BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

SEGURIDAD PRIVADA

Preámbulo

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en adelante la Ley), en su

disposición final tercera, encomienda al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior,

dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución

de lo dispuesto en la misma, y concretamente para determinar: los requisitos y

características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación; las

condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad privada y

en la prestación de servicios de esta naturaleza; las características que han de reunir

tanto las medidas de seguridad privada como los medios técnicos y materiales utilizados

en tales actividades y servicios; las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación

del personal de seguridad privada y del personal acreditado, así como el régimen de su

habilitación y acreditación; y los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada

caso, para el desempeño de las distintas funciones.

Por su parte, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana, en su artículo 26, en relación con establecimientos e instalaciones

industriales, comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas,

establece que reglamentariamente en desarrollo de lo dispuesto en dicha ley, en la

legislación de seguridad privada podrá establecerse la necesidad de adoptar medidas de

seguridad privada con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos o

infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean

especialmente vulnerables. Para ello, de la misma manera se habilita al Gobierno, en su

disposición final cuarta, para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas en

orden a su ejecución.

La indudable afinidad de las materias aludidas y la idéntica finalidad de las mismas,

aconsejan desarrollarlas reglamentariamente de forma unitaria, lo que se lleva a cabo

mediante el Reglamento de Seguridad Privada, que se aprueba por este Real Decreto, de

acuerdo con las previsiones contenidas en las mencionadas leyes y en cumplimiento de

los mandatos conferidos o habilitaciones que se han otorgado al Gobierno para ello.

Además de todo lo anterior, se ha dado el oportuno cumplimiento a todas las

remisiones a desarrollo reglamentario contenidas en la citada Ley, procurando conservar,

en la medida de lo posible, actualizado, todo el articulado del Reglamento de Seguridad

Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre que no entraba en

contradicción con ella, una vez subsanadas las lagunas existentes y superados los

desfases producidos por la propia dinámica de la seguridad privada durante los años

transcurridos desde entonces, pero también introduciendo nuevos preceptos que la

realidad ha ido revelando necesarios. .

Asimismo, en atención al espíritu y previsiones de la propia Ley con el Reglamento

de desarrollo de la misma se persigue, entre otros objetivos, aumentar la eficacia en la

prestación de los servicios de seguridad a los que tienen derecho los ciudadanos, con el

consiguiente beneficio para éstos, así como dar respuesta a sus necesidades reales de

seguridad en cada momento.

Este principio de búsqueda de la máxima y mejor seguridad de los ciudadanos trata

de plasmarse en el articulado del Reglamento de Seguridad Privada, de manera que no

se limite u obstaculice, todo el potencial que encierra el nuevo marco jurídico de la

seguridad privada en España.

Igualmente, el texto reglamentario pretende constituirse, al mismo tiempo, en un

instrumento jurídico global que esté al servicio de un sector en permanente evolución y

que, en lógica consecuencia, debe estar dotado de buenos reflejos para evolucionar,

asimismo, de manera que pueda adaptarse continuamente para cumplir las finalidades

fundamentales perseguidas por la seguridad privada y, en parte, también, indirectamente,

por la seguridad pública.

Las consideraciones expuestas anteriormente han sido tenidas en cuenta para la

elaboración de este Reglamento, dando lugar a un texto estructurado, unitario y

sistemático, distribuido en diez títulos, , con un total de doscientos cincuenta y un

artículos, incluyéndose, en su parte final siete anexos.

El Título I (Disposiciones generales), tras definir el objeto, fijar su ámbito de

aplicación y señalar su naturaleza y carácter, establece qué autoridades públicas y

órganos administrativos o policiales son competentes en materia de seguridad privada,

así como las facultades que se les atribuyen, y cuáles son los procedimientos que han de

aplicarse a las actuaciones con trascendencia administrativa.

Como consecuencia de la incorporación de la seguridad privada al sistema público

de seguridad, una de las novedades más importantes derivadas de ello viene dada por el

hecho de que la Secretaría de Estado de Seguridad asume, en el ámbito nacional, todas

aquellas competencias relacionadas con el perfeccionamiento y dirección del sector y su

coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En dicho título cabe destacar, en línea con el favorecimiento de la actividad

económica marcada por la Ley, que, por primera vez, en sede reglamentaria, se

introducen los procedimientos de declaración responsable y de comunicación previa para

el ejercicio de parte o, en su caso, totalmente, de las actuaciones que han de llevar a

cabo los prestadores de servicios, entidades, establecimientos o centros con sujeción al

ámbito de la seguridad privada, pasándose así de una gestión administrativa

monopolística, marcada por la necesidad de la autorización previa, a otra compartida

entre Administración y administrados, más propia de los tiempos actuales y consiguiente

madurez de un sector profesionalizado como es el de la seguridad privada.

Asimismo, en el terreno de los aspectos registrales debe destacarse el hecho de

que se ha procedido a regular la organización y funcionamiento del Registro Nacional de

Seguridad Privada, con carácter unitario para todo el territorio nacional y para cualquier

acto objeto de inscripción o anotación en el mismo, y de acuerdo con el mandato

formulado en la Ley de integrar, en uno solo, los diferentes registros y archivos que

venían funcionando en el ámbito de la gestión de la seguridad privada.

Como novedad, este Registro no se limita al simple ejercicio de competencias

administrativas de orden registral, sino que también asume la función de mantener

permanentemente actualizado un mapa de los servicios privados de seguridad de forma

que se facilite su integración y coordinación con los de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Además, servirá como instrumento de lucha contra las malas prácticas toda

vez que contiene los datos necesarios para que se pongan de manifiesto cualquier tipo de

actuaciones fraudulentas.

En el Título II (Coordinación, colaboración y participación) se ha dado cumplimiento

a las previsiones de la propia Ley, con la configuración del nuevo marco de entendimiento

que ha de presidir las relaciones entre la seguridad pública, representada

fundamentalmente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la seguridad privada,

especialmente por lo que se refiere al intercambio de información, bajo los principios de

coordinación, colaboración y corresponsabilidad.

A tales efectos, en el referido título se han desarrollado las distintas fórmulas de

coordinación y de colaboración profesional en la prestación de los respectivos servicios,

así como de participación institucional y reconocimiento social, junto con la necesaria

cooperación y coordinación interadministrativa, al objeto de mejorar la calidad, eficacia y

eficiencia de los respectivos servicios que se prestan a favor de la preservación de la

seguridad ciudadana y de la lucha contra el delito, así como de dar la oportuna respuesta

a la especial problemática que genera el intrusismo y la competencia desleal en el ámbito

del sector de la seguridad privada.

Dentro de las fórmulas de reconocimiento social que se han establecido en este

título, cabe destacar la introducción del “Día de la Seguridad Privada”, así como la

creación de la ”Orden de Mérito de la Seguridad Privada”, lo que, junto a otros posibles

reconocimientos honoríficos, constituyen claros ejemplos del valor y utilidad social que la

acción profesional de la seguridad privada ha alcanzado en España.

El Título III (Empresas de seguridad privada), se ocupa de los requisitos generales

de autorización inicial que han de reunir las empresas interesadas en desarrollar

actividades de seguridad privada, la inscripción de aquélla en el registro correspondiente,

los procedimientos que deben seguirse para su obtención, así como la modificación o

extinción de la misma y el régimen de funcionamiento empresarial, estableciéndose

cuáles son los deberes generales a los que quedan sometidas, la infraestructura y

logística con la que se ha de contar, cómo han de formalizarse y comunicarse los

contratos de servicios de seguridad privada, qué disposiciones específicas resultan de

aplicación como consecuencia de la realización de determinadas actividades de seguridad

privada, y los requisitos adicionales que han de cumplimentarse en función de la

prestación de determinados servicios de seguridad privada, así como, en su caso, la

ampliación de los mismos o su exención.

Como novedades más importantes que se introducen en este título, destacan la

exigencia requerida a las empresas de seguridad privada de disponer de medidas de

seguridad privada para sus sedes y delegaciones vinculadas con la operativa de

seguridad, como requisito general, el cual solo se contemplaba en una orden ministerial,

así como el sometimiento de las mismas al cumplimiento de otros requisitos en cuanto a

las condiciones de ubicación y uso de las mismas, Otra destacada novedad guarda

relación con el ámbito territorial de actuación de dichas empresas de seguridad privada,

fijándose en función del voluntariamente declarado en el registro para el que soliciten su

inscripción: autonómico, circunscrito al territorio de una sola comunidad autónoma con

competencias en materia de seguridad privada; o nacional, en los demás casos, con

extensión a todo el territorio nacional.

Además, con el fin de hacer efectivo el principio de unidad de mercado, se ha

simplificado el sistema acabando con la injusta situación de discriminación existente que

imponía el anterior reglamento, por razón de establecimiento o residencia de las

empresas de seguridad privada prestadoras de servicios de seguridad privada, respecto

de las diferentes cuantías establecidas en orden a cumplimentar los requisitos de

suscripción o constitución de seguros de responsabilidad civil o garantías por parte de las

empresas de seguridad privada, según se tratase de un ámbito de actuación nacional o

autonómico. A partir de ahora, las cuantías únicamente quedan diferenciadas por la

actividad de seguridad privada desarrollada, sin tenerse en cuenta el ámbito territorial de

actuación, el cual queda a la libre decisión del empresario interesado. Al mismo tiempo,

se ha eliminado el complejo y enrevesado sistema de cálculo de tales cuantías en el

ámbito autonómico, basado en criterios tales como atender al número de provincias que

componen las comunidades autónomas o el número de habitantes existentes en ellas.

De la misma manera, al objeto de reducir cargas económicas a las empresas de

seguridad privada que no prestan servicios de seguridad privada con armas, se ha

considerado oportuno que no se les exija, en este reglamento, como requisito necesario

para su autorización el que todas ellas dispongan, en sus sedes y delegaciones

vinculadas a la operativa de seguridad, de armeros para desarrollar sus actividades, pues

resulta innecesario, desproporcionado y antieconómico.

En materia de contratación, y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional

segunda de la Ley, se ha estimado conveniente que a los efectos de garantizar la

necesaria solvencia técnica o profesional de las empresas de seguridad privada que

pretendan contratar con las Administraciones Públicas se exija la aplicación de más de un

criterio de adjudicación, debiendo primar los de carácter cualitativo sobre los que guarden

relación con el precio.

También cabe destacar que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, , se ha

hecho uso de la potestad conferida por el legislador para exigir a las empresas de

seguridad privada el cumplimiento de determinados requisitos y garantías adicionales en

razón de la singularidad de los servicios de seguridad privada que presten, tales como el

acompañamiento, defensa y protección a grupos de personas determinadas; depósitos de

fondos en los que se maneje o cuente dinero; depósitos de obras de arte, antigüedades u

otros objetos de valor histórico o cultural; transportes transfronterizos de fondos en euros

por carretera, u otros que, por similares razones, se contemplan en el articulado del

reglamento.

De otro lado, se han ampliado los requisitos que han de cumplir las empresas de

seguridad privada, referentes a medios personales y materiales, para poder prestar

servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así

como en los servicios necesariamente prestados con armas de fuego o los servicios de

vigilancia y protección requeridos de autorización previa o en régimen de decisión por

parte de la autoridad competente.

Al amparo, igualmente, de la potestad otorgada en la Ley para poder eximir, a las

empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o

mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de alguno de los

requisitos generales exigidos para poder desarrollar tal actividad, se ha estimado oportuno

hacerlo cuando aquéllas revistan forma de empresario individual, en cuyo caso quedarán

exentas de la obligación de estar inscritas en el registro mercantil.

Por último, otra novedad significativa introducida en el texto reglamentario , en

relación con la obligatoriedad de que, con carácter previo a la prestación de servicios de

seguridad privada en los sectores estratégicos, las empresas de seguridad privada hayan

de contar con una certificación emitida por una entidad certificadora previamente

acreditada por la autoridad competente en esta materia, ha consistido en determinar el

alcance de dicha obligatoriedad, su vigencia, periodicidad en su seguimiento y la

normativa aplicable para la revisión, así como las características de la entidad de

certificación y los requisitos que han de reunir tanto el correspondiente proceso de

evaluación como el personal responsable de la auditoría.

El Título IV (Despachos de detectives privados) aborda todas las cuestiones

relacionadas con los requisitos que han de reunir los despachos de detectives privados

para su apertura, el procedimiento para su inscripción en el registro correspondiente, su

personal integrante, los medios auxiliares de los que pueden valerse, el régimen de su

funcionamiento, con el establecimiento de determinados deberes generales que han de

cumplir, cómo ha de ajustarse la formalización y comunicación de los contratos de

seguridad privada, y la documentación que han de contener los correspondientes

expedientes de contratación, así como aquellos aspectos relativos al cierre de tales

despachos de detectives privados.

A destacar en este título el hecho de que, siguiendo las líneas trazadas por la Ley,

ante la insuficiencia de regulación que existía antes de su entrada en vigor, se afrontan,

de manera decidida y en profundidad, los problemas de funcionamiento detectados en el

pasado que planteaban las actividades de seguridad privada de investigación privada

desarrolladas por los despachos de detectives privados y sus integrantes, procediéndose

a mejorar, concretar o completar el contenido, perfiles, limitaciones y características de su

regulación en vía legal.

Asimismo, teniéndose en cuenta que, potencialmente, las actividades de seguridad

privada de investigación privada desarrollas por los despachos de detectives privados

pueden incidir, de manera directa, en la esfera de intimidad de los ciudadanos, se han

abordado cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del

expediente de contratación, la configuración del informe de investigación, o el

controvertido deber de reserva profesional y sus limitaciones frente a las autoridades

judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre las principales novedades introducidas en este título respecto de los

requisitos exigidos para su apertura y funcionamiento, y de conformidad con lo dispuesto

por la Ley, merecen destacarse las siguientes: concreción de las medidas de seguridad

privada a las que resultan obligados los despachos de detectives privados; ajuste de los

contenidos mínimos en relación con los deberes de formalización y comunicación de los

contratos de seguridad privada que celebren con sus clientes; y determinación del importe

de las cuantías mínimas de los seguros y garantías a constituir para responder por las

responsabilidades que se deriven de su funcionamiento.

El Título V (Personal de seguridad privada) fija los requisitos específicos que han

de reunirse para la expedición de las habilitaciones, en cada caso, a los profesionales del

sector; regula el procedimiento de obtención de las mismas y cómo han de documentarse;

establece el régimen de su suspensión, extinción, retirada, devolución y recuperación, así

como los órganos competentes para la expedición de tales habilitaciones. Igualmente, se

cumplimentan las previsiones legales de desarrollo relativas al ejercicio de las funciones

del personal de seguridad privada y delegación de éstas, sus responsabilidades y

deberes, así como lo relativo al régimen de incompatibilidades y de obtención de

habilitaciones múltiples y adicionales. También se contemplan todas aquellas cuestiones

relacionadas con la documentación, uniformidad, armamento, distintivos y medios de

defensa, especialmente de los vigilantes de seguridad, de los guardas rurales y sus

respectivas especialidades. Por último, se regula el ejercicio del derecho de huelga, en

previsión de lo dispuesto en la Ley. .

Como novedad más significativa en el ámbito del procedimiento de obtención de la

habilitación profesional en el sector, ha de mencionarse la posibilidad que se brinda al

personal de seguridad privada que pueda estar interesado en recuperar la misma,

siempre y cuando hubieran concurrido antes determinadas causas en su extinción (a

petición propia, por pérdida de algunos de los requisitos generales o específicos, o como

consecuencia de ejecución de sanción administrativa o sentencia judicial), lo cual no se

contemplaba en el anterior reglamento ni en otras disposiciones de concreción de éste.

En cuanto a la regulación del ejercicio de las distintas funciones profesionales de

seguridad privada es de resaltar que, en este ámbito, el Reglamento trata de corregir el

abandono histórico sufrido por la figura del guarda rural, la más antigua de la seguridad

privada, dotada además de una personalidad propia que modula su carácter, cuyas

funciones requerían un esfuerzo de concreción y de flexibilidad para extraer todo su

potencial. Así, se ha regulado su ejercicio profesional teniendo en cuenta sus

peculiaridades y las capacidades que aporta a la seguridad en el ámbito rural, donde en

muchas ocasiones será el único activo disponible para apoyar la acción de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad.

Respecto a la determinación del régimen de incompatibilidades contemplado para

el ejercicio por parte del personal de seguridad privada de sus funciones, teniendo en

cuenta la previsión legal de que éste ha de ejercer exclusivamente aquéllas para las que

se encuentre habilitado, es de resaltar que los supuestos de incompatibilidades

establecidos guardan relación con el desarrollo de las funciones que se tienen atribuidas

mientras se están materialmente desempeñando, de manera que lo que se prohíbe es la

prestación simultánea de las mismas. De ahí también que se hayan eliminado las

limitaciones que anteriormente se habían introducido respecto del ejercicio de las

funciones correspondientes a las profesiones de escolta privado, vigilante de explosivos y

detective privado en los casos de habilitación múltiple (resultaban incompatibles entre sí y

con las demás funciones del personal de seguridad privada).

La mayor parte de las novedades apuntadas anteriormente contribuirán, sin duda, a

que exista un mayor dinamismo interno en el ámbito de la prestación de servicios de

seguridad privada por parte de las empresas de seguridad privada ya que, en muchas

ocasiones, las mismas quedaban encorsetadas por la rigidez de un régimen de

incompatibilidades en cierta manera incomprensible e inadecuado a los fines que persigue

la seguridad privada.

A destacar también en este título el hecho de que, en relación con la protección

jurídica brindada al personal de seguridad privada, se ha procedido a concretar, cuando

se cometan contra él agresiones y desobediencias, en qué supuestos se considera que

está desarrollando actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aun sin necesidad de presencia física de los

miembros de los cuerpos policiales.

Otra de las novedades dignas de mención que aparecen en este título, viene

constituida por la incorporación de las personas con discapacidad al ámbito profesional de

la seguridad privada, del que hasta ahora estaban totalmente excluidas. La admisibilidad

reglamentaria de tal incorporación profesional, además de obedecer a los mandatos de la

legislación sectorial sobre discapacidad, se realiza de forma ordinaria, de conformidad con

los principios establecidos al respecto y sin agregar traba o carga administrativa alguna,

habiéndose tenido en cuenta el beneficio y mejora que ello va a suponer en la prestación

de determinados servicios de seguridad privada.

También merece destacarse, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley

17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, que, ante situaciones de huelga en el

sector, la autoridad competente podrá decretar servicios mínimos, en el ámbito de la

seguridad privada, cuando concurran determinados supuestos en los que se presten

servicios de seguridad privada que resulten o se declaren esenciales (vigilancia y

protección en centrales nucleares, refinerías, transporte y distribución de materias

inflamables, fábricas de armas de fuego, centros de telecomunicaciones, hospitales,

juzgados; depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes; protección

personal a autoridades y cargos públicos; centrales receptoras de alarmas, etc.), así como

en todos aquellos establecimientos, instalaciones o actividades en los que los servicios de

seguridad privada se hubieran impuesto con carácter obligatorio. Es de significar que la

regulación establecida al respecto con anterioridad, pero en menor medida, aparecía

insertada en el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la

prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de

huelga, que no había sido modificado desde entonces y, en consecuencia, ya no se

ajustaba a la nueva realidad social.

En el Título VI (Servicios de seguridad privada) se procede a regular los servicios

de seguridad privada que pueden prestarse sobre las actividades de seguridad privada de

las que se derivan, atendiendo a lo dispuesto al respecto en la Ley, partiéndose de que la

prestación de los mismos, sea cual fuere su tipo, además de ajustarse a las disposiciones

legales y reglamentarias que resulten de aplicación, ha de adecuarse, en todos los casos,

a los niveles de riesgos que se ciernen sobre personas y bienes, a las estipulaciones de

los correspondientes contratos y, en su caso, conforme a los requisitos exigidos cuando

requieran de autorización específica.

También, de acuerdo con la voluntad del legislador, se han determinado las

condiciones que han de regir en la prestación de los servicios de seguridad privada con

armas de fuego en los supuestos contemplados en el artículo 40.1 de la Ley, así como en

aquellos otros a los que se refiere el artículo 40.2 de la citada Ley, cuando concurran

concretas circunstancias; las armas de fuego que han de emplearse para prestar cada

tipo de servicio de seguridad privada y los armeros de servicios con los que han de contar

las empresas de seguridad privada prestatarias de tales servicios para el debido depósito

y custodia de aquéllas.

Por lo que se refiere a los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección

de bienes, con carácter general, se concretan los requisitos que han de cumplir las

empresas de seguridad privada prestatarias de los mismos, regulándose, por primera vez,

en el ámbito de la seguridad privada, la manera de llevar a cabo la ejecución material de

los controles de accesos por parte del personal de seguridad privada que preste servicios

de este tipo, especialmente por lo que se refiere a sus obligaciones y facultades.

Específicamente, se ha procedido a la regulación de determinados servicios de

seguridad privada que, en el anterior reglamento no aparecían mencionados, o, si lo

estaban, no quedaban suficientemente regulados, o no contenían más que referencias

aisladas, tales como los de protección en de bienes en vías públicas; de vigilancia y

protección de buques mercantes y pesqueros; de protección de cajeros automáticos; de

medios de transporte; de rondas o vigilancia discontinua; , así como los servicios de

seguridad privada de vigilancia perimetral de centros penitenciarios, centros de

internamiento de extranjeros o de otros edificios o instalaciones de organismos públicos y

de participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública.

De otro lado, se han establecido las condiciones y requisitos para la prestación de

los servicios de seguridad privada de vigilancia en polígonos industriales y

urbanizaciones, complejos o parques comerciales y de ocio, recintos y espacios abiertos

que se encuentren delimitados, y acontecimientos culturales, sociales o deportivos. Tan

solo los primeros, urbanizaciones y polígonos, eran objeto de regulación en el anterior

reglamento, si bien muy lejos de la realidad social imperante en estos momentos y

utilizando conceptos jurídicos indeterminados o imprecisos, por lo que se ha procedido a

su actualización y acomodación a los tiempos actuales.

Resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de video vigilancia

que se ha llevado a cabo (a diferencia de lo que ocurría en el anterior reglamento), puesto

que potencialmente pueden incidir, de manera directa, en el ámbito de la intimidad de las

personas. A este respecto, se han establecido las condiciones y requisitos que han de

reunirse para su prestación y concretado la autoridad competente a la que, en su caso, le

corresponde autorizarlos por afectar a los derechos a la privacidad propios de la

legislación de protección de datos.

En cuanto a los servicios de seguridad privada de protección de personas, se

determina su carácter y el régimen de prestación de los mismos con mayor alcance que

en el anterior reglamento, siendo relevante destacar que, por primera vez, se ha

procedido a regular los servicios de seguridad privada de protección de grupos de

personas determinadas.

Respecto de los servicios de seguridad privada de depósitos de seguridad, se

determina su carácter, el régimen que resulta de aplicación a los mismos y los tipos o

clases de depósitos (de dinero, joyas u otros objetos valiosos; de obras de arte y

antigüedades; y de armas, explosivos o sustancias peligrosas).

En lo referente a los servicios de seguridad privada de transporte de seguridad, se

determina el régimen de prestación de los mismos, distinguiéndose, en función de la

doble naturaleza de los objetos a transportar, entre los de carácter valioso y los de

carácter peligroso. Así, se establecen seis tipos: de monedas, billetes y títulos-valores; de

joyas, metales preciosos u otros objetos valiosos; de obras de arte y antigüedades; de

explosivos; de armas y cartuchería metálica; y de sustancias, materias, mercancías u

otros objetos peligrosos.

En todos los supuestos, los objetos a transportar han de requerir de una vigilancia y

protección especial y, en su caso, de acuerdo con las cuantías que al respecto se

establecen, o cuando las autoridades competentes así lo dispusieran en atención a los

antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos. A diferencia de lo que

ocurría en el anterior reglamento, además de perfilarse, con una mayor precisión, cuando

se está o no ante un transporte de seguridad, se ha tenido muy en cuenta, en relación con

los vehículos que se han de utilizar en el ejercicio de tales actividades de seguridad

privada, el tipo de transporte que se ha de realizar y, en consecuencia, las exigencias

establecidas al respecto vienen determinadas tangencialmente, y no de igual forma para

todos los transportes de seguridad. De la misma manera, se permite que el transporte se

efectúe con vehículos propios o ajenos, siempre que estén especialmente acondicionados

en cada caso. Al margen de la actualización de las cuantías, es destacable la novedad, en

cuanto al transporte de fondos, de establecer un tramo inicial en el que la obligación de

protección implica simplemente la utilización de contenedores dotados de un sistema

inteligente de neutralización de billetes.

Por lo que respecta a los servicios de seguridad privada de instalación y

mantenimiento, además de señalarse qué se entiende por sistemas de seguridad, se fijan

los criterios con arreglo a los cuales habrán de ser adaptados tales sistemas cuando

vayan a conectarse con centrales receptoras de alarmas, o con centros de control o de

video vigilancia; quiénes pueden realizar las operaciones de instalación y mantenimiento

de dichos sistemas, con especial consideración hacia el personal acreditado responsable

de ello, y el material utilizado, el cual ha de estar debidamente homologado; qué

características han de reunir los elementos que componen los referidos sistemas de

seguridad; cuáles deben ser los contenidos y especificaciones de los proyectos de

instalación; a quién corresponde emitir el certificado de instalación y conexión de los

sistemas a la central receptora de alarmas; y en qué deben consistir las preceptivas

revisiones de mantenimiento de los sistemas de seguridad instalados.

En cuanto a los servicios de seguridad privada de alarmas de seguridad se refiere,

se establecen los grados de seguridad de los sistemas de alarmas, los requisitos de su

conexión, las obligaciones a las que han de atenerse las empresas de seguridad privada

prestadoras de tales servicios, los derechos de los usuarios, las características que han

de reunir los locales en los que se instalen las centrales receptoras de alarmas y el

régimen de su funcionamiento, así como los requisitos que deben cumplir los operadores

de seguridad encargados del tratamiento de las señales de alarma.

Igualmente, se fijan los pasos a seguir o protocolos de actuación para considerar

que una señal de alarma ha sido correctamente verificada, tanto por medios técnicos

como humanos, y pueda ser comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el

procedimiento de comunicación, denuncia y desconexión de los sistemas de seguridad

instalados. También quedan definidos los aspectos básicos relativos a los sistemas

móviles de alarma. Por último, se abordan todas aquellas cuestiones relacionadas con los

dos tipos de servicios de seguridad de alarmas, de gestión o de respuesta, tales como

modalidades, personal que ha de prestarlos, posibilidad de prestación con armas, etc.

Finalmente, por lo que concierne a los servicios de seguridad privada de

investigación privada, se ha procedido a la regulación de los medios utilizados por los

detectives privados para realizar sus investigaciones, señalándose cuáles son, qué

permiten obtener y los requisitos a los que deben ajustarse, así como el contenido que ha

de tener el informe de investigación y las obligaciones que dimanan de su evacuación

frente a los clientes.

El Título VII (Medidas de seguridad privada), se dedica a la regulación de las

medidas de seguridad privada en el ámbito de la seguridad privada, determinándose sus

características, naturaleza, exigibilidad y finalidades, qué autoridades son competentes

para su imposición, así como las responsabilidades en la adopción y cumplimiento de las

mismas o las exenciones o dispensas que pueden solicitarse.

Asimismo, se determinan los tipos de medidas de seguridad privada que pueden

adoptarse y en qué consisten, constituyéndose el departamento de seguridad como la

principal medida de seguridad organizativa sobre la que se asientan las demás medidas.

La planificación se sitúa también entre las medidas de seguridad privada organizativas,

determinándose los planes de seguridad que inciden en el ámbito de la seguridad privada

y cuya elaboración y actualización atribuye la Ley a los directores de seguridad.

Entre las principales novedades introducidas en este título sobresalen dos: una, el

establecimiento de una clasificación de los sujetos que están obligados a adoptar medidas

de seguridad privada; y la otra, la catalogación de tales sujetos mediante su agrupación

en sectores. Para estos sujetos, la obligación de adoptar medidas de seguridad privada va

asociada al riesgo soportado en cada caso y será el resultado de aplicar una matriz de

riesgos que para cada sector elaborará el Ministerio del Interior.

Por otra parte, se crea la figura del operador estratégico como sujeto obligado,

referida a aquellos proveedores de servicios esenciales identificados en el desarrollo de

los Planes Estratégicos Sectoriales. Se pretende así conseguir la armonización de las

obligaciones impuestas por dicha Ley, con las derivadas de la normativa de seguridad

privada, para evitar vacíos o diferencias injustificables en el tratamiento de sujetos que

deberían mantener dispositivos de protección ciertamente semejantes. Esta figura actúa

además desde la vertiente de usuario de servicios de seguridad privada, cuya condición

va a determinar los requisitos exigibles a las empresas de seguridad privada o de

seguridad informática que le presten servicios.

