la Ley, durante el plazo de un año, como consecuencia de la comisión

de cualquiera de las infracciones graves tipificadas en el artículo 57.2 de la misma.

Cuando en el marco del procedimiento de declaración de concurso, el juez

competente hubiese acordado, mediante auto, el cierre de la totalidad o de parte del local

donde se ubique el domicilio de la empresa de seguridad privada concursada, así como,

en su caso, de sus delegaciones; o el cese o la suspensión, total o parcial, de la actividad

o actividades empresariales desarrolladas hasta entonces por la misma.

    1. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento

administrativo común de las administraciones públicas, también podrá acordarse la

suspensión en los casos de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en

cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una

declaración responsable, o la no presentación, de dicha declaración.

    1. De manera preventiva podrá retirarse, o suspenderse, la autorización otorgada a

las empresas de seguridad privada o, en su caso, la declaración responsable, cuando el

órgano competente que haya ordenado la incoación de un procedimiento sancionador en

materia de seguridad privada, tras su inicio, adopte la medida cautelar a que se refiere el

artículo 69.2b) de la Ley, sin que pueda tener una duración superior a un año.

    1. La suspensión o retirada de la autorización o, en su caso, de la declaración

responsable, en todas las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores,

implicará la prohibición de continuar desarrollando la actividad o actividades de seguridad

privada objeto de autorización o de declaración responsable, desde el momento en que se

hubiere notificado la pertinente resolución por parte de la autoridad competente.

Artículo 37. Inscripción registral.

    1. De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley, para el desarrollo de las actividades

de seguridad privada enumeradas en el artículo 22.1 de este reglamento, las empresas de

seguridad privada, además de estar autorizadas, o, en su caso, haber presentado la

declaración responsable, deberán hallarse inscritas en el Registro Nacional de Seguridad

Privada, o en el correspondiente registro autonómico.

    1. La inscripción de las empresas de seguridad se practicará, de oficio, una vez

otorgada la pertinente autorización o, en su caso, tras ser objeto de recepción la

declaración responsable presentada al efecto. En el registro correspondiente se anotarán

los datos a que se refiere el capítulo II del título I del anexo I.

Igualmente, serán objeto de anotación las actividades compatibles que, en su caso,

vayan a realizarse y se hubieran declarado a tales efectos.

    1. La inscripción en el registro será única por cada empresa de seguridad privada,

con independencia del número de actividades de seguridad privada para las que estuviera

autorizada, así como de las compatibles declaradas y anotadas, incluidas las de

seguridad informática.

    1. Las inscripciones y anotaciones que se realicen en los correspondientes

registros, se notificarán a las empresas de seguridad privada interesadas, con

especificación, en todo caso, del número de registro asignado a las mismas, de la

actividad o actividades de seguridad privada que pueden desarrollar, o de las compatibles

declaradas, y el ámbito territorial de actuación.

    1. El número de inscripción en el registro que le corresponda a cada empresa de

seguridad privada deberá figurar siempre en los contratos de servicios de seguridad y en

la publicidad que desarrolle.

SECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN

Artículo 38. Tramitación de la autorización.

    1. De acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley, el procedimiento de obtención de la

autorización administrativa para el desarrollo de las actividades de seguridad privada a

que se refiere el artículo 5.1a) a g) de la misma, se iniciará a instancia de la empresa de

seguridad privada interesada, mediante la presentación de una solicitud dirigida al órgano

de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o,

en su caso, al órgano autonómico que resulte competente, acompañada de la

documentación a que se refieren los títulos I y II del anexo I.

    1. El órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura

orgánica y funcional o el órgano autonómico competente procederán a examinar la

solicitud y la documentación aportada, impulsando de oficio los trámites necesarios hasta

su resolución por las autoridades competentes.

    1. El informe preceptivo del órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

determine su estructura orgánica y funcional, sobre idoneidad de instalación de los

armeros que, en su caso, hayan de tener las empresas de seguridad privada, se emitirá a

instancia del órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura

orgánica y funcional o del órgano autonómico competente, en el plazo de treinta días .

De no tener entrada dicho informe en el plazo indicado, podrá proseguirse con la

instrucción, incorporándose, en su caso, con posterioridad.

    1. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar las resoluciones será

de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada de la solicitud en el registro

del órgano competente para su tramitación, sin perjuicio, a efectos de su cómputo, de la

posible suspensión del transcurso de dicho plazo en aplicación de lo dispuesto en la

normativa sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

    1. Si venciese el plazo de resolución y la autoridad competente no la hubiese

dictado expresamente, podrá entenderse desestimada la solicitud, pudiendo la empresa

interesada interponer contra dicha desestimación presunta los recursos que procedan.

    1. La resolución que se adopte será notificada a los interesados y pondrá fin a la

vía administrativa.

Artículo 39. Tramitación de la declaración responsable.

    1. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Ley, para el desarrollo de la actividad de

seguridad privada contemplada en el artículo 5.1f) de la misma, el procedimiento

consistirá en la presentación de la declaración responsable, dirigida al órgano de la

Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su

caso, al órgano autonómico competente, acompañada de la documentación exigida en

los títulos I y II del anexo I.

    1. Recibida la declaración responsable, el órgano de la Dirección General de la

Policía que determine su estructura orgánica y funcional o el órgano autonómico

competente, comprobarán que la misma está debidamente cumplimentada y acompañada

de toda la documentación requerida, procediendo a la inscripción, de oficio, de la empresa

de seguridad privada interesada en el registro correspondiente.

    1. Con posterioridad a la inscripción registral, se realizarán, de oficio, cuantas

actuaciones se estimen necesarias para la comprobación de la veracidad de lo declarado

y su acomodo a los requisitos legal y reglamentariamente exigidos. En el supuesto de que

se advierta el incumplimiento de las citadas exigencias legales y reglamentarias por parte

del autor de la declaración, se podrá dejar sin efecto la mencionada declaración, debiendo

este cesar en su actividad.

CAPÍTULO II

Modificación y extinción de la autorización o de la declaración

Artículo 40. Modificación de la autorización o de la declaración responsable.

    1. Cualquier variación de los datos incorporados a las resoluciones de autorización

a las empresas de seguridad privada, o de la declaración responsable, deberá ser objeto

del correspondiente procedimiento de modificación.

    1. Las empresas de seguridad privada solicitarán o comunicarán las modificaciones

referidas a dichos datos, en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha en

que se hubieran producido.

    1. También podrá aplicarse el procedimiento de modificación en los siguientes

supuestos:

    1. a) Escisión de empresas de seguridad privada inscritas.
    2. b) Absorción entre empresas de seguridad privada inscritas.
    3. c) Fusión entre empresas de seguridad privada inscritas.
    4. d) Otras transformaciones empresariales que puedan afectar a las empresas

de seguridad privada inscritas.

    1. En cualquiera de los supuestos de modificación, los requisitos necesarios, la

documentación a aportar y la tramitación del procedimiento deberán atenerse a lo

dispuesto en el capítulo anterior y en el anexo I.

    1. Si en el momento de la entrada de la solicitud o comunicación de la modificación

en el registro del órgano competente, a la empresa de seguridad privada se le incoara

también procedimiento administrativo por extinción de la autorización o de los efectos de

la declaración responsable, los dos expedientes serán objeto de acumulación y de

resolución conjunta.

    1. La modificación, una vez aprobada o declarada e, será objeto de inscripción de

oficio en el registro correspondiente.

Artículo 41. Extinción de la autorización o de los efectos de la declaración

responsable.

    1. La extinción de la autorización o de los efectos de la declaración responsable y,

en su caso, el cierre de la empresa de seguridad privada, podrá producirse en virtud de

alguno de los siguientes modos y causas:

    1. a) A petición de la propia empresa de seguridad privada interesada,

comunicada mediante manifestación expresa y por escrito.

    1. b) Por revocación acordada por el órgano competente debido a las siguientes

causas:

1.º Incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos, condiciones o

plazos exigidos legal y reglamentariamente.

2.º Cumplimiento de la sanción del artículo 61.1b) de la Ley.

3.º Fallecimiento, jubilación o incapacidad sobrevenida del empresario

individual.

4.º Extinción de la personalidad jurídica de la empresa, tras la cancelación de

su inscripción en el Registro Mercantil u otro público.

5.º Resolución judicial firme de disolución de la empresa.

6.º Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,

manifestación o documento que se hubiera acompañado o incorporado a una declaración

responsable que hubiere sido objeto de recepción e inscripción en el registro

correspondiente.

    1. En los casos de autorización múltiple, las circunstancias concurrentes en el

procedimiento que se tramite en relación con lo dispuesto en los párrafos a) y b) del

apartado anterior, solo determinarán la extinción de la autorización o el cierre empresarial,

y la consiguiente cancelación registral, en cuanto a la actividad o actividades de seguridad

privada interesadas o afectadas, pero no respecto de las demás.

    1. La resolución por la que se declare la extinción de la autorización o de los

efectos de la declaración responsable, será notificada a los interesados y pondrá fin a la

vía administrativa, dando lugar, en ambos casos, a la imposibilidad de poder ejercitar los

derechos y facultades que se deriven de aquéllas, así como a la prohibición de seguir

desarrollando las actividades de seguridad privada, junto a la cancelación de oficio de la

inscripción de la empresa de seguridad privada en el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, la autoridad que dicte la resolución de extinción de la

autorización o declaración responsable, señalará un plazo de ejecución material

suficiente, que no podrá ser inferior a quince días hábiles ni superior a dos meses,

durante el cual podrá seguirse desarrollando la actividad o actividades de seguridad

privada que hasta entonces hubiera amparado la autorización o declaración extinguida.

En caso de que la empresa de seguridad privada afectada solicitara la suspensión

de dicha ejecución, ésta se entenderá denegada si transcurrido el plazo de un mes no se

hubiere dictado resolución expresa.

    1. La cancelación de la inscripción de empresas de seguridad privada determinará

la liberación del aval o seguro de caución regulados en el artículo 30.

    1. No se podrá efectuar la liberación del aval o seguro de caución cuando la

empresa de seguridad privada tenga obligaciones económicas pendientes con la

Administración, derivadas del funcionamiento de la empresa de seguridad privada por

infracciones a la normativa de seguridad privada, o cuando se le instruya procedimiento

sancionador, hasta su resolución y, en su caso, hasta el cumplimiento de la sanción.

No obstante, podrá reducirse el aval o el seguro de caución teniendo en cuenta el

alcance previsible de las obligaciones y responsabilidades pendientes.

CAPÍTULO III

Funcionamiento

SECCIÓN 1.ª DEBERES GENERALES

Artículo 42. Comienzo y finalización de actividades de seguridad privada.

    1. A efectos de este reglamento, se entenderá que la fecha de notificación de la

resolución de autorización a la empresa de seguridad privada interesada o, en su caso, la

de presentación de la declaración responsable por ésta, será la de inicio de sus

actividades de seguridad privada y, consecuentemente, de su entrada en funcionamiento.

De no ser así, deberá comunicarse la fecha de inicio prevista a los órganos de inspección

y control competentes, con la debida antelación, o indicarse la misma expresamente en la

declaración responsable presentada.

    1. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la actividad de seguridad

privada contemplada en el artículo 5.1g), deberán dar cuenta de las fechas de efectividad

de las distintas conexiones a las dependencias policiales a las que corresponda dar

respuesta a las alarmas, con una antelación de veinticuatro horas, al menos, respecto del

inicio de los correspondientes servicios de seguridad privada.

    1. Las empresas de seguridad privada comunicarán a los correspondientes

órganos de control e inspección competentes la fecha prevista de finalización de sus

actividades de seguridad privada y del consiguiente cese en la prestación de los servicios

de seguridad privada relacionados con las mismas, y, en todo caso, dentro de las setenta

y dos horas siguientes después de haberse producido total y definitivamente el mismo.

    1. Las empresas de seguridad privada que se encuentren en alguna de las

situaciones de crisis empresarial contempladas en la legislación concursal, vendrán

obligadas, exclusivamente en el ámbito de la seguridad privada, a realizar las siguientes

comunicaciones:

    1. a) Ponerlo en conocimiento inmediato de los clientes usuarios de sus servicios

de seguridad privada que pudieran resultar afectados.

    1. b) Dar conocimiento inmediato a la autoridad de control del registro, donde se

encontrasen inscritas.

    1. c) Mantener la prestación de los servicios de seguridad privada contratados o,

en su caso, facilitar que los mismos sean asumidos por otras empresas de seguridad

privada.

    1. d) Informar a las autoridades de control respectivas y a los clientes usuarios de

sus servicios de seguridad privada de la resolución final de la situación concursal en la

que se encontrasen.

Artículo 43. Publicidad e imagen corporativa.

    1. De acuerdo con los artículos 10.1a), 18.1 y 19.1 de la Ley, ninguna empresa de

seguridad privada podrá realizar publicidad relativa a cualquiera de las actividades de

seguridad privada que pretenda realizar, así como respecto de los servicios de seguridad

privada que se puedan derivar de las mismas, sin hallarse previamente autorizada o sin

haber presentado la correspondiente declaración responsable.

    1. El número de orden de inscripción en el registro que le corresponda a cada

empresa de seguridad privada, una vez notificado a la misma, deberá figurar, a partir de

entonces y en todo caso, en la publicidad que posteriormente desarrolle, así como en los

contratos de servicios de seguridad de seguridad privada que formalice.

    1. El anagrama o escudo-emblema específico de la empresa de seguridad privada

de que se trate, deberá, en su caso, estar siempre visible en las prendas de los uniformes

utilizados por el personal de seguridad privada uniformado integrado en ella, así como

rotulado en los vehículos de ésta cuando los mismos estén vinculados a la operativa de

seguridad.

Artículo 44. Deberes documentales.

    1. A efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas de

seguridad privada en el artículo 21.1e) de la Ley, el informe sobre sus actividades y el

resumen de las cuentas anuales se presentarán durante el primer mes de cada año, con

la información y datos que se determinan en el artículo 228, que no figuren en el registro

correspondiente.

    1. Anualmente, en el mismo plazo indicado en el apartado anterior, las empresas

de seguridad privada habrán de presentar, en el registro en que se encontraran inscritas,

la documentación a que se refiere el artículo 229, así como comunicar las circunstancias

referidas en el mismo.

    1. Las empresas de seguridad privada llevarán en su sede empresarial y en sus

delegaciones, obligatoriamente, los Libros-Registro generales, y aquellos otros

específicos, en función de la actividad de seguridad privada autorizada a desarrollar, de

acuerdo con el artículo 207.

Artículo 45. Comunicaciones de modificaciones estatutarias.

    1. De acuerdo con el artículo 21.1c), párrafo primero, de la Ley, las

comunicaciones a las que vienen obligadas las empresas de seguridad privada en

relación con los cambios que se produzcan en las mismas, se realizaran al órgano de la

Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su

caso, al órgano autonómico competente, dentro de los quince días siguientes a su

modificación.

No obstante lo anterior, no será preciso comunicar las modificaciones que se

hubieren producido en la titularidad de las acciones y participaciones sociales como

consecuencia de la compra y venta de éstas, por parte de socios o accionistas

minoritarios, en empresas de seguridad privada cotizadas. En su lugar, bastará con que

en el resumen de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 228.2, la empresa de

seguridad privada de que se trate consigne el porcentaje de las referidas acciones o

participaciones sociales minoritarias que éstas representen en relación con el total del

accionariado de la misma, sin perjuicio de los requerimientos que al respecto puedan

interesar los órganos de control e inspección competentes.

    1. De acuerdo con el artículo 23.3 de la Ley, las empresas de seguridad privada

en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a

comunicarlo al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, así

como toda variación que afecte a la titularidad de tales inversiones, en un plazo máximo

de quince días, a contar desde aquel en que se produjera tal circunstancia.

    1. No podrán efectuarse materialmente los cambios relativos al ámbito territorial de

actuación, domicilio y delegaciones de las empresas de seguridad privada, cuando en los

mismos se lleven a cabo operaciones ligadas a la operativa de seguridad, hasta que sean

aprobados por parte de las autoridades competentes, una vez resueltos los

correspondientes procedimientos de modificación de las autorizaciones otorgadas y

efectuados los pertinentes trámites de notificación, excepto en aquellos supuestos de

presentación de declaración responsable relacionados con la actividad a que se refiere el

artículo 5.1f) de la Ley.

Artículo 46. Comunicaciones relativas al personal de seguridad privada.

    1. De acuerdo con el artículo 21.1c), párrafo segundo, de la Ley, las

comunicaciones se realizarán a través de la sede electrónica de la Dirección General de

la Policía o del órgano autonómico competente, dentro del plazo de cinco días siguientes

a la fecha en que se produzcan.

    1. Cuando las bajas se produzcan como consecuencia del fallecimiento, jubilación

o incapacidad del personal, deberán indicarse expresamente tales circunstancias.

SECCIÓN 2.ª INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

Artículo 47. Sede empresarial.

    1. Las empresas de seguridad privada que soliciten autorización o, en su caso,

presenten declaración responsable, para desarrollar actividades de seguridad privada,

dispondrán de una sede física, que constituirá su domicilio, la cual estará sometida, con

carácter general, al cumplimiento de las siguientes exigencias:

    1. a) Deberá radicar en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión

Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y habrá de fijarse

en un local determinado, de libre disposición o uso por cualquier título legal, y que será de

libre acceso para los servicios policiales de control.

De acuerdo con los artículos 21.1b) y 23.1 de la Ley, puesto en relación con el

artículo siguiente, cuando la sede no se encuentre ubicada en España, deberá abrirse una

delegación en el territorio español, la cual tendrá la consideración de domicilio , y habrá

de reunir las mismas exigencias previstas para la sede empresarial, así como aquellas

otras a que se refiere el artículo siguiente en relación con cada una de las actividades de

seguridad privada que vayan a desarrollarse o de los servicios a prestar en el ámbito

territorial de actuación correspondiente.

    1. b) Podrá compartirse el local donde se ubique con otras empresas o entidades,

salvo con despachos de detectives, siempre que los respectivos espacios utilizados estén

perfectamente delimitados y claramente diferenciados. c) Habrá de disponer de las

medidas de seguridad privada establecidas en el anexo IV, cuando en él se realicen

tareas o labores vinculadas a la operativa de seguridad. Cuando ésta se desarrolle en

dependencia distinta al domicilio fijado por la empresa de seguridad privada, tendrá la

consideración de delegación y, en consecuencia, obligada a cumplir con los requisitos

requeridos de acuerdo con el artículo 48.2.

    1. d) Dispondrá de una cuenta de correo electrónico, al objeto de que los órganos con

competencias en materia de seguridad privada puedan practicar, formalmente, en el

mismo, cualesquiera notificaciones, requerimientos, comunicaciones u otros actos que

afecten a la explotación de la actividad empresarial.

    1. Cuando la empresa de seguridad privada interesada en obtener la pertinente

autorización pretenda desarrollar varias actividades de seguridad privada, el local de la

sede empresarial que se fije a efectos de domicilio deberá ser el mismo para todas ellas.

Artículo 48. Delegaciones.

    1. Las empresas de seguridad privada podrán tener una o varias delegaciones para

desarrollar, total o parcialmente, a través de las mismas, la actividad o actividades de

seguridad privada objeto de autorización o de declaración responsable, pero siempre

dentro de los respectivos ámbitos territoriales y materiales de actuación.

    1. Las empresas de seguridad privada que pretendan abrir delegaciones, habrán

de solicitar la pertinente autorización o, en su caso, presentar la correspondiente

declaración responsable, cumpliendo previamente con los siguientes requisitos:

    1. a) Destinar los medios personales, materiales y técnicos adecuados al ejercicio

de cada una de las actividades de seguridad privada que se pretenden desarrollar y, en

su caso, de los servicios de seguridad privada a prestar, así como adoptar las medidas de

seguridad privada exigidas con carácter general a las empresas de seguridad privada, o

las específicas o adicionales pertinentes en función de cada actividad de seguridad

privada desarrollada o servicio a prestar.

    1. b) Disponer, de un local determinado, de libre disposición o uso por cualquier

título legal, para la sede de la delegación, que se ajuste a las mismas exigencias

requeridas en el apartado 1 del artículo anterior.

    1. c) Declarar la actividad o actividades de seguridad privada que se pretenden

desarrollar en la delegación, con indicación de la ubicación y dirección del local en el que

vaya a radicar la sede de la misma, así como la extensión que abarcará su ámbito

territorial de actuación.

    1. d) Nombrar a un representante delegado, el cual habrá de reunir los requisitos a

que se refiere el artículo 22.2 de la Ley, siendo responsable únicamente del cumplimiento

de las obligaciones impuestas a la empresa en los artículos 21.1a) y b) y 2, y 22.3 de la

Ley.

    1. De acuerdo con los artículos 19.1c), 2, y 3, 21.1b) y 23.1 de la Ley, las

empresas de seguridad privada deberán abrir delegaciones en las Ciudades de Ceuta y

Melilla o en las provincias en que no radique su sede empresarial, cuando desde allí

vayan a realizarse alguna de las siguientes actividades de seguridad privada o a prestarse

alguno de los siguientes servicios de seguridad privada:

    1. a) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulosvalores,

joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos valiosos.

    1. b) Depósito y custodia de explosivos, armas, artículos pirotécnicos, cartuchería

metálica, sustancias, materias, mercancías u otros objetos peligrosos.

    1. c) Vigilancia y protección de bienes y establecimientos, lugares y eventos o

acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, siempre que

estos servicios de seguridad de seguridad privada se presten con armas de fuego y

resulte obligatoria la instalación de armeros, excepto en los supuestos de existencia de

armeros de servicio o de custodia del arma por parte del escolta privado.

    1. d) Explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su

caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma.

    1. La solicitud de autorización o, en su caso, la declaración responsable, será

realizada por la empresa de seguridad privada interesada, e irá dirigida a la autoridad

competente que otorgó la autorización o, en su caso, ante la que se presentó la

declaración responsable, así como acompañada de la documentación exigida, en cada

caso, por el título III del anexo I.