Por otro lado, conviene destacar la específica y más amplia regulación llevada a

cabo respecto de las centrales receptoras de alarmas de uso propio, que en el reglamento

anterior tan solo aparecían mencionadas como imposición de una medida de seguridad

privada obligatoria, así como también el hecho de que, por primera vez en el ámbito de la

seguridad privada, se ha procedido a regular por completo los denominados centros de

control o de videovigilancia, dotando de concreción y contenido a los servicios de

seguridad privada que se prestan en ellos.

El Título VIII (Disposiciones complementarias), además de establecer varias

disposiciones relacionadas con aspectos documentales y de gestión que han de ser

tenidos en cuenta en materia de seguridad privada, , regula otras actividades, entidades y

personal con sujeción al ámbito de aplicación de la normativa en dicha materia

(actividades de formación y centros de formación del personal de seguridad privada;

empresas y actividades de seguridad informática; y el personal acreditado).

Cabe destacar, en materia de formación del personal de seguridad privada, que se

complementa la regulación sobre titulaciones y diplomas que se requieren para la

obtención de las respectivas habilitaciones profesionales; se define la formación

permanente, de actualización y especializada; la finalidad de las pruebas de

comprobación de conocimientos y los distintos supuestos en que son exigibles para el

ejercicio y desempeño de las funciones de las respectivas profesiones de seguridad

privada; se fijan otros requisitos que han de reunir los centros de formación para su

apertura y funcionamiento, y cómo han de formalizarse y comunicarse los cursos por

parte de éstos (lo cual constituye toda una novedad en la materia); se determinan los

módulos profesionales o las materias o programas que han de impartirse por los mismos

en los cursos de formación; y se regula el reconocimiento de las cualificaciones

profesionales a los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de

Estados parte en el Espacio Económico Europeo.

En cuanto a los módulos profesionales se refiere, la principal novedad es que los

ejercicios de tiro del personal aspirante a la obtención de la correspondiente habilitación

profesional ya no tienen un carácter obligatorio, luego de que, por la experiencia

acumulada, se haya llegado a la conclusión de que la práctica de los mismos no aporta

capacidades ni conocimientos notables a su formación, por cuanto que, además de tener

que obtener la correspondiente licencia de armas para poder prestar servicios con éstas,

en muchos casos, posteriormente, no llega a prestar los mismos (pues la mayoría de los

servicios de seguridad privada que se prestan lo son sin armas), con el consiguiente gasto

para los centros de formación.

Por lo que respecta a la formación de actualización, la novedad más relevante y

trascendente, sin duda, es la reducción de las horas lectivas que se han de impartir,

anualmente, en los cursos de formación permanente, pasando de un mínimo de veinte a

diez. Para el caso de la formación especializada se amplían las horas lectivas de un

mínimo de diez a un mínimo de veinte horas lectivas, al tiempo que se reducen los cursos

de especialización de catorce a seis. Todo ello al objeto de concentrar el esfuerzo

formativo en determinados tipos de servicios de seguridad privada que requieren de una

mayor formación.

Por lo que se refiere a los centros de formación del personal de seguridad privada,

se han establecido nuevos requisitos para su apertura tales como la obligatoriedad de

constituir una garantía para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas

que puedan derivarse de la comisión de infracciones en el ámbito de la normativa de

seguridad privada, o contar con un director o administrador al frente de los mismos y un

jefe de estudios. De otro lado, es de significar que ya no se exige que dichos centros

dispongan obligatoriamente de una galería de tiro, propia o ajena, para la realización de

prácticas reales de tiro con armas de fuego, en congruencia con la supresión de las

mismas en los temas correspondientes a los módulos profesionales de los aspirantes a

obtener la habilitación como personal de seguridad privada.

Asimismo, se han impuesto nuevas obligaciones respecto del funcionamiento de

los centros de formación del personal de seguridad privada, destacando, de entre todas

ellas, la de llevar un Libro-Registro de Diplomas y la de realizar las adaptaciones que

sean precisas para garantizar la participación en condiciones de igualdad cuando las

acciones formativas estén dirigidas singularmente a personas con discapacidad física.

Otra de las novedades más importantes de este título viene constituida por la

definición de las actividades que, a efectos de este reglamento, se consideran de

seguridad informática, imponiendo a las empresas que las lleven a cabo, sean o no de

seguridad privada, el cumplimiento de requisitos específicos para garantizar la calidad de

sus servicios en función de los usuarios concretos a quienes los presten. De esta manera,

la seguridad informática encuentra su primer desarrollo reglamentario en España, desde

el más absoluto respeto a la normativa sobre protección de las redes y sistemas de

información que pueda elaborarse.

Por último, también como una de las principales novedades introducidas en el texto

legal, se procede a regular la acreditación expedida por el Ministerio del Interior a

ingenieros y técnicos de empresas de seguridad, operadores de seguridad y profesores

de centros de formación (requisitos exigidos, procedimiento para su obtención, órganos

competentes para su expedición, y retirada de la misma).

En el Título IX (Control e inspección) se recogen las actuaciones de control e

inspección sobre las empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados,

de sus servicios y de su personal y medios, así como de medidas de seguridad privada,

centros de formación del personal de seguridad privada, centrales receptoras de alarmas

de uso propio y empresas de seguridad informática, que en materia de seguridad privada

han de efectuar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se establece,

además, el régimen de competencias al respecto, y también se concretan los datos que

deben de figurar en las respectivas memorias que han de remitirse por parte de los

prestadores de servicios de seguridad privada y otros entes obligados, así como el plazo

otorgado para ello.

Igualmente, cabe destacar el establecimiento de una serie de fines específicos que

han de tenerse en cuenta a la hora de practicar las pertinentes inspecciones, así como

sobre qué aspectos han de centrarse las mismas en función de las entidades, empresas,

centros o sujetos de que se trate (lugares de realización, principios de actuación

contemplados, acceso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

competentes, levantamiento de actas, etc.).

Otra importante novedad introducida en este título es el establecimiento de un

régimen de auditoría externa obligatorio para las empresas de seguridad informática, las

empresas de seguridad privada que pretendan prestar servicios de seguridad privada en

sectores estratégicos definidos en la normativa de protección de infraestructuras críticas

y las empresas de seguridad privada prestadoras de determinados servicios, así como

para ciertos sujetos obligados al cumplimiento de medidas de seguridad privada.

El Título X (Régimen sancionador) contempla, con la debida separación en cada

caso, la concreción de las infracciones que pueden ser cometidas por los prestadores,

entidades, centros, el personal o los usuarios de seguridad privada. Además, regula el

procedimiento sancionador atendiendo a las especialidades previstas en el mismo, y

establece qué autoridades son competentes para su incoación y para adoptar, si procede,

las medidas cautelares, así como a quiénes corresponde instruirlo.

Cabe destacar en este título, al igual que ocurría en el anterior reglamento, que al

órgano instructor, antes de formular la correspondiente propuesta de resolución, se le

sigue facultando para interesar informe, no vinculante, a la unidad policial competente en

materia de seguridad privada cuando se trate de procedimientos por la comisión de

infracciones muy graves o graves.

Igualmente, es de significar que, dentro del ámbito de la incoación, instrucción y

resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves, a

la vista de las circunstancias de singular complejidad que concurren en su tramitación y

que así lo aconsejan, se ha estimado oportuno establecer que el plazo máximo en el que

debe notificarse la resolución que ponga fin a dichos procedimientos sea el de seis

meses.

Por lo que se refiere a las disposiciones adicionales y transitorias contenidas en el

Real Decreto aprobatorio del Reglamento, es de señalar que se han contemplado las

salvaguardas necesarias para permitir un paso armónico, sin complicaciones ni traumas,

desde la normativa reglamentaria vigente a la nueva, especialmente por lo que respecta a

los periodos de adaptación, que son suficientemente amplios.

A tal efecto, se ha estimado conveniente establecer una reducción del cincuenta

por ciento en los mínimos de garantías que se exigen específicamente respecto de las

actividades que se realicen o servicios que se presten en el ámbito de la seguridad

privada, si bien atendiéndose a la concurrencia de determinadas circunstancias en función

de la empresa de seguridad privada, despacho de detectives privados, centro de

formación del personal de seguridad privada o central receptora de alarmas de que se

trate, tomando como referencias el número de trabajadores que se integran en las

respectivas plantillas y el volumen de su facturación anual.

También se ha aprovechado para modificar las cuantías de las garantías y seguros

de los distintos prestadores de servicios, haciéndolo en un doble sentido: rebajando las

dispares y desproporcionadas exigencias anteriores, e igualándolas en función de la

actividad de seguridad privada a desarrollar y no del territorio, en aplicación de lo

dispuesto al respecto por la normativa en materia de unidad de mercado.

Finalmente, se han incluido en el texto reglamentario un total de siete Anexos

(dedicados a Empresas, Personal, Servicios, Medidas, Formación, Documentación y

Normas), en los que se cumplimentan las remisiones efectuadas en los títulos del

reglamento a diversos aspectos como el establecimiento de requisitos específicos que

han de reunirse para el ejercicio de las actividades en el ámbito de la seguridad privada;

documentos que han de aportarse en los procedimientos de autorización; datos

registrales que han de anotarse; conformación de las prendas de los uniformes y

ejercicios de tiro del personal de seguridad privada; tipos, descripción y características de

las medidas de seguridad privada; configuración de los cursos de formación y contenidos

mínimos de los programas; Libros-registro que han de llevarse, características de las

tarjetas de identidad profesional y de los distintivos profesionales; y normas técnicas que

resultan de aplicación a elementos de seguridad física, electrónica, informática, o a las

certificaciones de las auditorías externas.

Se completa, así, el ciclo normativo de la seguridad privada, contemplada en su

totalidad, y presidida por la ley cabecera del sector de la seguridad privada en España,

poniéndose fin a la dispersión de normas vigentes con la integración en este texto

reglamentario de la práctica totalidad de órdenes ministeriales y resoluciones de

concreción reguladoras de la materia que habían sido promulgadas en desarrollo del

anterior reglamento, subsanándose las lagunas existentes y los desfases producidos por

la propia dinámica de la seguridad privada durante los años transcurridos.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación del Ministro de

Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación

del Consejo de Ministros, en su reunión del día XX de XX de 20XX,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Seguridad Privada.

En desarrollo y ejecución de la disposición final tercera de la Ley 5/2014, de 4 de

abril, de Seguridad Privada (en adelante la Ley), y del artículo 26 de la Ley Orgánica

4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, se aprueba el

Reglamento de Seguridad Privada, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Integración de registros y archivos.

  1. De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley, en el Registro Nacional de Seguridad

Privada, constituido en el Ministerio del Interior, se integrarán los registros que

actualmente funcionan en la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional,

así como los archivos físicos e informáticos que para la gestión de la seguridad privada

existen en la misma:

  1. a) Registro General de Empresas de Seguridad Privada.
  2. b) Registro Especial de Detectives Privados.
  3. c) Registro de Sanciones de Seguridad Privada.
  4. d) Archivo de Personal de Seguridad Privada.
  5. e) Fichero Automatizado de Contratos de Servicios de Seguridad Privada.
  6. f) Archivo de Centrales Receptoras de Alarmas de Uso Propio.
  7. g) Archivo de Departamentos de Seguridad.
  8. h) Archivo de Centros de Formación del personal de Seguridad Privada.
  9. i) Resto de archivos relativos a expedientes sobre seguridad privada.
  10. Igualmente, en el Registro Nacional de Seguridad Privada quedarán integrados

el registro, archivos y documentación que sobre guardas rurales y sus especialidades,

centros de formación del personal de seguridad privada específicos de este personal y el

resto de archivos relativos a expedientes de gestión documental sobre seguridad privada,

actualmente existentes en el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

  1. Hasta tanto no se produzca la integración efectiva de los referidos registros y

archivos, éstos continuarán con su actual régimen de adscripción y funcionamiento.

Disposición adicional segunda. Procedimientos electrónicos.

  1. Los procedimientos, Libros-Registro y demás documentación de gestión

administrativa del ámbito de seguridad privada, continuarán realizándose en sus formatos

actuales hasta tanto las administraciones públicas competentes pongan, a disposición de

los administrados, los medios y plataformas electrónicas oficiales.

  1. Aquellos procedimientos cuya formalización se venga realizando por medios

electrónicos, continuarán cumplimentándose a través de los mismos hasta tanto se

produzca su adaptación a la normativa de seguridad privada.

Disposición adicional tercera. Comercialización de productos.

De acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley, , en la comercialización

de productos se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre y

cuando estén emitidas por organismos de control acreditados, en base a la Norma UNEEN

ISO/IEC 17065, y a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para laboratorios.

Disposición adicional cuarta. Empresas de seguridad privada de ámbito

autonómico.

  1. Las empresas de seguridad privada, excepción hecha de las inscritas en los

correspondientes registros autonómicos, que a la entrada en vigor de este real decreto se

encontrasen inscritas únicamente en el Registro General de Empresas de Seguridad del

Ministerio del Interior, y cuyo ámbito de actuación territorial no fuese estatal, quedarán

integradas en el Registro Nacional de Seguridad Privada como empresas de ámbito

nacional.

  1. Estas empresas de seguridad privada, podrán ajustar las cuantías de sus

seguros o garantías a los fijados en el Reglamento de Seguridad Privada.

Disposición adicional quinta. No obligatoriedad de registro.

  1. Para la instalación y mantenimiento, por parte de empresas que no sean de

seguridad privada, de sistemas móviles de seguridad, así como de sistemas de alarmas

contra incendios, técnicas o asistenciales, cuando no se encuentren conectados con

centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no se necesitará

estar inscrito en el correspondiente registro, nacional o autonómico, de seguridad privada.

  1. La instalación de dichos dispositivos de seguridad en vehículos u otros bienes

muebles o en inmuebles, tanto en el momento de su fabricación o construcción, o con

posterioridad a los mismos, así como, en su caso, el mantenimiento de los mismos, no

tendrá la consideración de actividad de seguridad privada hasta su efectiva conexión con

centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.

  1. Las empresas que se dediquen a estas actividades, no tendrán la consideración

de empresas de seguridad privada, ni podrán prestar servicios relativos a las actividades

de seguridad privada establecidas en el artículo 5.1 de la Ley.

Disposición adicional sexta. Reducción de los mínimos de garantía.

Las cantidades determinantes de los mínimos de garantía, especificadas en cada

caso en el Reglamento de Seguridad Privada, quedarán reducidas al cincuenta por

ciento, siempre que se den las siguientes circunstancias:

  1. a) Cuando se trate de empresas de seguridad privada que tengan una plantilla

de menos de cincuenta trabajadores, y durante dos años consecutivos no superen los

600.000 euros de facturación anual.

  1. b) Cuando se trate de despachos de detectives privados que tengan una

plantilla de menos de cinco trabajadores, y durante dos años consecutivos no superen los

100.000 euros de facturación anual.

  1. c) Cuando se trate de centros de formación del personal de seguridad privada

que expidan menos de quinientos diplomas de formación previa, y durante dos años

consecutivos no superen los 100.000 euros de facturación anual.

Disposición transitoria primera. Plazos de adecuación.

En lo no previsto expresamente en la disposición transitoria cuarta de la Ley, las

medidas, requisitos o exigencias establecidos específicamente en el Reglamento de

Seguridad Privada deberán cumplirse en el plazo de adecuación de dos años, computado

a partir de la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de cursos de formación previa de

vigilantes, guardas y escoltas.

  1. Los centros de formación del personal de seguridad privada, en los que se

impartan los módulos profesionales de formación previa, para vigilantes de seguridad,

guardas rurales, y sus respectivas especialidades, y escoltas privados, adaptarán el

contenido y duración de los cursos de formación previa de este personal, en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto.

  1. Los diplomas de formación previa expedidos por los centros de formación con

anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, u obtenidos durante el periodo de

adecuación, tendrán validez indefinida a efectos de presentación a las respectivas

convocatorias de pruebas de selección para vigilantes de seguridad y guardas rurales, y

sus respectivas especialidades, y escoltas privados.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de cursos de formación especializada.

  1. Los centros de formación en los que se imparta formación al personal de

seguridad privada, deberán adaptar el contenido y duración de los cursos de formación

especializada a las exigencias establecidas en el Reglamento de Seguridad Privada,

dentro del periodo de adecuación fijado en este real decreto.

  1. El personal de seguridad privada que con anterioridad al año 2012 se encontrase

desempeñando servicios de seguridad para cuya prestación se requiera poseer el

correspondiente curso de formación especializada, así como aquellos que acreditasen su

desempeño durante un período de dos años anteriores a dicho año 2012, no les será

exigible la realización del curso de formación especializada que resulte necesario en cada

caso.

  1. Al personal de seguridad privada al que se le haya reconocido su cualificación

profesional para el ejercicio en España de las respectivas profesiones de seguridad

privada, les resultará de aplicación, lo dispuesto en el apartado anterior.

Disposición transitoria cuarta. Adaptación de grados y cursos de director de

seguridad.

  1. Los centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, que

tengan reconocidas titulaciones para la habilitación de director de seguridad, a que se

refiere el Reglamento de Seguridad Privada, deberán adaptar el contenido y duración de

los programas de los respectivos cursos a las exigencias establecidas en el mismo, en el

plazo de adecuación fijado en este real decreto.

  1. Las titulaciones obtenidas al término de los cursos de director de seguridad que

se encuentren iniciados a la entrada en vigor de este real decreto, y las de aquellas otras

expedidas con anterioridad, así como las que se obtengan durante el plazo de

adecuación, tendrán validez indefinida a efectos de habilitación para jefe de seguridad y

director de seguridad.

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1b) de la Ley, a efectos de

habilitación para jefe de seguridad y director de seguridad, los títulos universitarios

oficiales de grado en el ámbito de la seguridad deberán adecuarse, dentro del plazo fijado

en este Real Decreto, a las competencias profesionales que se determinan en el

Reglamento de Seguridad Privada, a cuyo efecto las universidades en las que se

impartan dichos grados, podrán dirigir la correspondiente solicitud de reconocimiento del

título por parte del Ministerio del Interior al órgano de la Dirección General de la Policía

que determine su estructura orgánica y funcional.

Disposición transitoria quinta. Adaptación de grados y cursos de detective privado.

  1. Los Institutos de Criminología u otros centros oficiales adecuados y habilitados,

que tengan reconocidas titulaciones para la habilitación de detective privado, a que se

refiere el Reglamento de Seguridad Privada, deberán adaptar el contenido y duración del

programa de los referidos cursos, a las exigencias establecidas en el mismo, en el plazo

de adecuación fijado en este real decreto.

  1. Los diplomas de detective privado expedidos al término de los cursos que se

encontrasen iniciados a la entrada en vigor de este real decreto, y los expedidos con

anterioridad, así como durante el plazo de adecuación, tendrán validez indefinida a

efectos de habilitación como detective privado.

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1c) de la Ley, a efectos de

habilitación para detective privado, los títulos universitarios de grado en el ámbito de la

investigación privada deberán adecuarse, dentro del plazo fijado en este Real Decreto, a

las competencias profesionales que se determinan en el Reglamento de Seguridad

Privada, a cuyo efecto los centros universitarios en los que se impartan dichos grados,

podrán dirigir la correspondiente solicitud de reconocimiento del título por parte del

Ministerio del Interior al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su

estructura orgánica y funcional.

Disposición transitoria sexta. Cursos de ingenieros, técnicos y operadores.

  1. Los cursos de formación para ingenieros, técnicos y operadores acreditados, que

se vayan a impartir en los centros de formación de seguridad privada, o en los respectivos

colegios profesionales, a que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada, deberán

comenzar a impartirse a partir del día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto.

  1. Los ingenieros, técnicos y operadores que, a la entrada en vigor de la Ley, se

encontrasen prestando sus servicios profesionales, o los hubiesen prestado con

anterioridad, así como aquellos que hubieran prestado servicio desde la entrada en vigor

de la citada ley y hasta la entrada en vigor de este real decreto, no estarán obligados a

realizar el correspondiente curso de formación, a efectos de obtener su acreditación

profesional.

Disposición transitoria séptima. Recuperación de la habilitación.

  1. Los profesionales de seguridad privada que, por causa de incapacidad física,

hayan perdido su habilitación profesional para el ejercicio de funciones de seguridad

privada, podrán recuperar la respectiva habilitación, previa solicitud al órgano competente,

siempre que la incapacidad que presenten no les imposibilite el ejercicio de las referidas

funciones profesionales, y cumplan el resto de requisitos exigidos para la recuperación de

la habilitación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Privada.

  1. Los interesados en recuperar la habilitación deberán haberla perdido en el plazo

de diez años anterior a la entrada en vigor de este real decreto, pudiendo solicitarla dentro

de los cinco años siguientes contados a partir de dicha entrada en vigor.

Disposición transitoria octava. Distintivos profesionales y uniformes.

  1. Los nuevos distintivos profesionales, y la característica de las prendas exteriores

del personal uniformado, a que se refieren el apartado 5 del capítulo I, y el apartado 5 del

capítulo II, ambos del Título I del anexo II, deberán comenzar a usarse a partir de la

finalización del plazo de adecuación fijado en este real decreto.

  1. Los actuales distintivos profesionales, y prendas exteriores de los uniformes,

podrán continuar usándose indefinidamente por el personal habilitado antes de la entrada

en vigor de este real decreto, y por el que se habilite hasta el momento en que sean

exigibles los nuevos distintivos y prendas exteriores.

Disposición transitoria novena. Instructores de tiro.

  1. Los instructores de tiro de personal de seguridad privada que, a la entrada en

vigor del presente Real Decreto, se encontraran habilitados como tales, y carecieran del

requisito establecido en el apartado 3 del Capítulo III del Anexo II, de tener en vigor la

licencia de armas “A”, “B”, “C” o “F”, deberán adaptarse a dicho requisito en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto. Transcurrido este plazo, para poder ejercer sus

funciones, deberán haber convalidado la habilitación necesaria con arreglo a lo dispuesto

en el título V del Anexo II.

  1. Los instructores de tiro del personal de seguridad privada que, a la entrada en

vigor del presente real decreto, se encuentren habilitados como tales, deberán sustituir su

acreditación por el nuevo modelo, regulado en el Capítulo XIV del Anexo II, en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto.

Disposición transitoria décima. Libros-Registros abiertos.

  1. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Privada, en relación a

los Libros-Registro:

  1. a) Desaparecen el Libro-Registro de Títulos-Valores, el Libro-Registro de

Depósitos y el Libro-Registro de Transportes.

  1. b) Desaparecen el Libro-Catálogo de Medidas de Seguridad, el Libro- Catálogo

de Instalaciones y Revisiones, y el Libro-Registro de Revisiones. Los contenidos que

hasta hoy se venían reflejando en estos tres libros, pasarán a reflejarse en el nuevo Libro-

Registro de Instalaciones y Revisiones.

  1. c) El Libro de Comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pasa a

denominarse Libro de Comunicaciones.

  1. d) El Libro-Registro de los Despachos o Sucursales de Detectives pasa a

denominarse Libro-Registro de Servicios de Investigación.

  1. e) El Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas pasa a denominarse Libro-

Registro de Armas y Cartuchería.

  1. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y los titulares de las

instalaciones de seguridad conectadas a centrales receptoras de alarmas, podrán seguir

utilizando los Libros-Registros que tuvieren abiertos, tanto en formato físico como en

informático, hasta que transcurra el plazo de adecuación fijado en este real decreto.

Finalizado dicho plazo, deberán ser sustituidos por los previstos en el Reglamento de

Seguridad Privada.

  1. Todos aquellos Libros-Registro o Libros-Catálogo abiertos a la entrada en vigor

de este real decreto, que, o bien sean sustituidos por los nuevos Libros, o bien hayan

quedado sin efecto, deberán conservarse durante un plazo de, al menos, cinco años a

partir de la fecha de su sustitución o cierre.

Disposición transitoria undécima. Habilitaciones de las licencias de armas Tipo “C”.

  1. Hasta que se reseñen en las licencias de armas “C” las referencias a las armas

de fuego que habilitan las mismas, en el caso en que se posean varias habilitaciones de

armas de fuego, bastará la licencia de armas “C” para amparar la tenencia del arma

propia de la especialidad, portándose un certificado expedido al efecto por la Intervención

de Armas y Explosivos de las Comandancias de la Guardia Civil, que referirá las demás

armas que habilita la licencia “C”.

  1. Se establece un plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigor del presente

real decreto, para la actualización de las licencias de armas “C”, donde se recoja el tipo o

tipos de armas que habilitan.

Disposición transitoria duodécima. Guardas rurales autónomos.

Los guardas rurales autónomos que, a la entrada en vigor del presente Real

Decreto, carecieran del requisito establecido en el artículo 102.1.b).2º, deberán adaptarse

a dicho requisito en el plazo de adecuación fijado en este real decreto.

Disposición transitoria decimotercera. Procedimientos en tramitación o ejecución.

  1. Los procedimientos que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor de este

real decreto se instruirán con arreglo al Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por

el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

  1. El régimen contemplado en el apartado anterior resultará igualmente aplicable al

sistema de recursos o de ejecución de actos ya dictados.

  1. En los procedimientos sancionadores se aplicará el principio de retroactividad de

la norma que resulte más favorable.

Disposición transitoria decimocuarta. Anotación registral de actividades de

seguridad informática.

  1. Las empresas que lleven a cabo las actividades de seguridad informática

definidas en este real decreto, a su entrada en vigor deberán proceder a interesar su

anotación en el registro correspondiente dentro del plazo de adecuación fijado en el

mismo.

  1. Las empresas de seguridad privada que pretendan desarrollar las actividades

de seguridad informática contempladas en el Reglamento de Seguridad Privada, deberán

proceder igualmente a su anotación en el registro correspondiente en el plazo de

adecuación fijado en este real decreto.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.

  1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a

lo dispuesto en este real decreto, así como en el Reglamento de Seguridad Privada que

por el mismo se aprueba, y especialmente:

  1. a) El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto

2364/1994, de 9 de diciembre.

  1. b) El Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la

prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de

huelga.

  1. c) La Orden de 15 de febrero de 1997 por la que se determinan las armas de

fuego a utilizar por los guardas particulares del campo para desempeñar funciones de

vigilancia y guardería.

  1. d) La Orden de 14 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos de

informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios

de seguridad privada.

  1. e) La Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad

privada.

  1. f) La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los

sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

  1. g) La Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad

privada.

  1. h) La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad

privada.

  1. i) La Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden

INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden

INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el

ámbito de la seguridad privada, la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas

de seguridad privada, y por la que se establecen las reglas de exigibilidad de Normas

UNE o UNE-EN en el ámbito de la seguridad privada.

  1. j) La Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de

Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de

tiro del personal de seguridad privada.

  1. k) La Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se

establecen en el Reglamento de Seguridad Privada.

  1. l) La Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relativo a la formación

previa y uniformidad de los guardas particulares del campo, en sus distintas

especialidades.

  1. m) La Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de

Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de

seguridad privada.

  1. La normativa de desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por

el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, mantendrá su vigencia en lo que no se

oponga a la Ley, a este real decreto y al Reglamento de Seguridad Privada que aprueba.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad

pública.

Disposición final segunda. No incremento de gasto público.

Las medidas contenidas en este real decreto se atenderán con los medios

personales y materiales existentes.

Disposición final tercera. Desarrollo y ejecución normativa.

  1. Se habilita a los Ministros del Interior, de Educación, Cultura y Deporte y de

Empleo y Seguridad Social, para dictar, en el ámbito de sus competencias, las

disposiciones que sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en este

real decreto y en el Reglamento de Seguridad Privada que aprueba.

  1. Se habilita al Ministro del Interior para incorporar, modificar o suprimir los anexos

del Reglamento de Seguridad Privada.

  1. Se habilita al Ministro del Interior para dictar instrucciones técnicas

complementarias destinadas a concretar y aclarar los aspectos técnicos que faciliten el

correcto cumplimiento y aplicación de las disposiciones del Reglamento de Seguridad

Privada.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín

Oficial del Estado”.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto.

  1. Este reglamento tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley

5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en adelante, la Ley), respecto a:

  1. a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas de seguridad

privada, despachos de detectives privados y otras entidades sujetas al ámbito de

aplicación de la normativa de seguridad privada.

  1. b) Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de

seguridad privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.

  1. c) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de

seguridad privada y del personal acreditado, así como su régimen de habilitación y

acreditación.

  1. d) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los

medios técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad

privada.

  1. e) Las obligaciones, requisitos y demás exigencias a las que han de someterse

los sujetos obligados a disponer de medidas de seguridad privada, los usuarios de

servicios de seguridad privada, las empresas prestadoras de servicios de seguridad

informática, las centrales receptoras de alarmas de uso propio y los centros de formación

de personal de seguridad privada.

  1. f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el

desempeño de las diferentes funciones.

  1. g) El régimen de control e inspección, incluido el sancionador.
  2. h) Los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

y la seguridad privada.

  1. i) Los mecanismos interadministrativos de cooperación y coordinación.
  2. Además, este reglamento desarrolla, en relación con las medidas de seguridad

privada, las previsiones contempladas en el artículo 26 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30

de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.3. Igualmente, este reglamento

desarrolla lo previsto en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones

laborales, respecto de lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley, en relación con el ejercicio

del derecho de huelga por parte del personal de seguridad privada.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de este reglamento será el previsto en el artículo 3 de la

Ley, y se extenderá a todo el territorio nacional, incluidos aquellos lugares o bienes que

sean considerados como territorio español por la legislación vigente en el ámbito del

derecho nacional o internacional que resulte de aplicación.

Artículo 3. Naturaleza y carácter.

  1. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley, en ningún caso las empresas,

organismos o entidades de titularidad pública podrán desarrollar actividades o prestar

servicios de seguridad privada, aunque sí contratarlos.

  1. De acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley, los servicios sobre las actividades de

seguridad privada, cuyo desarrollo únicamente corresponde a las empresas de seguridad

privada, se prestarán por éstas sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Autoridades públicas en materia de seguridad privada.

  1. Son autoridades públicas competentes en el ámbito de la Administración General

del Estado las siguientes:

  1. a) El Ministro del Interior.
  2. b) El Secretario de Estado de Seguridad.
  3. c) El Director General de la Policía.
  4. d) El Director General de la Guardia Civil.
  5. e) Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
  6. Serán autoridades y órganos competentes los correspondientes de las

comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad

privada.

Artículo 5. Órganos competentes.

  1. Las competencias sobre seguridad privada establecidas en el artículo 12 de la

Ley, quedarán atribuidas a los siguientes órganos de la Administración General del

Estado:

  1. a) Secretaría de Estado de Seguridad.

1.ª Coordinar los servicios de seguridad e investigación privados con los de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2.ª Impulsar el desarrollo de herramientas técnicas que favorezcan esta

coordinación y la integración de la seguridad privada en el sistema público de seguridad.

3.ª Imponer, en aplicación del artículo 51.3 de la Ley, la adopción de medidas de

seguridad privada a los establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de

servicios u organizadores de eventos, cuando afecten a más de una comunidad

autónoma, así como en los supuestos del artículo 51.3, párrafo tercero, de la citada ley.

4.ª Designar los operadores estratégicos, identificados en el desarrollo de los

respectivos Planes Estratégicos Sectoriales elaborados al amparo de la normativa en

materia de protección de infraestructuras críticas.

5.ª Controlar e inspeccionar a las empresas que realicen actividades de seguridad

informática.

6.ª Impulsar y coordinar las actuaciones que potencien la buena imagen del

personal de la seguridad privada y refuercen la percepción de seguridad de los

ciudadanos.

7.ª Adoptar o promover las medidas de carácter general que resulten adecuadas

para perfeccionar el funcionamiento de este sector y para asegurar la consecución de las

finalidades de la Ley.

8.ª Cuantas otras le atribuya la Ley y este reglamento.

  1. b) Dirección General de la Policía

1ª. La autorización o, en su caso, recepción de la declaración responsable de las

empresas de seguridad privada y de sus delegaciones.

2ª. La recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos

de detectives privados y de sus sucursales.

3ª. La recepción de la declaración responsable de los centros de formación del

personal de seguridad privada, excepto los exclusivos para guardas rurales y sus

especialidades.

4ª. La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos

específicos de formación del personal de seguridad privada, excepto guardas rurales y

sus especialidades, que no sean de la competencia de los Ministerios de Educación,

Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social, así como el reconocimiento de los

títulos de dirección de seguridad o de investigación privada.

5ª. La autorización de los servicios de protección personal y de aquellos otros

servicios de seguridad privada cuyo ámbito territorial sea superior al de una comunidad

autónoma, salvo lo dispuesto en el párrafo C) 2ª, así como de aquellas actividades y

servicios transfronterizos de seguridad privada.

6ª. La autorización de las centrales receptoras de alarmas de uso propio.

7ª. La anotación registral de las empresas de seguridad informática.

8ª. La aprobación de la uniformidad y distintivos del personal de seguridad privada,

excepto de los guardas rurales y sus especialidades.

9ª. La inspección de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones.

10ª. La inspección de los despachos de detectives privados y de sus sucursales.

11ª. La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada, excepto los

guardas rurales y sus especialidades.

12ª. La acreditación de los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad

privada y de los operadores de seguridad.

13ª. La inspección de los centros de formación del personal de seguridad privada,

excepto los exclusivos para guardas rurales, así como la acreditación de su profesorado,

excepto el de estos últimos y sus especialidades.

14ª. La inspección de los servicios de seguridad privada, salvo lo dispuesto en el

párrafo c)9ª, y de las centrales receptoras de alarmas de uso propio.

15ª. El control, inspección y validación definitiva, en su caso, de las medidas de

seguridad privada adoptadas por empresas de seguridad privada, despachos de

detectives privados, centros de formación de personal de seguridad privada, salvo los

exclusivos de guardas rurales, centrales receptoras de alarmas de uso propio y

establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, y eventos,

excepto en materia de armas y explosivos.

16º Cuantas otras le atribuya la Ley, y este reglamento.

  1. C) Dirección General de la Guardia Civil.

1.ª La habilitación e inhabilitación de los guardas rurales y sus especialidades.

2.ª La autorización de los servicios de seguridad privada prestados por guardas

rurales y sus especialidades cuyo ámbito territorial sea superior al de una comunidad

autónoma.

3.ª La aprobación de la uniformidad y distintivos de los guardas rurales y sus

especialidades.

4.ª La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos

específicos de formación para guardas rurales y sus especialidades, que no sean de la

competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad

Social.

5.ª La recepción de la declaración responsable de los centros de formación de

personal de seguridad privada exclusivos para guardas rurales y sus especialidades y su

inspección, así como la acreditación, en todo caso, del profesorado de este personal.

6.ª La autorización del arma que corresponde a cada servicio realizado por el

personal de seguridad privada, cuando no se haya fijado reglamentariamente, así como

de medios de defensa no previstos en este reglamento que tengan la consideración legal

de armas.

7.ª El control y supervisión de los ejercicios de tiro del personal de seguridad

privada, así como el nombramiento y control de los instructores de tiro.

8.ª El control, inspección y validación definitiva, en su caso, de las medidas de

seguridad privada a adoptar en materia de armas y explosivos por las empresas de

seguridad privada y establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de

servicios que resulten obligados a ello, así como la aprobación de los planes de seguridad

que puedan requerirse en este ámbito.

9.ª La inspección de los servicios de seguridad privada prestados por guardas

rurales.

10.ª Cuantas otras le atribuya la Ley, y este reglamento.

  1. d) Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, corresponde a las

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno el ejercicio de las siguientes

competencias:

1.ª Las relativas a autorizaciones de servicios de seguridad privada que

circunscriban su ámbito material de prestación al territorio de la comunidad autónoma o

provincia correspondiente, excepto los de protección personal y los transfronterizos.

2.ª Las relativas a la autorización o declaración responsable de sujetos obligados a

adoptar medidas de seguridad privada, que limiten su ámbito de actuación al territorio de

la comunidad autónoma o provincia correspondiente, o en los que radiquen los

respectivos establecimientos obligados o se produzcan las actividades o eventos.

3.ª Las relativas a la imposición de medidas de seguridad privada a sujetos,

establecimientos, actividades o eventos que radiquen o tengan lugar en la

correspondiente comunidad autónoma o provincia.

4.ª Cuantas otras les atribuyan la Ley, y este reglamento.

  1. En el ámbito de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas por

el artículo 13 de la Ley, estarán facultados para ejercerlas los siguientes órganos

policiales:

  1. a) La unidad o servicio competente del cuerpo de policía respectivo de aquellas

comunidades autónomas con competencia para la protección de bienes y para el

mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus estatutos de

autonomía y a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, respecto de las materias comprendidas en el artículo 13.1.

  1. b) La unidad o servicio competente del cuerpo de policía respectivo de que

dispongan aquellas comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de

autonomía, hubieran asumido competencias ejecutivas en materia de seguridad privada

cuando así estuviera establecido en la legislación del Estado, respecto de las materias

comprendidas en el artículo 13.2.

  1. c) La Unidad Adscrita de la Policía Nacional cuando las comunidades

autónomas a las que se refiere el párrafo anterior hubieran establecido fórmulas de

colaboración con el Ministerio del Interior, por no contar aquéllas con un cuerpo policial

propio.

Artículo 6. Procedimientos de gestión.

  1. En la gestión de seguridad privada serán aplicables los procedimientos de

autorización, de declaración responsable y de comunicación previa.

  1. Se aplicará el procedimiento de autorización a las siguientes actuaciones:
  2. a) Las empresas de seguridad privada que pretendan dedicarse a alguna o

algunas de las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1a), b), c),

d), e) y g) de la Ley, así como, en su caso, sus respectivas delegaciones.

  1. b) Las centrales receptoras de alarmas de uso propio contempladas en el

artículo 5.3 de la Ley .

  1. c) La apertura o traslado de los establecimientos e instalaciones industriales,

comerciales y de servicios que estén obligados a adoptar medidas de seguridad privada,

contemplados en el artículo 12.1j) de la Ley .

  1. d) Las relativas a uniformes, distintivos y medios de defensa contempladas en el

artículo 39.2 de la Ley, y en los artículos 107, 108 y 109 .

e)Los servicios armados contemplados en el artículo 40.1c) y 2 de la Ley, y en el

artículo 123.

  1. f) Los servicios de vigilancia y protección contemplados en el artículo 41.2 de la

Ley.

  1. g) Los servicios de videovigilancia contemplados en el artículo 42.2 de la Ley.
  2. h) Los servicios de protección personal contemplados en el artículo 43 de la Ley.
  3. i) La expedición de las habilitaciones correspondientes al personal de seguridad

privada, y de las acreditaciones del personal acreditado.

  1. j) Las modificaciones que se produzcan en las autorizaciones, habilitaciones o

acreditaciones a que se refieren los párrafos anteriores, así como las respectivas

extinciones de las mismas cuando tengan lugar a petición propia.

  1. k) Los supuestos específicamente contemplados en este reglamento no citados

anteriormente.

  1. Se aplicará el procedimiento de declaración responsable a las siguientes

actuaciones:

  1. a) Inscripción de las empresas de seguridad privada que pretendan dedicarse

únicamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1f) de la Ley,

así como sus respectivas delegaciones.

  1. b) Inscripción de las empresas de seguridad privada que pretendan modificar

su ámbito territorial de actuación en actividades para las que ya se encuentren

autorizadas.

  1. c) Inscripción de la ampliación a actividades compatibles por parte de

empresas de seguridad privada ya inscritas.

  1. d) Anotación registral de las empresas de seguridad informática.
  2. e) Inscripción de la apertura de despachos de detectives privados y de sus

respectivas sucursales.

  1. f) Modificación de las medidas de seguridad privada obligatorias de los sujetos

obligados a su adopción.

  1. g) Inscripción de centros de formación del personal de seguridad privada, así

como de los cursos de dirección de seguridad o de detective privado.

  1. h) Aquellas otras actuaciones previstas en este reglamento.
  2. i) Las modificaciones o cancelaciones registrales que pudieran tener lugar al

respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores.

  1. Se aplicará el procedimiento de comunicación previa a las siguientes

actuaciones:

  1. a) Contratación, inicio y finalización de servicios de seguridad privada.
  2. b) Altas y bajas del personal habilitado de seguridad privada y del personal

acreditado.

  1. c) Creación y extinción de departamentos de seguridad.
  2. d) Delegación de funciones de jefes de seguridad y de directores de seguridad.
  3. e) Cumplimiento de obligaciones de seguridad privada de empresas de

seguridad privada y de despachos de detectives privados. Reformas o modificaciones de

medidas de seguridad privada obligatorias efectuadas en instalaciones o establecimientos

obligados a la adopción de dichas medidas.

  1. f) Validación provisional de sistemas o medidas de seguridad privada a que se

refieren los artículos 35.1c) y 36.1e) de la Ley.

  1. g) Cualquier otro trámite de seguridad privada no sometido específicamente a

los procedimientos de autorización o de declaración responsable, y que necesite ser

comunicado a la autoridad de control competente.

CAPÍTULO II

Registro Nacional de Seguridad Privada

Artículo 7. Objeto.

  1. De acuerdo con los artículos 11.1 y 12 de la Ley, el Registro Nacional

proporcionará la información que precisen las autoridades y los órganos de control e

inspección competentes en materia de seguridad privada. .

  1. Además, el Registro Nacional tendrá por objeto la ordenación y tratamiento de la

información y datos proporcionados por los registros autonómicos en el ámbito de sus

competencias registrales.

  1. Igualmente, será objeto del Registro Nacional, de acuerdo con el artículo 11.5 de

la Ley, disponer, junto con los registros autonómicos, los mecanismos necesarios que

posibiliten su coordinación, cooperación y colaboración.

  1. Con la información contenida en el Registro Nacional, el órgano responsable de

su gestión procederá a la elaboración y actualización permanente de un mapa de

servicios operativos y sistemas de seguridad instalados al que tendrán acceso las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las policías autonómicas en su

respectivo ámbito competencial.

Artículo 8. Organización.

  1. El Registro Nacional de Seguridad Privada se integrará en la Dirección General

de la Policía y su funcionamiento y gestión corresponderá al órgano que determine su

estructura orgánica y funcional. La información contenida en este Registro estará

disponible para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con vistas al ejercicio de sus

respectivas competencias.

  1. La inscripción de los datos relativos a las habilitaciones y servicios de los

guardas rurales y sus especialidades, a su formación y centros específicos y exclusivos

que la imparten, así como a las acreditaciones del profesorado de los cursos para este

personal, corresponderá al órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

determine su estructura orgánica y funcional.

Artículo 9. Funcionamiento.

  1. El Registro Nacional, que tendrá carácter unitario para todo el territorio nacional

y para cualquier acto objeto de inscripción o anotación en el mismo, estará conformado

por un banco de datos obtenidos de las inscripciones o anotaciones, practicadas en hojas

registrales.

  1. Asimismo, el Registro Nacional constituirá el sistema oficial central de

información estadística sobre el sector de la seguridad privada en España y, como tal, el

soporte para la difusión de los datos contenidos en él, con las limitaciones establecidas en

el artículo 11.6 de la Ley, y en la legislación en materia de protección de datos de

carácter personal.

  1. También, dicho registro constituirá el instrumento de la Administración General

del Estado para la elaboración del informe que anualmente ha de elevar el Ministerio del

Interior a las Cortes Generales sobre el funcionamiento del sector, de acuerdo con los

artículos 21.1e) y 25.1i) de la Ley. .

  1. Cualquier persona o entidad, sin necesidad de justificar su interés, podrá solicitar la

pertinente certificación de si se encuentra inscrita una empresa de seguridad privada y

sus delegaciones, despacho de detectives privados y sus sucursales, centro de formación

de personal de seguridad privada o central receptora de alarmas de uso propio, y número

de orden de inscripción asignado, así como sobre denominación o razón social, domicilio,

número de identificación fiscal y actividades de seguridad privada en relación con las

cuales están autorizados para prestar servicios de seguridad privada.

Artículo 10. Coordinación registral.

  1. Los registros, nacional y autonómicos, estarán intercomunicados por redes

telemáticas y los sistemas de numeración de los mismos, relativos a las empresas de

seguridad privada, despachos de detectives privados, centros de formación del personal

de seguridad privada, centrales receptoras de alarmas de uso propio, empresas de

seguridad informática y departamentos de seguridad, a inscribir, se determinarán

coordinadamente, de forma que el número de inscripción de una de dichas empresas o

entidades de seguridad privada no pueda coincidir con el de ninguna otra. Para ello,

establecerán sistemas de coordinación que garanticen su compatibilidad informática y la

transmisión telemática de los asientos registrales.

  1. Toda la información y documentación incorporada al Registro Nacional de Seguridad

Privada, relacionada con las referidas empresas y entidades de seguridad privada

inscritas en el mismo, estará a disposición de los órganos competentes de las

comunidades autónomas para el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad

privada. De la misma manera, el Registro Nacional podrá recabar de éstos los datos que

estime necesarios para la gestión registral que le corresponde.

Igualmente comunicará, a los registros autonómicos que correspondan, la apertura,

modificación o cancelación de empresas de seguridad privada y despachos de detectives

privados que tengan un ámbito territorial de actuación nacional y sede social en la

comunidad autónoma o, en su caso, las delegaciones o sucursales con sede en ella.

  1. Los registros autonómicos comunicarán, en un plazo no superior a treinta días,

al Registro Nacional de Seguridad Privada, los datos de las inscripciones que efectúen

sobre las empresas y entidades de seguridad privada referidas anteriormente, así como

sus modificaciones y cancelación registral. Del mismo modo, se comunicarán las

sanciones que se impongan a éstas y a otros sujetos responsables en el ámbito de la

seguridad privada.

  1. Cuando una empresa de seguridad privada, despacho de detectives privados,

centro de formación del personal de seguridad privada, central receptora de alarmas de

uso propio, empresa de seguridad informática o departamento de seguridad, inscritos en

un registro autonómico, solicite su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad

Privada por modificación del ámbito territorial de actuación, y viceversa, éste o aquél se

dirigirá al registro autonómico que corresponda, o al Registro Nacional de Seguridad

Privada, para que le sea remitida la certificación literal de los asientos registrales de la

empresa, despacho, centro o central de que se trate, así como de todo el expediente que

contenga la documentación incorporada al mismo.

TÍTULO II

Coordinación, colaboración y participación

CAPÍTULO I

Sistema de coordinación

Artículo 11. Actuaciones de coordinación.

  1. Para el ejercicio de su función de coordinación y resto de competencias

atribuidas en el artículo 5, la Secretaría de Estado de Seguridad llevará a cabo las

siguientes acciones:

  1. a) Elaborar el Plan Director de Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y la seguridad privada, En él se especificarán las áreas de relación,

necesidades de información y canales establecidos para su intercambio.

  1. b) Desarrollar el sistema informático que permita la explotación por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado del mapa de servicios elaborado a partir de los datos

contenidos en el Registro Nacional de Seguridad Privada.

  1. c) Recabar los informes de la Comisión Nacional de Seguridad Privada Asumir

las acciones que se deriven de la normativa sobre protección de redes y sistemas de

información en relación con el control de las empresas que realicen actividades de

seguridad informática.

  1. En las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad

privada, la responsabilidad de coordinación se asegurará en el ámbito de sus estructuras

organizativas.

Artículo 12. Relación de colaboración.

  1. De acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 2, y 21.2 de la Ley, el deber de auxilio y

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las comunicaciones

sobre hechos delictivos o susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana, la puesta a

disposición de presuntos delincuentes, o la entrega de instrumentos, efectos y pruebas

del delito, se cumplimentarán respecto del cuerpo policial competente.

  1. En el cumplimiento de sus respectivas obligaciones y funciones, los prestadores

de servicios y el personal de seguridad privada facilitarán, a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la colaboración o información

que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

  1. El personal de seguridad privada, recibirá un trato preferente y deferente por

parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 13. Intercambio de información.

  1. Las informaciones facilitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al

personal de seguridad privada contendrán los datos necesarios para facilitar la adopción

de las medidas de protección adecuadas frente a riesgos genéricos o específicos, sin que

puedan facilitarse datos personales salvo para la prevención de un peligro real para la

seguridad ciudadana o para evitar la comisión de infracciones penales contra las

personas y los bienes protegidos.

  1. Las empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados y

personal de seguridad privada, proporcionarán, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

los datos, incluso de carácter personal, que faciliten la identificación y localización de

personas, para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad

ciudadana. En el marco de los planes de colaboración establecidos y bajo el control de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos datos podrán compartirse con las entidades de

seguridad privada afectadas.

Artículo 14. Cooperación administrativa.

  1. Los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad

social, con el fin de evitar el fraude, el intrusismo y la competencia desleal por parte de

las empresas de seguridad privada o de los despachos de detectives privados, o de

aquellas empresas o sujetos que interfieren en el sector sin estar autorizadas,

establecerán los siguientes mecanismos de cooperación interadministrativa:

  1. a) De información, consistentes en la transmisión, a las autoridades de control,

de aquellas informaciones de que dispongan que, constituyendo indicios relevantes de

una infracción penal, administrativa, laboral o tributaria, permitan iniciar procedimientos

sancionadores por parte de las autoridades competentes.

  1. b) De control, mediante una intensificación de las actuaciones sobre las

empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados y empresas o sujetos

no autorizadas, verificando, en su respectivo ámbito competencial, el estricto

cumplimiento de sus obligaciones.

  1. c) De inspección conjunta, coordinando los planes de actuación por parte de

cada autoridad competente. La ejecución policial de las actuaciones conjuntas de

inspección se realizará por el órgano de la Dirección General de la Policía que determine

su estructura orgánica y funcional.

  1. Para la consecución de estos objetivos, las autoridades policiales, tributarias,

laborales y de seguridad social, promoverán, entre otras, las siguientes actuaciones:

  1. a) La firma de acuerdos de cooperación interministerial para la realización de

actividades conjuntas contra el intrusismo, el fraude y la competencia desleal.

  1. b) El establecimiento de canales ágiles de consulta e intercambio de

documentación o información.

CAPÍTULO II

Participación institucional y reconocimiento social

Artículo 15. Comisión Nacional de Seguridad Privada.

  1. La Comisión Nacional de Seguridad Privada, así como las de ámbito autonómico

o provincial, son los órganos consultivos de encuentro y participación en el ámbito de la

seguridad privada.

  1. La Comisión Nacional estará adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad y

presidida por su titular, correspondiendo al mismo la designación de su secretaría.

  1. Son funciones de la Comisión Nacional:
  2. a) Analizar la situación del sector y elaborar informes para la Presidencia sobre

cualquier circunstancia que incida en su buen funcionamiento.

  1. b) Promover la actualización permanente de la normativa y contribuir a su

elaboración e interpretación.

  1. c) Las demás que le atribuyan la Ley, y este reglamento.
  2. En la Comisión Nacional se integrarán, como vocales, representantes de la

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas con competencias en

materia de seguridad privada y de los diferentes ámbitos profesionales que intervienen en

el sector. El Presidente podrá convocar, cuando lo estime oportuno, en función de los

asuntos a tratar, a expertos de reconocido prestigio, tanto del sector público como

privado.

  1. La composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional se

determinarán por orden del Ministro del Interior.

Artículo 16. Comisiones autonómicas y provinciales.

  1. En las comunidades autónomas que hayan asumido efectivamente

competencias en materia de seguridad privada, se crearán comisiones autonómicas cuya

composición y funcionamiento se determinarán por la normativa autonómica.

  1. En las restantes comunidades autónomas, se crearán comisiones provinciales

cuya composición y funcionamiento se determinarán por orden del Ministro del Interior.

Las comisiones provinciales estarán adscritas a las respectivas Subdelegaciones

del Gobierno, y presididas por el titular de las mismas, correspondiendo al mismo la

designación de su secretaría.

Artículo 17. Reconocimiento y honores.

  1. Por orden del Ministro del Interior se establece el “Día de la Seguridad Privada”

para reconocer y divulgar la labor que realiza el sector de la seguridad privada, así como

su aportación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la mejora de la

seguridad común.

  1. Por orden del Ministro del Interior se podrán conceder reconocimientos

honoríficos a las personas físicas o jurídicas vinculadas con la seguridad privada. Dichos

reconocimientos se podrán efectuar con ocasión de la celebración del “Día de la

Seguridad Privada” o en otros actos relacionados con el sector.

  1. Por orden del Ministro del Interior se establece la “Orden de Mérito de la

Seguridad Privada”, destinada al reconocimiento de la trayectoria profesional y los méritos

de las personas o entidades del ámbito o vinculadas con la seguridad privada, que hayan

destacado, por su esfuerzo y dedicación, en la contribución a la mejora de la seguridad, o

hayan protagonizado actos o conductas destacables de colaboración con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad.

TÍTULO III

Empresas de seguridad privada

CAPÍTULO I

Otorgamiento de la autorización

SECCIÓN 1.ª REQUISITOS GENERALES

Artículo 18. Cumplimiento de requisitos.

  1. De acuerdo con los artículos 17.1, 18.1 y 2, 19.1, y 20.1 de la Ley, para la

obtención de la autorización administrativa o, en su caso, presentación de declaración

responsable, la posterior inscripción en el registro correspondiente y la prestación de

servicios de seguridad privada, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en la

sección 3ª de este capítulo, las empresas interesadas habrán de reunir previamente los

requisitos generales a que se refiere el artículo 19.1 de la Ley.

  1. Además, las empresas interesadas deberán cumplir los requisitos que

específicamente se establecen en el título II del anexo I, así como, en su caso, los

requisitos y garantías adicionales de acuerdo con los artículos 19. 2, 3 y 4 de la Ley, y 62

de este reglamento.

  1. Todos los requisitos deberán ir acompañados de la aportación de los

documentos acreditativos pertinentes, así como de cualesquiera otros que puedan

interesarse con el mismo fin, y deberán presentarse para acreditar el cumplimiento de los

mismos, en la forma establecida en el anexo I.

  1. En cualquier caso, dichos requisitos deberán mantenerse durante todo el tiempo

de vigencia de la autorización o, en su caso, de la declaración responsable, y cualquier

variación deberá comunicarse a los órganos competentes, en todo caso, en el plazo

máximo de quince días, a contar desde la fecha en que se produjo la misma.

Artículo 19. Sujetos o entes prestadores.

  1. Las actividades de seguridad privada objeto de autorización, o de declaración

responsable, podrán ser realizadas por cualquier empresa, persona física o jurídica, de

carácter privado, que se haya constituido legalmente y cumpla con los requisitos exigidos

por la Ley, y este reglamento.

  1. Las empresas que vayan a desarrollar actividades de seguridad privada, podrán

revestir forma societaria o de empresario individual, de acuerdo con el artículo 17.3 de la

Ley, y prestar los servicios de seguridad privada que se correspondan con aquéllas para

las que estén autorizadas, material y territorialmente, tanto por sí mismas como

agrupadamente.

  1. De acuerdo con el artículo 19.1a) de la Ley, las empresas interesadas cumplirán

con el requisito de hallarse constituidas legalmente e inscritas en el registro mercantil o en

el registro público correspondiente, mediante el otorgamiento del pertinente documento

público o privado, o, en su caso, el equivalente que así lo acredite, según se trate de

empresas que revistan forma societaria o de empresario individual, al que se acompañará

el certificado o nota de la inscripción en el registro que corresponda.

  1. Los documentos a que se refiere el apartado anterior contendrán, como mínimo,

los siguientes datos:

  1. a) Los que permitan identificar a los socios otorgantes o al empresario

individual.

  1. b) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial de la

empresa.

  1. c) El número o código de identificación fiscal asignado por la Administración

Tributaria a la empresa.

  1. d) El objeto, que habrá de ser coincidente con todas, varias o alguna de las

actividades de seguridad privada, así como, en su caso, de las compatibles.

  1. e) La sede empresarial en la que se haya fijado el domicilio, que deberá radicar

en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con indicación de su localización y

dirección exacta.

  1. f) En su caso, el capital social, con expresión de las participaciones,

aportaciones o acciones en que se distribuye, su valor nominal y titularidad de las

mismas.

  1. g) En su caso, la composición personal de los órganos de administración y

dirección, con indicación de su estructura organizativa, número de miembros, alcance de

los poderes otorgados a los mismos y socio o socios a los que se les encomienda la

representación de la empresa.

Artículo 20. Nacionalidad.

  1. De acuerdo con el artículo 19.6 de la Ley, cuando las empresas de seguridad

privada no españolas pretendan desarrollar actividades de tal naturaleza en territorio

español, estando ya constituidas y autorizadas como empresas de seguridad privada con

arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados referidos en el artículo 19.1b) de la

Ley, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada,

además de, en su caso, en el de la comunidad autónoma a cuyo territorio limiten su

ámbito de actuación.

  1. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la condición de empresa de

seguridad privada se acreditará mediante la certificación de su inscripción en el registro

correspondiente al Estado donde estuviera aquella establecida, o bien por su

reconocimiento como tal por la autoridad competente para ello, siéndoles de aplicación,

respecto a la forma de cumplimentación de los requisitos exigidos legal y

reglamentariamente para el desarrollo de la actividad o actividades de seguridad privada

pretendidas, las siguientes particularidades:

  1. a) El documento acreditativo de su constitución como empresa en el Estado de

que se trate, así como el pertinente certificado de su inscripción o reconocimiento como

empresa de seguridad privada, a efectos de lo previsto en el artículo 19.1a) de la Ley, y

que habrán de estar convenientemente legalizados o apostillados y traducidos al español

por traductor jurado debidamente habilitado al efecto.