En cualquiera de los supuestos de apertura, así como, en su caso, de modificación

o cierre de las delegaciones, la tramitación de los correspondientes procedimientos

deberá atenerse a lo dispuesto en los capítulos II y III del título III.

    1. En los establecimientos comerciales de los que puedan disponer las empresas

de seguridad privada para atender a los clientes, promocionar sus productos o publicitar

los servicios que prestan, no podrá desarrollarse actividad alguna ligada a la operativa de

seguridad.

Artículo 49. Apoyo logístico.

    1. Las empresas de seguridad privada podrán contar también con otros locales, en

atención a las necesidades de apoyo logístico que se deriven de la prestación de los

distintos servicios de seguridad privada.

    1. Los locales referidos habrán de estar a disposición de las empresas de

seguridad privada mediante cualquier título que así lo acredite, y deberán estar dotados,

con carácter general, de las medidas de seguridad privada a que se refiere el artículo

28.1b), cuando en ellos se maneje, guarde o almacene documentación, información o

datos personales relacionados con clientes, proyectos de instalaciones de seguridad o

material sensible.

    1. De acuerdo con los artículos 19.1c), 2, y 3, 21.1b) y 23.1 de la Ley, las

empresas de seguridad privada habrán de disponer de locales adecuados a la prestación

de determinados servicios de seguridad privada, atendiendo a su singularidad, cuando se

establezca expresamente en este reglamento como requisito específico para el desarrollo

o prestación de determinadas actividades o servicios de seguridad privada.

    1. Las empresas de seguridad privada que vayan a disponer o dispongan de los

locales de referencia, deberán comunicarlo a los órganos de inspección y control

competentes, bien durante la tramitación de los procedimientos de autorización o en la

declaración responsable, o con posterioridad, en cuyo caso el plazo para ello será de diez

días, contados a partir de la fecha en que se hubiera comenzado a utilizarlos. Además,

habrá de indicarse la ubicación y dirección de cada uno de ellos.

Artículo 50. Vehículos.

    1. De acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley, , los vehículos utilizados por las

empresas de seguridad privada para la prestación de servicios de seguridad privada

deberán ajustarse, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

    1. a) Llevarán rotulada la denominación, anagrama y número de la empresa de

seguridad privada de que se trate, tanto en los laterales como en la parte trasera de la

carrocería.

    1. b) El uso de dispositivos luminosos, lanzadestellos o sistemas emisores de

señales acústicas o de emergencia se ajustará a las disposiciones de la normativa sobre

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

    1. c) La configuración de las señales, logotipos, características y demás

elementos diferenciadores de los que estén provistos, no podrá inducir a confusión ni

guardar apariencia con los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o las

Fuerzas Armadas.

    1. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado anterior, los vehículos

destinados a la prestación de servicios de protección de personas, así como aquellos que

se usen en tareas internas de supervisión y control del personal que está a bordo de los

mismos durante la realización de los cometidos que se le asignen o en actividades no

vinculadas a la operativa de la actividad de seguridad privada.

    1. Para el caso de los vehículos utilizados por guardas rurales no integrados en

empresas de seguridad privada, resultará de análoga aplicación, con carácter potestativo,

lo dispuesto en el apartado 1.

SECCIÓN 3.ª CONTRATACIÓN

Artículo 51. Configuración general.

    1. No podrá contratarse ni prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada,

así como, en su caso, cederse o subcontratarse su prestación, por quien no posea la

aptitud o capacidad legal necesaria para ello o, en su caso, la solvencia profesional o los

requisitos necesarios respecto de la específica actividad o servicio de seguridad privada.

Cuando se trate de la contratación de una pluralidad de prestaciones, si alguna o algunas

de ellas constituyeran servicios de seguridad privada, el contratista podrá sustituir la

acreditación de la preceptiva autorización para la realización de éstas por el compromiso

de subcontratarlas con una empresa de seguridad privada autorizada.

    1. Los contratos celebrados entre las empresas de seguridad privada y sus

clientes, así como sus modificaciones, deberán formalizarse y comunicarse con antelación

al inicio de la ejecución del servicio de seguridad privada objeto de contratación, conforme

a lo establecido al respecto en los siguientes artículos, excepto en los supuestos

contemplados en el artículo 54.

    1. El objeto de los contratos deberá ser la prestación de un servicio o servicios de

seguridad privada determinados sobre cualquiera de las actividades de seguridad privada

enumeradas en el artículo 22.1, siempre que las mismas estuviesen autorizadas en la

pertinente resolución a las empresas de seguridad privada.

    1. Cualquier persona física o jurídica que contrate un servicio de seguridad

privada, estará obligada a exigir a la empresa prestataria del mismo que acredite

fehacientemente encontrarse autorizada para ello.

    1. En todo caso, los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas y no

podrán incluirse estipulaciones o condiciones que no se acomoden a lo prevenido por la

legislación en materia de seguridad privada.

    1. Los servicios de seguridad privada objeto de contratación deberán ser

ejecutados directamente por las empresas de seguridad privadas contratadas para su

prestación, no pudiendo éstas subcontratarlos o cederlos con terceros, salvo que lo hagan

con empresas de seguridad autorizadas e inscritas en los correspondientes registros, con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 56.

    1. Dentro del desarrollo de las actividades de seguridad privada para las que

hayan sido autorizadas las empresas de seguridad privada, éstas podrán prestarse a sí

mismas, con medios propios y personal integrado en sus plantillas, debidamente

habilitado o acreditado, uno o varios servicios de los comprendidos en el ámbito de

aquéllas, sin necesidad de celebrar ningún tipo de contrato con terceros a efectos de su

prestación, salvo aquellos servicios que requieran de la previa obtención de la

autorización correspondiente.

Artículo 52. Contratación por las Administraciones y demás entidades del sector

público.

    1. La contratación de servicios de seguridad privada por las Administraciones y las

entidades del sector público se regirá por la normativa de contratos del sector público,

con las siguientes especialidades, en consideración a la relevancia de estos servicios

para la seguridad pública, especialmente los que se presten en coordinación con las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de acuerdo con sus instrucciones.

    1. A efectos de garantizar la necesaria solvencia técnica o profesional:
    2. a) Para la prestación de servicios de seguridad de seguridad privada que tengan

por objeto alguna de las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo

19.2 y 3 de la Ley, , se exigirá la certificación a que se refiere el apartado 4 de dicho

artículo, como garantía adicional en atención a la singularidad de los servicios a prestar.

    1. b) Entre los medios para acreditar la solvencia técnica o profesional se atenderá,

en todo caso, a las titulaciones académicas o profesionales del empresario y del personal

directivo de la empresa de seguridad privada y, en particular, del personal de seguridad

privada responsable de la ejecución del contrato, siempre que no se evalúen como un

criterio de adjudicación.

    1. Se exigirá la aplicación de más de un criterio de adjudicación, debiendo primar

los de carácter cualitativo sobre el precio, singularmente aquellos que permitan garantizar

la especial obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que

impone el artículo 14 de la Ley, a las empresas de seguridad privada y al personal de

seguridad privada.

En caso de presentación de una oferta cuyo precio se considere anormalmente

bajo, en el requerimiento que se dirija al licitador necesariamente se le exigirá que

justifique que dicha oferta permite el cumplimiento de las obligaciones en materia

medioambiental, social, laboral y, en su caso, de subcontratación.

    1. Se podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de

servicios de seguridad privada relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones

laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas, como el

cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación al personal de seguridad

privada.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán

establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales

de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los

efectos de la resolución de los contratos.

Artículo 53. Formalización.

    1. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley, los contratos de prestación de los

distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y

ajustarse al siguiente contenido mínimo:

    1. a) La fecha y el número del contrato.
    2. b) Los datos de identificación personal y fiscal de las partes contratantes. La

prestación o prestaciones que incluye cada tipo de servicio objeto de contratación.

    1. c) El lugar donde se vaya a prestar cada servicio.
    2. d) El precio cierto de cada servicio. La obligación de ajustarse a la normativa

reguladora de la seguridad privada,

    1. e) La duración del contrato, con indicación de las fechas de inicio o entrada en

vigor del mismo o de las estimadas para el comienzo de su ejecución y para su

finalización, cuando estuviera contemplado, así como las de la prórroga o prórrogas, si

estuviesen previstas.

    1. f) Los medios materiales y técnicos que se van a utilizar en la prestación de

cada servicio de seguridad privada, así como si éste se prestará con armas de fuego, o si

se utilizarán animales.

    1. g) El número total del personal de seguridad privada que intervendrá en cada

servicio de seguridad privada, con el desglose de los turnos, horarios y lugar en que se

harán efectivas las prestaciones contratadas.

    1. h) En su caso, la fecha de otorgamiento de la autorización específica para la

prestación del servicio de seguridad privada por parte de la autoridad competente para

ello.

    1. i) En su caso, la descripción y el valor de los objetos que vayan a vigilarse o

protegerse.

    1. j) En su caso, si se incluye alguno o todos los servicios de respuesta ante

alarmas cuya realización no sea de competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

    1. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación

de los servicios de seguridad de seguridad privada u otras causas impidan el

conocimiento previo de todos los servicios, las empresas de seguridad privada podrán

concertar con sus clientes un contrato que contenga las cláusulas generales, concretando

posteriormente, en anexos, aquellos datos que no hubieran sido incluidos en el mismo. A

los mencionados anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente sobre

comunicación de los contratos.

    1. Asimismo, los contratos podrán consignarse, a voluntad de las partes, tanto

presencialmente como por vía electrónica, ya sea en soporte papel o electrónico,

mediante la plasmación de su contenido en documento privado o público.

    1. En aquellos supuestos en que los contratos se concierten con Administraciones

Públicas, o se encuentran en tramitación ante los órganos de contratación de las mismas,

no siendo posible su formalización antes del inicio del servicio o servicios de seguridad

privada objeto de contratación, las empresas de seguridad privada deberán tener en su

poder la notificación de la adjudicación del contrato de que se trate o, en su caso, la oferta

formulada en el procedimiento de licitación tramitado al efecto y la factura emitida por el

órgano de contratación, sin perjuicio de la comunicación de los datos a que se refiere el

apartado 3 del siguiente artículo, y de su posterior formalización.

Artículo 54. Comunicación.

    1. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley, las comunicaciones de los contratos y

de los distintos servicios de seguridad privada objeto de contratación, y de sus

modificaciones, se efectuarán a través de la sede electrónica de la Dirección General de

la Policía o, en su caso, de la de la Dirección General de la Guardia Civil cuando se trate

de guardas rurales, o de la comunidad autónoma competente, debiendo realizarse, de

forma individualizada para cada uno de los servicios contratados, con antelación a la

iniciación de los mismos.

    1. En las comunicaciones a que se refiere el apartado anterior, se facilitarán, al

menos, los siguientes datos:

    1. a) Identificación personal y fiscal de la persona física o jurídica contratante, su

domicilio y sector específico de actividad profesional.

    1. b) Fecha, hora y lugar de formalización y de inicio de la prestación de cada

servicio de seguridad privada.

    1. c) Duración prevista de la vigencia del contrato y de cada servicio de seguridad

privada objeto de contratación, así como de sus posibles prórrogas.

    1. d) Clase de actividad de seguridad privada a la que corresponde cada servicio,

así como, en su caso, autorización de la que se disponga para el mismo.

    1. e) Fecha y hora de finalización de cada servicio de seguridad privada objeto de

contratación.

    1. f) Configuración de los turnos y efectivos empleados en cada turno.

Con carácter específico, se indicarán aquellos otros datos, acorde a cada servicio

de seguridad privada contratado, que permitan su correcta identificación.

    1. Las empresas de seguridad privada de ámbito nacional, cuando presten

servicios en una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada,

realizarán las comunicaciones correspondientes de la siguiente manera:

    1. a) Cuando el servicio o servicios de seguridad privada se desarrollen en un

ámbito superior al autonómico, el contrato será comunicado únicamente al registro

nacional.

    1. b) Cuando el servicio o servicios de seguridad privada únicamente se

desarrollen en el ámbito autonómico, el contrato será comunicado al registro autonómico

correspondiente.

    1. c) Cuando el contrato abarque servicios de seguridad privada que se presten

tanto en ámbito nacional como autonómico, la comunicación del contrato se realizará a

ambos registros, respecto de aquellos servicios que se presten en cada ámbito. .

    1. Si se produjera la baja de un contrato, o de un servicio de seguridad privada,

antes de su fecha de resolución o finalización, aquélla deberá ser igualmente comunicada.

    1. Cuando existiere imposibilidad técnica, en dichas sedes, para la comunicación

electrónica de los datos a que se refiere el apartado 2, éstos se facilitarán a los órganos

de control competentes, por cualquier medio que deje constancia de su comunicación.

Artículo 55. Ejecución.

    1. No podrá iniciarse la ejecución del servicio de seguridad privada objeto de

contratación sin su previa formalización y comunicación, excepto en los siguientes casos:

    1. a) Cuando circunstancias excepcionales de robo, incendio, daños, catástrofes,

conflictos sociales, averías de los sistemas de seguridad u otras causas de análoga

gravedad o de extraordinaria urgencia, hicieran necesaria la prestación inmediata del

servicio, cuya organización previa hubiera sido objetivamente imposible, se comunicará a

la dependencia policial de seguridad privada del lugar de su prestación, por el

procedimiento más rápido disponible, y antes de su inicio, las causas determinantes de la

urgencia, quedando obligada la empresa de seguridad privada a formalizar y comunicar el

contrato dentro de las setenta y dos horas siguientes a la iniciación del servicio de

seguridad privada.

    1. b) Aquellos en los que los entes, organismos y entidades de las

Administraciones Públicas tengan que actuar de manera inmediata a causa de

acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro para las

personas o bienes, o de necesidades que afecten a la seguridad y defensa nacional, a

tenor de lo establecido en la normativa sobre contratos del sector público, en cuyos

casos las empresas de seguridad privada adjudicatarias deberán conservar copia del

acuerdo adoptado por el órgano administrativo de contratación, sin perjuicio de su

comunicación, una vez formalizado el mismo, dentro de las setenta y dos horas

siguientes.

    1. Los servicios de seguridad privada a que se refiere el apartado anterior, podrán

ser prestados con armas, dando cuenta a la dependencia policial de seguridad privada

territorialmente competente, cuando los supuestos descritos se produzcan en sujetos

obligados a tener medidas de seguridad privada que resulten anuladas por las

circunstancias expuestas, o por otras, con grave riesgo para la integridad de los bienes

protegidos y teniendo en cuenta la cuantía e importancia de éstos.

Artículo 56. Subcontratación y cesión.

    1. Solo las empresas de seguridad privada, debidamente inscritas en el

correspondiente registro, podrán subcontratar parcialmente las prestaciones contratadas o

ceder los contratos celebrados, siempre que lo hagan con empresas de seguridad privada

igualmente inscritas para desarrollar las actividades de seguridad privada

correspondientes y se cumplan los mismos requisitos de formalización, comunicación,

ejecución y modificación.

No será exigible el requisito de identidad de dedicación, en los supuestos de

subcontratación o cesión con empresas de seguridad privada de vigilancia y protección de

bienes previstos en los artículos 185 y 186.

    1. La cesión del contrato requerirá el consentimiento del prestatario de los servicios

de seguridad privada.

En el caso de subcontratación, el contratista principal deberá comunicar

anticipadamente, y por escrito, al prestatario de los servicios de seguridad privada, la

intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se

pretende subcontratar y la identidad del contratista, y justificando suficientemente la

aptitud de éste para ejecutarla.

    1. La empresa de seguridad privada contratada no podrá subcontratar parcialmente

el objeto del contrato o cederlo si en el contrato se estipuló lo contrario, o si por la

naturaleza y condiciones de las prestaciones se deduce que aquel ha de ser ejecutado

directamente por dicha empresa de seguridad privada.

    1. Los servicios objeto de contratación derivados de las actividades de seguridad

privada deberán ser realizados directamente por el personal de seguridad privada de la

empresa de seguridad privada contratada para su prestación o por el de la empresa de

seguridad privada con la que se haya subcontratado o a la que se haya cedido parte de la

prestación o prestaciones objeto del contrato.

    1. En el supuesto de cesión del contrato, la empresa de seguridad privada

cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondieran

a la empresa de seguridad privada cedente frente a quien contrató con ésta.

En el caso de subcontratación, el subcontratista quedará obligado solo ante el

contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del

contrato frente a aquel con quien haya contratado.

    1. La subcontratación o cesión no podrán alcanzar la totalidad de los contratos de

servicios de seguridad privada relacionados con la actividad de seguridad privada de que

se trate, excepto cuando concurran las siguientes circunstancias:

    1. a) En los casos en que se hubiera acordado la suspensión de la autorización o, en

su caso, de la declaración responsable, para el ejercicio de la actividad o de los servicios

de seguridad privada.

    1. b) En los supuestos de crisis empresarial que impidieran el normal desarrollo o la

continuidad en la prestación de los respectivos servicios de seguridad privada.

    1. Cuando los servicios de seguridad privada se contraten por una administración

pública o por otra entidad del sector público, la cesión y la subcontratación se regirán por

la normativa de contratos del sector público.

Artículo 57. Uniones temporales.

    1. Podrán constituirse uniones temporales por parte de dos o más empresas de

seguridad privada, con el fin de celebrar contratos de servicios de seguridad privada, tanto

en el ámbito del sector público como del privado, conforme a lo que se determina en las

normas específicas que regulan tales agrupaciones.

    1. A las uniones temporales les será de aplicación lo dispuesto en los artículos

anteriores en cuanto a la formalización, comunicación, ejecución, deberes y

modificaciones de los contratos de servicio de seguridad privada celebrados por las

mismas con sus clientes.

SECCIÓN 4.ª DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 58. Armeros.

    1. En las sedes de las empresas de seguridad privada autorizadas para desarrollar

las actividades de seguridad privada a que se refiere el artículo 5.1a) a e) de la Ley, así

como en sus delegaciones, cuando vayan a prestar servicios con armas, deberán existir

armeros que habrán de estar aprobados por el órgano de la Dirección General de la

Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional, una vez comprobado que

se cumplen las medidas de seguridad privada determinadas en cada caso, de

conformidad con lo dispuesto en el anexo IV.

    1. Los armeros se utilizarán exclusivamente para la custodia, registro y asignación

de las armas de fuego y de las municiones que se precisen para la prestación de los

servicios de seguridad privada, contarán con un plan de protección específico y habrán de

ubicarse en lugares seguros y de acceso restringido. Las características técnicas y las

medidas de seguridad que han de reunir los mismos, el contenido de dicho plan, así como

el número de armas y de cartuchos metálicos que se podrá autorizar en depósito, se

determinan en el anexo IV o, en su caso, en lo dispuesto en la normativa sobre armas. En

todo caso, el almacenamiento de la cartuchería metálica se hará en armero independiente

al de las armas de fuego.

En el domicilio de las empresas de seguridad privada o en el de sus delegaciones,

según proceda, deberá estar depositada una llave de tales armeros.

    1. En dichas sedes o delegaciones, para el debido control y seguridad de las armas

de fuego y de la cartuchería metálica, deberá existir el Libro-Registro de Armas y

Cartuchería, con el formato y contenido que se determinan en el título I del anexo VI.

    1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las empresas de seguridad

privada que no vayan a prestar ningún servicio de seguridad privada con armas de fuego,

estarán exentas de disponer de tales armeros, sin perjuicio de que con posterioridad

puedan prestarlo, en cuyo caso obligatoriamente habrán de contar con los armeros

correspondientes.

Artículo 59. Armas de fuego.

    1. Las empresas de seguridad privada autorizadas para el desarrollo de las

actividades de seguridad privada a que se refiere el artículo 5.1a) a e) de la Ley, podrán

poseer las armas de fuego necesarias al objeto de prestar los servicios en los que se

permita su uso.

    1. Las armas de fuego que ha de portar y utilizar en el ejercicio de sus funciones el

personal de seguridad privada integrado en dichas empresas de seguridad privada, se

adquirirán por las mismas y serán de su propiedad, previa obtención de la

correspondiente autorización por la Dirección General de la Guardia Civil.

    1. Para la tenencia legal de dichas armas, en número que no podrá exceder del

que permitan las licencias obtenidas por el personal con arreglo a la normativa sobre

armas, las empresas de seguridad privada habrán de solicitar y obtener de los órganos

de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y

funcional las guías de pertenencia de dichas armas.

    1. Además de las armas que posean para la prestación de los servicios, las

empresas de seguridad privada habrán de disponer de armas en número equivalente al

diez por ciento del de su personal de seguridad privada en posesión de la pertinente

licencia para portar armas de fuego, al objeto de que se puedan realizar los ejercicios

obligatorios de tiro.

La Dirección General de la Guardia Civil comunicará a la Dirección General de la

Policía, y, en su caso, al cuerpo policial de la correspondiente comunidad autónoma, el

número y clases de armas que las empresas de seguridad privada tengan en cada uno de

sus locales.

    1. El personal de seguridad privada realizará los ejercicios obligatorios de tiro, bajo

la supervisión e instrucciones de la Dirección General de la Guardia Civil y en la fecha que

ésta determine.

    1. En las galerías de tiro en que se lleven a cabo los ejercicios, el personal de

seguridad privada habrá de realizar las prácticas de manejo y perfeccionamiento en el uso

de armas, siempre ante la presencia y bajo la dirección de un instructor de tiro, de

acuerdo con el título V del anexo II.

    1. Las empresas de seguridad privada serán responsables de la custodia de las

armas de fuego en los armeros, así como de la conservación, mantenimiento y buen

funcionamiento de las mismas, debiendo dar cuenta inmediata, con independencia de la

posible denuncia, a la correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil, del uso

indebido, extravío, robo o sustracción de las armas o de su documentación, así como, en

todo caso, de su ausencia del armero cuando deban estar depositadas en el mismo, sin

perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los usuarios de las mismas.