  1. b) Cuando en el Estado donde estuviera establecida la empresa interesada se

permitiera a las empresas de seguridad privada desarrollar otras actividades no

permitidas en España, y éstas figuraran en su objeto, la representación legal de aquélla,

presentará, junto con el resto de la documentación exigida a afectos de su inscripción en

el registro español que corresponda, una declaración responsable en la que conste

expresamente que, en ningún caso, tales actividades se realizarán en territorio español.

En tal supuesto, los efectos de la resolución de autorización o de la declaración

responsable quedarán condicionados al cumplimiento permanente de tal exigencia.

  1. c) En relación con la exigencia de contar con los medios materiales adecuados

a que se refiere el artículo 19.1c) de la Ley, no será exigible a la empresa interesada el

documento acreditativo del título en virtud del cual dispone del local en que hubiere fijado

el domicilio o de otros locales de la misma, si éstos estuviesen ubicados fuera de España.

En estos casos se eximirá de la cumplimentación del requisito de disponer de las medidas

de seguridad privada que se determinan en este reglamento.

  1. d) Asimismo, en cuanto a la obligación de contar con la infraestructura y

logística adecuada a las características de los servicios de seguridad privada que se

vayan a prestar, habrá de procederse a la apertura de una delegación en territorio español

si la sede empresarial fijada por la empresa para el ejercicio de las actividades de

seguridad privada pretendidas radicara fuera de España, siempre que los servicios de

seguridad privada a prestar tengan carácter permanente y los mismos tengan lugar dentro

de las fronteras terrestres o de las aguas jurisdiccionales de España.

  1. e) En cuanto al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 19.1g)

y h), de la Ley, la empresa interesada deberá aportar ante el órgano que tramite el

correspondiente procedimiento de inscripción una certificación, expedida por la autoridad

competente del Estado en el que estuviera establecida la misma y debidamente

legalizada y traducida al español, por traductor jurado habilitado al efecto, en la que

conste la no incursión de la misma y, en su caso, de sus administradores de hecho o de

derecho y representantes, en cualquiera de las situaciones descritas en los dos apartados

del precepto citado.

Artículo 21. Denominación, nombre comercial y marca empresarial.

  1. De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley, toda empresa de seguridad privada

que pretenda dedicarse a desarrollar actividades de seguridad privada habrá de tener una

denominación específica que la distinga de las restantes empresas de seguridad privada

que ya estén inscritas como tales en el registro que corresponda.

  1. En la denominación, nombre comercial o marca de las empresas de seguridad

privada no podrán usarse, en ningún caso, las expresiones “Policía”, “Policía Privada” o

“Policía Particular”, así como el adjetivo oficial, policial u otros de análogo significado, o

hacer referencia a denominaciones que puedan generar confusión con unidades o

servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 22. Ámbito de actividad.

  1. Las empresas de seguridad privada, además de tener como objeto las

actividades de seguridad privada que figuran en el artículo 5.1a) a g) de la Ley, , también

podrán desarrollar las siguientes actividades:

  1. a) Las compatibles establecidas en el artículo 6 de la Ley.
  2. b) Las que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de

seguridad privada autorizadas, de acuerdo con el artículo 19.1a) de la Ley.

  1. c) Las relativas a formación del personal de seguridad privada y a creación de

centros de formación del personal de seguridad privada, de acuerdo con los artículos

17.2 y 29.6 de la Ley.

  1. d) Otras que no sean de tal naturaleza o incompatibles con ellas, siempre que,

en todo caso, las mismas vayan a desarrollarse fuera del territorio español.

  1. Las empresas de seguridad privada deberán expresar cuál o cuáles actividades

de seguridad privada concretas son las que van a desarrollar de entre las que constan en

su objeto, sin perjuicio de que posteriormente puedan ampliar o reducir su ámbito de

actividades y, en consecuencia, declarar la nueva o nuevas actividades de seguridad

privada que van a desarrollar sin necesidad de modificar dicho objeto siempre que ya

estuviesen incluidas en el mismo.

  1. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las empresas interesadas en

desarrollar la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1e) de la Ley,

deberán indicar si pretenden dedicarse a los dos ámbitos materiales que comprende su

objeto, o bien sólo a uno o al otro.

En el primer caso, deberán acreditarse los requisitos en función de los dos ámbitos

materiales referidos, mientras que en el segundo únicamente se acreditarán aquellos

relacionados con uno de los dos ámbitos materiales que comprenden tal actividad de

seguridad privada.

  1. Las empresas de seguridad privada limitarán su ejercicio profesional a las

actividades de seguridad privada materiales autorizadas o declaradas, debiendo

circunscribir su acción empresarial, en todo caso, al ámbito territorial de su respectiva

autorización o declaración responsable y que figure inscrito en el correspondiente registro.

Artículo 23. Ámbito territorial de actuación.

  1. Las empresas que soliciten la obtención de la autorización, o presenten la

declaración responsable, para operar como empresas de seguridad privada, podrán

desarrollar una, varias o todas las actividades de seguridad privada contempladas en el

apartado 1 del artículo anterior en todo el territorio nacional o en partes del mismo, e

igualmente en ámbitos geográficos distintos al de su sede principal, previa declaración de

su intención, a efectos de determinar la autoridad competente que ha de dictar la

pertinente resolución de autorización.

  1. La actividad o actividades de seguridad privada objeto de autorización, o de

declaración responsable, podrán realizarse dentro de los siguientes ámbitos territoriales:

  1. a) Nacional: con extensión a todo el territorio nacional, con independencia del

lugar donde radique su domicilio.

  1. b) Autonómico: circunscrito al territorio de una sola comunidad autónoma, con

competencia efectivamente asumida en materia de seguridad privada, en el que la

empresa tenga su domicilio.

  1. Las empresas de seguridad privada de ámbito nacional podrán actuar en el

territorio de las comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en

materia de seguridad privada y dotadas de registros propios, sin necesidad de trámite

administrativo alguno.

  1. Las empresas de seguridad privada de ámbito autonómico limitarán su actuación

al respectivo ámbito territorial autonómico, sin que puedan desarrollar actividad de

seguridad privada alguna fuera del mismo.

Artículo 24. Medios humanos.

  1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, , las empresas de seguridad privada

deberán contar con personal de seguridad privada debidamente habilitado o, en su caso,

acreditado, y en número suficiente, al objeto de garantizar en todo momento el buen

funcionamiento empresarial y poder prestar convenientemente los servicios de seguridad

privada a los usuarios que los contraten.

El tipo y número mínimo de personal de seguridad privada requerido se establece

en el título II del anexo I, en función del tipo de actividad o actividades de seguridad

privada para las que se solicite la autorización o se presente la declaración responsable,

y de las características de los servicios de seguridad privada que se vayan a prestar en

relación con ellas.

  1. El personal de seguridad privada, así como, en su caso, el personal acreditado,

habrá de estar incluido en una relación de personal que ha de aportarse al efecto por la

empresa interesada junto con la solicitud de autorización o incluirse en la declaración

responsable presentada, así como el personal integrado o vinculado, respectivamente,

con la misma, a través de cualquier modalidad contractual o relación profesional admitida

como válida.

En los contratos o relaciones podrá establecerse una cláusula por la que el

comienzo de sus efectos quede condicionado a la fecha de autorización o presentación de

la declaración responsable e inscripción de la empresa contratante en el registro que

corresponda.

Artículo 25. Medios de formación.

  1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, las empresas de seguridad privada

deberán poner a disposición de su personal de seguridad privada los medios de formación

más apropiados, en razón del tipo o tipos de actividades de seguridad privada que

pretendan desarrollar y de los servicios de seguridad privada a prestar.

  1. Los medios de formación podrán ser proporcionados al personal de seguridad

privada por sí mismas, en asociación con otras empresas de seguridad privada, o a través

de terceros.

  1. Las empresas de seguridad privada deberán conservar y poner a disposición de

los órganos de control e inspección competentes, cuando así lo requieran, los

documentos que acrediten la disponibilidad de los medios de formación adecuados.

Artículo 26. Medios financieros.

  1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, las empresas de seguridad privada

que soliciten autorización o, en su caso, presenten la correspondiente declaración

responsable, habrán de contar con los medios financieros precisos para la puesta en

marcha del proyecto empresarial.

  1. La solvencia financiera se acreditará por el capital constituido, así como, en su

caso, por los bienes, derechos o aportaciones en trabajo, que figuren en los documentos

de constitución legal de las empresas de seguridad privada interesadas.

Artículo 27. Medios materiales y técnicos.

  1. De acuerdo con los artículos 19.1c) y 21.1b) de la Ley, todas las empresas de

seguridad privada, independientemente de la actividad o actividades de seguridad privada

que pretendan desarrollar, deberán disponer de un local para su sede empresarial, sin

perjuicio de que igualmente puedan disponer de delegaciones o de otros locales

destinados al apoyo logístico de sus actividades.

  1. Cada empresa de seguridad privada, en función de la actividad o actividades de

seguridad privada que vaya a desarrollar, deberá contar con los medios materiales y

técnicos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de seguridad privada de

que se trate, de acuerdo con el título II del anexo I.

  1. Asimismo, las empresas de seguridad privada podrán contar también con el

apoyo de animales, equipos y medios técnicos de libre disposición en el mercado. 4. Los

medios materiales y técnicos empleados podrán ser adquiridos en propiedad, en régimen

de alquiler o, en su caso, mediante documento acreditativo del derecho de uso por cesión

de los mismos, debiendo estar homologados, cuando ello sea exigible.

  1. Para la acreditación de la solvencia material y técnica deberá presentarse un

inventario elaborado al efecto, en el que se indicará, en función de la actividad de

seguridad privada de que se trate, el local o locales destinados al desarrollo de las

actividades pretendidas y el resto de medios materiales y técnicos de los que disponga.

  1. El tipo y, en su caso, el número de medios materiales y técnicos con los que las

empresas han de contar específica o adicionalmente, se determina en el título II del

anexo I.

Artículo 28. Medidas de seguridad privada.

  1. Las empresas de seguridad privada, para su sede empresarial y, en su caso,

para las delegaciones vinculadas a la operativa de seguridad, habrán de disponer de las

siguientes medidas de seguridad privada que se determinan en el título II del anexo IV:

  1. a) Un sistema de seguridad, físico y electrónico, compuesto, como mínimo, de

los elementos indicados.

  1. b) Un área restringida, dotada de los medios físicos, electrónicos o

informáticos, destinada a la custodia de la información y documentación sensible que se

maneje.

  1. c) Un sistema informático, acorde con la clasificación del nivel de criticidad,

bajo, medio o alto, que resulte de aplicación en relación con la actividad o actividades

empresariales pretendidas, orientado a proteger los sistemas de información de la

empresa e integrado por los elementos o dispositivos y con las características que se

determinan.

  1. d) Un plan de seguridad, así como los procedimientos de seguridad derivados,

a fin de proteger la actividad empresarial frente a posibles riesgos y amenazas que

puedan perturbarla.

  1. e) Un plan de contingencia que garantice la continuidad de la actividad en los

supuestos de materialización de las amenazas.

  1. Asimismo, dependiendo de las concretas circunstancias que puedan concurrir,

las empresas de seguridad privada interesadas deberán adoptar las medidas de

seguridad privada que, con carácter específico o adicional, en cada caso se establezcan.

Artículo 29. Aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil.

  1. De acuerdo con el artículo 19.1e) de la Ley, las empresas de seguridad privada

deberán suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras

garantías financieras con una entidad debidamente autorizada de cualquiera de los

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el

Espacio Económico Europeo, con el objeto de cubrir la responsabilidad civil que por los

daños en las personas o en los bienes pudieran derivarse de la explotación de la actividad

o actividades de seguridad privada que pretendan desarrollar.

En la naturaleza del riesgo deberá figurar, literalmente, el texto que se inserta en el

artículo 5.1 de la Ley, respecto de cada una de las actividades de seguridad privada que

se pretenden desarrollar.

  1. De acuerdo con el artículo 19.5 de la Ley, si el seguro de responsabilidad civil

suscrito, o la garantía financiera constituida en cualquiera de los Estados miembros de la

Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

lo fuesen por cuantías inferiores a las exigidas a las empresas españolas, la empresa de

seguridad privada obligada a su prestación deberá suscribir nuevo seguro, o ampliar el ya

suscrito, o constituir una nueva garantía financiera u otras garantías adicionales hasta

alcanzar dichas cuantías.

  1. Los importes mínimos de las cuantías a consignar en los contratos de

responsabilidad civil que hayan de suscribirse o respecto de las garantías financieras a

constituir, quedan determinados en el título II del anexo I.

Artículo 30. Constitución de aval o seguro de caución.

  1. De acuerdo con el artículo 19.1f) de la Ley, las empresas de seguridad privada

habrán de constituir un aval en la Caja General de Depósitos, o en las Cajas o

establecimientos públicos equivalentes de las comunidades autónomas, o en un

organismo de naturaleza similar de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o

Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; o bien suscribir un

contrato de seguro de caución con una entidad debidamente autorizada para operar en el

ramo de dicho seguro, cuyo certificado expedido al efecto deberá entregarse en los

lugares señalados anteriormente.

Tanto el aval como el seguro de caución que se constituyan, estarán a disposición

de las autoridades con competencias sancionadoras en la materia, con el fin de atender a

las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de las empresas de seguridad

privada por infracciones a la normativa de seguridad privada.

  1. El aval o el contrato de seguro de caución deberán mantenerse por la cuantía

máxima de su importe durante todo el período de vigencia de la autorización, para lo cual

las cantidades que, en su caso, se hubieren detraído a los efectos previstos en el

apartado anterior, habrán de reponerse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en

que se hubieren ejecutado los correspondientes actos de disposición.

  1. De acuerdo el artículo 19.5 de la Ley, si el aval depositado o el contrato de

seguro de caución suscrito en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o

en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo fuese de cuantía

inferior a la exigida a las empresas de seguridad privada españolas, la empresa de

seguridad privada depositante deberá constituir nuevo aval o complementar aquél, o

suscribir un nuevo contrato de seguro de caución o ampliar el ya suscrito, hasta alcanzar

dicha cuantía.

  1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá suplirse la

constitución de las garantías que se citan por el depósito de dinero en efectivo, siempre

que se cumplan con los requisitos y condiciones que se establecen en los mismos.

  1. Los importes mínimos de las cuantías a depositar en las garantías a constituir

quedan determinados en el título II del anexo I.

Artículo 31. Autorización múltiple.

  1. Las empresas de seguridad privada que pretendan dedicarse a más de una de

las actividades enumeradas en el artículo 5.1a) a g) de la Ley, habrán de acreditar los

requisitos generales, así como los específicos y, en su caso, los adicionales que pudieran

afectarles al objeto de obtener la correspondiente autorización, con las siguientes

peculiaridades:

  1. a) El que se refiere a jefe de seguridad, que podrá ser único para las distintas

actividades de seguridad privada.

  1. b) Los relativos a la póliza de responsabilidad civil o a las garantías financieras,

así como al aval o seguro de caución, a los que se refieren los artículos 29 y 30,

respectivamente, en cuyos casos se seguirán las siguientes reglas:

1º Si van a realizar dos actividades de seguridad privada, justificarán

únicamente la mayor de las cantidades exigidas por cada uno de los dos conceptos.

2º Si pretenden realizar más de dos actividades de seguridad privada, las

cantidades a justificar por la correspondiente póliza de responsabilidad civil o las

garantías financieras, así como el aval o seguro de caución, se incrementarán en una

cuantía igual al veinticinco por ciento respecto de las exigidas para cada una de las

restantes clases de actividades.

  1. c) Los relacionados con los medios materiales y técnicos, los cuales podrán

compartirse o utilizarse, indistintamente, en el desarrollo de todas las actividades de

seguridad privada, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones de seguridad

y se cumplan el resto de requisitos exigidos por la normativa aplicable.

  1. Tales actividades de seguridad privada solo podrán ser objeto de autorización e

inscripción en virtud de una única resolución dictada al efecto por la autoridad que resulte

competente para ello, dependiendo del ámbito de actuación territorial declarado por la

empresa de seguridad privada y, todas ellas, respecto de un mismo y único ámbito

territorial de actuación.

Cuando posteriormente se solicitara por la empresa de seguridad privada

interesada la ampliación o, en su caso, la reducción de las actividades de seguridad

privada autorizadas, la resolución pertinente que se dicte al efecto incluirá o excluirá las

mismas.

  1. En aquellos casos en que las empresas de seguridad privada pretendan realizar

tanto el transporte y distribución de objetos valiosos como el de objetos peligrosos, a que

se refiere el artículo 5.1c), d) y e) de la Ley, les resultará de aplicación lo dispuesto en

los dos apartados anteriores como si se tratase de dos actividades distintas.

Artículo 32. Representantes legales.

  1. Las empresas de seguridad privada, sean persona física o jurídica, podrán

actuar por mediación de representantes legales ante la administración y demás terceros,

al objeto de realizar, en nombre de las mismas, cuantos trámites, escritos, solicitudes,

declaraciones, comunicaciones, actos conexos y demás actuaciones sean precisas.

  1. De acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley, los representantes legales deberán

mantener, en todo momento, los requisitos a que se refiere el mismo mientras las

empresas de seguridad privada a las que representan estén inscritas en el registro

correspondiente.

Los representantes legales acreditarán que reúnen tales requisitos mediante

declaración responsable, en la que conste la no incursión de la empresa de seguridad

privada a la que representan, de acuerdo con el artículo 19.1g) y h) de la Ley, y de ellos

mismos, en cualesquiera de las incompatibilidades, prohibiciones o situaciones

contempladas en aquélla y en este reglamento.

  1. En ningún caso, los representantes legales podrán formar parte, al mismo

tiempo, de órganos de representación de empresas de seguridad privada y de despachos

de detectives privados.

  1. Cuando se hubiere dictado auto de declaración de concurso, el administrador o

administradores concursales, deberán comunicar tal circunstancia, en el plazo máximo de

quince días, a los registros donde se hallasen inscritas las empresas de seguridad privada

afectadas y remitir copia de dicho auto para su incorporación a los expedientes de las

mismas en el ámbito de la seguridad privada.

SECCIÓN 2.ª EXPEDICIÓN E INSCRIPCIÓN

Artículo 33. Régimen general.

  1. Las empresas que se quieran dedicar a las actividades de seguridad privada,

para su inscripción de oficio en el correspondiente registro, deberán haber obtenido la

preceptiva autorización o presentado la correspondiente declaración responsable, de

acuerdo con los artículos 18.1 y 2 de la Ley, y 6.2 y 3 de este reglamento.

  1. La autorización o la declaración responsable será intransferible y no podrá ser

objeto de embargo. Tampoco eximirán de la obtención de las demás licencias, permisos

o autorizaciones que sean preceptivas.

  1. Se denegará la solicitud de autorización pertinente o, en su caso, no se

procederá a la inscripción de la declaración responsable, de aquellas empresas de

seguridad privada de las que, pueda determinarse que son continuación o que deriven,

por transformación, fusión, escisión o sucesión, de otras empresas de seguridad privada a

las que se les hubiera cancelado su inscripción en el registro correspondiente, como

consecuencia de las sanciones impuestas en el artículo 61 de la Ley.

Artículo 34. Autoridades competentes.

  1. El otorgamiento de la autorización o, en su caso, recepción de la declaración

responsable, una vez concluida la tramitación, corresponderá a las siguientes

autoridades:

  1. a) Al Director General de la Policía, cuando las empresas de seguridad privada

vayan a tener o tengan un ámbito territorial de actuación nacional.

  1. b) Al titular del órgano correspondiente de la comunidad autónoma cuando, las

empresas de seguridad privada tengan sede y ámbito limitado en su territorio.

  1. Las autoridades a que se refiere el apartado anterior podrán, conforme a lo

preceptuado en el artículo 36, suspender o retirar temporalmente, la autorización otorgada

o, en su caso, la declaración responsable, a las empresas de seguridad privada.

Artículo 35. Vigencia y alcance.

  1. De acuerdo con el artículo 18.3 de la Ley, la validez de la autorización

concedida o, en su caso, de la declaración responsable será indefinida, si bien la misma

quedará condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos legal y

reglamentariamente exigidos.

  1. La notificación de la autorización o la presentación de la declaración responsable

permitirá la entrada en funcionamiento de la empresa de seguridad privada solicitante.

  1. En caso de que se pretenda modificar el ámbito territorial de actuación

comprendido en la autorización o en la declaración responsable, de nacional a

autonómico, o de autonómico a nacional, bastará con que la empresa de seguridad

privada interesada en ello se dirija al registro que se corresponda con el nuevo ámbito

pretendido, a efectos de su inscripción en el mismo, mediante comunicación previa en tal

sentido, siempre que:

  1. a) El domicilio de la misma vaya a continuar ubicado dentro de los límites

territoriales de la comunidad autónoma de que se trate y en el mismo lugar, en el

supuesto de cambio de ámbito nacional a autonómico.

  1. b) El domicilio de la misma no vaya a trasladarse a otro lugar, ya sea dentro de

la comunidad autónoma en el que estuviera ubicado o fuera de la misma, en el supuesto

de cambio de ámbito autonómico a nacional.

  1. c) No concurran otras circunstancias modificativas relacionadas con los datos

incorporados a la resolución de autorización o a la declaración responsable, en los dos

supuestos anteriores.

A tales efectos, una vez recibida la comunicación previa en el Registro Nacional de

Seguridad Privada, o en el correspondiente registro autonómico, tanto uno como otro

practicarán, las actuaciones que resulten precisas para poder inscribir, de oficio, a la

empresa de seguridad privada interesada, por un lado, y cancelar su inscripción, por otro,

de acuerdo con lo prevenido en el artículo 10.4.

Artículo 36. Suspensión.

  1. Se acordará la suspensión de la autorización o, en su caso, de la declaración

responsable, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

La imposición a las empresas de seguridad privada, de la sanción prevista en el

artículo 61.2b) de la Ley, durante el plazo de un año, como consecuencia de la comisión

de cualquiera de las infracciones graves tipificadas en el artículo 57.2 de la misma.

Cuando en el marco del procedimiento de declaración de concurso, el juez

competente hubiese acordado, mediante auto, el cierre de la totalidad o de parte del local

donde se ubique el domicilio de la empresa de seguridad privada concursada, así como,

en su caso, de sus delegaciones; o el cese o la suspensión, total o parcial, de la actividad

o actividades empresariales desarrolladas hasta entonces por la misma.

  1. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento

administrativo común de las administraciones públicas, también podrá acordarse la

suspensión en los casos de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en

cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una

declaración responsable, o la no presentación, de dicha declaración.

  1. De manera preventiva podrá retirarse, o suspenderse, la autorización otorgada a

las empresas de seguridad privada o, en su caso, la declaración responsable, cuando el

órgano competente que haya ordenado la incoación de un procedimiento sancionador en

materia de seguridad privada, tras su inicio, adopte la medida cautelar a que se refiere el

artículo 69.2b) de la Ley, sin que pueda tener una duración superior a un año.

  1. La suspensión o retirada de la autorización o, en su caso, de la declaración

responsable, en todas las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores,

implicará la prohibición de continuar desarrollando la actividad o actividades de seguridad

privada objeto de autorización o de declaración responsable, desde el momento en que se

hubiere notificado la pertinente resolución por parte de la autoridad competente.

Artículo 37. Inscripción registral.

  1. De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley, para el desarrollo de las actividades

de seguridad privada enumeradas en el artículo 22.1 de este reglamento, las empresas de

seguridad privada, además de estar autorizadas, o, en su caso, haber presentado la

declaración responsable, deberán hallarse inscritas en el Registro Nacional de Seguridad

Privada, o en el correspondiente registro autonómico.

  1. La inscripción de las empresas de seguridad se practicará, de oficio, una vez

otorgada la pertinente autorización o, en su caso, tras ser objeto de recepción la

declaración responsable presentada al efecto. En el registro correspondiente se anotarán

los datos a que se refiere el capítulo II del título I del anexo I.

Igualmente, serán objeto de anotación las actividades compatibles que, en su caso,

vayan a realizarse y se hubieran declarado a tales efectos.

  1. La inscripción en el registro será única por cada empresa de seguridad privada,

con independencia del número de actividades de seguridad privada para las que estuviera

autorizada, así como de las compatibles declaradas y anotadas, incluidas las de

seguridad informática.

  1. Las inscripciones y anotaciones que se realicen en los correspondientes

registros, se notificarán a las empresas de seguridad privada interesadas, con

especificación, en todo caso, del número de registro asignado a las mismas, de la

actividad o actividades de seguridad privada que pueden desarrollar, o de las compatibles

declaradas, y el ámbito territorial de actuación.

  1. El número de inscripción en el registro que le corresponda a cada empresa de

seguridad privada deberá figurar siempre en los contratos de servicios de seguridad y en

la publicidad que desarrolle.

SECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN

Artículo 38. Tramitación de la autorización.

  1. De acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley, el procedimiento de obtención de la

autorización administrativa para el desarrollo de las actividades de seguridad privada a

que se refiere el artículo 5.1a) a g) de la misma, se iniciará a instancia de la empresa de

seguridad privada interesada, mediante la presentación de una solicitud dirigida al órgano

de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o,

en su caso, al órgano autonómico que resulte competente, acompañada de la

documentación a que se refieren los títulos I y II del anexo I.

  1. El órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura

orgánica y funcional o el órgano autonómico competente procederán a examinar la

solicitud y la documentación aportada, impulsando de oficio los trámites necesarios hasta

su resolución por las autoridades competentes.

  1. El informe preceptivo del órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

determine su estructura orgánica y funcional, sobre idoneidad de instalación de los

armeros que, en su caso, hayan de tener las empresas de seguridad privada, se emitirá a

instancia del órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura

orgánica y funcional o del órgano autonómico competente, en el plazo de treinta días .

De no tener entrada dicho informe en el plazo indicado, podrá proseguirse con la

instrucción, incorporándose, en su caso, con posterioridad.

  1. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar las resoluciones será

de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada de la solicitud en el registro

del órgano competente para su tramitación, sin perjuicio, a efectos de su cómputo, de la

posible suspensión del transcurso de dicho plazo en aplicación de lo dispuesto en la

normativa sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

  1. Si venciese el plazo de resolución y la autoridad competente no la hubiese

dictado expresamente, podrá entenderse desestimada la solicitud, pudiendo la empresa

interesada interponer contra dicha desestimación presunta los recursos que procedan.

  1. La resolución que se adopte será notificada a los interesados y pondrá fin a la

vía administrativa.

Artículo 39. Tramitación de la declaración responsable.

  1. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Ley, para el desarrollo de la actividad de

seguridad privada contemplada en el artículo 5.1f) de la misma, el procedimiento

consistirá en la presentación de la declaración responsable, dirigida al órgano de la

Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su

caso, al órgano autonómico competente, acompañada de la documentación exigida en

los títulos I y II del anexo I.

  1. Recibida la declaración responsable, el órgano de la Dirección General de la

Policía que determine su estructura orgánica y funcional o el órgano autonómico

competente, comprobarán que la misma está debidamente cumplimentada y acompañada

de toda la documentación requerida, procediendo a la inscripción, de oficio, de la empresa

de seguridad privada interesada en el registro correspondiente.

  1. Con posterioridad a la inscripción registral, se realizarán, de oficio, cuantas

actuaciones se estimen necesarias para la comprobación de la veracidad de lo declarado

y su acomodo a los requisitos legal y reglamentariamente exigidos. En el supuesto de que

se advierta el incumplimiento de las citadas exigencias legales y reglamentarias por parte

del autor de la declaración, se podrá dejar sin efecto la mencionada declaración, debiendo

este cesar en su actividad.

CAPÍTULO II

Modificación y extinción de la autorización o de la declaración

Artículo 40. Modificación de la autorización o de la declaración responsable.

  1. Cualquier variación de los datos incorporados a las resoluciones de autorización

a las empresas de seguridad privada, o de la declaración responsable, deberá ser objeto

del correspondiente procedimiento de modificación.

  1. Las empresas de seguridad privada solicitarán o comunicarán las modificaciones

referidas a dichos datos, en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha en

que se hubieran producido.

  1. También podrá aplicarse el procedimiento de modificación en los siguientes

supuestos:

  1. a) Escisión de empresas de seguridad privada inscritas.
  2. b) Absorción entre empresas de seguridad privada inscritas.
  3. c) Fusión entre empresas de seguridad privada inscritas.
  4. d) Otras transformaciones empresariales que puedan afectar a las empresas

de seguridad privada inscritas.

  1. En cualquiera de los supuestos de modificación, los requisitos necesarios, la

documentación a aportar y la tramitación del procedimiento deberán atenerse a lo

dispuesto en el capítulo anterior y en el anexo I.

  1. Si en el momento de la entrada de la solicitud o comunicación de la modificación

en el registro del órgano competente, a la empresa de seguridad privada se le incoara

también procedimiento administrativo por extinción de la autorización o de los efectos de

la declaración responsable, los dos expedientes serán objeto de acumulación y de

resolución conjunta.

  1. La modificación, una vez aprobada o declarada e, será objeto de inscripción de

oficio en el registro correspondiente.

Artículo 41. Extinción de la autorización o de los efectos de la declaración

responsable.

  1. La extinción de la autorización o de los efectos de la declaración responsable y,

en su caso, el cierre de la empresa de seguridad privada, podrá producirse en virtud de

alguno de los siguientes modos y causas:

  1. a) A petición de la propia empresa de seguridad privada interesada,

comunicada mediante manifestación expresa y por escrito.

  1. b) Por revocación acordada por el órgano competente debido a las siguientes

causas:

1.º Incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos, condiciones o

plazos exigidos legal y reglamentariamente.

2.º Cumplimiento de la sanción del artículo 61.1b) de la Ley.

3.º Fallecimiento, jubilación o incapacidad sobrevenida del empresario

individual.

4.º Extinción de la personalidad jurídica de la empresa, tras la cancelación de

su inscripción en el Registro Mercantil u otro público.

5.º Resolución judicial firme de disolución de la empresa.

6.º Inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,

manifestación o documento que se hubiera acompañado o incorporado a una declaración

responsable que hubiere sido objeto de recepción e inscripción en el registro

correspondiente.

  1. En los casos de autorización múltiple, las circunstancias concurrentes en el

procedimiento que se tramite en relación con lo dispuesto en los párrafos a) y b) del

apartado anterior, solo determinarán la extinción de la autorización o el cierre empresarial,

y la consiguiente cancelación registral, en cuanto a la actividad o actividades de seguridad

privada interesadas o afectadas, pero no respecto de las demás.

  1. La resolución por la que se declare la extinción de la autorización o de los

efectos de la declaración responsable, será notificada a los interesados y pondrá fin a la

vía administrativa, dando lugar, en ambos casos, a la imposibilidad de poder ejercitar los

derechos y facultades que se deriven de aquéllas, así como a la prohibición de seguir

desarrollando las actividades de seguridad privada, junto a la cancelación de oficio de la

inscripción de la empresa de seguridad privada en el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, la autoridad que dicte la resolución de extinción de la

autorización o declaración responsable, señalará un plazo de ejecución material

suficiente, que no podrá ser inferior a quince días hábiles ni superior a dos meses,

durante el cual podrá seguirse desarrollando la actividad o actividades de seguridad

privada que hasta entonces hubiera amparado la autorización o declaración extinguida.

En caso de que la empresa de seguridad privada afectada solicitara la suspensión

de dicha ejecución, ésta se entenderá denegada si transcurrido el plazo de un mes no se

hubiere dictado resolución expresa.

  1. La cancelación de la inscripción de empresas de seguridad privada determinará

la liberación del aval o seguro de caución regulados en el artículo 30.

  1. No se podrá efectuar la liberación del aval o seguro de caución cuando la

empresa de seguridad privada tenga obligaciones económicas pendientes con la

Administración, derivadas del funcionamiento de la empresa de seguridad privada por

infracciones a la normativa de seguridad privada, o cuando se le instruya procedimiento

sancionador, hasta su resolución y, en su caso, hasta el cumplimiento de la sanción.

No obstante, podrá reducirse el aval o el seguro de caución teniendo en cuenta el

alcance previsible de las obligaciones y responsabilidades pendientes.

CAPÍTULO III

Funcionamiento

SECCIÓN 1.ª DEBERES GENERALES

Artículo 42. Comienzo y finalización de actividades de seguridad privada.

  1. A efectos de este reglamento, se entenderá que la fecha de notificación de la

resolución de autorización a la empresa de seguridad privada interesada o, en su caso, la

de presentación de la declaración responsable por ésta, será la de inicio de sus

actividades de seguridad privada y, consecuentemente, de su entrada en funcionamiento.

De no ser así, deberá comunicarse la fecha de inicio prevista a los órganos de inspección

y control competentes, con la debida antelación, o indicarse la misma expresamente en la

declaración responsable presentada.

  1. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la actividad de seguridad

privada contemplada en el artículo 5.1g), deberán dar cuenta de las fechas de efectividad

de las distintas conexiones a las dependencias policiales a las que corresponda dar

respuesta a las alarmas, con una antelación de veinticuatro horas, al menos, respecto del

inicio de los correspondientes servicios de seguridad privada.

  1. Las empresas de seguridad privada comunicarán a los correspondientes

órganos de control e inspección competentes la fecha prevista de finalización de sus

actividades de seguridad privada y del consiguiente cese en la prestación de los servicios

de seguridad privada relacionados con las mismas, y, en todo caso, dentro de las setenta

y dos horas siguientes después de haberse producido total y definitivamente el mismo.

  1. Las empresas de seguridad privada que se encuentren en alguna de las

situaciones de crisis empresarial contempladas en la legislación concursal, vendrán

obligadas, exclusivamente en el ámbito de la seguridad privada, a realizar las siguientes

comunicaciones:

  1. a) Ponerlo en conocimiento inmediato de los clientes usuarios de sus servicios

de seguridad privada que pudieran resultar afectados.

  1. b) Dar conocimiento inmediato a la autoridad de control del registro, donde se

encontrasen inscritas.

  1. c) Mantener la prestación de los servicios de seguridad privada contratados o,

en su caso, facilitar que los mismos sean asumidos por otras empresas de seguridad

privada.

  1. d) Informar a las autoridades de control respectivas y a los clientes usuarios de

sus servicios de seguridad privada de la resolución final de la situación concursal en la

que se encontrasen.

Artículo 43. Publicidad e imagen corporativa.

  1. De acuerdo con los artículos 10.1a), 18.1 y 19.1 de la Ley, ninguna empresa de

seguridad privada podrá realizar publicidad relativa a cualquiera de las actividades de

seguridad privada que pretenda realizar, así como respecto de los servicios de seguridad

privada que se puedan derivar de las mismas, sin hallarse previamente autorizada o sin

haber presentado la correspondiente declaración responsable.

  1. El número de orden de inscripción en el registro que le corresponda a cada

empresa de seguridad privada, una vez notificado a la misma, deberá figurar, a partir de

entonces y en todo caso, en la publicidad que posteriormente desarrolle, así como en los

contratos de servicios de seguridad de seguridad privada que formalice.

  1. El anagrama o escudo-emblema específico de la empresa de seguridad privada

de que se trate, deberá, en su caso, estar siempre visible en las prendas de los uniformes

utilizados por el personal de seguridad privada uniformado integrado en ella, así como

rotulado en los vehículos de ésta cuando los mismos estén vinculados a la operativa de

seguridad.

Artículo 44. Deberes documentales.

  1. A efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas de

seguridad privada en el artículo 21.1e) de la Ley, el informe sobre sus actividades y el

resumen de las cuentas anuales se presentarán durante el primer mes de cada año, con

la información y datos que se determinan en el artículo 228, que no figuren en el registro

correspondiente.

  1. Anualmente, en el mismo plazo indicado en el apartado anterior, las empresas

de seguridad privada habrán de presentar, en el registro en que se encontraran inscritas,

la documentación a que se refiere el artículo 229, así como comunicar las circunstancias

referidas en el mismo.

  1. Las empresas de seguridad privada llevarán en su sede empresarial y en sus

delegaciones, obligatoriamente, los Libros-Registro generales, y aquellos otros

específicos, en función de la actividad de seguridad privada autorizada a desarrollar, de

acuerdo con el artículo 207.

Artículo 45. Comunicaciones de modificaciones estatutarias.

  1. De acuerdo con el artículo 21.1c), párrafo primero, de la Ley, las

comunicaciones a las que vienen obligadas las empresas de seguridad privada en

relación con los cambios que se produzcan en las mismas, se realizaran al órgano de la

Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su

caso, al órgano autonómico competente, dentro de los quince días siguientes a su

modificación.

No obstante lo anterior, no será preciso comunicar las modificaciones que se

hubieren producido en la titularidad de las acciones y participaciones sociales como

consecuencia de la compra y venta de éstas, por parte de socios o accionistas

minoritarios, en empresas de seguridad privada cotizadas. En su lugar, bastará con que

en el resumen de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 228.2, la empresa de

seguridad privada de que se trate consigne el porcentaje de las referidas acciones o

participaciones sociales minoritarias que éstas representen en relación con el total del

accionariado de la misma, sin perjuicio de los requerimientos que al respecto puedan

interesar los órganos de control e inspección competentes.

  1. De acuerdo con el artículo 23.3 de la Ley, las empresas de seguridad privada

en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a

comunicarlo al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, así

como toda variación que afecte a la titularidad de tales inversiones, en un plazo máximo

de quince días, a contar desde aquel en que se produjera tal circunstancia.

  1. No podrán efectuarse materialmente los cambios relativos al ámbito territorial de

actuación, domicilio y delegaciones de las empresas de seguridad privada, cuando en los

mismos se lleven a cabo operaciones ligadas a la operativa de seguridad, hasta que sean

aprobados por parte de las autoridades competentes, una vez resueltos los

correspondientes procedimientos de modificación de las autorizaciones otorgadas y

efectuados los pertinentes trámites de notificación, excepto en aquellos supuestos de

presentación de declaración responsable relacionados con la actividad a que se refiere el

artículo 5.1f) de la Ley.

Artículo 46. Comunicaciones relativas al personal de seguridad privada.

  1. De acuerdo con el artículo 21.1c), párrafo segundo, de la Ley, las

comunicaciones se realizarán a través de la sede electrónica de la Dirección General de

la Policía o del órgano autonómico competente, dentro del plazo de cinco días siguientes

a la fecha en que se produzcan.

  1. Cuando las bajas se produzcan como consecuencia del fallecimiento, jubilación

o incapacidad del personal, deberán indicarse expresamente tales circunstancias.

SECCIÓN 2.ª INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

Artículo 47. Sede empresarial.

  1. Las empresas de seguridad privada que soliciten autorización o, en su caso,

presenten declaración responsable, para desarrollar actividades de seguridad privada,

dispondrán de una sede física, que constituirá su domicilio, la cual estará sometida, con

carácter general, al cumplimiento de las siguientes exigencias:

  1. a) Deberá radicar en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión

Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y habrá de fijarse

en un local determinado, de libre disposición o uso por cualquier título legal, y que será de

libre acceso para los servicios policiales de control.

De acuerdo con los artículos 21.1b) y 23.1 de la Ley, puesto en relación con el

artículo siguiente, cuando la sede no se encuentre ubicada en España, deberá abrirse una

delegación en el territorio español, la cual tendrá la consideración de domicilio , y habrá

de reunir las mismas exigencias previstas para la sede empresarial, así como aquellas

otras a que se refiere el artículo siguiente en relación con cada una de las actividades de

seguridad privada que vayan a desarrollarse o de los servicios a prestar en el ámbito

territorial de actuación correspondiente.

  1. b) Podrá compartirse el local donde se ubique con otras empresas o entidades,

salvo con despachos de detectives, siempre que los respectivos espacios utilizados estén

perfectamente delimitados y claramente diferenciados. c) Habrá de disponer de las

medidas de seguridad privada establecidas en el anexo IV, cuando en él se realicen

tareas o labores vinculadas a la operativa de seguridad. Cuando ésta se desarrolle en

dependencia distinta al domicilio fijado por la empresa de seguridad privada, tendrá la

consideración de delegación y, en consecuencia, obligada a cumplir con los requisitos

requeridos de acuerdo con el artículo 48.2.

  1. d) Dispondrá de una cuenta de correo electrónico, al objeto de que los órganos con

competencias en materia de seguridad privada puedan practicar, formalmente, en el

mismo, cualesquiera notificaciones, requerimientos, comunicaciones u otros actos que

afecten a la explotación de la actividad empresarial.

  1. Cuando la empresa de seguridad privada interesada en obtener la pertinente

autorización pretenda desarrollar varias actividades de seguridad privada, el local de la

sede empresarial que se fije a efectos de domicilio deberá ser el mismo para todas ellas.

Artículo 48. Delegaciones.

  1. Las empresas de seguridad privada podrán tener una o varias delegaciones para

desarrollar, total o parcialmente, a través de las mismas, la actividad o actividades de

seguridad privada objeto de autorización o de declaración responsable, pero siempre

dentro de los respectivos ámbitos territoriales y materiales de actuación.

  1. Las empresas de seguridad privada que pretendan abrir delegaciones, habrán

de solicitar la pertinente autorización o, en su caso, presentar la correspondiente

declaración responsable, cumpliendo previamente con los siguientes requisitos:

  1. a) Destinar los medios personales, materiales y técnicos adecuados al ejercicio

de cada una de las actividades de seguridad privada que se pretenden desarrollar y, en

su caso, de los servicios de seguridad privada a prestar, así como adoptar las medidas de

seguridad privada exigidas con carácter general a las empresas de seguridad privada, o

las específicas o adicionales pertinentes en función de cada actividad de seguridad

privada desarrollada o servicio a prestar.

  1. b) Disponer, de un local determinado, de libre disposición o uso por cualquier

título legal, para la sede de la delegación, que se ajuste a las mismas exigencias

requeridas en el apartado 1 del artículo anterior.

  1. c) Declarar la actividad o actividades de seguridad privada que se pretenden

desarrollar en la delegación, con indicación de la ubicación y dirección del local en el que

vaya a radicar la sede de la misma, así como la extensión que abarcará su ámbito

territorial de actuación.

  1. d) Nombrar a un representante delegado, el cual habrá de reunir los requisitos a

que se refiere el artículo 22.2 de la Ley, siendo responsable únicamente del cumplimiento

de las obligaciones impuestas a la empresa en los artículos 21.1a) y b) y 2, y 22.3 de la

Ley.

  1. De acuerdo con los artículos 19.1c), 2, y 3, 21.1b) y 23.1 de la Ley, las

empresas de seguridad privada deberán abrir delegaciones en las Ciudades de Ceuta y

Melilla o en las provincias en que no radique su sede empresarial, cuando desde allí

vayan a realizarse alguna de las siguientes actividades de seguridad privada o a prestarse

alguno de los siguientes servicios de seguridad privada:

  1. a) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulosvalores,

joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos valiosos.

  1. b) Depósito y custodia de explosivos, armas, artículos pirotécnicos, cartuchería

metálica, sustancias, materias, mercancías u otros objetos peligrosos.

  1. c) Vigilancia y protección de bienes y establecimientos, lugares y eventos o

acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, siempre que

estos servicios de seguridad de seguridad privada se presten con armas de fuego y

resulte obligatoria la instalación de armeros, excepto en los supuestos de existencia de

armeros de servicio o de custodia del arma por parte del escolta privado.

  1. d) Explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su

caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma.

  1. La solicitud de autorización o, en su caso, la declaración responsable, será

realizada por la empresa de seguridad privada interesada, e irá dirigida a la autoridad

competente que otorgó la autorización o, en su caso, ante la que se presentó la

declaración responsable, así como acompañada de la documentación exigida, en cada

caso, por el título III del anexo I.

En cualquiera de los supuestos de apertura, así como, en su caso, de modificación

o cierre de las delegaciones, la tramitación de los correspondientes procedimientos

deberá atenerse a lo dispuesto en los capítulos II y III del título III.

  1. En los establecimientos comerciales de los que puedan disponer las empresas

de seguridad privada para atender a los clientes, promocionar sus productos o publicitar

los servicios que prestan, no podrá desarrollarse actividad alguna ligada a la operativa de

seguridad.

Artículo 49. Apoyo logístico.

  1. Las empresas de seguridad privada podrán contar también con otros locales, en

atención a las necesidades de apoyo logístico que se deriven de la prestación de los

distintos servicios de seguridad privada.

  1. Los locales referidos habrán de estar a disposición de las empresas de

seguridad privada mediante cualquier título que así lo acredite, y deberán estar dotados,

con carácter general, de las medidas de seguridad privada a que se refiere el artículo

28.1b), cuando en ellos se maneje, guarde o almacene documentación, información o

datos personales relacionados con clientes, proyectos de instalaciones de seguridad o

material sensible.

  1. De acuerdo con los artículos 19.1c), 2, y 3, 21.1b) y 23.1 de la Ley, las

empresas de seguridad privada habrán de disponer de locales adecuados a la prestación

de determinados servicios de seguridad privada, atendiendo a su singularidad, cuando se

establezca expresamente en este reglamento como requisito específico para el desarrollo

o prestación de determinadas actividades o servicios de seguridad privada.

  1. Las empresas de seguridad privada que vayan a disponer o dispongan de los

locales de referencia, deberán comunicarlo a los órganos de inspección y control

competentes, bien durante la tramitación de los procedimientos de autorización o en la

declaración responsable, o con posterioridad, en cuyo caso el plazo para ello será de diez

días, contados a partir de la fecha en que se hubiera comenzado a utilizarlos. Además,

habrá de indicarse la ubicación y dirección de cada uno de ellos.

Artículo 50. Vehículos.

  1. De acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley, , los vehículos utilizados por las

empresas de seguridad privada para la prestación de servicios de seguridad privada

deberán ajustarse, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. a) Llevarán rotulada la denominación, anagrama y número de la empresa de

seguridad privada de que se trate, tanto en los laterales como en la parte trasera de la

carrocería.

  1. b) El uso de dispositivos luminosos, lanzadestellos o sistemas emisores de

señales acústicas o de emergencia se ajustará a las disposiciones de la normativa sobre

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

  1. c) La configuración de las señales, logotipos, características y demás

elementos diferenciadores de los que estén provistos, no podrá inducir a confusión ni

guardar apariencia con los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o las

Fuerzas Armadas.

  1. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado anterior, los vehículos

destinados a la prestación de servicios de protección de personas, así como aquellos que

se usen en tareas internas de supervisión y control del personal que está a bordo de los

mismos durante la realización de los cometidos que se le asignen o en actividades no

vinculadas a la operativa de la actividad de seguridad privada.

  1. Para el caso de los vehículos utilizados por guardas rurales no integrados en

empresas de seguridad privada, resultará de análoga aplicación, con carácter potestativo,

lo dispuesto en el apartado 1.

SECCIÓN 3.ª CONTRATACIÓN

Artículo 51. Configuración general.

  1. No podrá contratarse ni prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada,

así como, en su caso, cederse o subcontratarse su prestación, por quien no posea la

aptitud o capacidad legal necesaria para ello o, en su caso, la solvencia profesional o los

requisitos necesarios respecto de la específica actividad o servicio de seguridad privada.

Cuando se trate de la contratación de una pluralidad de prestaciones, si alguna o algunas

de ellas constituyeran servicios de seguridad privada, el contratista podrá sustituir la

acreditación de la preceptiva autorización para la realización de éstas por el compromiso

de subcontratarlas con una empresa de seguridad privada autorizada.

  1. Los contratos celebrados entre las empresas de seguridad privada y sus

clientes, así como sus modificaciones, deberán formalizarse y comunicarse con antelación

al inicio de la ejecución del servicio de seguridad privada objeto de contratación, conforme

a lo establecido al respecto en los siguientes artículos, excepto en los supuestos

contemplados en el artículo 54.

  1. El objeto de los contratos deberá ser la prestación de un servicio o servicios de

seguridad privada determinados sobre cualquiera de las actividades de seguridad privada

enumeradas en el artículo 22.1, siempre que las mismas estuviesen autorizadas en la

pertinente resolución a las empresas de seguridad privada.

  1. Cualquier persona física o jurídica que contrate un servicio de seguridad

privada, estará obligada a exigir a la empresa prestataria del mismo que acredite

fehacientemente encontrarse autorizada para ello.

  1. En todo caso, los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas y no

podrán incluirse estipulaciones o condiciones que no se acomoden a lo prevenido por la

legislación en materia de seguridad privada.

  1. Los servicios de seguridad privada objeto de contratación deberán ser

ejecutados directamente por las empresas de seguridad privadas contratadas para su

prestación, no pudiendo éstas subcontratarlos o cederlos con terceros, salvo que lo hagan

con empresas de seguridad autorizadas e inscritas en los correspondientes registros, con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 56.

  1. Dentro del desarrollo de las actividades de seguridad privada para las que

hayan sido autorizadas las empresas de seguridad privada, éstas podrán prestarse a sí

mismas, con medios propios y personal integrado en sus plantillas, debidamente

habilitado o acreditado, uno o varios servicios de los comprendidos en el ámbito de

aquéllas, sin necesidad de celebrar ningún tipo de contrato con terceros a efectos de su

prestación, salvo aquellos servicios que requieran de la previa obtención de la

autorización correspondiente.

Artículo 52. Contratación por las Administraciones y demás entidades del sector

público.

  1. La contratación de servicios de seguridad privada por las Administraciones y las

entidades del sector público se regirá por la normativa de contratos del sector público,

con las siguientes especialidades, en consideración a la relevancia de estos servicios

para la seguridad pública, especialmente los que se presten en coordinación con las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de acuerdo con sus instrucciones.

  1. A efectos de garantizar la necesaria solvencia técnica o profesional:
  2. a) Para la prestación de servicios de seguridad de seguridad privada que tengan

por objeto alguna de las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo

19.2 y 3 de la Ley, , se exigirá la certificación a que se refiere el apartado 4 de dicho

artículo, como garantía adicional en atención a la singularidad de los servicios a prestar.

  1. b) Entre los medios para acreditar la solvencia técnica o profesional se atenderá,

en todo caso, a las titulaciones académicas o profesionales del empresario y del personal

directivo de la empresa de seguridad privada y, en particular, del personal de seguridad

privada responsable de la ejecución del contrato, siempre que no se evalúen como un

criterio de adjudicación.

  1. Se exigirá la aplicación de más de un criterio de adjudicación, debiendo primar

los de carácter cualitativo sobre el precio, singularmente aquellos que permitan garantizar

la especial obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que

impone el artículo 14 de la Ley, a las empresas de seguridad privada y al personal de

seguridad privada.

En caso de presentación de una oferta cuyo precio se considere anormalmente

bajo, en el requerimiento que se dirija al licitador necesariamente se le exigirá que

justifique que dicha oferta permite el cumplimiento de las obligaciones en materia

medioambiental, social, laboral y, en su caso, de subcontratación.

  1. Se podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de

servicios de seguridad privada relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones

laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas, como el

cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación al personal de seguridad

privada.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán

establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales

de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los

efectos de la resolución de los contratos.

Artículo 53. Formalización.

  1. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley, los contratos de prestación de los

distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y

ajustarse al siguiente contenido mínimo:

  1. a) La fecha y el número del contrato.
  2. b) Los datos de identificación personal y fiscal de las partes contratantes. La

prestación o prestaciones que incluye cada tipo de servicio objeto de contratación.

  1. c) El lugar donde se vaya a prestar cada servicio.
  2. d) El precio cierto de cada servicio. La obligación de ajustarse a la normativa

reguladora de la seguridad privada,

  1. e) La duración del contrato, con indicación de las fechas de inicio o entrada en

vigor del mismo o de las estimadas para el comienzo de su ejecución y para su

finalización, cuando estuviera contemplado, así como las de la prórroga o prórrogas, si

estuviesen previstas.

  1. f) Los medios materiales y técnicos que se van a utilizar en la prestación de

cada servicio de seguridad privada, así como si éste se prestará con armas de fuego, o si

se utilizarán animales.

  1. g) El número total del personal de seguridad privada que intervendrá en cada

servicio de seguridad privada, con el desglose de los turnos, horarios y lugar en que se

harán efectivas las prestaciones contratadas.

  1. h) En su caso, la fecha de otorgamiento de la autorización específica para la

prestación del servicio de seguridad privada por parte de la autoridad competente para

ello.

  1. i) En su caso, la descripción y el valor de los objetos que vayan a vigilarse o

protegerse.

  1. j) En su caso, si se incluye alguno o todos los servicios de respuesta ante

alarmas cuya realización no sea de competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

  1. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación

de los servicios de seguridad de seguridad privada u otras causas impidan el

conocimiento previo de todos los servicios, las empresas de seguridad privada podrán

concertar con sus clientes un contrato que contenga las cláusulas generales, concretando

posteriormente, en anexos, aquellos datos que no hubieran sido incluidos en el mismo. A

los mencionados anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente sobre

comunicación de los contratos.

  1. Asimismo, los contratos podrán consignarse, a voluntad de las partes, tanto

presencialmente como por vía electrónica, ya sea en soporte papel o electrónico,

mediante la plasmación de su contenido en documento privado o público.

  1. En aquellos supuestos en que los contratos se concierten con Administraciones

Públicas, o se encuentran en tramitación ante los órganos de contratación de las mismas,

no siendo posible su formalización antes del inicio del servicio o servicios de seguridad

privada objeto de contratación, las empresas de seguridad privada deberán tener en su

poder la notificación de la adjudicación del contrato de que se trate o, en su caso, la oferta

formulada en el procedimiento de licitación tramitado al efecto y la factura emitida por el

órgano de contratación, sin perjuicio de la comunicación de los datos a que se refiere el

apartado 3 del siguiente artículo, y de su posterior formalización.

Artículo 54. Comunicación.

  1. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley, las comunicaciones de los contratos y

de los distintos servicios de seguridad privada objeto de contratación, y de sus

modificaciones, se efectuarán a través de la sede electrónica de la Dirección General de

la Policía o, en su caso, de la de la Dirección General de la Guardia Civil cuando se trate

de guardas rurales, o de la comunidad autónoma competente, debiendo realizarse, de

forma individualizada para cada uno de los servicios contratados, con antelación a la

iniciación de los mismos.

  1. En las comunicaciones a que se refiere el apartado anterior, se facilitarán, al

menos, los siguientes datos:

  1. a) Identificación personal y fiscal de la persona física o jurídica contratante, su

domicilio y sector específico de actividad profesional.

  1. b) Fecha, hora y lugar de formalización y de inicio de la prestación de cada

servicio de seguridad privada.

  1. c) Duración prevista de la vigencia del contrato y de cada servicio de seguridad

privada objeto de contratación, así como de sus posibles prórrogas.

  1. d) Clase de actividad de seguridad privada a la que corresponde cada servicio,

así como, en su caso, autorización de la que se disponga para el mismo.

  1. e) Fecha y hora de finalización de cada servicio de seguridad privada objeto de

contratación.

  1. f) Configuración de los turnos y efectivos empleados en cada turno.

Con carácter específico, se indicarán aquellos otros datos, acorde a cada servicio

de seguridad privada contratado, que permitan su correcta identificación.

  1. Las empresas de seguridad privada de ámbito nacional, cuando presten

servicios en una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada,

realizarán las comunicaciones correspondientes de la siguiente manera:

  1. a) Cuando el servicio o servicios de seguridad privada se desarrollen en un

ámbito superior al autonómico, el contrato será comunicado únicamente al registro

nacional.

  1. b) Cuando el servicio o servicios de seguridad privada únicamente se

desarrollen en el ámbito autonómico, el contrato será comunicado al registro autonómico

correspondiente.

  1. c) Cuando el contrato abarque servicios de seguridad privada que se presten

tanto en ámbito nacional como autonómico, la comunicación del contrato se realizará a

ambos registros, respecto de aquellos servicios que se presten en cada ámbito. .

  1. Si se produjera la baja de un contrato, o de un servicio de seguridad privada,

antes de su fecha de resolución o finalización, aquélla deberá ser igualmente comunicada.

  1. Cuando existiere imposibilidad técnica, en dichas sedes, para la comunicación

electrónica de los datos a que se refiere el apartado 2, éstos se facilitarán a los órganos

de control competentes, por cualquier medio que deje constancia de su comunicación.

Artículo 55. Ejecución.

  1. No podrá iniciarse la ejecución del servicio de seguridad privada objeto de

contratación sin su previa formalización y comunicación, excepto en los siguientes casos:

  1. a) Cuando circunstancias excepcionales de robo, incendio, daños, catástrofes,

conflictos sociales, averías de los sistemas de seguridad u otras causas de análoga

gravedad o de extraordinaria urgencia, hicieran necesaria la prestación inmediata del

servicio, cuya organización previa hubiera sido objetivamente imposible, se comunicará a

la dependencia policial de seguridad privada del lugar de su prestación, por el

procedimiento más rápido disponible, y antes de su inicio, las causas determinantes de la

urgencia, quedando obligada la empresa de seguridad privada a formalizar y comunicar el

contrato dentro de las setenta y dos horas siguientes a la iniciación del servicio de

seguridad privada.

  1. b) Aquellos en los que los entes, organismos y entidades de las

Administraciones Públicas tengan que actuar de manera inmediata a causa de

acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro para las

personas o bienes, o de necesidades que afecten a la seguridad y defensa nacional, a

tenor de lo establecido en la normativa sobre contratos del sector público, en cuyos

casos las empresas de seguridad privada adjudicatarias deberán conservar copia del

acuerdo adoptado por el órgano administrativo de contratación, sin perjuicio de su

comunicación, una vez formalizado el mismo, dentro de las setenta y dos horas

siguientes.