Artículo 60. Armas de guerra.

    1. Las empresas de seguridad privada, de ámbito nacional, autorizadas para

desarrollar la actividad a que se refiere el artículo 5.1a), de la Ley, podrán prestar

servicios de seguridad privada con las armas de guerra comprendidas en el artículo 6.1b)

del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y que

se contemplan en el artículo 124.1d).

    1. Tanto en las sedes de las empresas de seguridad privada como en sus

delegaciones, las armas de guerra y la munición destinada a alimentarlas deberán ser

custodiadas en cajas fuertes o armeros independientes, distintos del resto de los que

pudiera poseerse para el almacenamiento de otro tipo de armas de fuego y cartuchería

metálica. Sus medidas de seguridad deberán ser aprobadas por el órgano de la Dirección

General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional.

Artículo 61. Dotación de medios de defensa.

    1. Las empresas de seguridad privada deberán proporcionar a su personal de

seguridad privada uniformado los medios de defensa a que se refiere el artículo 109, y, en

su caso, los contemplados en este artículo, para el desempeño de sus funciones en los

servicios de seguridad privada que tuvieran asignados, recayendo en ellas la propiedad o

titularidad de tales medios.

    1. Igualmente, las empresas de seguridad privada habrán de adoptar las medidas

necesarias de control respecto de cada entrega y recogida de medios de defensa que se

produzca, tras el alta o baja del personal de seguridad privada uniformado en sus

respectivas plantillas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a éste por su

tenencia y uso.

    1. El órgano de la Dirección General de la Policía, que determine su estructura

orgánica y funcional, o, en su caso, el órgano autonómico competente, previa solicitud de

la empresa de seguridad privada interesada, podrán autorizar la sustitución o

tenencia y uso.

    1. El órgano de la Dirección General de la Policía, que determine su estructura

orgánica y funcional, o, en su caso, el órgano autonómico competente, previa solicitud de

la empresa de seguridad privada interesada, podrán autorizar la sustitución o

complemento de la defensa reglamentaria por otras o elementos defensivos, para su uso

en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran,

siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en la

legislación sectorial que resulte de aplicación. Cuando se trate de elementos que tengan

la consideración de armas, será precisa la autorización de la Dirección General de la

Guardia Civil.

    1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá hacerse uso de escudos,

cascos u otros elementos defensivos necesarios, en aras a preservar la integridad física

de dicho personal de seguridad privada cuando se presten servicios de vigilancia y

protección en los siguientes lugares:

    1. a) Infraestructuras críticas u otras que den soporte a servicios esenciales.
    2. b) Establecimientos, centros o bases militares.
    3. c) Escenarios en los que se desarrollen acontecimientos deportivos u otros

eventos de relevancia social.

    1. d) Centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros u otros

edificios o instalaciones de organismos públicos.

    1. e) Participación de dicho personal de seguridad privada en la prestación de

servicios encomendados a la seguridad pública, con arreglo a lo previsto en el artículo

41.3 de la Ley.

De la misma manera, cuando concurran circunstancias tales como localización de

zonas o lugares de elevada concentración de riesgos, especial peligrosidad, nocturnidad u

otras de análoga significación, podrán utilizarse chalecos anti-corte o anti-punzón en la

prestación de servicios de seguridad privada para preservar la integridad física del

personal de seguridad privada que los preste.

    1. En todo caso, las empresas de seguridad privada habrán de poner a disposición

de dicho personal de seguridad privada la información precisa y las instrucciones básicas

necesarias, en las reglas de intervención, tenencia y uso de las armas defensivas y de los

demás elementos defensivos que sustituyan o complementen a los medios de defensa

reglamentarios.

Artículo 62. Uniformes.

    1. Cada empresa, o grupo de empresas de seguridad privada, dispondrá, para la

prestación de los servicios de seguridad privada relativos a las actividades de seguridad

privada recogidas en el artículo 5.1a), c), d) y e) de la Ley, y para los servicios de

respuesta ante alarmas del mismo artículo 5.1g), de uno o varios uniformes ordinarios, u

otros adicionales para su empleo en servicios generales o específicos, previamente

autorizados por la Dirección General de la Policía o, en su caso, por la autoridad

autonómica competente.

    1. Los uniformes de los vigilantes de seguridad, guardas rurales, y sus respectivas

especialidades, se compondrán con las prendas y características establecidas en el título

I del anexo II.

    1. Las empresas de seguridad privada deberán poner a disposición de los

vigilantes de seguridad y, en su caso, de los guardas rurales, y sus respectivas

especialidades, para la prestación de los correspondientes servicios, los respectivos

uniformes, cuyo uso quedará excluido para el resto del personal de la empresa de

seguridad privada, así como para cualquier otro perteneciente a otras empresas no

autorizadas como empresas de seguridad privada.

    1. Las empresas exigirán al personal de seguridad privada que, en el desempeño

de las funciones relacionadas con los servicios de seguridad privada que presten, vistan

los uniformes autorizados, salvo lo dispuesto en el artículo 110.

Artículo 63. Requisitos y garantías adicionales.

De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley, las empresas de seguridad privada

dedicadas a las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1b), c), d),

    1. e) y g) de la misma, deberán cumplir, además o, en cada caso, con los siguientes

requisitos y garantías adicionales:

    1. a) De acompañamiento, defensa y protección a grupos de personas

determinadas, en cuyo caso deberán disponer de una plantilla mínima de dos escoltas

privados.

    1. b) De depósitos de fondos, en los que se maneje o cuente dinero en efectivo,

en cuyo caso las instalaciones donde se presten los mismos deberán contar con los

dispositivos de seguridad a que se refiere el anexo IV.

    1. c) De depósito de obras de arte, antigüedades, u otros objetos de valor

histórico o cultural, en cuyo caso el local o locales en los que se vayan a prestar los

mismos habrán de estar dotados de las medidas de seguridad privada y condiciones que

se establecen en el anexo IV.

    1. d) De depósito y custodia o transporte y distribución de sustancias peligrosas, así

como de bienes catalogados como patrimonio artístico, en cuyo caso deberán poseer el

certificado a que se refiere el artículo 66.

    1. e) De transportes transfronterizos de fondos en euros por carretera, en cuyo caso

habrán de constituir una garantía adicional para afianzar las responsabilidades en materia

sancionadora y ampliar la cuantía consignada en el contrato de seguro de responsabilidad

civil o en la garantía financiera, en la cuantía y con las condiciones que se determinan en

el capítulo VI del título II del anexo I.

    1. f) De gestión de alarmas en empresas de seguridad privada, despachos de

detectives privados y sujetos obligados al cumplimiento de medidas de seguridad privada,

en cuyo caso, además de poseer el certificado a que se refiere el artículo 66, deberán

disponer de sistemas o dispositivos que permitan la verificación mediante imagen.

    1. g) De respuesta ante alarmas, siempre que no los vayan a subcontratar con otra

empresa de seguridad privada autorizada e inscrita en el registro correspondiente para el

desarrollo de la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1a) de la Ley,

en cuyo caso habrán de disponer en su plantilla de un jefe de seguridad y de los vigilantes

de seguridad precisos para su correcta prestación, así como adoptar las medidas de

seguridad privada adicionales a que se refiere la sección 1ª del Capítulo I del Título II del

anexo IV en su sedes o delegaciones vinculadas a la operativa de seguridad.

Artículo 64. Ampliación de requisitos.

De acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley , las empresas de seguridad privada

deberán cumplir, además de lo dispuesto en este reglamento en cada caso, los requisitos

referentes a medios personales y materiales en relación con los siguientes servicios:

    1. a) Cuando vayan a prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras

críticas o en servicios esenciales, así como los servicios de vigilancia y protección a que

se refieren los artículos 40.1 y 41.2 y 3 de la Ley, además de poseer el certificado a que

se refiere el artículo 19.4 de la misma, el personal de seguridad privada deberá haber

superado el correspondiente curso de formación especializada., Cuando vayan a prestar

servicios de seguridad privada de vigilancia y protección o de respuesta ante alarmas con

armas de fuego, en las instalaciones y lugares referidos en el artículo 19.3 de la Ley,

deberán disponer del número suficiente de chalecos antibalas para dotar, en su caso, al

personal de seguridad privada que los preste.

    1. b) Se deberá contar con un jefe de seguridad específico para la prestación de

los servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 40.1 de la Ley.

    1. c) Los servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 41.2 de la

Ley, serán prestados, al menos, por dos vigilantes de seguridad, debiendo estar

conectados entre sí y con las sedes de la empresa de seguridad privada vinculadas a la

operativa de seguridad mediante equipos, aparatos o dispositivos de intercomunicación,

fijos o móviles, que garanticen permanentemente su enlace y cobertura y, en su caso,

disponer de medios de desplazamiento adecuados a la extensión de las instalaciones o

lugares de prestación de tales servicios.

    1. d) Las empresas de seguridad privada prestatarias de los servicios de

seguridad privada de gestión de alarmas en las instalaciones y lugares referidos en el

artículo 19.3 de la Ley, deberán disponer de sistemas o dispositivos que permitan la

verificación mediante imagen.

Artículo 65. Exención de requisitos.

    1. De acuerdo con el artículo 19.7 de la Ley, , las empresas de seguridad privada

que revistan la forma de empresario individual y tengan por objeto exclusivo la instalación

y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a

centrales receptoras de alarmas, a centros de control o de videovigilancia, estarán

exentas de la obligación de estar inscritas en el registro mercantil o en el registro público

correspondiente.

    1. Igualmente, a las empresas que tengan exclusivamente el mismo objeto y con

independencia de la forma que revistan, les resultará de aplicación lo dispuesto en el

artículo 20.2c) y e), en cuanto a la exoneración de acreditar que disponen de locales para

el desarrollo de tal actividad y que han adoptado las pertinentes medidas de seguridad

privada en ellos, cuando los mismos se ubiquen fuera de España.

Artículo 66. Certificación para la prestación de servicios en sectores estratégicos.

    1. La certificación a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley, será exigible a las

empresas de seguridad privada para la contratación y prestación de cualquiera de los

servicios o actividades de seguridad privada, siempre que el usuario contratante tenga la

consideración de operador estratégico.

A estos efectos se entiende por operadores estratégicos a los proveedores de

servicios esenciales de los sectores definidos como estratégicos en la normativa sobre

protección de las infraestructuras críticas , identificados y designados como tales en el

desarrollo de los respectivos Planes Estratégicos Sectoriales.

La condición de operador estratégico, que englobará también a aquellos

operadores identificados como críticos, será comunicada mediante resolución de la

Secretaría de Estado de Seguridad.

    1. Para que un certificado se considere válido, la entidad certificadora deberá estar

acreditada previamente por la autoridad competente en esta materia.

    1. Las certificaciones serán emitidas con una vigencia máxima de un año,
    2. En tanto la Asociación Española de Normalización , organismo de normalización

competente de acuerdo con la reglamentación sobre infraestructura para la calidad y la

seguridad industrial, a través del correspondiente Comité Técnico creado al efecto,

complete los trabajos de desarrollo de una norma que resulte de aplicación general, las

entidades de certificación deberán realizar su trabajo de auditoría observando lo

establecido en el título I del anexo III .

TÍTULO IV

Despachos de detectives privados

CAPÍTULO I

Apertura y cierre

Artículo 67. Apertura.

    1. La apertura del despacho de detectives privados deberá estar inscrita de oficio

en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la

comunidad autónoma competente, previa recepción, de acuerdo con el artículo 24.2 de

Ley, de la correspondiente declaración responsable, sin perjuicio de que pueda iniciarse la

actividad de seguridad privada de investigación privada declarada desde el momento de

la presentación de dicha declaración.

    1. El procedimiento consistirá en la presentación, por parte del despacho de

detectives privados interesado, de la declaración responsable, acompañada de la

documentación exigida para su tramitación a que se refiere el Título VI del anexo I, cuya

recepción corresponderá:

    1. a) Al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura

orgánica y funcional, cuando los despachos de detectives privados vayan a tener o tengan

un ámbito territorial de actuación nacional.

    1. b) Al órgano correspondiente de la comunidad autónoma de que se trate, cuando

los despachos de detectives privados tengan sede y ámbito limitado a su territorio.

Artículo 68. Personal integrante.

    1. El detective titular o detectives titulares de los despachos de detectives privados

podrán contar, para la prestación de los servicios de investigación privada, con otros

detectives privados, debidamente habilitados, quienes quedarán adscritos a los

despachos de detectives privados en calidad de detectives asociados o dependientes.

    1. Los despachos de detectives privados podrán disponer de cuanto personal

administrativo, subalterno o de otra índole sea necesario, sin que dicho personal pueda

realizar servicio o función alguna de investigación privada propia de los despachos de

detectives privados y de los detectives privados.

Artículo 69. Medios auxiliares.

    1. En el ejercicio de su actividad profesional, los despachos de detectives privados

podrán proveerse de los equipos, aparatos, dispositivos y otros utensilios o medios

materiales o técnicos necesarios, así como contar con el auxilio o colaboración de

personal técnico especializado, siempre y cuando se haga constar en los pertinentes

informes de investigación la identidad o la referencia del personal especializado y su

especialidad.

    1. Los despachos de detectives privados sólo podrán dar traslado al referido

personal especializado del elemento o elementos objeto del análisis que corresponda, a

fin de preservar el deber de reserva al que están obligados.

Artículo 70. Ámbito territorial de actuación.

    1. Los despachos de detectives privados limitarán su actuación al ámbito territorial,

para el que hayan sido inscritos en el registro correspondiente, de acuerdo con la previa

declaración responsable formulada al respecto, sin que puedan desarrollar actividad

alguna fuera del mismo.

    1. Aquellos cuyo ámbito territorial de actuación sea nacional, podrán actuar en el

territorio de las comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en

materia de seguridad privada y dotadas de registros propios, sin necesidad de trámite

administrativo alguno.

Artículo 71. Domicilio, sucursales y otras dependencias.

    1. Además de en el domicilio donde tengan su sede física, los despachos de

detectives privados podrán abrir cuantas sucursales consideren oportuno, dentro del

respectivo ámbito territorial para el que se encontrasen inscritos en el registro

correspondiente, previa presentación de la preceptiva declaración responsable por cada

sucursal que pongan en funcionamiento.

    1. De acuerdo con el artículo 24.2c) de la Ley, el domicilio y las sucursales estarán

sometidos al cumplimiento de las siguientes exigencias:

    1. a) Deberán radicar en territorio español y en un local de libre disposición por

cualquier título legal, que será de uso exclusivo para el ejercicio de la actividad de

investigación privada, excepto que los mismos constituyan o se ubiquen en un domicilio

particular, en cuyo caso habrán de habilitarse recintos, dependencias o zonas claramente

diferenciadas y dedicadas únicamente al ejercicio de la actividad profesional, de libre

acceso a los miembros de los órganos de control e inspección competentes en materia de

seguridad privada.

    1. b) Podrá compartirse el local donde se ubiquen con otros despachos de

detectives privados, centros de formación del personal de seguridad privada u otro tipo de

entidades ajenas al sector, siempre que existan espacios claramente diferenciados y

delimitados para el ejercicio de sus respectivas actividades.

    1. c) Deberán dedicar un área restringida al archivo y conservación de los

expedientes de contratación, Libros-Registro, listados de clientes, informes de

investigación, material de imagen y sonido obtenido y demás documentación o

información manejada por los mismos.

    1. d) El domicilio estará provisto de una dirección de correo electrónico, al objeto

de que los órganos de control con competencias en materia de seguridad privada puedan

practicar, formalmente, en el mismo, cualesquiera notificaciones, requerimientos,

comunicaciones u otros actos que afecten a los despachos.

    1. De acuerdo con el artículo 24.2h) de la Ley, la sede de los despachos de

detectives privados y sus sucursales habrán de disponer obligatoriamente de las medidas

de seguridad privada que se establecen en la Sección 2ª del Capítulo I del Título II del

anexo IV.

    1. Los despachos de detectives privados podrán disponer de sedes comerciales

con la única finalidad de atender a sus clientes, sin que en las mismas pueda

desarrollarse actividad alguna propia de los despachos de detectives privados ni albergar

documentación relativa a dicha actividad de investigación privada.

Artículo 72. Cierre.

    1. El cierre de los despachos de detectives privados se someterá al régimen

establecido en los artículos 40 y 41 para las empresas de seguridad privada en lo relativo

a modos, causas, procedimiento y efectos del mismo.

    1. De acuerdo con el artículo 25.1j) de la Ley, en caso de cierre del despacho de

detectives privados por cualquier causa, la documentación profesional sobre contratos,

informes de investigación y Libros-Registro, así como las imágenes y sonidos grabados

durante las investigaciones que se hubieran realizado hasta entonces, deberán

depositarse, en un plazo de quince días, en las dependencias del órgano de la Dirección

General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, del

cuerpo de policía autonómico competente, ubicadas en la demarcación territorial

correspondiente al lugar del domicilio del despacho afectado.

    1. Dicha documentación permanecerá depositada en dependencias policiales, al

menos hasta el cumplimiento de los plazos fijados en el artículo 49.4 de la Ley, y en el

artículo 206, pudiendo procederse a su destrucción transcurridos dichos plazos, salvo que

se encuentre relacionada con una investigación policial o procedimiento judicial o

administrativo.

    1. En el caso de que el cierre del despacho de detectives privados se produzca por

su integración en otro, o por fusión de despachos de detectives privados, los archivos

permanecerán en el despacho subsistente, con el consiguiente cierre de los Libros-

Registro del despacho cerrado.

CAPÍTULO II

Funcionamiento

SECCIÓN 1.ª DEBERES GENERALES

Artículo 73. Comunicaciones.

    1. De acuerdo con el artículo 25.1h) de la Ley, los despachos de detectives

privados estarán obligados a comunicar al órgano de la Dirección General de la Policía

que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico

competente, en el plazo de quince días, todo cambio que afecte a su forma jurídica,

denominación o razón social, composición, domicilio y sucursales, así como ámbito

territorial de actuación, Número de Identificación Fiscal.

    1. Los despachos de detectives privados deberán realizar las comunicaciones a

través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del

órgano autonómico competente.

Cuando las comunicaciones se refieran a bajas producidas como consecuencia del

fallecimiento, jubilación o incapacidad del personal, deberá indicarse expresamente tales

circunstancias.

Artículo 74. Imagen corporativa y publicidad.

    1. El número de inscripción en el registro que le corresponda a cada despacho de

detectives privados, su denominación o razón social, y, en su caso, el nombre comercial o

la marca empresarial utilizada por los mismos, deberán figurar siempre en los contratos,

Libros-Registro, informes de investigación y demás documentos que utilice, así como en

la publicidad que desarrolle.

    1. Ningún despacho de detectives privados podrá realizar publicidad relativa al

desarrollo de la actividad de investigación privada, sin haber presentado, previamente, la

correspondiente declaración responsable para ello.

    1. La publicidad que se realice, al igual que cualesquiera otros signos distintivos

utilizados por los despachos de detectives privados en el local o locales donde se

desarrolle la actividad de investigación privada, no podrán inducir a confusión con los

utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o las Fuerzas Armadas, u otros

organismos de las Administraciones Públicas.

    1. En su funcionamiento, los despachos de detectives privados quedarán obligados

a utilizar el término “investigación privada”, y no podrán usar siglas, sellos, marcas,

emblemas u otros distintivos que puedan confundirse con los utilizados por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad o las Fuerzas Armadas u otros organismos de las administraciones

públicas, o inducir a error a quienes les sean exhibidos haciéndoles suponer tal carácter.

Artículo 75. Deber de reserva profesional.

    1. De acuerdo con los artículos 8.4c) y 50 de la Ley, el deber de reserva y la

prohibición de divulgar datos a terceros afectará, tanto a los despachos de detectives

privados como a sus integrantes, respecto de los datos contenidos en los contratos que

concierten con sus clientes, expedientes de contratación, informes de investigación,

Libros-Registro, formularios y demás documentos utilizados, relativos a éstos o a las

personas con las que se relacionen.

    1. Dicho deber de reserva también abarcará a aquellos datos que obren en las

bases informáticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las que accedan en virtud de

claves de uso restringido facilitadas a su personal responsable para el cumplimiento de

sus obligaciones legales.

SECCIÓN 2.ª CONTRATACIÓN

Artículo 76. Legitimidad del encargo de investigación.

    1. De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley, se considerará que existe interés

legítimo para contratar un servicio de seguridad privada de investigación privada, en los

siguientes casos:

    1. a) Cuando la ley otorgue al solicitante el derecho a verificar los hechos o

circunstancias a que se refiere el encargo.

    1. b) Cuando el encargo tenga por objeto obtener información o pruebas respecto

de hechos relacionados con obligaciones legales o contractuales del solicitante.

    1. c) Cuando el encargo tenga por objeto obtener información o pruebas respecto

de hechos que puedan fundamentar una acción judicial o permitan oponerse a la misma,

total o parcialmente.

    1. d) Cuando el encargo tenga por objeto obtener información o pruebas

destinadas a la adopción de decisiones lícitas.

    1. e) Cuando el encargo tenga por objeto verificar la veracidad y suficiencia de

información facilitada por el investigado.

    1. f) Cuando el propio investigado o su representante legal consintieran

expresamente que se prestase el servicio de investigación contratado.

    1. g) Cuando responda a intereses lícitos del solicitante.
    2. Respecto de la configuración general de la contratación, de la subcontratación,

cesión y uniones temporales, a los despachos de detectives privados les resultará de

aplicación lo dispuesto para las empresas de seguridad privada en los artículos 51, 56 y

57, respectivamente.

Artículo 77. Formalización.

    1. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley, los contratos de prestación de los

distintos servicios de investigación privada deberán, en todo caso, formalizarse por

escrito, debiendo ajustarse al siguiente contenido mínimo:

    1. a) Fecha de celebración y número de orden del contrato, el cual habrá de

coincidir con el número que figura en el Libro-Registro de Investigaciones respecto de

cada servicio o servicios objeto de contratación.