  1. Los servicios de seguridad privada a que se refiere el apartado anterior, podrán

ser prestados con armas, dando cuenta a la dependencia policial de seguridad privada

territorialmente competente, cuando los supuestos descritos se produzcan en sujetos

obligados a tener medidas de seguridad privada que resulten anuladas por las

circunstancias expuestas, o por otras, con grave riesgo para la integridad de los bienes

protegidos y teniendo en cuenta la cuantía e importancia de éstos.

Artículo 56. Subcontratación y cesión.

  1. Solo las empresas de seguridad privada, debidamente inscritas en el

correspondiente registro, podrán subcontratar parcialmente las prestaciones contratadas o

ceder los contratos celebrados, siempre que lo hagan con empresas de seguridad privada

igualmente inscritas para desarrollar las actividades de seguridad privada

correspondientes y se cumplan los mismos requisitos de formalización, comunicación,

ejecución y modificación.

No será exigible el requisito de identidad de dedicación, en los supuestos de

subcontratación o cesión con empresas de seguridad privada de vigilancia y protección de

bienes previstos en los artículos 185 y 186.

  1. La cesión del contrato requerirá el consentimiento del prestatario de los servicios

de seguridad privada.

En el caso de subcontratación, el contratista principal deberá comunicar

anticipadamente, y por escrito, al prestatario de los servicios de seguridad privada, la

intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se

pretende subcontratar y la identidad del contratista, y justificando suficientemente la

aptitud de éste para ejecutarla.

  1. La empresa de seguridad privada contratada no podrá subcontratar parcialmente

el objeto del contrato o cederlo si en el contrato se estipuló lo contrario, o si por la

naturaleza y condiciones de las prestaciones se deduce que aquel ha de ser ejecutado

directamente por dicha empresa de seguridad privada.

  1. Los servicios objeto de contratación derivados de las actividades de seguridad

privada deberán ser realizados directamente por el personal de seguridad privada de la

empresa de seguridad privada contratada para su prestación o por el de la empresa de

seguridad privada con la que se haya subcontratado o a la que se haya cedido parte de la

prestación o prestaciones objeto del contrato.

  1. En el supuesto de cesión del contrato, la empresa de seguridad privada

cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondieran

a la empresa de seguridad privada cedente frente a quien contrató con ésta.

En el caso de subcontratación, el subcontratista quedará obligado solo ante el

contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del

contrato frente a aquel con quien haya contratado.

  1. La subcontratación o cesión no podrán alcanzar la totalidad de los contratos de

servicios de seguridad privada relacionados con la actividad de seguridad privada de que

se trate, excepto cuando concurran las siguientes circunstancias:

  1. a) En los casos en que se hubiera acordado la suspensión de la autorización o, en

su caso, de la declaración responsable, para el ejercicio de la actividad o de los servicios

de seguridad privada.

  1. b) En los supuestos de crisis empresarial que impidieran el normal desarrollo o la

continuidad en la prestación de los respectivos servicios de seguridad privada.

  1. Cuando los servicios de seguridad privada se contraten por una administración

pública o por otra entidad del sector público, la cesión y la subcontratación se regirán por

la normativa de contratos del sector público.

Artículo 57. Uniones temporales.

  1. Podrán constituirse uniones temporales por parte de dos o más empresas de

seguridad privada, con el fin de celebrar contratos de servicios de seguridad privada, tanto

en el ámbito del sector público como del privado, conforme a lo que se determina en las

normas específicas que regulan tales agrupaciones.

  1. A las uniones temporales les será de aplicación lo dispuesto en los artículos

anteriores en cuanto a la formalización, comunicación, ejecución, deberes y

modificaciones de los contratos de servicio de seguridad privada celebrados por las

mismas con sus clientes.

SECCIÓN 4.ª DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 58. Armeros.

  1. En las sedes de las empresas de seguridad privada autorizadas para desarrollar

las actividades de seguridad privada a que se refiere el artículo 5.1a) a e) de la Ley, así

como en sus delegaciones, cuando vayan a prestar servicios con armas, deberán existir

armeros que habrán de estar aprobados por el órgano de la Dirección General de la

Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional, una vez comprobado que

se cumplen las medidas de seguridad privada determinadas en cada caso, de

conformidad con lo dispuesto en el anexo IV.

  1. Los armeros se utilizarán exclusivamente para la custodia, registro y asignación

de las armas de fuego y de las municiones que se precisen para la prestación de los

servicios de seguridad privada, contarán con un plan de protección específico y habrán de

ubicarse en lugares seguros y de acceso restringido. Las características técnicas y las

medidas de seguridad que han de reunir los mismos, el contenido de dicho plan, así como

el número de armas y de cartuchos metálicos que se podrá autorizar en depósito, se

determinan en el anexo IV o, en su caso, en lo dispuesto en la normativa sobre armas. En

todo caso, el almacenamiento de la cartuchería metálica se hará en armero independiente

al de las armas de fuego.

En el domicilio de las empresas de seguridad privada o en el de sus delegaciones,

según proceda, deberá estar depositada una llave de tales armeros.

  1. En dichas sedes o delegaciones, para el debido control y seguridad de las armas

de fuego y de la cartuchería metálica, deberá existir el Libro-Registro de Armas y

Cartuchería, con el formato y contenido que se determinan en el título I del anexo VI.

  1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las empresas de seguridad

privada que no vayan a prestar ningún servicio de seguridad privada con armas de fuego,

estarán exentas de disponer de tales armeros, sin perjuicio de que con posterioridad

puedan prestarlo, en cuyo caso obligatoriamente habrán de contar con los armeros

correspondientes.

Artículo 59. Armas de fuego.

  1. Las empresas de seguridad privada autorizadas para el desarrollo de las

actividades de seguridad privada a que se refiere el artículo 5.1a) a e) de la Ley, podrán

poseer las armas de fuego necesarias al objeto de prestar los servicios en los que se

permita su uso.

  1. Las armas de fuego que ha de portar y utilizar en el ejercicio de sus funciones el

personal de seguridad privada integrado en dichas empresas de seguridad privada, se

adquirirán por las mismas y serán de su propiedad, previa obtención de la

correspondiente autorización por la Dirección General de la Guardia Civil.

  1. Para la tenencia legal de dichas armas, en número que no podrá exceder del

que permitan las licencias obtenidas por el personal con arreglo a la normativa sobre

armas, las empresas de seguridad privada habrán de solicitar y obtener de los órganos

de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y

funcional las guías de pertenencia de dichas armas.

  1. Además de las armas que posean para la prestación de los servicios, las

empresas de seguridad privada habrán de disponer de armas en número equivalente al

diez por ciento del de su personal de seguridad privada en posesión de la pertinente

licencia para portar armas de fuego, al objeto de que se puedan realizar los ejercicios

obligatorios de tiro.

La Dirección General de la Guardia Civil comunicará a la Dirección General de la

Policía, y, en su caso, al cuerpo policial de la correspondiente comunidad autónoma, el

número y clases de armas que las empresas de seguridad privada tengan en cada uno de

sus locales.

  1. El personal de seguridad privada realizará los ejercicios obligatorios de tiro, bajo

la supervisión e instrucciones de la Dirección General de la Guardia Civil y en la fecha que

ésta determine.

  1. En las galerías de tiro en que se lleven a cabo los ejercicios, el personal de

seguridad privada habrá de realizar las prácticas de manejo y perfeccionamiento en el uso

de armas, siempre ante la presencia y bajo la dirección de un instructor de tiro, de

acuerdo con el título V del anexo II.

  1. Las empresas de seguridad privada serán responsables de la custodia de las

armas de fuego en los armeros, así como de la conservación, mantenimiento y buen

funcionamiento de las mismas, debiendo dar cuenta inmediata, con independencia de la

posible denuncia, a la correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil, del uso

indebido, extravío, robo o sustracción de las armas o de su documentación, así como, en

todo caso, de su ausencia del armero cuando deban estar depositadas en el mismo, sin

perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los usuarios de las mismas.

Artículo 60. Armas de guerra.

  1. Las empresas de seguridad privada, de ámbito nacional, autorizadas para

desarrollar la actividad a que se refiere el artículo 5.1a), de la Ley, podrán prestar

servicios de seguridad privada con las armas de guerra comprendidas en el artículo 6.1b)

del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y que

se contemplan en el artículo 124.1d).

  1. Tanto en las sedes de las empresas de seguridad privada como en sus

delegaciones, las armas de guerra y la munición destinada a alimentarlas deberán ser

custodiadas en cajas fuertes o armeros independientes, distintos del resto de los que

pudiera poseerse para el almacenamiento de otro tipo de armas de fuego y cartuchería

metálica. Sus medidas de seguridad deberán ser aprobadas por el órgano de la Dirección

General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional.

Artículo 61. Dotación de medios de defensa.

  1. Las empresas de seguridad privada deberán proporcionar a su personal de

seguridad privada uniformado los medios de defensa a que se refiere el artículo 109, y, en

su caso, los contemplados en este artículo, para el desempeño de sus funciones en los

servicios de seguridad privada que tuvieran asignados, recayendo en ellas la propiedad o

titularidad de tales medios.

  1. Igualmente, las empresas de seguridad privada habrán de adoptar las medidas

necesarias de control respecto de cada entrega y recogida de medios de defensa que se

produzca, tras el alta o baja del personal de seguridad privada uniformado en sus

respectivas plantillas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a éste por su

tenencia y uso.

  1. El órgano de la Dirección General de la Policía, que determine su estructura

orgánica y funcional, o, en su caso, el órgano autonómico competente, previa solicitud de

la empresa de seguridad privada interesada, podrán autorizar la sustitución o

tenencia y uso.

  1. El órgano de la Dirección General de la Policía, que determine su estructura

orgánica y funcional, o, en su caso, el órgano autonómico competente, previa solicitud de

la empresa de seguridad privada interesada, podrán autorizar la sustitución o

complemento de la defensa reglamentaria por otras o elementos defensivos, para su uso

en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran,

siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en la

legislación sectorial que resulte de aplicación. Cuando se trate de elementos que tengan

la consideración de armas, será precisa la autorización de la Dirección General de la

Guardia Civil.

  1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá hacerse uso de escudos,

cascos u otros elementos defensivos necesarios, en aras a preservar la integridad física

de dicho personal de seguridad privada cuando se presten servicios de vigilancia y

protección en los siguientes lugares:

  1. a) Infraestructuras críticas u otras que den soporte a servicios esenciales.
  2. b) Establecimientos, centros o bases militares.
  3. c) Escenarios en los que se desarrollen acontecimientos deportivos u otros

eventos de relevancia social.

  1. d) Centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros u otros

edificios o instalaciones de organismos públicos.

  1. e) Participación de dicho personal de seguridad privada en la prestación de

servicios encomendados a la seguridad pública, con arreglo a lo previsto en el artículo

41.3 de la Ley.

De la misma manera, cuando concurran circunstancias tales como localización de

zonas o lugares de elevada concentración de riesgos, especial peligrosidad, nocturnidad u

otras de análoga significación, podrán utilizarse chalecos anti-corte o anti-punzón en la

prestación de servicios de seguridad privada para preservar la integridad física del

personal de seguridad privada que los preste.

  1. En todo caso, las empresas de seguridad privada habrán de poner a disposición

de dicho personal de seguridad privada la información precisa y las instrucciones básicas

necesarias, en las reglas de intervención, tenencia y uso de las armas defensivas y de los

demás elementos defensivos que sustituyan o complementen a los medios de defensa

reglamentarios.

Artículo 62. Uniformes.

  1. Cada empresa, o grupo de empresas de seguridad privada, dispondrá, para la

prestación de los servicios de seguridad privada relativos a las actividades de seguridad

privada recogidas en el artículo 5.1a), c), d) y e) de la Ley, y para los servicios de

respuesta ante alarmas del mismo artículo 5.1g), de uno o varios uniformes ordinarios, u

otros adicionales para su empleo en servicios generales o específicos, previamente

autorizados por la Dirección General de la Policía o, en su caso, por la autoridad

autonómica competente.

  1. Los uniformes de los vigilantes de seguridad, guardas rurales, y sus respectivas

especialidades, se compondrán con las prendas y características establecidas en el título

I del anexo II.

  1. Las empresas de seguridad privada deberán poner a disposición de los

vigilantes de seguridad y, en su caso, de los guardas rurales, y sus respectivas

especialidades, para la prestación de los correspondientes servicios, los respectivos

uniformes, cuyo uso quedará excluido para el resto del personal de la empresa de

seguridad privada, así como para cualquier otro perteneciente a otras empresas no

autorizadas como empresas de seguridad privada.

  1. Las empresas exigirán al personal de seguridad privada que, en el desempeño

de las funciones relacionadas con los servicios de seguridad privada que presten, vistan

los uniformes autorizados, salvo lo dispuesto en el artículo 110.

Artículo 63. Requisitos y garantías adicionales.

De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley, las empresas de seguridad privada

dedicadas a las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1b), c), d),

  1. e) y g) de la misma, deberán cumplir, además o, en cada caso, con los siguientes

requisitos y garantías adicionales:

  1. a) De acompañamiento, defensa y protección a grupos de personas

determinadas, en cuyo caso deberán disponer de una plantilla mínima de dos escoltas

privados.

  1. b) De depósitos de fondos, en los que se maneje o cuente dinero en efectivo,

en cuyo caso las instalaciones donde se presten los mismos deberán contar con los

dispositivos de seguridad a que se refiere el anexo IV.

  1. c) De depósito de obras de arte, antigüedades, u otros objetos de valor

histórico o cultural, en cuyo caso el local o locales en los que se vayan a prestar los

mismos habrán de estar dotados de las medidas de seguridad privada y condiciones que

se establecen en el anexo IV.

  1. d) De depósito y custodia o transporte y distribución de sustancias peligrosas, así

como de bienes catalogados como patrimonio artístico, en cuyo caso deberán poseer el

certificado a que se refiere el artículo 66.

  1. e) De transportes transfronterizos de fondos en euros por carretera, en cuyo caso

habrán de constituir una garantía adicional para afianzar las responsabilidades en materia

sancionadora y ampliar la cuantía consignada en el contrato de seguro de responsabilidad

civil o en la garantía financiera, en la cuantía y con las condiciones que se determinan en

el capítulo VI del título II del anexo I.

  1. f) De gestión de alarmas en empresas de seguridad privada, despachos de

detectives privados y sujetos obligados al cumplimiento de medidas de seguridad privada,

en cuyo caso, además de poseer el certificado a que se refiere el artículo 66, deberán

disponer de sistemas o dispositivos que permitan la verificación mediante imagen.

  1. g) De respuesta ante alarmas, siempre que no los vayan a subcontratar con otra

empresa de seguridad privada autorizada e inscrita en el registro correspondiente para el

desarrollo de la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1a) de la Ley,

en cuyo caso habrán de disponer en su plantilla de un jefe de seguridad y de los vigilantes

de seguridad precisos para su correcta prestación, así como adoptar las medidas de

seguridad privada adicionales a que se refiere la sección 1ª del Capítulo I del Título II del

anexo IV en su sedes o delegaciones vinculadas a la operativa de seguridad.

Artículo 64. Ampliación de requisitos.

De acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley , las empresas de seguridad privada

deberán cumplir, además de lo dispuesto en este reglamento en cada caso, los requisitos

referentes a medios personales y materiales en relación con los siguientes servicios:

  1. a) Cuando vayan a prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras

críticas o en servicios esenciales, así como los servicios de vigilancia y protección a que

se refieren los artículos 40.1 y 41.2 y 3 de la Ley, además de poseer el certificado a que

se refiere el artículo 19.4 de la misma, el personal de seguridad privada deberá haber

superado el correspondiente curso de formación especializada., Cuando vayan a prestar

servicios de seguridad privada de vigilancia y protección o de respuesta ante alarmas con

armas de fuego, en las instalaciones y lugares referidos en el artículo 19.3 de la Ley,

deberán disponer del número suficiente de chalecos antibalas para dotar, en su caso, al

personal de seguridad privada que los preste.

  1. b) Se deberá contar con un jefe de seguridad específico para la prestación de

los servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 40.1 de la Ley.

  1. c) Los servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 41.2 de la

Ley, serán prestados, al menos, por dos vigilantes de seguridad, debiendo estar

conectados entre sí y con las sedes de la empresa de seguridad privada vinculadas a la

operativa de seguridad mediante equipos, aparatos o dispositivos de intercomunicación,

fijos o móviles, que garanticen permanentemente su enlace y cobertura y, en su caso,

disponer de medios de desplazamiento adecuados a la extensión de las instalaciones o

lugares de prestación de tales servicios.

  1. d) Las empresas de seguridad privada prestatarias de los servicios de

seguridad privada de gestión de alarmas en las instalaciones y lugares referidos en el

artículo 19.3 de la Ley, deberán disponer de sistemas o dispositivos que permitan la

verificación mediante imagen.

Artículo 65. Exención de requisitos.

  1. De acuerdo con el artículo 19.7 de la Ley, , las empresas de seguridad privada

que revistan la forma de empresario individual y tengan por objeto exclusivo la instalación

y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a

centrales receptoras de alarmas, a centros de control o de videovigilancia, estarán

exentas de la obligación de estar inscritas en el registro mercantil o en el registro público

correspondiente.

  1. Igualmente, a las empresas que tengan exclusivamente el mismo objeto y con

independencia de la forma que revistan, les resultará de aplicación lo dispuesto en el

artículo 20.2c) y e), en cuanto a la exoneración de acreditar que disponen de locales para

el desarrollo de tal actividad y que han adoptado las pertinentes medidas de seguridad

privada en ellos, cuando los mismos se ubiquen fuera de España.

Artículo 66. Certificación para la prestación de servicios en sectores estratégicos.

  1. La certificación a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley, será exigible a las

empresas de seguridad privada para la contratación y prestación de cualquiera de los

servicios o actividades de seguridad privada, siempre que el usuario contratante tenga la

consideración de operador estratégico.

A estos efectos se entiende por operadores estratégicos a los proveedores de

servicios esenciales de los sectores definidos como estratégicos en la normativa sobre

protección de las infraestructuras críticas , identificados y designados como tales en el

desarrollo de los respectivos Planes Estratégicos Sectoriales.

La condición de operador estratégico, que englobará también a aquellos

operadores identificados como críticos, será comunicada mediante resolución de la

Secretaría de Estado de Seguridad.

  1. Para que un certificado se considere válido, la entidad certificadora deberá estar

acreditada previamente por la autoridad competente en esta materia.

  1. Las certificaciones serán emitidas con una vigencia máxima de un año,
  2. En tanto la Asociación Española de Normalización , organismo de normalización

competente de acuerdo con la reglamentación sobre infraestructura para la calidad y la

seguridad industrial, a través del correspondiente Comité Técnico creado al efecto,

complete los trabajos de desarrollo de una norma que resulte de aplicación general, las

entidades de certificación deberán realizar su trabajo de auditoría observando lo

establecido en el título I del anexo III .

TÍTULO IV

Despachos de detectives privados

CAPÍTULO I

Apertura y cierre

Artículo 67. Apertura.

  1. La apertura del despacho de detectives privados deberá estar inscrita de oficio

en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la

comunidad autónoma competente, previa recepción, de acuerdo con el artículo 24.2 de

Ley, de la correspondiente declaración responsable, sin perjuicio de que pueda iniciarse la

actividad de seguridad privada de investigación privada declarada desde el momento de

la presentación de dicha declaración.

  1. El procedimiento consistirá en la presentación, por parte del despacho de

detectives privados interesado, de la declaración responsable, acompañada de la

documentación exigida para su tramitación a que se refiere el Título VI del anexo I, cuya

recepción corresponderá:

  1. a) Al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura

orgánica y funcional, cuando los despachos de detectives privados vayan a tener o tengan

un ámbito territorial de actuación nacional.

  1. b) Al órgano correspondiente de la comunidad autónoma de que se trate, cuando

los despachos de detectives privados tengan sede y ámbito limitado a su territorio.

Artículo 68. Personal integrante.

  1. El detective titular o detectives titulares de los despachos de detectives privados

podrán contar, para la prestación de los servicios de investigación privada, con otros

detectives privados, debidamente habilitados, quienes quedarán adscritos a los

despachos de detectives privados en calidad de detectives asociados o dependientes.

  1. Los despachos de detectives privados podrán disponer de cuanto personal

administrativo, subalterno o de otra índole sea necesario, sin que dicho personal pueda

realizar servicio o función alguna de investigación privada propia de los despachos de

detectives privados y de los detectives privados.

Artículo 69. Medios auxiliares.

  1. En el ejercicio de su actividad profesional, los despachos de detectives privados

podrán proveerse de los equipos, aparatos, dispositivos y otros utensilios o medios

materiales o técnicos necesarios, así como contar con el auxilio o colaboración de

personal técnico especializado, siempre y cuando se haga constar en los pertinentes

informes de investigación la identidad o la referencia del personal especializado y su

especialidad.

  1. Los despachos de detectives privados sólo podrán dar traslado al referido

personal especializado del elemento o elementos objeto del análisis que corresponda, a

fin de preservar el deber de reserva al que están obligados.

Artículo 70. Ámbito territorial de actuación.

  1. Los despachos de detectives privados limitarán su actuación al ámbito territorial,

para el que hayan sido inscritos en el registro correspondiente, de acuerdo con la previa

declaración responsable formulada al respecto, sin que puedan desarrollar actividad

alguna fuera del mismo.

  1. Aquellos cuyo ámbito territorial de actuación sea nacional, podrán actuar en el

territorio de las comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en

materia de seguridad privada y dotadas de registros propios, sin necesidad de trámite

administrativo alguno.

Artículo 71. Domicilio, sucursales y otras dependencias.

  1. Además de en el domicilio donde tengan su sede física, los despachos de

detectives privados podrán abrir cuantas sucursales consideren oportuno, dentro del

respectivo ámbito territorial para el que se encontrasen inscritos en el registro

correspondiente, previa presentación de la preceptiva declaración responsable por cada

sucursal que pongan en funcionamiento.

  1. De acuerdo con el artículo 24.2c) de la Ley, el domicilio y las sucursales estarán

sometidos al cumplimiento de las siguientes exigencias:

  1. a) Deberán radicar en territorio español y en un local de libre disposición por

cualquier título legal, que será de uso exclusivo para el ejercicio de la actividad de

investigación privada, excepto que los mismos constituyan o se ubiquen en un domicilio

particular, en cuyo caso habrán de habilitarse recintos, dependencias o zonas claramente

diferenciadas y dedicadas únicamente al ejercicio de la actividad profesional, de libre

acceso a los miembros de los órganos de control e inspección competentes en materia de

seguridad privada.

  1. b) Podrá compartirse el local donde se ubiquen con otros despachos de

detectives privados, centros de formación del personal de seguridad privada u otro tipo de

entidades ajenas al sector, siempre que existan espacios claramente diferenciados y

delimitados para el ejercicio de sus respectivas actividades.

  1. c) Deberán dedicar un área restringida al archivo y conservación de los

expedientes de contratación, Libros-Registro, listados de clientes, informes de

investigación, material de imagen y sonido obtenido y demás documentación o

información manejada por los mismos.

  1. d) El domicilio estará provisto de una dirección de correo electrónico, al objeto

de que los órganos de control con competencias en materia de seguridad privada puedan

practicar, formalmente, en el mismo, cualesquiera notificaciones, requerimientos,

comunicaciones u otros actos que afecten a los despachos.

  1. De acuerdo con el artículo 24.2h) de la Ley, la sede de los despachos de

detectives privados y sus sucursales habrán de disponer obligatoriamente de las medidas

de seguridad privada que se establecen en la Sección 2ª del Capítulo I del Título II del

anexo IV.

  1. Los despachos de detectives privados podrán disponer de sedes comerciales

con la única finalidad de atender a sus clientes, sin que en las mismas pueda

desarrollarse actividad alguna propia de los despachos de detectives privados ni albergar

documentación relativa a dicha actividad de investigación privada.

Artículo 72. Cierre.

  1. El cierre de los despachos de detectives privados se someterá al régimen

establecido en los artículos 40 y 41 para las empresas de seguridad privada en lo relativo

a modos, causas, procedimiento y efectos del mismo.

  1. De acuerdo con el artículo 25.1j) de la Ley, en caso de cierre del despacho de

detectives privados por cualquier causa, la documentación profesional sobre contratos,

informes de investigación y Libros-Registro, así como las imágenes y sonidos grabados

durante las investigaciones que se hubieran realizado hasta entonces, deberán

depositarse, en un plazo de quince días, en las dependencias del órgano de la Dirección

General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, del

cuerpo de policía autonómico competente, ubicadas en la demarcación territorial

correspondiente al lugar del domicilio del despacho afectado.

  1. Dicha documentación permanecerá depositada en dependencias policiales, al

menos hasta el cumplimiento de los plazos fijados en el artículo 49.4 de la Ley, y en el

artículo 206, pudiendo procederse a su destrucción transcurridos dichos plazos, salvo que

se encuentre relacionada con una investigación policial o procedimiento judicial o

administrativo.

  1. En el caso de que el cierre del despacho de detectives privados se produzca por

su integración en otro, o por fusión de despachos de detectives privados, los archivos

permanecerán en el despacho subsistente, con el consiguiente cierre de los Libros-

Registro del despacho cerrado.

CAPÍTULO II

Funcionamiento

SECCIÓN 1.ª DEBERES GENERALES

Artículo 73. Comunicaciones.

  1. De acuerdo con el artículo 25.1h) de la Ley, los despachos de detectives

privados estarán obligados a comunicar al órgano de la Dirección General de la Policía

que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico

competente, en el plazo de quince días, todo cambio que afecte a su forma jurídica,

denominación o razón social, composición, domicilio y sucursales, así como ámbito

territorial de actuación, Número de Identificación Fiscal.

  1. Los despachos de detectives privados deberán realizar las comunicaciones a

través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del

órgano autonómico competente.

Cuando las comunicaciones se refieran a bajas producidas como consecuencia del

fallecimiento, jubilación o incapacidad del personal, deberá indicarse expresamente tales

circunstancias.

Artículo 74. Imagen corporativa y publicidad.

  1. El número de inscripción en el registro que le corresponda a cada despacho de

detectives privados, su denominación o razón social, y, en su caso, el nombre comercial o

la marca empresarial utilizada por los mismos, deberán figurar siempre en los contratos,

Libros-Registro, informes de investigación y demás documentos que utilice, así como en

la publicidad que desarrolle.

  1. Ningún despacho de detectives privados podrá realizar publicidad relativa al

desarrollo de la actividad de investigación privada, sin haber presentado, previamente, la

correspondiente declaración responsable para ello.

  1. La publicidad que se realice, al igual que cualesquiera otros signos distintivos

utilizados por los despachos de detectives privados en el local o locales donde se

desarrolle la actividad de investigación privada, no podrán inducir a confusión con los

utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o las Fuerzas Armadas, u otros

organismos de las Administraciones Públicas.

  1. En su funcionamiento, los despachos de detectives privados quedarán obligados

a utilizar el término “investigación privada”, y no podrán usar siglas, sellos, marcas,

emblemas u otros distintivos que puedan confundirse con los utilizados por las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad o las Fuerzas Armadas u otros organismos de las administraciones

públicas, o inducir a error a quienes les sean exhibidos haciéndoles suponer tal carácter.

Artículo 75. Deber de reserva profesional.

  1. De acuerdo con los artículos 8.4c) y 50 de la Ley, el deber de reserva y la

prohibición de divulgar datos a terceros afectará, tanto a los despachos de detectives

privados como a sus integrantes, respecto de los datos contenidos en los contratos que

concierten con sus clientes, expedientes de contratación, informes de investigación,

Libros-Registro, formularios y demás documentos utilizados, relativos a éstos o a las

personas con las que se relacionen.

  1. Dicho deber de reserva también abarcará a aquellos datos que obren en las

bases informáticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las que accedan en virtud de

claves de uso restringido facilitadas a su personal responsable para el cumplimiento de

sus obligaciones legales.

SECCIÓN 2.ª CONTRATACIÓN

Artículo 76. Legitimidad del encargo de investigación.

  1. De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley, se considerará que existe interés

legítimo para contratar un servicio de seguridad privada de investigación privada, en los

siguientes casos:

  1. a) Cuando la ley otorgue al solicitante el derecho a verificar los hechos o

circunstancias a que se refiere el encargo.

  1. b) Cuando el encargo tenga por objeto obtener información o pruebas respecto

de hechos relacionados con obligaciones legales o contractuales del solicitante.

  1. c) Cuando el encargo tenga por objeto obtener información o pruebas respecto

de hechos que puedan fundamentar una acción judicial o permitan oponerse a la misma,

total o parcialmente.