    1. b) Nombre y apellidos; documento de identidad personal (documento nacional

de identidad o, en su caso, pasaporte o tarjeta de identificación de extranjeros);

denominación, número o código de identificación fiscal, domicilios, número de inscripción

en los registros que correspondan, de las partes contratantes, carácter con el que actúan

y, en su caso, poder notarial acreditativo de la representación conferida. En el caso de los

clientes, deberá consignarse el sector específico concreto en relación con la actividad

profesional a la que se dedican.

    1. c) Acreditación de la capacidad legal de los firmantes para suscribir el contrato

de que se trate, con indicación del carácter del interés legítimo que alega o asiste a la

parte que encarga el servicio o servicios de investigación privada objeto de contratación.

    1. d) Objeto y, en su caso, lugar de la prestación del servicio o servicios de

investigación privada contratados.

    1. e) Honorarios a percibir por el despacho contratado o, al menos, el modo de

determinarlos, y condiciones de pago por la prestación del servicio o servicios

contratados.

    1. f) Duración del contrato y fecha a partir de la cual dará comienzo la ejecución

del servicio o servicios contratados y, en su caso, de finalización, así como la de la

prórroga o prórrogas, si estuvieran previstas.

    1. g) Supuestos en que procede la resolución del contrato y el sometimiento de

las partes, en caso de divergencias, a la competencia de los juzgados o tribunales de

justicia.

    1. Asimismo, los contratos podrán consignarse, a voluntad de las partes, tanto de

manera física o presencial como por vía electrónica o telemática, ya sea en soporte papel

o en soporte electrónico, mediante la plasmación de su contenido en documento privado o

público y las firmas correspondientes.

    1. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación

de los servicios de investigación privada u otras causas impidan el conocimiento previo de

todos los servicios, los despachos de detectives privados podrán concertar con sus

clientes un contrato que contenga las cláusulas generales, concretando posteriormente,

en anexos, aquellos datos o menciones que no se hubieran incluido anteriormente. A tales

anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente respecto a la

comunicación de los mismos ante la autoridad competente.

    1. En aquellos supuestos en que los contratos se concierten con Administraciones

Públicas o se encuentren en tramitación ante los órganos de las mismas, no siendo

posible su formalización antes del inicio del servicio o servicios de investigación privada

contratados, los despachos de detectives privados deberán tener en su poder la

notificación de la adjudicación efectuada por el órgano de contratación de que se trate y la

oferta formulada en el procedimiento de licitación de que se trate o, en su caso, la factura

emitida por el órgano de contratación, sin perjuicio de comunicar los datos a que se refiere

el apartado 3 del artículo siguiente, al órgano de la Dirección General de la Policía que

determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico

competente, una vez hubieran quedado formalizados aquéllos.

Artículo 78. Comunicación de contratos.

    1. Los despachos de detectives privados comunicarán, previo al inicio de los

servicios contratados, los contratos celebrados, y sus modificaciones, al registro en el que

se encontrasen inscritos.

    1. Los despachos de detectives privados de ámbito nacional, cuando presten los

servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 48.1b) de la Ley, en una

comunidad autónoma con competencia efectivamente asumida en materia de seguridad

privada, comunicarán los contratos correspondientes a dichos servicios al registro

autonómico .

    1. En la comunicación de los contratos se indicará, con carácter general:
    2. a) El número de orden con que figure en el Libro-Registro de Servicios de

Investigación.

    1. b) El sector específico de la actividad profesional a la que se dedica el cliente

contratante.

    1. c) La fecha de celebración del contrato y la fecha y hora de inicio de la

investigación privada correspondiente al servicio o servicios objeto de contratación.

    1. d) El tipo de servicio o servicios objeto de contratación y, en su caso, lugar o

lugares de inicio de los mismos.

    1. e) La duración prevista de la vigencia del contrato y de los servicios objeto de

contratación así como, en su caso, de las prórrogas que se hubieren estipulado al efecto.

    1. f) La fecha y hora de finalización del servicio y, en su caso, de sus prórrogas, así

como la fecha de resolución del contrato.

    1. De acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley, la comunicación de los contratos, que

en ningún caso contendrá datos de carácter personal, se efectuará a través de la sede

electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del órgano autonómico

competente.

    1. Cuando existiera imposibilidad técnica para la comunicación electrónica de los

contratos, ésta se realizará mediante comunicación previa, por escrito, presentada en el

órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y

funcional o, en su caso, de la policía autonómica, de los lugares donde se celebren los

mismos.

    1. En los casos en que un mismo contrato tenga por objeto la prestación, a un

mismo cliente, de servicios numerosos y homogéneos de investigación privada sin

determinar en el tiempo, bastará con que se comunique el inicio del primer servicio que

vaya a ser prestado, en los términos previstos en el apartado 3, y se ponga tal

circunstancia en conocimiento del órgano de la Dirección General de la Policía que

determine su estructura orgánica y funcional, o, en su caso, del órgano autonómico

competente, sin perjuicio de la formalización pertinente cada vez que se dé inicio a

nuevos servicios.

Artículo 79. Expediente de contratación.

    1. Por cada contratación de servicio o servicios de investigación privada, los

despachos de detectives privados abrirán el correspondiente expediente en el que se

incorporará y guardará la siguiente documentación:

    1. a) El contrato de investigación privada, junto con la copia o justificante

acreditativo de la comunicación del servicio o servicios objeto de contratación a la

autoridad competente.

    1. b) El documento o escrito firmado por el mandante o parte que contrata el

servicio o servicios de investigación privada, mediante el cual declara, bajo su

responsabilidad, que concurre en él o ella un interés legítimo, debidamente concretado o

detallado, para realizar el encargo profesional correspondiente, especificando los poderes

o autorizaciones otorgados al despacho en orden a la ejecución de las investigaciones

que se hayan de practicar.

No obstante, tal manifestación habrá de acreditarse, si ello fuera posible legal y

objetivamente, por medio de la exhibición o aportación del documento legal pertinente, en

cuyo caso una copia del mismo se incorporará al expediente de contratación.

    1. c) El presupuesto aceptado por el cliente correspondiente al encargo de

investigación privada contratado, en el que figurarán las condiciones económicas

ofertadas, el modo de pago y el justificante de provisión de fondos realizado a favor del

despacho de que se trate.

    1. d) En su caso, los informes, dictámenes o peritajes elaborados o emitidos por

personal técnico especializado en determinadas materias relacionadas con auditorías de

cuentas, administración concursal, telecomunicaciones, medicina legal y forense,

dactiloscopia, imagen y sonido, informática forense, pericias caligráficas o cualesquiera

otras para las que se exija un grado de especialización o cualificación técnica, de los que

se hubieran valido los despachos de detectives privados en sus investigaciones.

    1. e) El informe único de investigación de acuerdo con el artículo 49 de la Ley, y

con las condiciones y plazos establecidos en el artículo 188.

    1. Los expedientes de contratación deberán conservarse, al menos, durante cinco

años, a contar desde la finalización del último de los servicios objeto de contratación

incluidos en dichos expedientes, estando a disposición de las autoridades judiciales y

policiales para el ejercicio de sus respectivas competencias.

TÍTULO V Personal de seguridad privada

CAPÍTULO I Habilitación profesional

Artículo 80. Requisitos específicos.

    1. A tenor de lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley, 5/2014, de 4 de abril, los

aspirantes a vigilantes de seguridad, guardas rurales, sus respectivas especialidades, y

escoltas privados habrán de reunir y mantener en todo momento, para su habilitación, los

siguientes requisitos específicos:

    1. a) No haber alcanzado la edad legal de jubilación.
    2. b) Superar las pruebas físicas que se determinan en el anexo V.
    3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 28.1c) de la Ley, 5/2014, de 4 de abril, y

en relación con las profesiones de seguridad a que se refiere el apartado anterior, las

personas con discapacidad física estarán exentas del requisito del párrafo b) del citado

apartado.

Los centros de reconocimientos médicos y psicotécnicos, a la hora de expedir los

correspondientes informes, tendrán en cuenta que el grado de discapacidad física que

tengan reconocido, no impida el ejercicio de las respectivas funciones.

Artículo 81. Fecha y acreditación de los requisitos.

    1. Para el caso de aspirantes que hayan de someterse a las pruebas de

comprobación dispuestas en el artículo 209, los requisitos legal y reglamentariamente

establecidos deberán reunirse en la fecha de terminación del plazo de presentación de la

solicitud para la participación en las referidas pruebas, y se acreditarán en la forma que se

determine en las correspondientes convocatorias.

En los restantes supuestos deberán acreditarse los mismos en la fecha de

presentación de la solicitud respectiva.

    1. Los informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para

prestar servicios de seguridad privada se ajustarán al modelo establecido en el título IV

del anexo II.

Artículo 82. Procedimiento de habilitación.

    1. El procedimiento de obtención de las habilitaciones profesionales se iniciará a

instancia del interesado, mediante solicitud dirigida a la Dirección General de la Policía o,

en su caso, a la Dirección de la Guardia Civil, y se tramitará y resolverá de acuerdo a lo

establecido en este reglamento y en la legislación de procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas.

    1. La tramitación del procedimiento podrá suspenderse, por aplicación de la medida

cautelar dispuesta en el artículo 69.2c) de la Ley, mientras dure la instrucción de

expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada, o

hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal de seguridad privada.

    1. La obtención de las habilitaciones profesionales se documentará mediante la

expedición de la correspondiente tarjeta de identidad profesional (en adelante, la tarjeta),

que permitirá el ejercicio de las respectivas funciones tras su inscripción de oficio en el

Registro Nacional de Seguridad Privada.

Artículo 83. Habilitación múltiple.

    1. De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley, para habilitarse como vigilante de

explosivos, será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de

seguridad; y para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo, será

necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.

    1. El personal de seguridad privada que ya se encuentre habilitado como vigilante

de seguridad o como guarda rural, para la obtención de las habilitaciones de especialidad

únicamente necesitará recibir la formación y superar las pruebas de comprobación

correspondientes a los módulos de formación previa que sean propios de la nueva

habilitación que deseen obtener.

    1. Asimismo, a efectos de tramitación de las habilitaciones de especialidad a que

se refiere el apartado anterior, y de la expedición de la correspondiente tarjeta, , al

personal que ya se encuentre habilitado como vigilante de seguridad o como guarda rural,

no le será exigible la acreditación de los requisitos que resulten comunes a las respectivas

habilitaciones que ya posea, excepto los de naturaleza personal sujetos a posibles

cambios, contemplados en el artículo 28.1a), c), e), f), g) y h) de la Ley, salvo que las

habilitaciones se realicen en el mismo acto.

Artículo 84. Habilitaciones adicionales.

    1. De acuerdo con el artículo 26.4 de la Ley, el personal de seguridad privada

podrá obtener habilitaciones adicionales para el ejercicio de más de una profesión a que

se refiere el artículo 26.1 de la Ley.

    1. En la obtención de habilitaciones profesionales adicionales a las ya adquiridas,

se contemplará, la exclusión de los requisitos de formación previa ya acreditados, y se

valorará, para la exención del diploma o certificado acreditativo correspondiente, la

experiencia acreditada en el desarrollo de las respectivas funciones de seguridad privada.

    1. En aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, los profesionales de

seguridad privada que pretendan obtener una habilitación adicional, podrán acceder a la

misma siempre que concurran las siguientes circunstancias personales:

    1. a) No haber sido sancionado por la comisión de faltas graves o muy graves en

materia de seguridad privada, durante el año previo a la solicitud.

    1. b) Cumplir los requisitos generales y específicos de la profesión de seguridad

privada a cuya habilitación aspire.

    1. c) Haber ejercido, al menos, durante cinco años, de forma efectiva, las

funciones de seguridad privada correspondientes a la profesión de seguridad privada cuya

habilitación posea, o de tres años en caso de tener delegadas funciones de jefe de

seguridad o de director de seguridad.

    1. d) Superar las pruebas de comprobación de conocimientos y capacidad

establecidas en el artículo 209.

    1. Tanto los detectives privados, como el resto de personal de seguridad privada,

podrán habilitarse para las distintas profesiones de seguridad privada, pero aquéllos no

podrán ejercer simultáneamente las funciones atribuidas a éste, ni el referido personal

restante las de aquéllos.

    1. La experiencia necesaria para la adquisición de las habilitaciones adicionales

deberá acreditarse formalmente, a través de las respectivas certificaciones de funciones

que contemplen, respectivamente, los deberes y responsabilidades ejercidas o el

desempeño temporal en el puesto a cuya habilitación adicional se opta.

    1. A quienes soliciten estas habilitaciones adicionales, previa superación de las

pruebas de comprobación y de que reúnen las circunstancias personales expresadas en

cada caso, se les expedirá la correspondiente tarjeta, , que les habilitará para el ejercicio

profesional de las nuevas habilitaciones adquiridas junto a las anteriores que ya poseían.

    1. Asimismo, a efectos de tramitación de las habilitaciones adicionales y de la

expedición de la correspondiente tarjeta, a este personal no le será exigible la

acreditación de los requisitos que resulten comunes a las respectivas habilitaciones que

ya posea, excepto los de naturaleza personal sujetos a posibles cambios, contemplados

en el artículo 28.1a), c), e), f), g) y h) de la Ley, salvo que las habilitaciones se lleven a

cabo en unidad de acto.

Artículo 85. Tarjeta de identidad profesional.

    1. A quienes obtengan la habilitación profesional, se les expedirá, como documento

público de acreditación de la habilitación profesional, la correspondiente tarjeta, que

incluirá todas las habilitaciones de las que el titular disponga y que les facultará para el

ejercicio de las respectivas funciones de seguridad privada.

    1. La tarjeta, que será personal e intransferible, y cuyas características se

determinan en el título II del anexo VI, constituirá el documento público para acreditar la

identidad y habilitación profesional del titular en los casos y circunstancias en que el

ejercicio de sus funciones lo requiera, y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la

Autoridad o sus agentes.

    1. La tarjeta tendrá un período de validez de diez años, a contar desde la fecha de

su expedición, debiendo ser solicitada la renovación de la misma en el plazo máximo de

un mes desde la fecha de su caducidad.

En los supuestos de pérdida, sustracción o deterioro de la tarjeta de modo que sea

difícil la identificación de su titular, deberá solicitarse de inmediato, en el plazo máximo de

cinco días, la obtención del correspondiente duplicado.

    1. El personal de seguridad privada, para la prestación de los servicios de

seguridad privada y durante la realización de los mismos, deberá portar su tarjeta

vigente, sin que pueda ejercer función de seguridad privada alguna cuando la misma le

haya sido retirada o se encuentre caducada, o en los supuestos de pérdida, sustracción o

deterioro, salvo que se haya solicitado su renovación o duplicado, de conformidad con lo

dispuesto en el apartado anterior.

    1. Las tarjetas del personal de seguridad privada serán expedidas por el órgano de

la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional, salvo

las correspondientes a guardas rurales y sus especialidades, que lo serán por el órgano

de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y

funcional.

Los citados órganos también serán competentes, respectivamente, para los

procedimientos relativos a la retirada y devolución de la tarjeta.

En los supuestos de retirada y devolución de la tarjeta, por cualquier causa, por

parte de los órganos autonómicos competentes, éstos darán cuenta inmediata al Registro

Nacional, para su correspondiente anotación en éste.

Artículo 86. Cartilla profesional y cartilla de tiro.

    1. Los vigilantes de seguridad y los guardas rurales, en sus distintas

especialidades, y los escoltas privados, habrán de disponer, además de la tarjeta, de una

cartilla profesional y, en su caso, de una cartilla de tiro, con las características, modelo y

anotaciones que se determinan en los títulos IV y V del anexo VI.

    1. La cartilla profesional se entregará con la tarjeta, y la dependencia

correspondiente de la Policía Nacional o, en su caso, de la Guardia Civil sellará la primera

hoja.

La obligación de disponer de cartilla de tiro estará únicamente referida a los

vigilantes, guardas y escoltas que posean licencia de armas y estén en disposición de

prestar servicio de seguridad privada de vigilancia o de protección armada. La misma se

entregará a su titular con la referida licencia, y en ella se anotarán las distintas referencias

a la práctica de los ejercicios de tiro.

    1. La cartilla profesional y, en su caso, la cartilla de tiro de los vigilantes, guardas y

escoltas que estén integrados en empresas de seguridad privada, deberán permanecer

depositadas en la sede de la empresa de seguridad privada en la que presten sus

servicios. Cuando finalice la relación laboral, la empresa de seguridad privada entregará

las cartillas a su titular, permaneciendo éstas bajo su custodia hasta el momento de su

entrega a la nueva empresa de seguridad privada que le contrate. Los guardas rurales y

sus especialidades, no integrados en empresas de seguridad privada, conservarán en su

poder las referidas cartillas.

    1. En la cartilla profesional se anotarán, las altas y bajas laborales producidas en

las empresas de seguridad privada, los cursos de formación permanente de actualización

y especializada realizados, y los reconocimientos honoríficos otorgados por las

autoridades.

Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas de seguridad

privada en el momento en que se produzcan, salvo las relativas a los guardas rurales y

sus especialidades no integrados en empresas de seguridad privada, que las efectuarán

las personas físicas o jurídicas contratantes, cumplimentándose las de los cursos de

formación por los centros de formación del personal de seguridad privada, y las relativas a

las menciones honoríficas por las dependencias territoriales de la Policía Nacional o de la

Guardia Civil, o por los órganos o unidades centrales respectivos, o por la policía

autonómica competente.

    1. En el caso de prestar servicios de seguridad privada en varias empresas de

seguridad privada, las cartillas deberán ser cumplimentadas en los apartados de altas y

bajas y selladas por todas ellas, y permanecerá en custodia en la empresa de seguridad

privada cuyo contrato sea de mayor jornada o, en su caso, en la que tenga mayor

antigüedad.

Artículo 87. Suspensión de la habilitación.

    1. La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada podrá

producirse en alguno de los siguientes supuestos:

    1. a) Mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy

graves en materia de seguridad privada, de acuerdo con el artículo 69.2c) de la Ley.

    1. b) Por la sanción a que se refiere el artículo 62.2b) de la Ley.
    2. c) Hasta la finalización del proceso por delitos contra dicho personal de

seguridad privada.

    1. En los supuestos de suspensión temporal de la habilitación contemplados en el

apartado anterior, el personal de seguridad privada afectado no podrá prestar servicios ni

ejercer funciones de seguridad privada, y deberá hacer entrega de su tarjeta, así como,

en su caso, de las cartillas, profesional y de tiro, al órgano que las expidió, en el plazo de

diez días.

Artículo 88. Extinción de la habilitación.

    1. La habilitación del personal de seguridad privada se extinguirá por alguna de las

siguientes causas:

    1. a) A petición propia.
    2. b) Por pérdida de alguno de los requisitos generales o específicos exigidos

para el otorgamiento de la respectiva habilitación o reconocimiento.

    1. c) Por ejecución de la sanción de extinción de la habilitación.
    2. d) Por ejecución de sentencia judicial que conlleve inhabilitación profesional.
    1. e) Por jubilación, siempre que conlleve la imposibilidad legal del ejercicio de las

profesiones de seguridad privada.

    1. f) Por fallecimiento.
    2. El procedimiento de extinción de la habilitación profesional al personal de

seguridad privada se acomodará a las siguientes circunstancias motivadoras:

    1. a) Cuando sea a petición propia, se materializará, con una petición formal, ,

por parte del interesado, inscribiéndose de oficio en el Registro Nacional de Seguridad

Privada.

    1. b) En el caso de pérdida de alguno o algunos de los requisitos necesarios, se

instruirá el correspondiente procedimiento, hasta su resolución e inscripción en el Registro

Nacional de Seguridad Privada.

    1. c) Cuando se trate de la ejecución de la sanción de extinción de la habilitación

o de la sentencia judicial que conlleve inhabilitación profesional, se procederá a su

inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada.

    1. d) En los casos de jubilación o fallecimiento, se procederá, de oficio, a la

cancelación registral de la habilitación tras la constatación del hecho, una vez sean

comunicadas tales circunstancias, bien por la empresa de seguridad privada o despacho

de detectives privados en el caso de estar contratado o vinculado a éste, por el interesado

en caso de jubilación o sus familiares en caso de fallecimiento.

    1. Se podrán realizar, por parte del personal autorizado de los órganos

competentes, las comprobaciones oportunas, y el acceso necesario, en las bases de

datos pertinentes, que permitan su verificación. Estas comprobaciones no requerirán la

autorización expresa por parte del interesado.

    1. La extinción de la habilitación profesional implicará, para los afectados, la

obligación de proceder a la inmediata entrega de la tarjeta, así como, en su caso, de las

cartillas, profesional y de tiro, en el plazo máximo de diez días, teniéndose en cuenta, lo

siguiente:

    1. a) Con carácter general, el personal de seguridad privada al que se le haya

extinguido su habilitación profesional por cualquier causa, deberá hacer entrega de su

tarjeta y, en su caso, de las cartillas profesional y de tiro y de la licencia de armas, al jefe

de seguridad o al jefe de personal de la empresa de seguridad privada en la que presten

servicios, que, a su vez, las entregará en el órgano de la Dirección General de la Policía o

de la Dirección General de la Guardia Civil, que determine su estructura orgánica y

funcional, según corresponda.

    1. b) Los guardas rurales, y sus respectivas especialidades, y el resto del

personal que no se encuentren integrados en empresas de seguridad privada, harán la

referida entrega personalmente en las respectivas dependencias policiales.

    1. c) Cuando se trate de un detective privado, deberá entregar la tarjeta en el

despacho de detectives privados del que dependa, o en el órgano de la Dirección General

de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional.

    1. En el supuesto de que el interesado se encontrase habilitado para profesiones

de seguridad privada no afectadas por la extinción de la habilitación producida, se

expedirá a éste una nueva tarjeta y, en su caso, unas nuevas cartillas, profesional, y de

tiro, en la que solo consten las habilitaciones en vigor.