  1. d) Cuando el encargo tenga por objeto obtener información o pruebas

destinadas a la adopción de decisiones lícitas.

  1. e) Cuando el encargo tenga por objeto verificar la veracidad y suficiencia de

información facilitada por el investigado.

  1. f) Cuando el propio investigado o su representante legal consintieran

expresamente que se prestase el servicio de investigación contratado.

  1. g) Cuando responda a intereses lícitos del solicitante.
  2. Respecto de la configuración general de la contratación, de la subcontratación,

cesión y uniones temporales, a los despachos de detectives privados les resultará de

aplicación lo dispuesto para las empresas de seguridad privada en los artículos 51, 56 y

57, respectivamente.

Artículo 77. Formalización.

  1. De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley, los contratos de prestación de los

distintos servicios de investigación privada deberán, en todo caso, formalizarse por

escrito, debiendo ajustarse al siguiente contenido mínimo:

  1. a) Fecha de celebración y número de orden del contrato, el cual habrá de

coincidir con el número que figura en el Libro-Registro de Investigaciones respecto de

cada servicio o servicios objeto de contratación.

  1. b) Nombre y apellidos; documento de identidad personal (documento nacional

de identidad o, en su caso, pasaporte o tarjeta de identificación de extranjeros);

denominación, número o código de identificación fiscal, domicilios, número de inscripción

en los registros que correspondan, de las partes contratantes, carácter con el que actúan

y, en su caso, poder notarial acreditativo de la representación conferida. En el caso de los

clientes, deberá consignarse el sector específico concreto en relación con la actividad

profesional a la que se dedican.

  1. c) Acreditación de la capacidad legal de los firmantes para suscribir el contrato

de que se trate, con indicación del carácter del interés legítimo que alega o asiste a la

parte que encarga el servicio o servicios de investigación privada objeto de contratación.

  1. d) Objeto y, en su caso, lugar de la prestación del servicio o servicios de

investigación privada contratados.

  1. e) Honorarios a percibir por el despacho contratado o, al menos, el modo de

determinarlos, y condiciones de pago por la prestación del servicio o servicios

contratados.

  1. f) Duración del contrato y fecha a partir de la cual dará comienzo la ejecución

del servicio o servicios contratados y, en su caso, de finalización, así como la de la

prórroga o prórrogas, si estuvieran previstas.

  1. g) Supuestos en que procede la resolución del contrato y el sometimiento de

las partes, en caso de divergencias, a la competencia de los juzgados o tribunales de

justicia.

  1. Asimismo, los contratos podrán consignarse, a voluntad de las partes, tanto de

manera física o presencial como por vía electrónica o telemática, ya sea en soporte papel

o en soporte electrónico, mediante la plasmación de su contenido en documento privado o

público y las firmas correspondientes.

  1. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación

de los servicios de investigación privada u otras causas impidan el conocimiento previo de

todos los servicios, los despachos de detectives privados podrán concertar con sus

clientes un contrato que contenga las cláusulas generales, concretando posteriormente,

en anexos, aquellos datos o menciones que no se hubieran incluido anteriormente. A tales

anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente respecto a la

comunicación de los mismos ante la autoridad competente.

  1. En aquellos supuestos en que los contratos se concierten con Administraciones

Públicas o se encuentren en tramitación ante los órganos de las mismas, no siendo

posible su formalización antes del inicio del servicio o servicios de investigación privada

contratados, los despachos de detectives privados deberán tener en su poder la

notificación de la adjudicación efectuada por el órgano de contratación de que se trate y la

oferta formulada en el procedimiento de licitación de que se trate o, en su caso, la factura

emitida por el órgano de contratación, sin perjuicio de comunicar los datos a que se refiere

el apartado 3 del artículo siguiente, al órgano de la Dirección General de la Policía que

determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico

competente, una vez hubieran quedado formalizados aquéllos.

Artículo 78. Comunicación de contratos.

  1. Los despachos de detectives privados comunicarán, previo al inicio de los

servicios contratados, los contratos celebrados, y sus modificaciones, al registro en el que

se encontrasen inscritos.

  1. Los despachos de detectives privados de ámbito nacional, cuando presten los

servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 48.1b) de la Ley, en una

comunidad autónoma con competencia efectivamente asumida en materia de seguridad

privada, comunicarán los contratos correspondientes a dichos servicios al registro

autonómico .

  1. En la comunicación de los contratos se indicará, con carácter general:
  2. a) El número de orden con que figure en el Libro-Registro de Servicios de

Investigación.

  1. b) El sector específico de la actividad profesional a la que se dedica el cliente

contratante.

  1. c) La fecha de celebración del contrato y la fecha y hora de inicio de la

investigación privada correspondiente al servicio o servicios objeto de contratación.

  1. d) El tipo de servicio o servicios objeto de contratación y, en su caso, lugar o

lugares de inicio de los mismos.

  1. e) La duración prevista de la vigencia del contrato y de los servicios objeto de

contratación así como, en su caso, de las prórrogas que se hubieren estipulado al efecto.

  1. f) La fecha y hora de finalización del servicio y, en su caso, de sus prórrogas, así

como la fecha de resolución del contrato.

  1. De acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley, la comunicación de los contratos, que

en ningún caso contendrá datos de carácter personal, se efectuará a través de la sede

electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del órgano autonómico

competente.

  1. Cuando existiera imposibilidad técnica para la comunicación electrónica de los

contratos, ésta se realizará mediante comunicación previa, por escrito, presentada en el

órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y

funcional o, en su caso, de la policía autonómica, de los lugares donde se celebren los

mismos.

  1. En los casos en que un mismo contrato tenga por objeto la prestación, a un

mismo cliente, de servicios numerosos y homogéneos de investigación privada sin

determinar en el tiempo, bastará con que se comunique el inicio del primer servicio que

vaya a ser prestado, en los términos previstos en el apartado 3, y se ponga tal

circunstancia en conocimiento del órgano de la Dirección General de la Policía que

determine su estructura orgánica y funcional, o, en su caso, del órgano autonómico

competente, sin perjuicio de la formalización pertinente cada vez que se dé inicio a

nuevos servicios.

Artículo 79. Expediente de contratación.

  1. Por cada contratación de servicio o servicios de investigación privada, los

despachos de detectives privados abrirán el correspondiente expediente en el que se

incorporará y guardará la siguiente documentación:

  1. a) El contrato de investigación privada, junto con la copia o justificante

acreditativo de la comunicación del servicio o servicios objeto de contratación a la

autoridad competente.

  1. b) El documento o escrito firmado por el mandante o parte que contrata el

servicio o servicios de investigación privada, mediante el cual declara, bajo su

responsabilidad, que concurre en él o ella un interés legítimo, debidamente concretado o

detallado, para realizar el encargo profesional correspondiente, especificando los poderes

o autorizaciones otorgados al despacho en orden a la ejecución de las investigaciones

que se hayan de practicar.

No obstante, tal manifestación habrá de acreditarse, si ello fuera posible legal y

objetivamente, por medio de la exhibición o aportación del documento legal pertinente, en

cuyo caso una copia del mismo se incorporará al expediente de contratación.

  1. c) El presupuesto aceptado por el cliente correspondiente al encargo de

investigación privada contratado, en el que figurarán las condiciones económicas

ofertadas, el modo de pago y el justificante de provisión de fondos realizado a favor del

despacho de que se trate.

  1. d) En su caso, los informes, dictámenes o peritajes elaborados o emitidos por

personal técnico especializado en determinadas materias relacionadas con auditorías de

cuentas, administración concursal, telecomunicaciones, medicina legal y forense,

dactiloscopia, imagen y sonido, informática forense, pericias caligráficas o cualesquiera

otras para las que se exija un grado de especialización o cualificación técnica, de los que

se hubieran valido los despachos de detectives privados en sus investigaciones.

  1. e) El informe único de investigación de acuerdo con el artículo 49 de la Ley, y

con las condiciones y plazos establecidos en el artículo 188.

  1. Los expedientes de contratación deberán conservarse, al menos, durante cinco

años, a contar desde la finalización del último de los servicios objeto de contratación

incluidos en dichos expedientes, estando a disposición de las autoridades judiciales y

policiales para el ejercicio de sus respectivas competencias.

TÍTULO V Personal de seguridad privada

CAPÍTULO I Habilitación profesional

Artículo 80. Requisitos específicos.

  1. A tenor de lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley, 5/2014, de 4 de abril, los

aspirantes a vigilantes de seguridad, guardas rurales, sus respectivas especialidades, y

escoltas privados habrán de reunir y mantener en todo momento, para su habilitación, los

siguientes requisitos específicos:

  1. a) No haber alcanzado la edad legal de jubilación.
  2. b) Superar las pruebas físicas que se determinan en el anexo V.
  3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 28.1c) de la Ley, 5/2014, de 4 de abril, y

en relación con las profesiones de seguridad a que se refiere el apartado anterior, las

personas con discapacidad física estarán exentas del requisito del párrafo b) del citado

apartado.

Los centros de reconocimientos médicos y psicotécnicos, a la hora de expedir los

correspondientes informes, tendrán en cuenta que el grado de discapacidad física que

tengan reconocido, no impida el ejercicio de las respectivas funciones.

Artículo 81. Fecha y acreditación de los requisitos.

  1. Para el caso de aspirantes que hayan de someterse a las pruebas de

comprobación dispuestas en el artículo 209, los requisitos legal y reglamentariamente

establecidos deberán reunirse en la fecha de terminación del plazo de presentación de la

solicitud para la participación en las referidas pruebas, y se acreditarán en la forma que se

determine en las correspondientes convocatorias.

En los restantes supuestos deberán acreditarse los mismos en la fecha de

presentación de la solicitud respectiva.

  1. Los informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para

prestar servicios de seguridad privada se ajustarán al modelo establecido en el título IV

del anexo II.

Artículo 82. Procedimiento de habilitación.

  1. El procedimiento de obtención de las habilitaciones profesionales se iniciará a

instancia del interesado, mediante solicitud dirigida a la Dirección General de la Policía o,

en su caso, a la Dirección de la Guardia Civil, y se tramitará y resolverá de acuerdo a lo

establecido en este reglamento y en la legislación de procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas.

  1. La tramitación del procedimiento podrá suspenderse, por aplicación de la medida

cautelar dispuesta en el artículo 69.2c) de la Ley, mientras dure la instrucción de

expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada, o

hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal de seguridad privada.

  1. La obtención de las habilitaciones profesionales se documentará mediante la

expedición de la correspondiente tarjeta de identidad profesional (en adelante, la tarjeta),

que permitirá el ejercicio de las respectivas funciones tras su inscripción de oficio en el

Registro Nacional de Seguridad Privada.

Artículo 83. Habilitación múltiple.

  1. De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley, para habilitarse como vigilante de

explosivos, será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de

seguridad; y para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo, será

necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.

  1. El personal de seguridad privada que ya se encuentre habilitado como vigilante

de seguridad o como guarda rural, para la obtención de las habilitaciones de especialidad

únicamente necesitará recibir la formación y superar las pruebas de comprobación

correspondientes a los módulos de formación previa que sean propios de la nueva

habilitación que deseen obtener.

  1. Asimismo, a efectos de tramitación de las habilitaciones de especialidad a que

se refiere el apartado anterior, y de la expedición de la correspondiente tarjeta, , al

personal que ya se encuentre habilitado como vigilante de seguridad o como guarda rural,

no le será exigible la acreditación de los requisitos que resulten comunes a las respectivas

habilitaciones que ya posea, excepto los de naturaleza personal sujetos a posibles

cambios, contemplados en el artículo 28.1a), c), e), f), g) y h) de la Ley, salvo que las

habilitaciones se realicen en el mismo acto.

Artículo 84. Habilitaciones adicionales.

  1. De acuerdo con el artículo 26.4 de la Ley, el personal de seguridad privada

podrá obtener habilitaciones adicionales para el ejercicio de más de una profesión a que

se refiere el artículo 26.1 de la Ley.

  1. En la obtención de habilitaciones profesionales adicionales a las ya adquiridas,

se contemplará, la exclusión de los requisitos de formación previa ya acreditados, y se

valorará, para la exención del diploma o certificado acreditativo correspondiente, la

experiencia acreditada en el desarrollo de las respectivas funciones de seguridad privada.

  1. En aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, los profesionales de

seguridad privada que pretendan obtener una habilitación adicional, podrán acceder a la

misma siempre que concurran las siguientes circunstancias personales:

  1. a) No haber sido sancionado por la comisión de faltas graves o muy graves en

materia de seguridad privada, durante el año previo a la solicitud.

  1. b) Cumplir los requisitos generales y específicos de la profesión de seguridad

privada a cuya habilitación aspire.

  1. c) Haber ejercido, al menos, durante cinco años, de forma efectiva, las

funciones de seguridad privada correspondientes a la profesión de seguridad privada cuya

habilitación posea, o de tres años en caso de tener delegadas funciones de jefe de

seguridad o de director de seguridad.

  1. d) Superar las pruebas de comprobación de conocimientos y capacidad

establecidas en el artículo 209.

  1. Tanto los detectives privados, como el resto de personal de seguridad privada,

podrán habilitarse para las distintas profesiones de seguridad privada, pero aquéllos no

podrán ejercer simultáneamente las funciones atribuidas a éste, ni el referido personal

restante las de aquéllos.

  1. La experiencia necesaria para la adquisición de las habilitaciones adicionales

deberá acreditarse formalmente, a través de las respectivas certificaciones de funciones

que contemplen, respectivamente, los deberes y responsabilidades ejercidas o el

desempeño temporal en el puesto a cuya habilitación adicional se opta.

  1. A quienes soliciten estas habilitaciones adicionales, previa superación de las

pruebas de comprobación y de que reúnen las circunstancias personales expresadas en

cada caso, se les expedirá la correspondiente tarjeta, , que les habilitará para el ejercicio

profesional de las nuevas habilitaciones adquiridas junto a las anteriores que ya poseían.

  1. Asimismo, a efectos de tramitación de las habilitaciones adicionales y de la

expedición de la correspondiente tarjeta, a este personal no le será exigible la

acreditación de los requisitos que resulten comunes a las respectivas habilitaciones que

ya posea, excepto los de naturaleza personal sujetos a posibles cambios, contemplados

en el artículo 28.1a), c), e), f), g) y h) de la Ley, salvo que las habilitaciones se lleven a

cabo en unidad de acto.

Artículo 85. Tarjeta de identidad profesional.

  1. A quienes obtengan la habilitación profesional, se les expedirá, como documento

público de acreditación de la habilitación profesional, la correspondiente tarjeta, que

incluirá todas las habilitaciones de las que el titular disponga y que les facultará para el

ejercicio de las respectivas funciones de seguridad privada.

  1. La tarjeta, que será personal e intransferible, y cuyas características se

determinan en el título II del anexo VI, constituirá el documento público para acreditar la

identidad y habilitación profesional del titular en los casos y circunstancias en que el

ejercicio de sus funciones lo requiera, y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la

Autoridad o sus agentes.

  1. La tarjeta tendrá un período de validez de diez años, a contar desde la fecha de

su expedición, debiendo ser solicitada la renovación de la misma en el plazo máximo de

un mes desde la fecha de su caducidad.

En los supuestos de pérdida, sustracción o deterioro de la tarjeta de modo que sea

difícil la identificación de su titular, deberá solicitarse de inmediato, en el plazo máximo de

cinco días, la obtención del correspondiente duplicado.

  1. El personal de seguridad privada, para la prestación de los servicios de

seguridad privada y durante la realización de los mismos, deberá portar su tarjeta

vigente, sin que pueda ejercer función de seguridad privada alguna cuando la misma le

haya sido retirada o se encuentre caducada, o en los supuestos de pérdida, sustracción o

deterioro, salvo que se haya solicitado su renovación o duplicado, de conformidad con lo

dispuesto en el apartado anterior.

  1. Las tarjetas del personal de seguridad privada serán expedidas por el órgano de

la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional, salvo

las correspondientes a guardas rurales y sus especialidades, que lo serán por el órgano

de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y

funcional.

Los citados órganos también serán competentes, respectivamente, para los

procedimientos relativos a la retirada y devolución de la tarjeta.

En los supuestos de retirada y devolución de la tarjeta, por cualquier causa, por

parte de los órganos autonómicos competentes, éstos darán cuenta inmediata al Registro

Nacional, para su correspondiente anotación en éste.

Artículo 86. Cartilla profesional y cartilla de tiro.

  1. Los vigilantes de seguridad y los guardas rurales, en sus distintas

especialidades, y los escoltas privados, habrán de disponer, además de la tarjeta, de una

cartilla profesional y, en su caso, de una cartilla de tiro, con las características, modelo y

anotaciones que se determinan en los títulos IV y V del anexo VI.

  1. La cartilla profesional se entregará con la tarjeta, y la dependencia

correspondiente de la Policía Nacional o, en su caso, de la Guardia Civil sellará la primera

hoja.

La obligación de disponer de cartilla de tiro estará únicamente referida a los

vigilantes, guardas y escoltas que posean licencia de armas y estén en disposición de

prestar servicio de seguridad privada de vigilancia o de protección armada. La misma se

entregará a su titular con la referida licencia, y en ella se anotarán las distintas referencias

a la práctica de los ejercicios de tiro.

  1. La cartilla profesional y, en su caso, la cartilla de tiro de los vigilantes, guardas y

escoltas que estén integrados en empresas de seguridad privada, deberán permanecer

depositadas en la sede de la empresa de seguridad privada en la que presten sus

servicios. Cuando finalice la relación laboral, la empresa de seguridad privada entregará

las cartillas a su titular, permaneciendo éstas bajo su custodia hasta el momento de su

entrega a la nueva empresa de seguridad privada que le contrate. Los guardas rurales y

sus especialidades, no integrados en empresas de seguridad privada, conservarán en su

poder las referidas cartillas.

  1. En la cartilla profesional se anotarán, las altas y bajas laborales producidas en

las empresas de seguridad privada, los cursos de formación permanente de actualización

y especializada realizados, y los reconocimientos honoríficos otorgados por las

autoridades.

Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas de seguridad

privada en el momento en que se produzcan, salvo las relativas a los guardas rurales y

sus especialidades no integrados en empresas de seguridad privada, que las efectuarán

las personas físicas o jurídicas contratantes, cumplimentándose las de los cursos de

formación por los centros de formación del personal de seguridad privada, y las relativas a

las menciones honoríficas por las dependencias territoriales de la Policía Nacional o de la

Guardia Civil, o por los órganos o unidades centrales respectivos, o por la policía

autonómica competente.

  1. En el caso de prestar servicios de seguridad privada en varias empresas de

seguridad privada, las cartillas deberán ser cumplimentadas en los apartados de altas y

bajas y selladas por todas ellas, y permanecerá en custodia en la empresa de seguridad

privada cuyo contrato sea de mayor jornada o, en su caso, en la que tenga mayor

antigüedad.

Artículo 87. Suspensión de la habilitación.

  1. La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada podrá

producirse en alguno de los siguientes supuestos:

  1. a) Mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy

graves en materia de seguridad privada, de acuerdo con el artículo 69.2c) de la Ley.

  1. b) Por la sanción a que se refiere el artículo 62.2b) de la Ley.
  2. c) Hasta la finalización del proceso por delitos contra dicho personal de

seguridad privada.

  1. En los supuestos de suspensión temporal de la habilitación contemplados en el

apartado anterior, el personal de seguridad privada afectado no podrá prestar servicios ni

ejercer funciones de seguridad privada, y deberá hacer entrega de su tarjeta, así como,

en su caso, de las cartillas, profesional y de tiro, al órgano que las expidió, en el plazo de

diez días.

Artículo 88. Extinción de la habilitación.

  1. La habilitación del personal de seguridad privada se extinguirá por alguna de las

siguientes causas:

  1. a) A petición propia.
  2. b) Por pérdida de alguno de los requisitos generales o específicos exigidos

para el otorgamiento de la respectiva habilitación o reconocimiento.

  1. c) Por ejecución de la sanción de extinción de la habilitación.
  2. d) Por ejecución de sentencia judicial que conlleve inhabilitación profesional.
  1. e) Por jubilación, siempre que conlleve la imposibilidad legal del ejercicio de las

profesiones de seguridad privada.

  1. f) Por fallecimiento.
  2. El procedimiento de extinción de la habilitación profesional al personal de

seguridad privada se acomodará a las siguientes circunstancias motivadoras:

  1. a) Cuando sea a petición propia, se materializará, con una petición formal, ,

por parte del interesado, inscribiéndose de oficio en el Registro Nacional de Seguridad

Privada.

  1. b) En el caso de pérdida de alguno o algunos de los requisitos necesarios, se

instruirá el correspondiente procedimiento, hasta su resolución e inscripción en el Registro

Nacional de Seguridad Privada.

  1. c) Cuando se trate de la ejecución de la sanción de extinción de la habilitación

o de la sentencia judicial que conlleve inhabilitación profesional, se procederá a su

inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada.

  1. d) En los casos de jubilación o fallecimiento, se procederá, de oficio, a la

cancelación registral de la habilitación tras la constatación del hecho, una vez sean

comunicadas tales circunstancias, bien por la empresa de seguridad privada o despacho

de detectives privados en el caso de estar contratado o vinculado a éste, por el interesado

en caso de jubilación o sus familiares en caso de fallecimiento.

  1. Se podrán realizar, por parte del personal autorizado de los órganos

competentes, las comprobaciones oportunas, y el acceso necesario, en las bases de

datos pertinentes, que permitan su verificación. Estas comprobaciones no requerirán la

autorización expresa por parte del interesado.

  1. La extinción de la habilitación profesional implicará, para los afectados, la

obligación de proceder a la inmediata entrega de la tarjeta, así como, en su caso, de las

cartillas, profesional y de tiro, en el plazo máximo de diez días, teniéndose en cuenta, lo

siguiente:

  1. a) Con carácter general, el personal de seguridad privada al que se le haya

extinguido su habilitación profesional por cualquier causa, deberá hacer entrega de su

tarjeta y, en su caso, de las cartillas profesional y de tiro y de la licencia de armas, al jefe

de seguridad o al jefe de personal de la empresa de seguridad privada en la que presten

servicios, que, a su vez, las entregará en el órgano de la Dirección General de la Policía o

de la Dirección General de la Guardia Civil, que determine su estructura orgánica y

funcional, según corresponda.

  1. b) Los guardas rurales, y sus respectivas especialidades, y el resto del

personal que no se encuentren integrados en empresas de seguridad privada, harán la

referida entrega personalmente en las respectivas dependencias policiales.

  1. c) Cuando se trate de un detective privado, deberá entregar la tarjeta en el

despacho de detectives privados del que dependa, o en el órgano de la Dirección General

de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional.

  1. En el supuesto de que el interesado se encontrase habilitado para profesiones

de seguridad privada no afectadas por la extinción de la habilitación producida, se

expedirá a éste una nueva tarjeta y, en su caso, unas nuevas cartillas, profesional, y de

tiro, en la que solo consten las habilitaciones en vigor.

  1. A los efectos de inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, los

órganos competentes en materia de habilitación profesional anotarán, de oficio, en el

mismo, las habilitaciones concedidas o extinguidas, así como las incidencias relativas a

su suspensión.

Artículo 89. Recuperación de la habilitación.

  1. En los casos de extinción de la habilitación por alguna de las causas

contempladas en el artículo 90.1a) y b), el interesado podrá recuperarla mediante solicitud

formal, ante el mismo órgano policial encargado de su expedición, siempre que se

cumplan los requisitos contemplados en el artículo 28.1a), c), e), f), g) y h) de la Ley.

  1. Cuando la extinción de la habilitación se haya producido por ejecución de

sanción, o de sentencia judicial que conlleve inhabilitación profesional, ésta no podrá

volver a obtenerse hasta haber transcurrido el plazo fijado en aquellas, mediante el

correspondiente procedimiento de habilitación establecido en el artículo 82 y siguientes.

Artículo 90. Retirada de la tarjeta de identidad profesional.

  1. Podrá procederse a la retirada de la tarjeta, con anotación, de oficio, en el

Registro Nacional de Seguridad Privada, en los siguientes supuestos:

  1. a) Suspensión o extinción de la habilitación, con arreglo a lo dispuesto en los

artículos 87 y 88.

  1. b) Cuando el personal de seguridad privada resulte detenido por su implicación

en la comisión de hechos delictivos y así lo decidan los miembros de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad actuantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1f) de

la Ley.

Las tarjetas retiradas como consecuencia de la aplicación de esta medida

provisional serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

  1. c) En los demás casos de adopción de medidas provisionales o cautelares

contemplados en el 69.1b) y c) de la Ley.

  1. Las tarjetas retiradas, así como, en su caso, las cartillas profesional y de tiro y

licencia de armas, quedarán en depósito de las autoridades de expedición

correspondientes.

Artículo 91. Devolución de la tarjeta de identidad profesional.

  1. Se procederá a la devolución de la tarjeta, así como, en su caso, de las cartillas

profesional y de tiro y licencia de armas, a su titular, siempre que la autoridad judicial no

disponga lo contrario, y previa petición del interesado, una vez levantada la medida

cautelar o cumplida la sanción que dieron origen a su retirada, o cuando así lo disponga la

autoridad judicial en el caso de puesta a su disposición como consecuencia de la

detención de su titular.

  1. En el supuesto de que la tarjeta hubiera caducado durante el tiempo en que

estuvo retirada, el interesado deberá realizar una solicitud de renovación de la misma.

  1. En los casos de recuperación de la habilitación, resultará de aplicación lo

dispuesto en los dos apartados anteriores.

CAPÍTULO II

Ejercicio de funciones profesionales de seguridad privada

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 92. Desarrollo de funciones e identificación.

  1. Siempre que se encuentre en el ejercicio de sus funciones profesionales de

seguridad privada, el personal de seguridad privada habrá de portar su tarjeta y, en su

caso, la licencia de armas y la correspondiente guía de pertenencia, debiendo mostrarlas

a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuere requerido para ello.

  1. Asimismo, deberá identificarse con su tarjeta cuando, por razones del desarrollo

del servicio de seguridad privada, así lo soliciten los ciudadanos afectados.

  1. Para su identificación profesional, el personal de seguridad privada no podrá

utilizar otras tarjetas o placas.

  1. La tarjeta no sustituirá al documento nacional de identidad o, en su caso, al

pasaporte o a la tarjeta de identificación de extranjeros, como documento de identificación

personal en los supuestos o casos en que el personal de seguridad privada sea requerido

por la autoridad o sus agentes.

Artículo 93. Régimen de incompatibilidades.

  1. De acuerdo con el artículo 27.5 de la Ley, , el ejercicio de funciones de

seguridad privada resultará incompatible, además de en los casos específicamente

contemplados en la misma, con el desempeño de puestos de trabajo en las

administraciones públicas por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la

normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones

públicas, salvo lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley, para los directores de seguridad

que desempeñen sus funciones en el propio centro al que pertenezcan.

  1. Igualmente, el ejercicio de funciones correspondientes a las distintas profesiones

de seguridad privada, será incompatible entre sí, mientras aquéllas se desempeñen

materialmente, de manera simultánea, durante el tiempo de prestación de servicios de

seguridad de que se trate, excepción hecha de los jefes de seguridad.

  1. Asimismo, el personal de seguridad privada, salvo jefes de seguridad y

directores de seguridad, durante la prestación de sus servicios profesionales de

seguridad, no podrá compatibilizar el ejercicio de las respectivas funciones de seguridad

privada para las que se encuentre habilitado con el de cualesquiera otras que no lo sean,

salvo la realización de funciones relacionadas con las actividades contempladas en el

artículo 6.2 de la Ley.

  1. El personal de seguridad privada no podrá desempeñar las funciones de

seguridad privada para las que se encuentre habilitado, cuando la empresa de seguridad

privada en la que se encontrase integrado no estuviera autorizada para el desarrollo de la

actividad de seguridad privada con la que se correspondiese el servicio de seguridad

privada a prestar, salvo lo dispuesto en el artículo 185.2, párrafo segundo.

  1. No se considerará incompatible el ejercicio de funciones complementarias,

directamente relacionadas con las funciones propias de seguridad privada o que resulten

imprescindibles para su efectividad, así como las relacionadas con los servicios

contemplados en el artículo 143.

Artículo 94. Protección jurídica del personal de seguridad privada.

  1. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley, se entenderá que el personal de

seguridad privada desarrolla actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el

mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin necesidad de que efectivamente se

produzca presencia física de éstos, en los siguientes supuestos:

  1. a) Los servicios de vigilancia y protección del artículo 41.3 de la Ley, siempre que

hayan sido contratados para la prestación de servicios de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad o para ejecución de funciones de seguridad encomendadas a dichas

Fuerzas y Cuerpos.