    1. A los efectos de inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, los

órganos competentes en materia de habilitación profesional anotarán, de oficio, en el

mismo, las habilitaciones concedidas o extinguidas, así como las incidencias relativas a

su suspensión.

Artículo 89. Recuperación de la habilitación.

    1. En los casos de extinción de la habilitación por alguna de las causas

contempladas en el artículo 90.1a) y b), el interesado podrá recuperarla mediante solicitud

formal, ante el mismo órgano policial encargado de su expedición, siempre que se

cumplan los requisitos contemplados en el artículo 28.1a), c), e), f), g) y h) de la Ley.

    1. Cuando la extinción de la habilitación se haya producido por ejecución de

sanción, o de sentencia judicial que conlleve inhabilitación profesional, ésta no podrá

volver a obtenerse hasta haber transcurrido el plazo fijado en aquellas, mediante el

correspondiente procedimiento de habilitación establecido en el artículo 82 y siguientes.

Artículo 90. Retirada de la tarjeta de identidad profesional.

    1. Podrá procederse a la retirada de la tarjeta, con anotación, de oficio, en el

Registro Nacional de Seguridad Privada, en los siguientes supuestos:

    1. a) Suspensión o extinción de la habilitación, con arreglo a lo dispuesto en los

artículos 87 y 88.

    1. b) Cuando el personal de seguridad privada resulte detenido por su implicación

en la comisión de hechos delictivos y así lo decidan los miembros de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad actuantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1f) de

la Ley.

Las tarjetas retiradas como consecuencia de la aplicación de esta medida

provisional serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

    1. c) En los demás casos de adopción de medidas provisionales o cautelares

contemplados en el 69.1b) y c) de la Ley.

    1. Las tarjetas retiradas, así como, en su caso, las cartillas profesional y de tiro y

licencia de armas, quedarán en depósito de las autoridades de expedición

correspondientes.

Artículo 91. Devolución de la tarjeta de identidad profesional.

    1. Se procederá a la devolución de la tarjeta, así como, en su caso, de las cartillas

profesional y de tiro y licencia de armas, a su titular, siempre que la autoridad judicial no

disponga lo contrario, y previa petición del interesado, una vez levantada la medida

cautelar o cumplida la sanción que dieron origen a su retirada, o cuando así lo disponga la

autoridad judicial en el caso de puesta a su disposición como consecuencia de la

detención de su titular.

    1. En el supuesto de que la tarjeta hubiera caducado durante el tiempo en que

estuvo retirada, el interesado deberá realizar una solicitud de renovación de la misma.

    1. En los casos de recuperación de la habilitación, resultará de aplicación lo

dispuesto en los dos apartados anteriores.

CAPÍTULO II

Ejercicio de funciones profesionales de seguridad privada

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 92. Desarrollo de funciones e identificación.

    1. Siempre que se encuentre en el ejercicio de sus funciones profesionales de

seguridad privada, el personal de seguridad privada habrá de portar su tarjeta y, en su

caso, la licencia de armas y la correspondiente guía de pertenencia, debiendo mostrarlas

a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuere requerido para ello.

    1. Asimismo, deberá identificarse con su tarjeta cuando, por razones del desarrollo

del servicio de seguridad privada, así lo soliciten los ciudadanos afectados.

    1. Para su identificación profesional, el personal de seguridad privada no podrá

utilizar otras tarjetas o placas.

    1. La tarjeta no sustituirá al documento nacional de identidad o, en su caso, al

pasaporte o a la tarjeta de identificación de extranjeros, como documento de identificación

personal en los supuestos o casos en que el personal de seguridad privada sea requerido

por la autoridad o sus agentes.

Artículo 93. Régimen de incompatibilidades.

    1. De acuerdo con el artículo 27.5 de la Ley, , el ejercicio de funciones de

seguridad privada resultará incompatible, además de en los casos específicamente

contemplados en la misma, con el desempeño de puestos de trabajo en las

administraciones públicas por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la

normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones

públicas, salvo lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley, para los directores de seguridad

que desempeñen sus funciones en el propio centro al que pertenezcan.

    1. Igualmente, el ejercicio de funciones correspondientes a las distintas profesiones

de seguridad privada, será incompatible entre sí, mientras aquéllas se desempeñen

materialmente, de manera simultánea, durante el tiempo de prestación de servicios de

seguridad de que se trate, excepción hecha de los jefes de seguridad.

    1. Asimismo, el personal de seguridad privada, salvo jefes de seguridad y

directores de seguridad, durante la prestación de sus servicios profesionales de

seguridad, no podrá compatibilizar el ejercicio de las respectivas funciones de seguridad

privada para las que se encuentre habilitado con el de cualesquiera otras que no lo sean,

salvo la realización de funciones relacionadas con las actividades contempladas en el

artículo 6.2 de la Ley.

    1. El personal de seguridad privada no podrá desempeñar las funciones de

seguridad privada para las que se encuentre habilitado, cuando la empresa de seguridad

privada en la que se encontrase integrado no estuviera autorizada para el desarrollo de la

actividad de seguridad privada con la que se correspondiese el servicio de seguridad

privada a prestar, salvo lo dispuesto en el artículo 185.2, párrafo segundo.

    1. No se considerará incompatible el ejercicio de funciones complementarias,

directamente relacionadas con las funciones propias de seguridad privada o que resulten

imprescindibles para su efectividad, así como las relacionadas con los servicios

contemplados en el artículo 143.

Artículo 94. Protección jurídica del personal de seguridad privada.

    1. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley, se entenderá que el personal de

seguridad privada desarrolla actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el

mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin necesidad de que efectivamente se

produzca presencia física de éstos, en los siguientes supuestos:

    1. a) Los servicios de vigilancia y protección del artículo 41.3 de la Ley, siempre que

hayan sido contratados para la prestación de servicios de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad o para ejecución de funciones de seguridad encomendadas a dichas

Fuerzas y Cuerpos.

    1. b) Los servicios de seguridad privada que se encuentren integrados en planes

operativos de actuación policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que

expresamente reserven actuaciones o incorporen instrucciones para cumplimiento

obligatorio por parte del personal de seguridad privada afectado.

    1. c) Los servicios de seguridad privada en los que, durante su desarrollo, se reciban

órdenes o instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o se realicen en

coordinación con éstos.

    1. d) Siempre que acudan en auxilio o a requerimiento de los miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o les estén prestando la debida colaboración.

2. Siempre que el personal de seguridad privada actúe en situaciones en las que

pudiera ser considerado funcionario público a efectos penales, tendrá la protección

jurídica de agente de la autoridad, frente a las agresiones y desobediencias que pudieran

cometerse contra ellos.

    1. Se entenderá que el personal de seguridad privada está plenamente identificado

cuando se halle en el ejercicio de sus funciones de seguridad privada debidamente

uniformado o, si no está obligado al uso de uniforme, cuando porte su tarjeta de forma

visible al exterior, pudiendo emplear en este caso cualquier otro elemento identificador de

su condición profesional.

SECCIÓN 2.ª VIGILANTES DE SEGURIDAD, SU ESPECIALIDAD, Y ESCOLTAS

PRIVADOS

Artículo 95. Ejercicio profesional de vigilantes de seguridad y su especialidad.

    1. Los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones de seguridad privada y

prestarán sus servicios profesionales integrados en empresas de seguridad privada,

autorizadas para las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1a),

c), e) y g) de la Ley.

    1. Los vigilantes de explosivos ejercerán sus funciones de seguridad privada y

prestarán sus servicios profesionales integrados en empresas de seguridad privada

autorizadas para las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1d) y

    1. e) de la Ley.
    2. Estos vigilantes deberán seguir las instrucciones que, en el ejercicio de sus

competencias, impartan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

colaborando con ellos, en cualquier actuación necesaria para el mantenimiento y

restablecimiento de la seguridad ciudadana, siempre que afecte a las personas o bienes

cuya protección o vigilancia tuviesen encomendada.

    1. En la organización de los servicios de seguridad privada y en el desempeño de

sus funciones profesionales de seguridad privada, dependerán del jefe de seguridad de la

empresa de seguridad privada en la que estuviesen encuadrados, o del delegado de éste

o del responsable de vigilancia nombrado.

    1. En ausencia del jefe de seguridad, o de su delegado o del responsable de

vigilancia, cuando concurran en el servicio dos o más vigilantes, pertenezcan, o no, a la

misma empresa de seguridad privada, y no estuviese previsto un orden de prelación entre

ellos, asumirá la iniciativa en la prestación de los servicios el vigilante más antiguo en la

prestación del servicio de seguridad de que se trate. .

    1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando los vigilantes

presten servicios en entidades que cuenten con director de seguridad, dependerán

funcionalmente de éste, o, en su caso, de su delegado.

Artículo 96. Ejercicio profesional de escoltas privados.

    1. Los escoltas privados ejercerán sus funciones de seguridad privada y prestarán

sus servicios profesionales integrados en empresas de seguridad privada autorizadas

para la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1b) de la Ley.

    1. En la materialización de las funciones profesionales de seguridad privada, los

escoltas privados se atendrán a lo siguiente:

    1. a) Deberán efectuar el acompañamiento de seguridad de la persona o

personas protegidas de forma permanente, salvo en las tareas de avanzada o de

contravigilancia, u otros desplazamientos que resulten necesarios para la correcta

ejecución del servicio.

    1. b) No admitirán interferencia o menoscabo de la función de seguridad privada

de protección personal que desempeñan, mediante el encargo o realización de tareas

impropias o que distraigan la necesaria atención o dedicación que necesitan estos

servicios.

    1. c) Realizarán las actuaciones profesionales necesarias para tratar de evitar o

impedir que las personas que sean objeto de su protección sufran cualquier tipo de

agresión o de acto delictivo.

    1. d) Habrán de estar referidas las actuaciones de defensa y protección que

realicen, únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de las personas objeto de

protección.

    1. e) No podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la

libre circulación, salvo en lo que resultase imprescindible como consecuencia de una

agresión o de un intento manifiesto de agresión a las personas protegidas o a los propios

escoltas.

    1. f) Deberán poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad a las personas que resulten detenidas con ocasión de su actuación profesional,

sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio de las mismas, haciendo entrega de los

posibles efectos o instrumentos relacionados con la detención.

Artículo 97. Comprobaciones previas.

    1. El personal de seguridad privada incluido en esta sección, al hacerse cargo del

servicio, comprobará el estado de funcionamiento de los sistemas de seguridad y de

comunicación, así como los medios materiales o técnicos dispuestos para su prestación,

con especial atención a las armas, armeros y munición.

    1. Igualmente, deberá dar cuenta inmediata, a los jefes de seguridad de la empresa

de seguridad privada o a los directores de seguridad de la entidad, bien directamente o a

través del responsable de vigilancia, o del vigilante, guarda o escolta privado de mayor

antigüedad, de las anomalías o deficiencias observadas, así como de cualquier otra

circunstancia que pudiera generar inseguridad.

Artículo 98. Prevenciones y actuaciones.

    1. En el ejercicio de su función de seguridad privada de vigilancia y protección de

bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como de las personas que se encuentren

en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y

prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

    1. En la práctica de dichas actuaciones sobre personas, vehículos u otros bienes,

los vigilantes de seguridad seguirán las siguientes reglas:

    1. a) Se restringirán a lo estrictamente necesario para asegurar la consecución

del fin preventivo y protector perseguido, al objeto de evitar o prevenir riesgos

potencialmente graves para las personas o los bienes objeto de protección.

    1. b) Se realizará la identificación de personas únicamente con ocasión de

controles de acceso de seguridad, cuando así se encuentre previsto en el respectivo

protocolo de actuación, o cuando se pretenda la misma con fines a poder sancionar una

infracción penal o administrativa, y siempre que la persona que haya podido participar en

la comisión de la misma acceda a ello de forma voluntaria. En caso contrario se dará

inmediata comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes,

procediendo, o no, a su detención preventiva, según se trate de infracción penal o

administrativa, sin que, en ningún caso, se pueda retener la documentación de la persona

objeto de identificación.

    1. c) No se podrá limitar o restringir la circulación o permanencia de personas en

vías o lugares públicos, salvo actuación por orden de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.

    1. d) Se podrá proceder únicamente al registro corporal externo superficial de

personas, en los supuestos de controles de acceso de seguridad en los que se participe o

colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como cuando se realicen por orden

de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o con ocasión de la detención de un presunto

delincuente cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al

hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes relacionados con el motivo de

la detención preventiva.

En todos estos casos, dichos registros corporales se realizarán del modo que

cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada.

    1. e) Tratarán de resolver, de forma dialogada, las posibles controversias que

puedan surgir con los ciudadanos. Cuando no pudieran solucionar pacíficamente un

incidente con personas que no quisieran someterse a los controles y verificaciones

legalmente realizados, deberán dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

competentes.

    1. f) Podrán hacer uso proporcional de la fuerza únicamente en caso de legítima

defensa, propia o ajena, o cuando traten de impedir la comisión de una infracción penal o

administrativa.

    1. g) Procederán a la detención de las personas que sorprendan en flagrante

delito, dando aviso y haciendo entrega inmediata del detenido a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad competentes, permaneciendo la persona detenida bajo su control y protección.

Si por su estado el detenido requiriese atención, estarán obligados a avisar al servicio

médico correspondiente.

Para el caso de los escoltas privados, las anteriores reglas se acomodarán a las

actuaciones que hayan de practicar en relación con el ejercicio de sus funciones

específicas.

    1. Los vigilantes de seguridad deberán impedir la comisión de cualquier hecho

delictivo o infracción administrativa que pudiera producirse en el lugar de prestación de

sus servicios profesionales, prestando especial atención al porte de armas u objetos

prohibidos o peligrosos, así como al consumo ilegal de drogas, en el interior de los

establecimientos, lugares y eventos objeto de su vigilancia y protección.

    1. Cuando los vigilantes de seguridad observaren la comisión de delitos o

infracciones, en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de su

protección, o cuando concurran indicios racionales de tal comisión, deberán comunicarlo,

en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, poniendo

inmediatamente a disposición de los miembros de éstas a los presuntos autores, así como

los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos.

Artículo 99. Sustituciones.

    1. Los vigilantes o escoltas privados deberán comunicar a la empresa de seguridad

privada en la que estén integrados, con la máxima antelación posible, la imposibilidad de

acudir al servicio y sus causas, a fin de que aquélla pueda adoptar las medidas

pertinentes para su sustitución.

    1. Cuando, por enfermedad u otra causa justificada, el vigilante o escolta privado

que se encontrara prestando servicio, hubiese de ser relevado por otro, lo comunicará al

jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada en que se encuentre integrado, así

como, en su caso, al director de seguridad de la entidad donde se prestase el mismo, con

objeto de que puedan asegurar la continuidad del servicio de seguridad.

    1. Igualmente, en aquellos casos en que esté previsto el relevo en la prestación del

servicio, y éste no hiciera acto de presencia, la persona que se encontrase prestándolo

deberá comunicarlo de forma inmediata a los responsables de seguridad citados en el

apartado anterior.

SECCIÓN 3ª. GUARDAS RURALES Y SUS ESPECIALIDADES

Artículo 100. Ámbito de actuación.

    1. Corresponde a los guardas rurales el ejercicio de las funciones de seguridad

privada de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, entendiendo

por tales aquellas que, fuera de las poblaciones, se dedican a la explotación de recursos

naturales, así como de las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se

encuentran en ellas.

Igualmente, los guardas rurales podrán realizar servicios de videovigilancia o de

respuesta ante alarmas relacionados con los bienes y lugares objeto de protección.

    1. A los guardas de caza, además de las funciones descritas para los guardas

rurales, les corresponde específicamente la vigilancia y protección en:

    1. a) Las fincas y predios de caza y su aprovechamiento cinegético en los terrenos

sometidos a régimen cinegético especial.

    1. b) Espacios de pesca fluvial y espacios acuícolas públicos o privados.
    2. A los guardapescas marítimos, además de las funciones descritas para los

guardas rurales, les corresponde específicamente la vigilancia y protección en:

    1. a) Establecimientos de acuicultura marina.
    2. b) Zonas marítimas con fines pesqueros y de marisqueo específico, espacios

marítimos protegidos y, en su caso, puertos pesqueros y lonjas.

Igualmente, los guardapescas marítimos podrán ejercer funciones de seguridad

privada de vigilancia y protección de buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo

bandera española en aguas en las que existe grave riesgo para la seguridad de las

personas o de los bienes, siempre que se encuentren integrados en empresas de

seguridad privada.

Artículo 101. Ejercicio profesional.

    1. Cuando se trate de servicios de seguridad privada de vigilancia y protección de

explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a sus distintos aspectos del régimen

cinegético, y zonas marítimas con fines pesqueros, los guardas rurales y sus

especialidades podrán compatibilizar sus funciones de seguridad privada de vigilancia y

protección de espacios e instalaciones con el desarrollo de actividades de mantenimiento,

planificación, organización, gestión medioambiental y explotación de la tierra, necesarias

para su conservación y buen funcionamiento, así como para la preservación de las

especies que los habiten, de acuerdo con lo que establezca la legislación autonómica.

En todo caso estas actividades no deben interferir en su función de seguridad

privada de vigilancia y protección. A tal fin, cuando así lo prevea la normativa aplicable,

deberán obtener las autorizaciones pertinentes y utilizar, en su caso, las armas, artes o

medios permitidos.

    1. En el ejercicio de sus funciones de seguridad privada, ante la sospecha de la

comisión de una infracción, los guardas rurales y sus especialidades podrán proceder al

registro de vehículos, embarcaciones, equipajes o bultos de mano susceptibles de ocultar

pruebas de aquélla, incluso en las vías de uso público que discurran por las fincas

rústicas e instalaciones objeto de su protección. De cada una de estas actuaciones darán

cuanta al cuerpo policial competente en la demarcación, en la forma que determinen los

respectivos planes de colaboración.

    1. Igualmente, ante la sospecha de la comisión de una infracción, los guardas de

caza y guardapescas marítimos podrán requerir a las personas que se hallen en el

espacio protegido la licencia de armas y guía de pertenencia del arma, licencia de caza o

pesca y cualquier otro documento exigible en la normativa correspondiente.

    1. Comprobada la comisión de una infracción en el ámbito de sus funciones de

seguridad privada y de acuerdo con las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad competentes, facilitarán a éstas los datos necesarios a fin de que formulen, en

su caso, la pertinente denuncia.

    1. En estos supuestos podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas

cobradas, los medios de caza y pesca prohibidos o no autorizados y las armas empleadas

para cometerla.

Cuando se proceda a la retirada de las armas, el guarda hará entrega de un recibo

en el que conste su clase, marca y número, así como la dependencia de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad competentes donde quedarán depositadas provisionalmente. Este

depósito será realizado de manera inmediata, junto con la correspondiente denuncia, con

indicación de los datos necesarios para la identificación del presunto infractor.

Si se produjera una negativa a la entrega del arma, el guarda lo pondrá en

conocimiento de la dependencia policial competente a efectos de formulación de la

pertinente denuncia.

    1. El cuerpo policial que recepcione el arma, la remitirá, en su caso, al órgano de la

Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional, el

cual notificará el depósito definitivo del arma a la persona a la que se le hubiere retirado.

    1. Cuando los guardas rurales y sus especialidades actúen integrados en empresas

de seguridad, deberán observar las normas generales y de organización establecidas

para los vigilantes de seguridad.

Artículo 102. Modalidades de contratación.

    1. De acuerdo con el artículo 38.6 de la Ley, los guardas rurales y sus

especialidades podrán prestar sus servicios profesionales en alguna de las siguientes

modalidades:

    1. a) Integrados en empresas de seguridad privada autorizadas para las actividades

de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1a) y g) de la Ley, formando parte de

su plantilla, en cuyo caso podrán prestar todos los servicios de seguridad privada de

vigilancia y protección atribuidos en este reglamento.

    1. b) Cuando se trate de servicios de seguridad privada de vigilancia y protección de

explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen

cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros, podrán ser contratados en

cualquiera de las siguientes modalidades:

1ª Directamente, como trabajador por cuenta ajena, por los titulares de los

bienes objeto de protección.

2ª Por cuenta propia, como trabajador autónomo, prestando el servicio de

forma directa y personal. En este supuesto el autónomo podrá contratar guardas de

apoyo, hasta un máximo de 3. Los guardas autónomos deberán estar dados de

alta en el Impuesto de Actividades Económicas y tener suscrito, y en vigor, un

seguro de responsabilidad civil en garantía de su actividad, acorde a lo establecido

en el apartado 6 del capítulo II, título II del anexo I.

    1. Las empresas de seguridad privada podrán subcontratar servicios de seguridad

privada con guardas rurales autónomos cuando éstos se desarrollen en explotaciones

agrícolas, pecuarias o forestales, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos de

régimen cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros. La

subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa de seguridad

privada contratante.

En ningún caso podrán subcontratar servicios de seguridad privada los guardas

rurales autónomos con otros guardas rurales autónomos.

    1. Cuando los servicios los presten contratados directamente por los titulares de

bienes y derechos, ya sea como trabajadores por cuenta ajena o como autónomos, los

contratos celebrados deberán comunicarse, por parte del guarda contratado, al registro

correspondiente, con antelación al inicio de la ejecución del servicio objeto de

contratación. Dicha comunicación corresponderá a las empresas de seguridad privada

cuando los guardas presten sus servicios integrados en las mismas.

SECCIÓN 4.ª JEFES DE SEGURIDAD Y DIRECTORES DE SEGURIDAD

Artículo 103. Ejercicio profesional de los jefes de seguridad.

    1. Los jefes de seguridad canalizarán, hacia las dependencias de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, las comunicaciones sobre hechos delictivos o relevantes para la

seguridad ciudadana, y deberán comparecer a las reuniones informativas o de

coordinación a que fueren citados por las autoridades policiales competentes.

    1. Igualmente, los jefes de seguridad deberán proponer o adoptar las medidas

oportunas para la subsanación de las deficiencias o anomalías que observen o les

comunique el personal de seguridad privada a su cargo, en relación con los servicios de

seguridad privada o los sistemas de seguridad, asegurándose de la anotación, en este

último caso, de la fecha y hora de la subsanación en el correspondiente Libro-Registro y

comprobando su funcionamiento.

    1. El ejercicio de la función contemplada en el artículo 35.1c) de la Ley, , se

materializará mediante la correspondiente comunicación dirigida al órgano policial

competente en cada caso.

    1. Respecto del personal de seguridad privada que se encuentre a su cargo en la

prestación de servicios de seguridad privada, deberán cerciorase de que se encuentre

debidamente habilitado o acreditado, y dispone de la correspondiente tarjeta o

acreditación profesional, así como, en su caso, de la licencia de armas.

    1. De acuerdo con el artículo 35.2, párrafo segundo, de la Ley, deberá existir un

jefe de seguridad específico en los siguientes supuestos:

    1. a) Cuando las empresas de seguridad privada vayan a prestar alguno de los

servicios de seguridad privada con armas de fuego contemplados en el artículo 40.1 de la

Ley.

    1. b) Cuando se trate de empresas de seguridad privada dedicadas a la actividad

de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1g) de la Ley, siempre que cuenten

con personal propio de seguridad privada para la prestación de los servicios de seguridad

privada relacionados con dicha actividad.

    1. c) En los casos de apertura obligatoria de delegaciones a que se refiere el

artículo 48.3. Cuando se trate de las delegaciones de centrales receptoras de alarmas,

esta obligación únicamente afectará en el caso de que se presten servicios de seguridad

privada de respuesta ante alarmas con personal de seguridad privada propio.

    1. d) Cuando se trate empresas de seguridad privada que presten servicios de

seguridad privada, en relación con la actividad de seguridad privada contemplada en el

artículo 5.1a) de la Ley, a operadores críticos, respecto de los servicios de las

infraestructuras críticas que operen.

Dicho jefe de seguridad específico será designado por el representante legal de la

empresa de seguridad privada de que se trate, y ejercerá las funciones de seguridad

privada atribuidas a los jefes de seguridad por el artículo 35.1 de la Ley, bajo la

dependencia del jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada matriz, sin que

pueda compatibilizar el cargo que ocupa con otros de igual índole en otras delegaciones

abiertas por la empresa de seguridad privada.

Artículo 104. Ejercicio profesional de los directores de seguridad.

    1. De acuerdo con los artículos 36.2 y 38.5 de la Ley, en los supuestos de

existencia obligatoria de departamento de seguridad contemplados en el título II del anexo

IV, los directores de seguridad desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas

de dichos sujetos obligados.

    1. Cuando el director de seguridad se encuentre al frente de un departamento de

carácter facultativo, podrá realizar su gestión sin necesidad de encontrarse integrado en la

plantilla de la entidad o empresa para la que presta sus servicios profesionales.

    1. De acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley, los directores de seguridad que sean

funcionarios públicos en activo o se encuentren al servicio de cualquiera de las

administraciones públicas, podrán desempeñar sus funciones profesionales en el propio

centro al que pertenezcan.

    1. De acuerdo con el artículo 36.1.b) de la Ley, el director de seguridad promoverá

y coordinará las acciones que se lleven a cabo para identificar y minimizar los riesgos

para la vida e integridad de las personas, así como para prevenir, detectar y evitar

posibles actuaciones delictivas dentro de la empresa.

    1. Para el ejercicio de la función de planificación atribuida en el artículo 36.1c), de

la Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 196.

    1. El ejercicio de la función de seguridad privada contemplada en el artículo 36.1e)

de la Ley, se materializará mediante la correspondiente comunicación dirigida al órgano

policial competente.

    1. De acuerdo con el artículo 36.1a) y f) de la Ley, el director de seguridad será el

responsable de que los sistemas y servicios de seguridad privada, incluyendo los de

investigación privada, contratados por la empresa, se ajusten en su ejercicio y desarrollo a

la legalidad vigente y cuenten con las homologaciones y autorizaciones necesarias.

    1. La función de interlocución y enlace con la Administración recogida en el artículo

36.1h) de la Ley, se materializará en los siguientes ámbitos:

    1. a) Materias clasificadas.
    2. b) Infraestructuras críticas.
    3. c) Seguridad de la información y las comunicaciones.
    4. d) Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    1. e) Protección contra incendios.
    2. f) Seguridad laboral.
    3. g) Intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre

cuestiones relativas a delincuencia, de las que se tuviesen indicios o conocimiento en su

entidad.

    1. h) Actuación ante situaciones de emergencia que afecten a la propia empresa o

cuando ésta aporte recursos en caso de situaciones de catástrofe o emergencia pública.

    1. i) Cualquier acción de colaboración público-privada en el marco de la Estrategia de

Seguridad Nacional.

    1. j) Cualquier otro que afecte a la seguridad de su organización y contribuya a la

persecución de delitos e infracciones.

    1. De acuerdo con el artículo 36.1i) de la Ley, el director de seguridad podrá

realizar comprobaciones tendentes a acreditar la solvencia técnica y honorabilidad de las

personas que puedan tener acceso a áreas o informaciones sensibles de la misma. Estas

comprobaciones podrá realizarlas por sus propios medios o mediante la contratación de

servicios de investigación privada. Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

podrán facilitar al director de seguridad las informaciones necesarias para prevenir un

peligro real para la seguridad.

    1. Las funciones de inspección, comprobación y control atribuidas al director de

seguridad en el artículo 36.1 de la Ley, podrán ser materializadas mediante auditorías

externas.

    1. La responsabilidad del director de seguridad le obliga a informar a los órganos

de dirección de su empresa o entidad sobre los riesgos de su competencia a que se haya

expuesta, proponiendo las medidas de control preventivas y reactivas necesarias.

Artículo 105. Delegación de funciones de jefes de seguridad y directores de

seguridad.

    1. De acuerdo con los artículos 35.3 y 36.5 de la Ley, la delegación de funciones

de jefes de seguridad y de directores de seguridad se ajustará a las siguientes reglas:

    1. a) Cuando se trate de personas habilitadas como jefe o director de seguridad,

podrán delegarse en éstos, respectivamente, todas las funciones propias de los mismos

contempladas en los artículos 35.1 y 36.1 de la Ley, excepto las contempladas en los

artículos 35.1c) y 36.1e) de la misma.

    1. b) Cuando se trate de personas que no posean habilitación como jefe o director

de seguridad, únicamente podrá delegarse en éstos, respectivamente, todas o algunas de

las siguientes funciones:

1º. Las establecidas en el artículo 35.1b), d), e), f) y g) de la Ley.

Las establecidas en el artículo 36.1a), d) y g) y, en su caso, las del artículo 35.1b) y

e), de la Ley.

    1. Cuando la delegación de funciones recaiga sobre personas no habilitadas como

jefe o director de seguridad, éstas habrán de reunir los siguientes requisitos:

    1. a) Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, u otros

equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

    1. b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
    2. c) No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en materia de

seguridad privada durante el año anterior a la solicitud de delegación.

    1. d) Haber desempeñado funciones de seguridad pública, como miembro de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o de seguridad privada, como personal de seguridad

privada, al menos, durante cinco años efectivos, o haber desempeñado, en los mismos

casos, puestos de dirección o de gestión de seguridad pública o privada, al menos,

durante tres años efectivos.

    1. La delegación de funciones se realizará mediante comunicación previa de la

empresa de seguridad privada o de la entidad, suscrita tanto por el jefe de seguridad o

director de seguridad que delega, como por aquellos en quienes se ha delegado, y deberá

dirigirse, en el plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se produzca, al órgano de

la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en

su caso, al órgano autonómico competente, .

    1. En el supuesto de cese del jefe de seguridad o del director de seguridad que

haya efectuado delegación de funciones, éste se comunicará, conforme a lo indicado en

el apartado anterior, manteniéndose vigente la delegación de funciones salvo

comunicación en contrario por parte de la persona que le sustituya. Igualmente, se

comunicará cualquier otra variación que se produzca. .

    1. La responsabilidad en el ámbito de la seguridad privada en que pudieran incurrir

los delegados, se exigirá a éstos conforme a lo dispuesto, para el personal de seguridad

privada.

SECCIÓN 5.ª DETECTIVES PRIVADOS

Artículo 106. Ejercicio profesional.

    1. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley, el ejercicio de las funciones

profesionales que corresponden a los detectives privados, recaerá, exclusivamente, sobre

la actividad de seguridad privada del artículo 5.1h) de la misma, , y en relación con la

prestación de los servicios de seguridad privada del artículo 48 de aquélla.

    1. De acuerdo con el artículo 38.7 de la Ley, los detectives privados ejercerán sus

funciones y prestarán sus servicios profesionales a través de los despachos de detectives

privados, sin que puedan ser contratados directamente por los clientes usuarios de los

servicios de investigación privada.

    1. Los detectives privados que no tengan despacho de detectives privados abierto,

así como los detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o

dependientes del mismo, no podrán obtener ni llevar el Libro-Registro de Investigaciones.

CAPÍTULO III Uniformidad

Artículo 107. Uniformidad de servicio.

    1. El uniforme, distintivos y medios de defensa del personal de seguridad privada

se ajustarán a lo dispuesto en el anexo II.

    1. No podrá usarse otra uniformidad que no sea la reglamentaria, ni vestir el

uniforme, ni hacer uso de los distintivos y medios de defensa fuera de las horas y lugares

del servicio de seguridad privada y de los ejercicios de tiro.

    1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá utilizarse la uniformidad

en los siguientes supuestos:

    1. a) Los desplazamientos a dependencias policiales por razón del servicio de

seguridad privada.

    1. b) Los motivados por necesidades personales en las cercanías del lugar de

servicio de seguridad privada.

    1. c) Los desplazamientos realizados para ir o regresar al lugar de trabajo.
    2. d) Los motivados por cualquier causa de fuerza mayor.

Artículo 108. Distintivos.

    1. El personal de seguridad privada uniformado, cuando se encuentre prestando

servicio de seguridad privada, llevará, permanentemente, el distintivo en la parte superior

izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior, y sin que pueda quedar oculto

por otra prenda o elemento que se lleve.

    1. Los distintivos profesionales del cargo podrán confeccionarse con material

metálico o plástico, que se adapte a las condiciones del servicio, y podrán ir expresados,

en su caso, en la lengua cooficial del lugar de prestación del servicio.

Artículo 109. Medios de defensa.

    1. Para la prestación de servicios de seguridad privada relacionados con las

actividades de seguridad privada a que se refiere el artículo 5.1a), c), d), e) y g) de la Ley,

el personal de seguridad privada deberá portar consigo la defensa y los grilletes, cuyas

características se determinan en el Título III del anexo II, o los elementos defensivos que

los sustituyan o complementen.

    1. En la prestación de los distintos servicios de seguridad privada con armas de

fuego, podrá hacerse uso de chalecos antibalas. Las correspondientes autorizaciones de

servicios podrán establecer la obligatoriedad de su uso, en función del nivel de riesgo que

les afecte.

Artículo 110. Excepciones al deber de uniformidad.

De acuerdo con el artículo 39.2, párrafo segundo, de la Ley, el personal de

seguridad privada uniformado, siempre que no vaya a interactuar presencialmente con los

ciudadanos, podrá desarrollar sus funciones profesionales de seguridad privada sin el

uniforme o distintivo reglamentarios, previa autorización del órgano policial de control

competente, a solicitud de la empresa de seguridad de seguridad privada, en los

siguientes supuestos:

    1. a) Servicios de videovigilancia del artículo 129.
    2. b) Servicios de centros de control del artículo 129.
    3. c) Servicios de gestión de alarmas del artículo 184.
    4. c) Servicios de vigilancia y protección en buques o aeronaves, con ocasión del

acompañamiento de polizones o de personas inadmitidas en frontera, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 143.

    1. d) Otros servicios en los que concurran circunstancias excepcionales que así lo

aconsejen.

CAPÍTULO IV Armas

Artículo 111. Licencia de armas.

    1. El personal de seguridad privada que puede prestar servicios con armas son los

vigilantes de seguridad, y su especialidad de explosivos, los escoltas privados, los

guardas rurales y sus especialidades.

    1. Para poder prestar servicios de seguridad privada con armas, el personal de

seguridad privada referido en el apartado anterior, habrá de obtener licencia de armas tipo

C, u otras que resulten necesarias, en la forma prevenida en el Título V del anexo II.

    1. La licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de

seguridad privada; carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando

servicios; quedará suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado

negativo de los ejercicios de tiro; y quedará sin efecto al cesar aquél en el desempeño del

puesto en razón del cual le hubiera sido concedida. .

Artículo 112. Armas de fuego reglamentarias.

    1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad y de explosivos, de los

escoltas privados y de los guardas rurales y sus especialidades, en los servicios que

hayan de prestarse con armas de fuego, será, respectivamente, la determinada en el

artículo 124.1.

    1. De acuerdo con lo previsto en la normativa de armas, los vigilantes de seguridad

y, en su caso, los guardapescas marítimos podrán portar y usar armas de guerra para la

prestación de los servicios de protección de personas y bienes establecidos en el artículo

40.1c) de la Ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 138.

    1. Cuando en el servicio a prestar concurran circunstancias extraordinarias que

impidan o desaconsejen el uso de las armas reglamentarias, podrá solicitarse su

sustitución o complemento por otras armas, especialmente no lesivas, previa autorización

de la Dirección General de la Guardia Civil .

Artículo 113. Uso, porte y depósito del arma.

    1. El personal de seguridad privada que preste servicios de seguridad privada con

armas de fuego, utilizarán éstas solo con ocasión y durante el servicio, portándolas con

discreción y sin hacer ostentación de ellas, pudiendo usarlas solamente en caso de

agresión a la vida, integridad física o libertad, propia o de terceros, y atendiendo a criterios

de proporcionalidad con el medio utilizado para el ataque.

    1. De acuerdo con el artículo 40.3 de la Ley, , el personal de seguridad privada

sólo podrá portar el arma de fuego cuando esté de servicio, y podrá acceder con ella al

lugar donde se desarrolle éste, , debiendo el tiempo restante estar depositadas en los

armeros de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la empresa de seguridad

privada o de sus delegaciones.

    1. Previa autorización del jefe de seguridad, el personal de seguridad privada podrá

portar las armas, fuera de las horas y de los lugares de trabajo, en los desplazamientos

anteriores y posteriores al servicio de seguridad privada, en los siguientes supuestos:

    1. a) A la iniciación y terminación del servicio.
    2. b) Con ocasión de suplencias del personal encargado del servicio.
    3. c) Para la realización de los ejercicios obligatorios de tiro.
    4. d) Cuando se trate de realizar servicios cuya duración no exceda de tres

meses, y no se disponga de armero de servicio, o mientras se tramita la autorización del

referido armero.

    1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el personal de seguridad

privada podrá portar las armas de fuego, fuera de las horas y lugares de servicio, sin

necesidad de autorización del jefe de seguridad, en los siguientes supuestos:

    1. a) En los desplazamientos a dependencias policiales motivados por razones

derivadas de la prestación del servicio de seguridad privada o relacionadas con el mismo.

    1. b) En los supuestos de actuación ante un hecho delictivo o por razones

humanitarias.

    1. A la finalización de cada servicio, y siguiendo las instrucciones impartidas al

respecto por el jefe de seguridad, los escoltas privados deberán depositar el arma en el

armero de la empresa de seguridad privada a la que pertenezcan, o en el del lugar de

trabajo o residencia de la persona protegida.

Cuando por razones de trabajo, al finalizar el servicio de seguridad privada, los

escoltas privados se hallasen en localidad distinta de aquélla en la que radique la sede de

su empresa de seguridad privada, el arma se depositará en el armero de la delegación de

la empresa, si la hubiese. En caso contrario, el arma quedará bajo la custodia del escolta,

con la autorización del jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada.

Igualmente, cuando los servicios de seguridad privada de protección personal

impliquen, además, un riesgo especial o la disponibilidad permanente del escolta privado

para la prestación del servicio, en la resolución de autorización de los mismos podrán

establecerse condiciones específicas para el porte y custodia del arma fuera del servicio,

bajo la responsabilidad personal del propio escolta privado.

    1. Las autorizaciones otorgadas por los jefes de seguridad para poder portar armas

de fuego fuera de servicio de seguridad privada se ajustarán al modelo del título VI del

anexo VI. Las empresas de seguridad privada deberán conservar en su sede, o en la de

sus delegaciones, copias de las autorizaciones concedidas, por el tiempo mínimo de dos

años contados a partir de la fecha de expedición.

Artículo 114. Responsabilidad sobre el depósito y custodia del arma.

    1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.7, durante la prestación del servicio

de seguridad privada el personal de seguridad privada será responsable de la custodia,

cuidado y uso correcto de las armas que tuvieran asignadas o que integren su dotación, y

de las documentaciones de éstas.

    1. De la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de trabajo, o en el

de la empresa de seguridad privada, será responsable el propio personal de seguridad

privada que preste servicios de seguridad privada con armas y el jefe de seguridad de la

empresa de seguridad privada de su efectivo cumplimiento.

    1. En el caso de los guardas rurales y sus especialidades, cuando no estén

encuadrados en una empresa de seguridad privada, al finalizar el servicio, el arma

quedará bajo su custodia, sin necesidad de autorización alguna.

    1. Del extravío, robo o sustracción de las armas asignadas al personal de

seguridad privada, así como de la documentación de éstas, se deberá dar cuenta

inmediata al jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada a efectos de lo previsto

en el artículo 59.7.

    1. Los traslados de armas, excepto las de guerra, motivados por necesidades del

servicio, siempre que su número no supere las cincuenta armas largas y veinticinco

cortas, se harán bajo la responsabilidad del jefe de seguridad de la empresa, de

seguridad privada, que adoptará las medidas pertinentes para garantizar, en todo

momento, su custodia.

Las armas serán trasladadas por el jefe de seguridad, si cuenta con licencia de

armas B o C y, en caso contrario, se hará bajo la protección de un vigilante de seguridad

armado; yendo las armas descargadas y separadas de su cartuchería, que lo hará en

vehículo independiente.

Si el número de armas a trasladar superase esta cantidad, el jefe de seguridad

solicitará la autorización del órgano competente de la Dirección General de la Guardia

Civil, que fijará el plan de seguridad a establecer.

Artículo 115. Ejercicios de tiro.

    1. Para realizar servicios con armas, el personal de seguridad privada, además de

encontrarse en posesión de la preceptiva licencia de armas, estará obligado a acreditar su

aptitud superando los ejercicios que se determinen en el título V del anexo II. A tal fin, las

empresas de seguridad privada, los contratantes de los guardas rurales que trabajen por

cuenta ajena, o los propios guardas que actúen como autónomos, deberán disponer de

los medios para llevarlos a cabo .

Además del personal de seguridad privada que efectúe servicios de seguridad

privada con armas, las empresas de seguridad privada podrán disponer la asistencia a

estos ejercicios del personal de seguridad privada que estimen oportuno para mantener

su capacidad de asumir nuevos servicios armados de seguridad privada en cualquier

momento.

    1. Los vigilantes de seguridad y los guardas rurales que presten servicios con

armas deberán realizar un ejercicio de tiro obligatorio al semestre y los escoltas privados

al trimestre, sin que pueda transcurrir, entre dos ejercicios sucesivos, más de dos meses

del plazo establecido en cada caso.

Aquellos vigilantes, escoltas privados o guardias rurales cuya licencia de armas de

encuentre depositada en la Intervención de Armas y Explosivos por no prestar servicio

armado, deberán realizar un ejercicio de tiro con resultado positivo previamente a la

prestación de nuevos servicios con armas.

    1. El adiestramiento en el manejo de las armas y la dirección de los ejercicios de

tiro obligatorios del personal de seguridad privada correrá a cargo de instructores de tiro .

La obtención de la aptitud como instructor de tiro requerirá la superación de las

pruebas que se determinen por la Dirección General de la Guardia Civil, que habilitará a

los calificados aptos que se encuentren en posesión de todos los requisitos exigidos,

para el ejercicio de esta función.

Esta habilitación, que será inscrita en el Registro Nacional, será bastante para la

acreditación como profesor de armamento en los centros de formación del personal de

seguridad privada.

    1. Si fuere necesario, para la realización de los ejercicios de tiro del personal de

seguridad privada, que no tuviesen asignadas armas para la prestación de sus servicios,

éstas se trasladarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior.

CAPÍTULO V Ejercicio del derecho de huelga

Artículo 116. Consideración de servicios esenciales.

    1. De acuerdo con el artículo 8.6 de la Ley, podrán decretarse servicios mínimos,

respecto de los de seguridad privada que se declaren esenciales por la autoridad pública

competente, en los siguientes supuestos:

    1. a) Los relativos a la prestación de servicios de seguridad privada de vigilancia y

protección:

1.º En infraestructuras críticas o instalaciones que den soporte a servicios

esenciales.

2.º En centrales nucleares, en petroquímicas, refinerías y depósitos de

combustibles.

3.º En actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de

materias inflamables.

4.º En fábricas de armas de fuego, de cartuchería metálica, de explosivos, de

artículos pirotécnicos y en sus almacenamientos.

5.º En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.

6.º En transportes públicos y en puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

7.º En centros de telecomunicaciones.

8.º En centros y sedes de medios de comunicación social.

9.º En hospitales, juzgados y tribunales.

10.º En entidades financieras, de ahorro y de crédito.

11.º En dependencias de las administraciones públicas que, por la relevancia del

servicio, por la afección de éste a los derechos y libertades de los ciudadanos o por el

potencial riesgo que comporta su actividad, disponen, de forma permanente o habitual, de

un servicio de seguridad privada prestado, principal o exclusivamente, por empresas de

seguridad privada.

    1. b) En actividades de seguridad privada de depósito, custodia, recuento y

clasificación de monedas y billetes, así como en las de transporte y distribución de los

mismos.

    1. c) En los servicios de seguridad privada de acompañamiento, defensa y

protección personal a autoridades, cargos públicos y otras personas de especial

relevancia.

En los servicios de seguridad privada que se presten en centrales receptoras de

alarmas.

    1. Igualmente, también podrán decretarse servicios mínimos en todos aquellos

establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad privada

se haya impuesto con carácter obligatorio, , siempre que estos servicios se realicen en

alguno de los lugares señalados en el apartado anterior.

Artículo 117. Determinación de servicios mínimos.

    1. El Secretario de Estado de Seguridad, para supuestos supracomunitarios, o los

Delegados del Gobierno, cuando el ámbito territorial de la huelga sea autonómico o

inferior, o la autoridad autonómica competente, cuando la huelga afecte, exclusivamente,

a comunidades autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y

para el mantenimiento del orden público y tengan asumidas efectivamente las

competencias en materia de seguridad privada, determinarán, mediante resolución

motivada, respecto a los servicios declarados esenciales u obligatorios en el artículo

anterior, el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los mismos que

deberá desarrollar su actividad durante la huelga.

    1. La determinación concreta del personal de seguridad privada que preste los

servicios mínimos, corresponderá a los empresarios, previa audiencia de los

correspondientes comités de huelga.

Artículo 118. Garantías de seguridad y mantenimiento de los servicios esenciales.

    1. Durante el desarrollo de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las

personas, de las instalaciones y del material, asegurándose, además, por el comité de

huelga que, a la finalización de ésta, los distintos centros y servicios se encuentren en

situación de funcionamiento normal.

    1. Los servicios esenciales u obligatorios recogidos en el artículo 116 no podrán ser

perturbados por alteraciones o paros del personal de seguridad privada designado para la

prestación de los servicios mínimos. Caso de producirse, serán considerados ilegales y

quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad,

TÍTULO VI Servicios de seguridad privada

CAPÍTULO I Disposiciones comunes

Artículo 119. Adecuación de los servicios de seguridad privada a los riesgos.

    1. Antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad privada, se

deberá determinar su adecuación a los riesgos de seguridad de las personas y bienes

protegidos, así como del personal de seguridad privada que lo preste. A este fin, deberá

realizarse previamente un análisis de riesgos.

    1. Cuando los servicios de seguridad privada se presten a una empresa o entidad

que disponga de director de seguridad, la adecuación de los servicios de seguridad

privada a los riesgos, establecida en el apartado anterior, será de su competencia.

    1. De no existir director de seguridad en la empresa contratante, el análisis de

riesgos corresponderá al prestador, que lo integrará en un plan o proyecto de seguridad

específico para el servicio, confeccionado conforme a la metodología establecida en el

anexo VII, que se dará a conocer al cliente informándole en todo caso del riesgo residual.

Este documento acompañará a la copia del contrato de servicio de seguridad privada y

deberá obrar en la sede o delegación de la empresa de seguridad privada.

Artículo 120. Garantía de seguridad y deber de sigilo.

    1. La prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes a las

actividades de seguridad privada referidas en el artículo 5.1 de la Ley, deberá realizarse

observando las debidas garantías de seguridad y reserva, especialmente en lo que

respecta a su programación, itinerario, claves y datos personales de clientes y usuarios.

    1. El deber de sigilo no alcanzará a las comunicaciones debidas a las autoridades

competentes en materia de seguridad privada ni a las necesidades de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 121. Comunicación entre la sede de la empresa de seguridad privada y el

personal de seguridad privada.

    1. Las empresas de seguridad privada deberán asegurar la asistencia operativa de

su personal de seguridad privada, mediante la instalación de sistemas que permitan la

comunicación permanente y eficaz entre sus órganos de apoyo operativo y el personal de

seguridad privada que lleve a cabo los servicios de seguridad privada.

    1. Los equipos de comunicación que se utilicen, ya sean fijos, portátiles o móviles,

deberán proporcionar enlace y cobertura permanente al personal de seguridad privada

operativo, entre sí y con la sede o delegaciones de la empresa de seguridad privada, o

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante situaciones de incidencias o emergencias

que puedan tener lugar con motivo del desempeño de sus funciones en los servicios de

seguridad privada que se presten. Igualmente, tales equipos, que estarán dotados de

dispositivos de encriptación cuando así se determine en este reglamento, habrán de

responder adecuadamente a las necesidades de movilidad de dicho personal.

Artículo 122. Autorización de servicios de seguridad privada.

    1. La autorización de los servicios de seguridad privada que lo requieran, deberá

ser solicitada por la empresa de seguridad privada encargada de la prestación de los

mismos o, en su caso, a través del departamento de seguridad, con la conformidad de la

persona o entidad contratante del mismo, o por los propios guardas rurales cuando no se

encuentren integrados en empresas de seguridad privada.

Cuando se trate de servicios de seguridad privada a prestarse por más de una

empresa de seguridad privada a un mismo contratante, y éste cuente con departamento

de seguridad, la solicitud de autorización será realizada por el director de seguridad de

éste.

    1. La solicitud de autorización se dirigirá a la Delegación o Subdelegación del

Gobierno correspondiente o al órgano de la Dirección General de la Policía o de la

Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica funcional, o,

en su caso, al órgano autonómico competente.

    1. En la solicitud de autorización del servicio de seguridad privada, se

cumplimentarán, al menos, los siguientes extremos:

    1. a) Los datos de la persona o entidad interesada en la contratación de los

servicios de seguridad privada.

    1. b) Los datos correspondientes a las personas, bienes o lugares objeto de

protección.

    1. c) Los datos o informes que se consideren pertinentes para motivar la

necesidad de la prestación del servicio de seguridad privada.

    1. d) El número concreto del personal de seguridad privada encargado de la

prestación del servicio de seguridad privada.

    1. e) La forma prevista para el desarrollo del servicio de seguridad privada,

especificando la vigencia, fecha de inicio y, en su caso, de finalización, horario de

prestación y si el mismo se realizará con o sin armas de fuego, con animales o vehículos.

    1. f) El plan de seguridad previsto o el protocolo de actuación al que se ajustará

la prestación del servicio de seguridad privada, especificando la adecuación de los

servicios a los riesgos en relación con el personal de seguridad privada que los preste, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.

    1. El procedimiento se tramitará en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contardesde que hubiera tenido entrada, en el registro del órgano competente para ello, lasolicitud pertinente, salvo que la documentación que se adjunte a la solicitud no se ajustea los requisitos exigidos en este artículo, o no venga acompañada del justificante del pagode la tasa correspondiente, en cuyos casos quedará suspendido hasta que se subsanenlas anomalías observadas, o se complete la documentación a presentar. A tales efectos,se otorgará un plazo de diez días, transcurrido el cual, sin haberse cumplimentado elrequerimiento de que se trate, se archivará, sin más, el procedimiento.
      1. La autoridad, a quien corresponda la autorización podrá recabar un informe de

      los órganos policiales competentes, para motivar su resolución.

      1. La resolución adoptada por la autoridad competente se ajustará, al menos, al

      siguiente contenido:

      1. a) Los antecedentes relativos a la solicitud del servicio de seguridad privada.
      1. b) La normativa que resulte de aplicación en cada caso.
      2. c) La fundamentación que motive la decisión adoptada.
      3. d) El plazo de vigencia de la misma o, en su caso, si se otorga por tiempo

      indefinido.

      1. e) El número de personas de seguridad privada encargado de su realización, el

      lugar, horario y ámbito territorial de prestación, y si se realizará con o sin armas de fuego.

      1. f) Los posibles condicionantes a que se somete su forma de prestación.

      Una misma resolución podrá contener la autorización de varios servicios de

      seguridad privada, siempre que la autoridad competente considere que existe entre ellos

      una conexión o identidad de razón para alcanzar la finalidad de seguridad pretendida.

      1. Podrá concederse una autorización provisional para la prestación del servicio de

      seguridad privada pretendido, por el tiempo imprescindible hasta que se pueda adoptar la

      resolución definitiva por la autoridad competente, cuando, con base en la solicitud e

      información presentada, resultara necesario, teniendo en cuenta las circunstancias y

      urgencia del caso. Estas autorizaciones provisionales serán expedidas por el titular del

      órgano policial competente para la tramitación del expediente de autorización del servicio

      de seguridad privada.

      1. Cualquier posible modificación que pretenda introducirse o que se produzca en

      relación con la autorización otorgada, incluido el cambio de empresa de seguridad privada

      prestadora del servicio, así como si se dejase de prestar el mismo, deberá ser

      comunicado al órgano de control en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se

      haya producido la modificación, y requerirá, en su caso, la solicitud de una nueva

      autorización y la consiguiente resolución por parte de la autoridad competente, con

      arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores.

      CAPÍTULO II Servicios de seguridad privada armados

      Artículo 123. Servicios de seguridad privada con armas de fuego.

      1. De acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley, se prestarán obligatoriamente con

      armas de fuego los siguientes servicios de seguridad privada:

      1. a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación,

      transporte y distribución de dinero, valores, obras de arte, joyas y demás objetos valiosos,

      contemplados en los capítulos V y VI de este título.

      1. b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas,

      cartuchería metálica, explosivos y artículos pirotécnicos, de acuerdo con los planes de

      seguridad aprobados por el órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

      determine su estructura orgánica y funcional, contemplados en los capítulos V y VI de

      este título.

      1. c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que

      naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la

      seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos, contemplados en el artículo

      138, de acuerdo con la autorización otorgada por la Dirección General de la Policía.

      1. d) Los de vigilancia y protección de las siguientes instalaciones:

      1ª. En los centros penitenciarios, cuando así lo considere el Ministerio del

      Interior o, en su caso, la autoridad autonómica competente en materia penitenciaria, en

      función de la necesidad de apoyo del servicio prestado por el cuerpo de seguridad

      competente.

      2ª. En los centros de internamiento de extranjeros, cuando así se considere por

      el Ministerio del Interior, atendiendo a razones de conveniencia o necesidad de apoyo del

      servicio de seguridad prestado por la Policía Nacional.

      3ª. En los establecimientos militares, cuando así lo considere el Ministerio de

      Defensa.

      4ª. En las infraestructuras críticas, cuando así se contemple en los respectivos

      planes de seguridad aprobados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

      5ª. En los edificios o instalaciones de organismos públicos diferentes a los

      contemplados en los párrafos anteriores, cuando lo determinen las autoridades

      responsables de su seguridad.

      1. De acuerdo con el artículo 40.2, podrá autorizarse la prestación de servicios de

      seguridad privada con armas en los siguientes supuestos:

      1. a) Los de vigilancia y protección que se pretendan adoptar en sustitución,

      temporal o definitiva, de una medida de seguridad privada obligatoria, siempre que tal

      sustitución haya sido aceptada por la autoridad competente, previa comunicación de la

      misma.

      1. b) Los de vigilancia y protección, en domicilios privados o lugares de trabajo,

      que se adopten como complemento, refuerzo o extensión de la autorización preceptiva de

      servicios de seguridad privada de protección personal, previa comunicación y aceptación

      de tal circunstancia a la autoridad competente.

      1. c) Los de vigilancia y protección en fábricas, depósitos, industrias o

      establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la legislación de actividades

      clasificadas, por manipulación, utilización o producción de materias o sustancias de esta

      naturaleza, así como su transporte.

      1. d) Cuando lo soliciten sujetos obligados al cumplimiento de medidas de

      seguridad privada, como complemento, refuerzo o extensión de las mismas.

      1. e) Cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal de seguridad

      privada que los presta, atendiendo a la naturaleza del servicio, al objeto de la protección o

      a otras circunstancias que incidan en aquélla, especialmente en los servicios de

      verificación personal de alarmas.

      En otros supuestos no específicamente contemplados, en los que también puedan

      resultar apreciables circunstancias de riesgo similares a las establecidas en este

      apartado.

      1. En los supuestos del apartado anterior las empresas, organismos, particulares o

      entidades titulares de los establecimientos o inmuebles solicitarán autorización para

      prestar el servicio de seguridad privada con armas a la autoridad competente,

      especificando el tipo de armas a emplear y justificando las circunstancias, de localización,

      valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo o peligrosidad, nocturnidad u

      otras de análoga significación, que, a su juicio, motivan la solicitud. Para la autorización

      será preciso el informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil cuando las

      armas o medios de defensa con consideración de armas no estén contemplados en este

      reglamento.

      1. En los contratos de seguridad privada y, en su caso, en las correspondientes

      autorizaciones de servicios de seguridad privada con armas de fuego, deberá expresarse

      el número concreto de personal de seguridad privada que vaya a prestar cada tipo de

      servicio y el número y tipo de armas empleadas en cada uno de dichos servicios.

      Artículo 124. Armas de fuego de servicio.

      1. De acuerdo con el artículo 40.4 de la Ley, , las armas de fuego reglamentarias

      para prestar cada tipo de servicio de seguridad privada, serán:

      1. a) Para los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección, a cargo de

      vigilantes de seguridad, el revólver de calibre .38 Special de cuatro pulgadas.

      1. b) Para los servicios de seguridad privada específicos correspondientes a los

      guardas rurales y sus especialidades, el arma larga rayada de repetición, concebida para

      usar con cartuchería metálica apta para su utilización con arma corta, de calibre 6,35,

      7,65, 9 mm. corto, 9 mm parabellum, o 9 mm largo para vigilancia y guardería.

      1. c) Para los servicios de seguridad privada de depósito o de transportes de

      seguridad o de protección de dichos transportes, a cargo de vigilantes de seguridad o, en

      su caso, de vigilantes de explosivos, el revólver calibre .38 Special de cuatro pulgadas,

      pudiendo disponerse de la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12

      postas comprendidos en un taco contenedor.

      Para los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en buques

      mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las

      que exista grave peligro para la seguridad de las personas o de los bienes, el personal de

      seguridad privada que los preste podrán utilizar, además del revólver del calibre .38

      Special de cuatro pulgadas y la escopeta larga del calibre 12/70, las siguientes armas: 1º

      Armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros que utilicen munición con

      vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde en el mismo lugar.

      2º Armas de fuego que utilicen la siguiente munición:

      1. 5,45 x 39,5.
      2. 5,56 x 45 (o su equivalente 223).

      iii. 7,62 x 39.

      1. 7,62 x 51 NATO
            1. d) Hombros: El hombro de la mano que empuña retrasado respecto al otro.
            2. e) Brazos: El brazo que empuña debe estar estirado, pero no rígido. Una ligera flexión en el codo
              1. c) Tronco: Erecto y girado hacia la mano que empuña, siendo paralelas las líneas de cadera y
                1. b) Piernas: Estiradas, pero no rígidas. El peso del cuerpo debe repartirse por igual entre ambas
                  1. a) Pies: Deben tener una separación no superior a la anchura de los hombros. El pie de la mano
                        1. La acreditación de instructor de tiro de personal de seguridad privada, que deberá llevarse consigo en elj) Posición de «arma alertada»: Posición de partida en arma larga (escopeta), arma inclinada 45º haciaTiro de puntería: posición Weaver: Es una posición ideada para utilizar partiendo de arma montada en laera otro tipo de arma de fuego, la empresa de

                          posesión de la titulación teórico-práctica necesaria para dirigir el ejercicio de tiro del personal profesional militar y

                          policial.

                          1. Será requisito indispensable para acceder a las pruebas de instructor de tiro y obtener la correspondiente

                          habilitación estar en posesión de la licencia de armas “A”, “B”, “C” o “F”.

                          1. Tras la superación de las pruebas, y a instancia del interesado, se expedirá la correspondiente acreditación que

                          habilitará para el ejercicio de las funciones de instructor de tiro del personal de seguridad privada. Tendrá un

                          periodo de validez de diez años, a contar desde la fecha de su expedición.

                          1. La acreditación de instructor de tiro de personal de seguridad privada tendrá las características que se

                          determinan en el Capítulo XIV del presente Título.

                          1. La habilitación estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. En

                          particular, podrá entenderse extinguida atendiendo a los criterios establecidos en normativa de armas para la

                          revocación de la licencia de armas y, asimismo, podrá ser suspendida cautelarmente cuando, a juicio del personal

                          de la Guardia Civil que realiza las labores de supervisión, los interesados no lleven a cabo su labor con suficiente

                          competencia y cuando incumplan las normas de realización de los ejercicios o falseen las puntuaciones

                          obtenidas. Esta medida cautelar se comunicará al Jefe de Comandancia, quien acordará motivadamente, su

                          levantamiento, el inicio de un procedimiento de suspensión temporal de la misma por un periodo máximo de tres

                          meses, o bien un procedimiento de extinción de la habilitación.

                          1. Los correspondientes procedimientos instruidos al efecto serán resueltos por el Jefe de la Comandancia.
                          2. La incoación de dichos expedientes podrá incorporar la medida cautelar de retirada de la autorización de

                          Instructor de Tiro de personal de seguridad privada y la práctica de cuantas medidas sean necesarias para

                          impedir el efectivo ejercicio de la profesión durante su tramitación. Dicha medida cautelar de retirada de la

                          autorización será comunicada a las empresas de seguridad privada a las que pertenezcan o hubieren contratado

                          sus servicios o a los centros de formación del personal de seguridad privada.

                          1. En los casos de extinción de la habilitación de instructor de tiro, por falsear o permitir falsear, total o

                          parcialmente, los datos, los resultados de la realización de los ejercicios o las puntuaciones obtenidas, deberá

                          transcurrir un plazo de tres desde que la resolución adquiera firmeza en vía administrativa para volver a solicitar

                          una nueva autorización.

                          1. Durante el ejercicio de sus funciones, los instructores de tiro de personal de seguridad privada deberán contar

                          con un contrato de seguro de responsabilidad civil, suscrito por el propio instructor o, en su caso, por la empresa

                          en la que presta sus servicios, en garantía de su actividad, con una cuantía mínima de 100.000 euros por

                          siniestro y ello, sin perjuicio de asegurar cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar conforme a la

                          legislación civil y, en su caso, penal.

                          1. El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil territorialmente competente, que tenga conocimiento de la

                          pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la habilitación, previo los informes de los

                          supervisores, iniciará procedimiento de pérdida de vigencia de ésta. ejercicio de su función y ser exhibida cuando así sea requerido por los supervisores de la Guardia Civil, permite a

                        sus titulares, en los lugares destinados a ello, la utilización eventual de cualesquiera de las armas utilizadas para

                        los ejercicios, exclusivamente a efectos de comprobación de su buen estado de funcionamiento, adiestramiento

                        de tiradores y realización de las pruebas de aptitud y formación, independientemente de la licencia de armas de la

                        que sean titulares.

                        1. La función del instructor de tiro de personal de seguridad privada, que será contratado por las empresas de

                        seguridad privada, o por la persona física o jurídica contratante de los guardas rurales, o por el propio guarda, en

                        el supuesto que desarrolle su función por cuenta propia, o por los centros de formación del personal de seguridad

                        privada, será dirigir las prácticas y el perfeccionamiento en el manejo de las armas del personal de seguridad

                        privada, comprobar que se realizan los ejercicios con arreglo a las normas, atendiendo las interrupciones que se

                        produzcan, comprobar y anotar los resultados y, en general, todo lo que implique el buen desarrollo de los

                        ejercicios de tiro.

                        1. Con objeto de poder llevar a cabo esa función de control, las empresas de seguridad privada, la persona física

                        o jurídica de las que dependan los guardas rurales y, en su caso, los guardas que desarrollen su función por

                        cuenta propia, así como los centros de formación de formación del personal de seguridad privada, deberán

                        nombrar para los ejercicios de tiro un instructor por cada grupo de quince tiradores o fracción, que será

                        comunicado previamente a la realización del ejercicio de tiro a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil

                        correspondiente.

                        1. Las líneas de tiro tendrán como máximo treinta tiradores, realizando la función de director de tiro cualquiera

                        de los instructores encargados de cada grupo, sin que por ello abandone las funciones propias de éste.

                        1. Cuando en una línea de tiro coincida personal de distintas empresas de seguridad privada, las funciones de

                        director de tiro se prestarán por turno entre los instructores.

                        1. Sin perjuicio de la limitación de hombres por línea de tiro, cuando los medios y dimensiones del campo lo

                        permitan, podrán formarse tantas líneas como se considere conveniente, actuando cada una de ellas con su

                        director de tiro e instructores correspondientes.

                        1. Los centros de formación del personal de seguridad privada, las empresas de seguridad privada y los guardas

                        rurales, en su caso, facilitarán a los instructores de tiro del personal de seguridad privada, relación por duplicado

                        del personal asistente, utilizando cualquier formato que permita dejar constancia de los tiradores y resultados. Los

                        instructores de tiro anotarán las puntuaciones obtenidas y una de las copias se entregará en mano si estuviese

                        presente o en caso contrario por medio del Jefe de Seguridad de la empresa, al personal supervisor de la Guardia

                        Civil; la otra copia se entregará al Jefe de Seguridad para la anotación de los resultados en la cartilla de tiro y, en

                        su caso, a los Guardas Rurales no integrados en empresas de seguridad.

                        1. Asimismo, en los ejercicios calificatorios, confeccionarán una relación de las armas sin adjudicar para anotar

                        los resultados de las pruebas de fuego, entregándole una copia al supervisor de la Guardia Civil.

                        CAPÍTULO IV Pruebas para la obtención de la licencia de armas “C”

                        1. Armas a emplear en las pruebas y habilitación para el uso de otras armas.

                        1.1 Las pruebas para la obtención de licencia de armas “C” se llevarán a cabo con el tipo de arma de fuego

                        determinada para cada especialidad de personal de seguridad privada que posean los aspirantes a la

                        misma. La superación de las pruebas sólo autorizará al titular de la licencia de armas “C” el uso de dichas

                        armas, y así se hará constar en la licencia que se expida.

                        1.2 La utilización de otra clase de arma de fuego reglamentada distinta a la autorizada por razón de su

                        especialidad del personal de seguridad privada, exigirá su habilitación previa, mediante la superación de

                        las pruebas prácticas que se regulan en el siguiente apartado para el tipo de arma de fuego que se trate.

                        Estas pruebas prácticas de una segunda y sucesivas armas podrán realizarse con ocasión de la prueba

                        práctica para la obtención de la licencia de armas “C”, de acuerdo con la titulación de seguridad privada

                        desde la que se opte, o bien posteriormente, pero antes del inicio de cualquier servicio con un arma de

                        fuego no empleada para obtener la licencia de armas “C”.

                        1. Requisitos y tipos de pruebas.

                        2.1 Condiciones generales:

                        1. a) Tendrán lugar con la periodicidad que requieran las circunstancias, y por lo menos una vez al

                        mes, siempre que haya aspirantes, en las cabeceras de las Comandancias de la Guardia Civil y

                        en el lugar que los Jefes de éstas designen.

                        1. b) Como quiera que para la obtención de la licencia de armas “C”, deberán los aspirantes acreditar

                        su condición de vigilante de seguridad, escolta privado o guarda rural, las empresas de seguridad privada, los centros de formación del personal de seguridad privada, o las entidades u

                        organismos en que presten sus servicios, serán los encargados de facilitarles las armas y

                        municiones necesarias para su formación y examen de obtención de dicha licencia. El guarda

                        rural que desarrolle su función por cuenta propia, deberá presentarse para la obtención de la

                        licencia de armas “C” obligatoriamente a través de un centro de formación del personal de

                        seguridad privada para impartir formación para guardas rurales y sus especialidades.

                        1. c) Constará de dos pruebas eliminatorias por este orden: Prueba teórica y Prueba práctica que se

                        desarrollarán conforme al apéndice II del presente Título.

                        2.2 Prueba teórica.

                        Los Jefes de Comandancia de la Guardia Civil, a propuesta del Interventor de Armas y Explosivos y del

                        Servicio de Armamento de la misma, establecerá para cada convocatoria el contenido concreto de las

                        pruebas teóricas a realizar por los solicitantes de la licencia y que consistirá en un conjunto de veinte

                        preguntas de tipo test en un tiempo máximo de veinte minutos, con tres respuestas por pregunta de las

                        que sólo una será la correcta. La evaluación de esta prueba será positiva si el interesado ha contestado

                        correctamente al menos dieciséis de las veinte preguntas de que conste el ejercicio. Esta prueba teórica será común a todas las armas de fuego que se puedan amparar con la licencia de armas “C”.

                        2.3 Prueba práctica.

                        La prueba práctica tiene por objeto valorar la habilidad para el manejo y utilización de las armas. La

                        misma se realizará en campos, polígonos o galerías de tiro legalmente autorizados, utilizando el

                        aspirante para ello las armas debidamente legalizadas y asignada al servicio de seguridad privada a

                        prestar, por su especialidad.

                        2.4 Resultado de las pruebas.

                        1. a) El resultado de las pruebas se consignará en el acta de la prueba, que a tal fin se redactará por

                        cada convocatoria y se hará público en el lugar de la realización de las pruebas en la cabecera de

                        la Comandancia.

                        1. b) Las actas de las pruebas, teórica y práctica, se depositarán en la Jefatura de la Comandancia, la

                        que comunicará el resultado a los solicitantes, procediendo a expedir las licencias

                        correspondientes a quienes superen ambas pruebas o remitiendo aquéllas al órgano competente

                        para expedirlas.

                        1. c) Se publicarán los listados de solicitantes cuya evaluación de las pruebas teóricas o de las

                        prácticas haya resultado negativa, notificándoles tal circunstancia, señalándose los recursos que

                        pueden presentar, y, si hubieran agotado las tres convocatorias por solicitud de licencia, el

                        archivo del expediente, con devolución de la documentación presentada.

                        2.5 Tribunales.

                        La Comandancia de la Guardia Civil receptora de solicitudes de licencia de armas “C”, dispondrá el

                        nombramiento de un tribunal, presidido por el Jefe de la misma, que examinará a los aspirantes de los

                        conocimientos teórico-prácticos.

                        2.6 Dirección de los ejercicios de tiro.

                        A los exámenes de los aspirantes será obligatoria la asistencia de instructores de tiro de personal de

                        seguridad privada.

                        2.7 Pruebas para habilitaciones de distintas armas de fuego.

                        Coincidiendo con estas pruebas de obtención de la licencia de armas “C”, se llevarán a cabo las pruebas

                        prácticas para obtener la habilitación para un segundo o sucesivo tipo de armas reglamentadas para

                        seguridad privada cumpliendo en su caso, con el requisito de la titulación de seguridad privada previa.

                        2.8 Normas supletorias.

                        Los aspectos no determinados en los apartados anteriores, se regirán conforme a la Orden del Ministerio

                        del Interior de 18 de marzo de 1998, por la que se regulan las pruebas de capacitación para obtener

                        determinadas licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades dedicadas a la

                        enseñanza correspondiente, la Resolución de 19 de octubre de 1998, de la Dirección General de la

                        Guardia Civil, por la que se dictan instrucciones para la ejecución de la Orden Ministerial antes citada y la

                        Circular de dicho centro directivo número 5, de 21 de junio de 1999, sobre instrucciones complementarias

                        para la realización de dichas pruebas.

                        1. Cartillas de tiro.

                        3.1 Al concederse la licencia de armas al personal de seguridad privada, se entregará también la cartilla de

                        tiro, según el modelo establecido en el Título V del Anexo VI, debidamente diligenciada, que será personal

                        e intransferible. Estará en poder de la empresa de seguridad privada, de la persona física o jurídica de las

                        que dependan los guardas rurales, o de los guardas cuando desarrollen su función por cuenta propia.

                        3.2 Los jefes de seguridad anotarán en las cartillas de tiro los resultados obtenidos por los vigilantes, escoltas

                        privados y, en su caso, guardas, que habrán recibido de los instructores de tiro, en las relaciones de

                        participantes, remitiéndolas en el plazo máximo de diez días al supervisor de la Guardia Civil para que les

                        sea estampado el visto bueno.

                        3.3 La cartilla de tiro de los guardas rurales y sus especialidades, no integrados en empresas de seguridad

                        privada, será cumplimentada por las personas físicas o jurídicas contratantes del guarda rural o por el

                        propio guarda cuando desarrolle su función por cuenta propia, remitiéndolas en el plazo máximo de diez

                        días al supervisor de la Guardia Civil para que les sea estampado el visto bueno.

                        1. Prácticas de tiro con fuego real a realizar por los centros de formación para la especialización del personal de

                        seguridad privada.

                        4.1 Los centros de formación del personal de seguridad privada podrán impartir cursos de formación

                        especializada en los que se incluyan prácticas de tiro con fuego real de acuerdo con los siguientes

                        requisitos:

                        1. a) Estas pruebas prácticas serán dirigidas obligatoriamente por instructores de tiro de personal de

                        seguridad privada contratados por estos centros.

                        1. b) Los indicados centros deberán comunicar a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil

                        correspondiente, con diez días de antelación a la fecha de la realización práctica del ejercicio de

                        tiro, el lugar, fecha y hora donde se van a desarrollar las citadas prácticas de tiro, así como

                        relación nominativa del personal que van a asistir (nombre, apellidos, número de tarjeta) y el

                        instructor de tiro de personal de seguridad privada habilitado que dirigirá el ejercicio.

                        1. c) Estos centros entregarán, al instructor de tiro habilitado que dirija el ejercicio, una ficha de clase

                        práctica de tiro, creada al efecto por cada centro, para su cumplimentación.

                        En esta ficha figurarán los datos del centro, el tipo de arma utilizada, el nombre del instructor que

                        dirigirá el ejercicio, así como la fecha y hora de la clase práctica de tiro, el personal que lo realiza

                        y estará obligado a exhibirla siempre que el supervisor de tiro lo requiera. Una vez realizado el

                        ejercicio, será firmada, tanto por el alumno como por el instructor y éste hará entrega de la

                        misma al Centro de Formación que le hubiese contratado.

                        Las fichas de clase práctica de tiro se deberán custodiar y conservar en el centro a disposición

                        de las Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad inspectoras.

                        4.2 Queda a criterio de los centros de formación del personal de seguridad privada, la posibilidad de utilizar

                        simuladores para mejorar la instrucción de los alumnos que tendrá carácter complementario a las

                        prácticas con fuego real.

                        CAPÍTULO V Habilitación y ejercicios de tiro con armas de guerra

                        La habilitación y los ejercicios de tiro con armas de guerra del personal de seguridad privada que los utilice para

                        su servicio se realizarán de conformidad con lo establecido en la orden de los Ministros de Defensa e Interior a

                        que se refiere el artículo 138.5.

                        CAPÍTULO VI Identificación de las armas autorizadas por las licencias de armas “C”

                        En las licencias de armas “C”, se expresará con las siguientes letras las armas de fuego cuya tenencia y uso se

                        autoriza:

                        1. a) R – Revolver.
                        2. b) ESC – Escopeta.
                        3. c) CAB/R – Carabina – Rifle
                        4. d) P – Pistola semiautomática.

                        CAPÍTULO VII Material y gastos

                        Todos los costes para la realización de los ejercicios de tiro, materiales (cartillas de tiro del personal de seguridad

                        privada, siluetas, soportes, parches, etc.) así como el alquiler de los polígonos, campos o galerías de tiro, seguros

                        de responsabilidad civil, asistencia sanitaria y cualquier otro, correrán a cargo y serán gestionados por las

                        empresas de seguridad privada, o por los centros de formación del personal de seguridad privada, o por la

                        persona física o jurídica de las que dependan los guardas rurales o por los guardas cuando desarrollen su función

                        por cuenta propia.

                        CAPÍTULO VIII Reconocimiento de habilitación para tenencia y uso de una segunda y sucesivas armas al

                        personal de seguridad privada que hubiera prestado servicio con las mismas.

                        El personal de seguridad privada con licencia de armas “C” que, a la entrada en vigor del presente reglamento,

                        hubiera prestado servicio con armas de fuego diferentes a la específicamente determinada para su especialidad

                        de seguridad privada, se les reconocerá la habilitación para el empleo de ellas. A este fin las empresas de

                        seguridad privada emitirán el oportuno certificado acreditativo.

                        CAPÍTULO IX Normas generales de ejecución de los ejercicios de tiro

                        Las normas que a continuación se expresan no son una descripción exhaustiva de todos los aspectos que

                        abarcan un ejercicio de tiro. Son simplemente una somera exposición de elementales medidas a seguir para la

                        seguridad de los intervinientes en los ejercicios de tiro y que, por otra parte, deben ser conocidas por los

                        instructores de tiro de personal de seguridad privada habilitados con competencia para dirigir prácticas de tiro.

                        Para facilitar la comprensión de las normas generales de ejecución de los ejercicios, a continuación, se definen

                        algunos de los conceptos más utilizados.

                        1. a) Línea de blancos: La que forman las siluetas.
                        2. b) Línea de tiro: La que forman los tiradores.
                        3. c) Distancia de tiro o simplemente distancia: La existente entre la línea de tiro y la de blancos.
                        4. d) Ordenes de tiro: Todas aquellas instrucciones, voces o señales que los instructores o directores de

                        tiro expresan para mandar o coordinar los ejercicios de tiro.

                        1. e) Serie de disparos o «serie»: Número de disparos que se efectúan de forma ininterrumpida, sin variar

                        las situaciones de tiradores y blancos, y sin órdenes o instrucciones intermedias del director de tiro.

                        1. f) Tiempo de ejecución o «Tiempo»: El que se designe para realizar cada serie.
                        2. g) Posición de partida: Posición previa al momento de iniciar el fuego. Se utiliza normalmente para

                        unificar movimientos en los entrenamientos, comprobación de las armas, acción de cargar y

                        descargar, etc.

                        1. h) Posición de partida «de guardia baja» (arma corta): Posición en la que el tirador, enfrentado al

                        blanco, empuña el arma apuntando al suelo y con el brazo en un ángulo aproximado de 45º respecto a la vertical del cuerpo.

                        1. i) Posición de «prevengan»: Posición de partida en arma larga (carabina y escopeta). Simplificando,

                        esta posición consiste en que el tirador, enfrentado al blanco, sostiene con ambas manos por delante del pecho, paralela al plano del cuerpo, inclinada unos 45º respecto a la vertical y con el cañón hacia arriba. adelante a fin de evitar la incidencia de disparos fortuitos. Pies: Separados a la altura de los hombros. Piernas: flexionadas ligeramente. Hombros: Rectos, encajando el arma en la cuna del hombro. Brazos y manos: Brazo fuerte doblado por el codo, cogiendo con su mano correspondiente el pistolete. Brazo débil cogiendo con su mano la caña del guardamanos. Vista: Dirigida al frente.

                      Posiciones de tiro con arma corta funda, y asegurada en caso de que no fuera un arma de doble acción. Debido a la prohibición de llevar cartucho en recámara de modo permanente, en armas que no sean de doble acción, se utilizará un procedimiento para montar el arma después de desenfundar.

                    Descripción de la posición: que empuña está ligeramente retrasado con respecto al otro, pero de tal forma que la puntera no quede más retrasada que el talón del otro pie. Este pie debe estar ligeramente girado respecto a la línea que lo une con el blanco para ganar estabilidad. El pie de la mano que no empuña está dirigido hacia el blanco y al igual que el anterior, totalmente apoyado en el suelo. extremidades. Se permite que la pierna de la mano que no empuña esté ligeramente flexionada, pero sin llegar al extremo de que el peso del cuerpo quede sobre la pierna atrasada ni que carguemos el peso del cuerpo sobre la pierna adelantada quedando en una posición de caza. hombros. puede darnos una posición que nos permita aprovechar su potencia y darnos flexibilidad. Este brazo empuja el arma hacia delante, quedando el mismo en igual altura que el hombro.

                    1. Tiro puntería: posición de tendido:

                    Descripción de la posición:

                    1. a) Pies: El correspondiente a la mano que empuña estará en su posición natural con respecto a la

                    posición de la pierna, apoyando la cara interna del mismo en el suelo, sin sobresalir más de lo que

                    lo hace la rodilla.

                    El pie del lado de la mano que no empuña estará naturalmente apoyado en el suelo con relación a

                    la posición de la pierna, puntera metida hacia adentro y apoyado en la cara externa.

                    1. b) Piernas: La correspondiente a la mano que empuña estará semiflexionada y apoyada en el suelo

                    por la cara interna de la misma, con la pantorrilla recogida, sin sobresalir con respecto al frente más

                    de lo que lo hace la rodilla: facilita la elevación del tronco en esa parte, favorece la respiración y

                    tiene mayor comodidad.

                    La pierna del lado contrario al de la mano que empuña estará estirada de forma natural en

                    prolongación del cuerpo.

                    1. c) Tronco: Situado oblicuamente respecto al eje del arma, formando de este modo un ángulo de 15ª a

                    30ª. Apoyará los brazos en el suelo y el cuerpo en el lateral del lado de la mano que no empuña.

                    Estará bien encajada la cantonera en el hombro.

                    1. d) Brazos y manos: Doblados los brazos por los codos, apoyándose éstos en el suelo, ejerciendo de

                    bípode, el brazo que no empuña sujeta el arma con la mano correspondiente por delante del

                    alojamiento del cargador, y el brazo que empuña sostiene el arma, y con su mano correspondiente

                    descansa sobre el pistolete sin aferrarse a él, dejando el dedo índice independiente para hacer

                    presión en el disparador, evitando crear tensiones en el brazo.

                    1. e) Cabeza: Apoyada la mejilla en el estrechamiento de la culata, de forma que la vista quede entre 7 y

                    10 cm. del alza.

                    Normas de ejecución

                    Con carácter general, todo el personal que intervenga en el ejercicio de tiro utilizará correctamente los medios y

                    equipos de protección individual o colectiva facilitados por sus empresas, centros de formación autorizados, o

                    aportados por los guardas rurales.

                    Se prohíbe la utilización durante el desarrollo del ejercicio o prácticas de tiro de dispositivos de telefonía móvil o

                    de cualquier otro medio o sistema de comunicación.

                    Armas cortas

                    Situados los tiradores en la línea de tiro, los instructores de tiro de personal de seguridad privada ordenarán

                    adoptar la posición de guardia baja, descargar las armas y comprobar las recámaras.

                    En esta posición examinará las armas e indicará algunos ejercicios de tiro simulado para comprobar la soltura y

                    destreza en el manejo de ellas.

                    Finalizada esta fase, ordenará cargar las armas con el número de cartuchos de prueba y devolverlas a las

                    fundas, para una vez toda la línea esté en esta situación iniciar el ejercicio propiamente dicho.

                    Para iniciar el ejercicio, el director de tiro dará la orden de prepararse para hacer fuego. Al recibirla, los tiradores

                    extraerán el arma de la funda y se situarán en posición de guardia baja y disponiendo las armas para hacer

                    fuego (montándolas, retirando los seguros, etc.).

                    Pasado un tiempo prudencial, y siempre observando si los tiradores están preparados, el director de tiro

                    anunciará, describiéndolo, el ejercicio que se va a hacer. Esta descripción incluirá si es prueba o serie de

                    puntuación (con el ordinal correspondiente), número de disparos, distancia, tiempo disponible y número de

                    siluetas. A continuación, dará la orden de fuego verbalmente o con señal acústica (o de otro tipo) convenida

                    previamente.

                    Al recibir la orden, los tiradores levantarán el arma y dispararán los cartuchos correspondientes a la serie, en el

                    tiempo indicado.

                    Los tiempos de fuego podrán ser limitados con blancos móviles o con voces o señales acústicas (o de otro tipo)

                    convenidas.

                    Finalizada las series, los tiradores volverán de nuevo a la posición de guardia baja. En esta posición el director

                    de tiro dará la orden de cargar los cartuchos necesarios para la serie siguiente y mandará guardar las armas y

                    dirigirse a los blancos, en su caso.

                    Después de la serie de prueba y de las de puntuación, los tiradores se aproximarán a los blancos hasta una

                    distancia que permita la observación de los impactos, pero sin que puedan llegar a tocarlos, hasta que no se dé

                    la orden de parchear.

                    El parcheo se realizará después de que los instructores de tiro de personal de seguridad privada hayan tomado

                    nota de las puntuaciones obtenidas.

                    Respetando las posiciones de partida, guardia baja, distancia de tiro, los tiempos indicados para el fuego en

                    cada ejercicio y el número de cartuchos por serie, el resto de posibilidades tales como posición de tiro,

                    empuñamiento, modalidad (doble o simple acción) etc., son totalmente libres a iniciativa del instructor de tiro o,

                    si éste no indica nada, del tirador.

                    Armas largas

                    Todas las consideraciones expuestas para el arma corta son válidas para el arma larga, excepto:

                    1. a) Posición de guardia baja que será sustituida por la de «prevengan o alertada», en todas las armas

                    largas.

                    1. b) Posición de tiro libre que, en el caso del tiro de escopeta, será la de «a la cazadora, intervención,

                    posición de pie, de rodilla en tierra, de tendido» según corresponda al ejercicio.

                    CAPÍTULO X Pruebas para la obtención de la licencia de armas “C”

                    1. Prueba teórica.

                    Las preguntas versarán sobre el programa siguiente:

                    Tema I:

                     Funcionamiento de las armas propias de la especialidad de seguridad privada con la que se accede

                    al examen:

                    – Vigilantes de seguridad y escoltas privados: Revolver, escopeta y pistola semiautomática.

                    – Guardas Rurales: Carabina.

                     Piezas fundamentales y mecanismos de disparo y seguridad.

                     Conservación y limpieza de las armas.

                     Medidas de seguridad a adoptar en la tenencia de las armas.

                    Tema II:

                     Categoría de las armas según la vigente reglamentación de armas.

                     Armas semiautomáticas, armas de repetición, armas prohibidas.

                    Tema III:

                     Circulación de armas.

                     Transferencia de armas.

                     Revista de armas.

                    Tema IV:

                     Documentación para la tenencia y uso de armas.

                     Condiciones generales para obtención de licencias y Tarjeta Europea de Armas de Fuego.

                     Trámite de las solicitudes.

                    Tema V:

                     Régimen sancionador.

                     Infracciones muy graves, graves y leves.

                     Retirada de las armas.

                    Tema VI:

                     Reparación de armas.

                     Prueba de armas.

                     Depósito de armas.

                    1. Prueba práctica.

                    Dicha prueba consistirá respecto de cada tipo de arma de las especialidades del personal de seguridad privada:

                    1. Acción de cargar el arma.

                    1.1 Valoración positiva: Realización correcta de todos los actos precisos para que el arma quede lista

                    para producir el disparo.

                    1.2 Aspectos negativos, que podrán dar lugar a no resultar apto: No ejecutar de forma correcta todos los

                    actos precisos para que el arma quede lista para producir el disparo. Dirigir la boca de fuego del

                    arma a lugar distinto del de localización de los blancos. Efectuar durante esta acción algún disparo.

                    Colocar durante esta acción el dedo en el disparador.

                    1. Acción de apuntar.

                    2.1 Valoración positiva: Utilización correcta de los órganos visuales y miembros superiores del tirador

                    para obtener la alineación de los elementos de puntería del arma con el blanco y utilización de sus

                    miembros inferiores para obtener una estabilidad suficiente que mantenga durante un tiempo

                    prudencial dicha alineación.

                    2.2 Aspectos negativos, que podrán dar lugar a no resultar apto: No utilizar correctamente los órganos

                    visuales y miembros superiores del tirador para obtener la alineación de los elementos de puntería

                    del arma con el blanco y utilización incorrecta de sus miembros inferiores para obtener una

                    estabilidad suficiente que mantenga durante un tiempo prudencial dicha alineación. Dirigir la boca de

                    fuego del arma a lugar distinto del de colocación de los blancos. Efectuar durante esta acción algún

                    disparo.

                    1. Acción de disparar.

                    Se realizará en la posición de pie y sin apoyo:

                    1. a) Vigilantes de seguridad, guarda rural, escolta privado

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