  1. b) Los servicios de seguridad privada que se encuentren integrados en planes

operativos de actuación policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que

expresamente reserven actuaciones o incorporen instrucciones para cumplimiento

obligatorio por parte del personal de seguridad privada afectado.

  1. c) Los servicios de seguridad privada en los que, durante su desarrollo, se reciban

órdenes o instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o se realicen en

coordinación con éstos.

  1. d) Siempre que acudan en auxilio o a requerimiento de los miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o les estén prestando la debida colaboración.

2. Siempre que el personal de seguridad privada actúe en situaciones en las que

pudiera ser considerado funcionario público a efectos penales, tendrá la protección

jurídica de agente de la autoridad, frente a las agresiones y desobediencias que pudieran

cometerse contra ellos.

  1. Se entenderá que el personal de seguridad privada está plenamente identificado

cuando se halle en el ejercicio de sus funciones de seguridad privada debidamente

uniformado o, si no está obligado al uso de uniforme, cuando porte su tarjeta de forma

visible al exterior, pudiendo emplear en este caso cualquier otro elemento identificador de

su condición profesional.

SECCIÓN 2.ª VIGILANTES DE SEGURIDAD, SU ESPECIALIDAD, Y ESCOLTAS

PRIVADOS

Artículo 95. Ejercicio profesional de vigilantes de seguridad y su especialidad.

  1. Los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones de seguridad privada y

prestarán sus servicios profesionales integrados en empresas de seguridad privada,

autorizadas para las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1a),

c), e) y g) de la Ley.

  1. Los vigilantes de explosivos ejercerán sus funciones de seguridad privada y

prestarán sus servicios profesionales integrados en empresas de seguridad privada

autorizadas para las actividades de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1d) y

  1. e) de la Ley.
  2. Estos vigilantes deberán seguir las instrucciones que, en el ejercicio de sus

competencias, impartan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

colaborando con ellos, en cualquier actuación necesaria para el mantenimiento y

restablecimiento de la seguridad ciudadana, siempre que afecte a las personas o bienes

cuya protección o vigilancia tuviesen encomendada.

  1. En la organización de los servicios de seguridad privada y en el desempeño de

sus funciones profesionales de seguridad privada, dependerán del jefe de seguridad de la

empresa de seguridad privada en la que estuviesen encuadrados, o del delegado de éste

o del responsable de vigilancia nombrado.

  1. En ausencia del jefe de seguridad, o de su delegado o del responsable de

vigilancia, cuando concurran en el servicio dos o más vigilantes, pertenezcan, o no, a la

misma empresa de seguridad privada, y no estuviese previsto un orden de prelación entre

ellos, asumirá la iniciativa en la prestación de los servicios el vigilante más antiguo en la

prestación del servicio de seguridad de que se trate. .

  1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando los vigilantes

presten servicios en entidades que cuenten con director de seguridad, dependerán

funcionalmente de éste, o, en su caso, de su delegado.

Artículo 96. Ejercicio profesional de escoltas privados.

  1. Los escoltas privados ejercerán sus funciones de seguridad privada y prestarán

sus servicios profesionales integrados en empresas de seguridad privada autorizadas

para la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1b) de la Ley.

  1. En la materialización de las funciones profesionales de seguridad privada, los

escoltas privados se atendrán a lo siguiente:

  1. a) Deberán efectuar el acompañamiento de seguridad de la persona o

personas protegidas de forma permanente, salvo en las tareas de avanzada o de

contravigilancia, u otros desplazamientos que resulten necesarios para la correcta

ejecución del servicio.

  1. b) No admitirán interferencia o menoscabo de la función de seguridad privada

de protección personal que desempeñan, mediante el encargo o realización de tareas

impropias o que distraigan la necesaria atención o dedicación que necesitan estos

servicios.

  1. c) Realizarán las actuaciones profesionales necesarias para tratar de evitar o

impedir que las personas que sean objeto de su protección sufran cualquier tipo de

agresión o de acto delictivo.

  1. d) Habrán de estar referidas las actuaciones de defensa y protección que

realicen, únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de las personas objeto de

protección.

  1. e) No podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la

libre circulación, salvo en lo que resultase imprescindible como consecuencia de una

agresión o de un intento manifiesto de agresión a las personas protegidas o a los propios

escoltas.

  1. f) Deberán poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad a las personas que resulten detenidas con ocasión de su actuación profesional,

sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio de las mismas, haciendo entrega de los

posibles efectos o instrumentos relacionados con la detención.

Artículo 97. Comprobaciones previas.

  1. El personal de seguridad privada incluido en esta sección, al hacerse cargo del

servicio, comprobará el estado de funcionamiento de los sistemas de seguridad y de

comunicación, así como los medios materiales o técnicos dispuestos para su prestación,

con especial atención a las armas, armeros y munición.

  1. Igualmente, deberá dar cuenta inmediata, a los jefes de seguridad de la empresa

de seguridad privada o a los directores de seguridad de la entidad, bien directamente o a

través del responsable de vigilancia, o del vigilante, guarda o escolta privado de mayor

antigüedad, de las anomalías o deficiencias observadas, así como de cualquier otra

circunstancia que pudiera generar inseguridad.

Artículo 98. Prevenciones y actuaciones.

  1. En el ejercicio de su función de seguridad privada de vigilancia y protección de

bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como de las personas que se encuentren

en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y

prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

  1. En la práctica de dichas actuaciones sobre personas, vehículos u otros bienes,

los vigilantes de seguridad seguirán las siguientes reglas:

  1. a) Se restringirán a lo estrictamente necesario para asegurar la consecución

del fin preventivo y protector perseguido, al objeto de evitar o prevenir riesgos

potencialmente graves para las personas o los bienes objeto de protección.

  1. b) Se realizará la identificación de personas únicamente con ocasión de

controles de acceso de seguridad, cuando así se encuentre previsto en el respectivo

protocolo de actuación, o cuando se pretenda la misma con fines a poder sancionar una

infracción penal o administrativa, y siempre que la persona que haya podido participar en

la comisión de la misma acceda a ello de forma voluntaria. En caso contrario se dará

inmediata comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes,

procediendo, o no, a su detención preventiva, según se trate de infracción penal o

administrativa, sin que, en ningún caso, se pueda retener la documentación de la persona

objeto de identificación.

  1. c) No se podrá limitar o restringir la circulación o permanencia de personas en

vías o lugares públicos, salvo actuación por orden de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.

  1. d) Se podrá proceder únicamente al registro corporal externo superficial de

personas, en los supuestos de controles de acceso de seguridad en los que se participe o

colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como cuando se realicen por orden

de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o con ocasión de la detención de un presunto

delincuente cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al

hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes relacionados con el motivo de

la detención preventiva.

En todos estos casos, dichos registros corporales se realizarán del modo que

cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada.

  1. e) Tratarán de resolver, de forma dialogada, las posibles controversias que

puedan surgir con los ciudadanos. Cuando no pudieran solucionar pacíficamente un

incidente con personas que no quisieran someterse a los controles y verificaciones

legalmente realizados, deberán dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

competentes.

  1. f) Podrán hacer uso proporcional de la fuerza únicamente en caso de legítima

defensa, propia o ajena, o cuando traten de impedir la comisión de una infracción penal o

administrativa.

  1. g) Procederán a la detención de las personas que sorprendan en flagrante

delito, dando aviso y haciendo entrega inmediata del detenido a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad competentes, permaneciendo la persona detenida bajo su control y protección.

Si por su estado el detenido requiriese atención, estarán obligados a avisar al servicio

médico correspondiente.

Para el caso de los escoltas privados, las anteriores reglas se acomodarán a las

actuaciones que hayan de practicar en relación con el ejercicio de sus funciones

específicas.

  1. Los vigilantes de seguridad deberán impedir la comisión de cualquier hecho

delictivo o infracción administrativa que pudiera producirse en el lugar de prestación de

sus servicios profesionales, prestando especial atención al porte de armas u objetos

prohibidos o peligrosos, así como al consumo ilegal de drogas, en el interior de los

establecimientos, lugares y eventos objeto de su vigilancia y protección.

  1. Cuando los vigilantes de seguridad observaren la comisión de delitos o

infracciones, en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de su

protección, o cuando concurran indicios racionales de tal comisión, deberán comunicarlo,

en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, poniendo

inmediatamente a disposición de los miembros de éstas a los presuntos autores, así como

los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos.

Artículo 99. Sustituciones.

  1. Los vigilantes o escoltas privados deberán comunicar a la empresa de seguridad

privada en la que estén integrados, con la máxima antelación posible, la imposibilidad de

acudir al servicio y sus causas, a fin de que aquélla pueda adoptar las medidas

pertinentes para su sustitución.

  1. Cuando, por enfermedad u otra causa justificada, el vigilante o escolta privado

que se encontrara prestando servicio, hubiese de ser relevado por otro, lo comunicará al

jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada en que se encuentre integrado, así

como, en su caso, al director de seguridad de la entidad donde se prestase el mismo, con

objeto de que puedan asegurar la continuidad del servicio de seguridad.

  1. Igualmente, en aquellos casos en que esté previsto el relevo en la prestación del

servicio, y éste no hiciera acto de presencia, la persona que se encontrase prestándolo

deberá comunicarlo de forma inmediata a los responsables de seguridad citados en el

apartado anterior.

SECCIÓN 3ª. GUARDAS RURALES Y SUS ESPECIALIDADES

Artículo 100. Ámbito de actuación.

  1. Corresponde a los guardas rurales el ejercicio de las funciones de seguridad

privada de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, entendiendo

por tales aquellas que, fuera de las poblaciones, se dedican a la explotación de recursos

naturales, así como de las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se

encuentran en ellas.

Igualmente, los guardas rurales podrán realizar servicios de videovigilancia o de

respuesta ante alarmas relacionados con los bienes y lugares objeto de protección.

  1. A los guardas de caza, además de las funciones descritas para los guardas

rurales, les corresponde específicamente la vigilancia y protección en:

  1. a) Las fincas y predios de caza y su aprovechamiento cinegético en los terrenos

sometidos a régimen cinegético especial.

  1. b) Espacios de pesca fluvial y espacios acuícolas públicos o privados.
  2. A los guardapescas marítimos, además de las funciones descritas para los

guardas rurales, les corresponde específicamente la vigilancia y protección en:

  1. a) Establecimientos de acuicultura marina.
  2. b) Zonas marítimas con fines pesqueros y de marisqueo específico, espacios

marítimos protegidos y, en su caso, puertos pesqueros y lonjas.

Igualmente, los guardapescas marítimos podrán ejercer funciones de seguridad

privada de vigilancia y protección de buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo

bandera española en aguas en las que existe grave riesgo para la seguridad de las

personas o de los bienes, siempre que se encuentren integrados en empresas de

seguridad privada.

Artículo 101. Ejercicio profesional.

  1. Cuando se trate de servicios de seguridad privada de vigilancia y protección de

explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a sus distintos aspectos del régimen

cinegético, y zonas marítimas con fines pesqueros, los guardas rurales y sus

especialidades podrán compatibilizar sus funciones de seguridad privada de vigilancia y

protección de espacios e instalaciones con el desarrollo de actividades de mantenimiento,

planificación, organización, gestión medioambiental y explotación de la tierra, necesarias

para su conservación y buen funcionamiento, así como para la preservación de las

especies que los habiten, de acuerdo con lo que establezca la legislación autonómica.

En todo caso estas actividades no deben interferir en su función de seguridad

privada de vigilancia y protección. A tal fin, cuando así lo prevea la normativa aplicable,

deberán obtener las autorizaciones pertinentes y utilizar, en su caso, las armas, artes o

medios permitidos.

  1. En el ejercicio de sus funciones de seguridad privada, ante la sospecha de la

comisión de una infracción, los guardas rurales y sus especialidades podrán proceder al

registro de vehículos, embarcaciones, equipajes o bultos de mano susceptibles de ocultar

pruebas de aquélla, incluso en las vías de uso público que discurran por las fincas

rústicas e instalaciones objeto de su protección. De cada una de estas actuaciones darán

cuanta al cuerpo policial competente en la demarcación, en la forma que determinen los

respectivos planes de colaboración.

  1. Igualmente, ante la sospecha de la comisión de una infracción, los guardas de

caza y guardapescas marítimos podrán requerir a las personas que se hallen en el

espacio protegido la licencia de armas y guía de pertenencia del arma, licencia de caza o

pesca y cualquier otro documento exigible en la normativa correspondiente.

  1. Comprobada la comisión de una infracción en el ámbito de sus funciones de

seguridad privada y de acuerdo con las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad competentes, facilitarán a éstas los datos necesarios a fin de que formulen, en

su caso, la pertinente denuncia.

  1. En estos supuestos podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas

cobradas, los medios de caza y pesca prohibidos o no autorizados y las armas empleadas

para cometerla.

Cuando se proceda a la retirada de las armas, el guarda hará entrega de un recibo

en el que conste su clase, marca y número, así como la dependencia de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad competentes donde quedarán depositadas provisionalmente. Este

depósito será realizado de manera inmediata, junto con la correspondiente denuncia, con

indicación de los datos necesarios para la identificación del presunto infractor.

Si se produjera una negativa a la entrega del arma, el guarda lo pondrá en

conocimiento de la dependencia policial competente a efectos de formulación de la

pertinente denuncia.

  1. El cuerpo policial que recepcione el arma, la remitirá, en su caso, al órgano de la

Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional, el

cual notificará el depósito definitivo del arma a la persona a la que se le hubiere retirado.

  1. Cuando los guardas rurales y sus especialidades actúen integrados en empresas

de seguridad, deberán observar las normas generales y de organización establecidas

para los vigilantes de seguridad.

Artículo 102. Modalidades de contratación.

  1. De acuerdo con el artículo 38.6 de la Ley, los guardas rurales y sus

especialidades podrán prestar sus servicios profesionales en alguna de las siguientes

modalidades:

  1. a) Integrados en empresas de seguridad privada autorizadas para las actividades

de seguridad privada contempladas en el artículo 5.1a) y g) de la Ley, formando parte de

su plantilla, en cuyo caso podrán prestar todos los servicios de seguridad privada de

vigilancia y protección atribuidos en este reglamento.

  1. b) Cuando se trate de servicios de seguridad privada de vigilancia y protección de

explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen

cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros, podrán ser contratados en

cualquiera de las siguientes modalidades:

1ª Directamente, como trabajador por cuenta ajena, por los titulares de los

bienes objeto de protección.

2ª Por cuenta propia, como trabajador autónomo, prestando el servicio de

forma directa y personal. En este supuesto el autónomo podrá contratar guardas de

apoyo, hasta un máximo de 3. Los guardas autónomos deberán estar dados de

alta en el Impuesto de Actividades Económicas y tener suscrito, y en vigor, un

seguro de responsabilidad civil en garantía de su actividad, acorde a lo establecido

en el apartado 6 del capítulo II, título II del anexo I.

  1. Las empresas de seguridad privada podrán subcontratar servicios de seguridad

privada con guardas rurales autónomos cuando éstos se desarrollen en explotaciones

agrícolas, pecuarias o forestales, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos de

régimen cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros. La

subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa de seguridad

privada contratante.

En ningún caso podrán subcontratar servicios de seguridad privada los guardas

rurales autónomos con otros guardas rurales autónomos.

  1. Cuando los servicios los presten contratados directamente por los titulares de

bienes y derechos, ya sea como trabajadores por cuenta ajena o como autónomos, los

contratos celebrados deberán comunicarse, por parte del guarda contratado, al registro

correspondiente, con antelación al inicio de la ejecución del servicio objeto de

contratación. Dicha comunicación corresponderá a las empresas de seguridad privada

cuando los guardas presten sus servicios integrados en las mismas.

SECCIÓN 4.ª JEFES DE SEGURIDAD Y DIRECTORES DE SEGURIDAD

Artículo 103. Ejercicio profesional de los jefes de seguridad.

  1. Los jefes de seguridad canalizarán, hacia las dependencias de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, las comunicaciones sobre hechos delictivos o relevantes para la

seguridad ciudadana, y deberán comparecer a las reuniones informativas o de

coordinación a que fueren citados por las autoridades policiales competentes.

  1. Igualmente, los jefes de seguridad deberán proponer o adoptar las medidas

oportunas para la subsanación de las deficiencias o anomalías que observen o les

comunique el personal de seguridad privada a su cargo, en relación con los servicios de

seguridad privada o los sistemas de seguridad, asegurándose de la anotación, en este

último caso, de la fecha y hora de la subsanación en el correspondiente Libro-Registro y

comprobando su funcionamiento.

  1. El ejercicio de la función contemplada en el artículo 35.1c) de la Ley, , se

materializará mediante la correspondiente comunicación dirigida al órgano policial

competente en cada caso.

  1. Respecto del personal de seguridad privada que se encuentre a su cargo en la

prestación de servicios de seguridad privada, deberán cerciorase de que se encuentre

debidamente habilitado o acreditado, y dispone de la correspondiente tarjeta o

acreditación profesional, así como, en su caso, de la licencia de armas.

  1. De acuerdo con el artículo 35.2, párrafo segundo, de la Ley, deberá existir un

jefe de seguridad específico en los siguientes supuestos:

  1. a) Cuando las empresas de seguridad privada vayan a prestar alguno de los

servicios de seguridad privada con armas de fuego contemplados en el artículo 40.1 de la

Ley.

  1. b) Cuando se trate de empresas de seguridad privada dedicadas a la actividad

de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1g) de la Ley, siempre que cuenten

con personal propio de seguridad privada para la prestación de los servicios de seguridad

privada relacionados con dicha actividad.

  1. c) En los casos de apertura obligatoria de delegaciones a que se refiere el

artículo 48.3. Cuando se trate de las delegaciones de centrales receptoras de alarmas,

esta obligación únicamente afectará en el caso de que se presten servicios de seguridad

privada de respuesta ante alarmas con personal de seguridad privada propio.

  1. d) Cuando se trate empresas de seguridad privada que presten servicios de

seguridad privada, en relación con la actividad de seguridad privada contemplada en el

artículo 5.1a) de la Ley, a operadores críticos, respecto de los servicios de las

infraestructuras críticas que operen.

Dicho jefe de seguridad específico será designado por el representante legal de la

empresa de seguridad privada de que se trate, y ejercerá las funciones de seguridad

privada atribuidas a los jefes de seguridad por el artículo 35.1 de la Ley, bajo la

dependencia del jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada matriz, sin que

pueda compatibilizar el cargo que ocupa con otros de igual índole en otras delegaciones

abiertas por la empresa de seguridad privada.

Artículo 104. Ejercicio profesional de los directores de seguridad.

  1. De acuerdo con los artículos 36.2 y 38.5 de la Ley, en los supuestos de

existencia obligatoria de departamento de seguridad contemplados en el título II del anexo

IV, los directores de seguridad desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas

de dichos sujetos obligados.

  1. Cuando el director de seguridad se encuentre al frente de un departamento de

carácter facultativo, podrá realizar su gestión sin necesidad de encontrarse integrado en la

plantilla de la entidad o empresa para la que presta sus servicios profesionales.

  1. De acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley, los directores de seguridad que sean

funcionarios públicos en activo o se encuentren al servicio de cualquiera de las

administraciones públicas, podrán desempeñar sus funciones profesionales en el propio

centro al que pertenezcan.

  1. De acuerdo con el artículo 36.1.b) de la Ley, el director de seguridad promoverá

y coordinará las acciones que se lleven a cabo para identificar y minimizar los riesgos

para la vida e integridad de las personas, así como para prevenir, detectar y evitar

posibles actuaciones delictivas dentro de la empresa.

  1. Para el ejercicio de la función de planificación atribuida en el artículo 36.1c), de

la Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 196.

  1. El ejercicio de la función de seguridad privada contemplada en el artículo 36.1e)

de la Ley, se materializará mediante la correspondiente comunicación dirigida al órgano

policial competente.

  1. De acuerdo con el artículo 36.1a) y f) de la Ley, el director de seguridad será el

responsable de que los sistemas y servicios de seguridad privada, incluyendo los de

investigación privada, contratados por la empresa, se ajusten en su ejercicio y desarrollo a

la legalidad vigente y cuenten con las homologaciones y autorizaciones necesarias.

  1. La función de interlocución y enlace con la Administración recogida en el artículo

36.1h) de la Ley, se materializará en los siguientes ámbitos:

  1. a) Materias clasificadas.
  2. b) Infraestructuras críticas.
  3. c) Seguridad de la información y las comunicaciones.
  4. d) Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  1. e) Protección contra incendios.
  2. f) Seguridad laboral.
  3. g) Intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre

cuestiones relativas a delincuencia, de las que se tuviesen indicios o conocimiento en su

entidad.

  1. h) Actuación ante situaciones de emergencia que afecten a la propia empresa o

cuando ésta aporte recursos en caso de situaciones de catástrofe o emergencia pública.

  1. i) Cualquier acción de colaboración público-privada en el marco de la Estrategia de

Seguridad Nacional.

  1. j) Cualquier otro que afecte a la seguridad de su organización y contribuya a la

persecución de delitos e infracciones.

  1. De acuerdo con el artículo 36.1i) de la Ley, el director de seguridad podrá

realizar comprobaciones tendentes a acreditar la solvencia técnica y honorabilidad de las

personas que puedan tener acceso a áreas o informaciones sensibles de la misma. Estas

comprobaciones podrá realizarlas por sus propios medios o mediante la contratación de

servicios de investigación privada. Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

podrán facilitar al director de seguridad las informaciones necesarias para prevenir un

peligro real para la seguridad.

  1. Las funciones de inspección, comprobación y control atribuidas al director de

seguridad en el artículo 36.1 de la Ley, podrán ser materializadas mediante auditorías

externas.

  1. La responsabilidad del director de seguridad le obliga a informar a los órganos

de dirección de su empresa o entidad sobre los riesgos de su competencia a que se haya

expuesta, proponiendo las medidas de control preventivas y reactivas necesarias.

Artículo 105. Delegación de funciones de jefes de seguridad y directores de

seguridad.

  1. De acuerdo con los artículos 35.3 y 36.5 de la Ley, la delegación de funciones

de jefes de seguridad y de directores de seguridad se ajustará a las siguientes reglas:

  1. a) Cuando se trate de personas habilitadas como jefe o director de seguridad,

podrán delegarse en éstos, respectivamente, todas las funciones propias de los mismos

contempladas en los artículos 35.1 y 36.1 de la Ley, excepto las contempladas en los

artículos 35.1c) y 36.1e) de la misma.

  1. b) Cuando se trate de personas que no posean habilitación como jefe o director

de seguridad, únicamente podrá delegarse en éstos, respectivamente, todas o algunas de

las siguientes funciones:

1º. Las establecidas en el artículo 35.1b), d), e), f) y g) de la Ley.

Las establecidas en el artículo 36.1a), d) y g) y, en su caso, las del artículo 35.1b) y

e), de la Ley.

  1. Cuando la delegación de funciones recaiga sobre personas no habilitadas como

jefe o director de seguridad, éstas habrán de reunir los siguientes requisitos:

  1. a) Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, u otros

equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

  1. b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  2. c) No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en materia de

seguridad privada durante el año anterior a la solicitud de delegación.

  1. d) Haber desempeñado funciones de seguridad pública, como miembro de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o de seguridad privada, como personal de seguridad

privada, al menos, durante cinco años efectivos, o haber desempeñado, en los mismos

casos, puestos de dirección o de gestión de seguridad pública o privada, al menos,

durante tres años efectivos.

  1. La delegación de funciones se realizará mediante comunicación previa de la

empresa de seguridad privada o de la entidad, suscrita tanto por el jefe de seguridad o

director de seguridad que delega, como por aquellos en quienes se ha delegado, y deberá

dirigirse, en el plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se produzca, al órgano de

la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en

su caso, al órgano autonómico competente, .

  1. En el supuesto de cese del jefe de seguridad o del director de seguridad que

haya efectuado delegación de funciones, éste se comunicará, conforme a lo indicado en

el apartado anterior, manteniéndose vigente la delegación de funciones salvo

comunicación en contrario por parte de la persona que le sustituya. Igualmente, se

comunicará cualquier otra variación que se produzca. .

  1. La responsabilidad en el ámbito de la seguridad privada en que pudieran incurrir

los delegados, se exigirá a éstos conforme a lo dispuesto, para el personal de seguridad

privada.

SECCIÓN 5.ª DETECTIVES PRIVADOS

Artículo 106. Ejercicio profesional.

  1. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley, el ejercicio de las funciones

profesionales que corresponden a los detectives privados, recaerá, exclusivamente, sobre

la actividad de seguridad privada del artículo 5.1h) de la misma, , y en relación con la

prestación de los servicios de seguridad privada del artículo 48 de aquélla.

  1. De acuerdo con el artículo 38.7 de la Ley, los detectives privados ejercerán sus

funciones y prestarán sus servicios profesionales a través de los despachos de detectives

privados, sin que puedan ser contratados directamente por los clientes usuarios de los

servicios de investigación privada.

  1. Los detectives privados que no tengan despacho de detectives privados abierto,

así como los detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o

dependientes del mismo, no podrán obtener ni llevar el Libro-Registro de Investigaciones.

CAPÍTULO III Uniformidad

Artículo 107. Uniformidad de servicio.

  1. El uniforme, distintivos y medios de defensa del personal de seguridad privada

se ajustarán a lo dispuesto en el anexo II.

  1. No podrá usarse otra uniformidad que no sea la reglamentaria, ni vestir el

uniforme, ni hacer uso de los distintivos y medios de defensa fuera de las horas y lugares

del servicio de seguridad privada y de los ejercicios de tiro.

  1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá utilizarse la uniformidad

en los siguientes supuestos:

  1. a) Los desplazamientos a dependencias policiales por razón del servicio de

seguridad privada.

  1. b) Los motivados por necesidades personales en las cercanías del lugar de

servicio de seguridad privada.

  1. c) Los desplazamientos realizados para ir o regresar al lugar de trabajo.
  2. d) Los motivados por cualquier causa de fuerza mayor.

Artículo 108. Distintivos.

  1. El personal de seguridad privada uniformado, cuando se encuentre prestando

servicio de seguridad privada, llevará, permanentemente, el distintivo en la parte superior

izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior, y sin que pueda quedar oculto

por otra prenda o elemento que se lleve.

  1. Los distintivos profesionales del cargo podrán confeccionarse con material

metálico o plástico, que se adapte a las condiciones del servicio, y podrán ir expresados,

en su caso, en la lengua cooficial del lugar de prestación del servicio.

Artículo 109. Medios de defensa.

  1. Para la prestación de servicios de seguridad privada relacionados con las

actividades de seguridad privada a que se refiere el artículo 5.1a), c), d), e) y g) de la Ley,

el personal de seguridad privada deberá portar consigo la defensa y los grilletes, cuyas

características se determinan en el Título III del anexo II, o los elementos defensivos que

los sustituyan o complementen.

  1. En la prestación de los distintos servicios de seguridad privada con armas de

fuego, podrá hacerse uso de chalecos antibalas. Las correspondientes autorizaciones de

servicios podrán establecer la obligatoriedad de su uso, en función del nivel de riesgo que

les afecte.

Artículo 110. Excepciones al deber de uniformidad.

De acuerdo con el artículo 39.2, párrafo segundo, de la Ley, el personal de

seguridad privada uniformado, siempre que no vaya a interactuar presencialmente con los

ciudadanos, podrá desarrollar sus funciones profesionales de seguridad privada sin el

uniforme o distintivo reglamentarios, previa autorización del órgano policial de control

competente, a solicitud de la empresa de seguridad de seguridad privada, en los

siguientes supuestos:

  1. a) Servicios de videovigilancia del artículo 129.
  2. b) Servicios de centros de control del artículo 129.
  3. c) Servicios de gestión de alarmas del artículo 184.
  4. c) Servicios de vigilancia y protección en buques o aeronaves, con ocasión del

acompañamiento de polizones o de personas inadmitidas en frontera, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 143.

  1. d) Otros servicios en los que concurran circunstancias excepcionales que así lo

aconsejen.

CAPÍTULO IV Armas

Artículo 111. Licencia de armas.

  1. El personal de seguridad privada que puede prestar servicios con armas son los

vigilantes de seguridad, y su especialidad de explosivos, los escoltas privados, los

guardas rurales y sus especialidades.

  1. Para poder prestar servicios de seguridad privada con armas, el personal de

seguridad privada referido en el apartado anterior, habrá de obtener licencia de armas tipo

C, u otras que resulten necesarias, en la forma prevenida en el Título V del anexo II.

  1. La licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de

seguridad privada; carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando

servicios; quedará suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado

negativo de los ejercicios de tiro; y quedará sin efecto al cesar aquél en el desempeño del

puesto en razón del cual le hubiera sido concedida. .

Artículo 112. Armas de fuego reglamentarias.

  1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad y de explosivos, de los

escoltas privados y de los guardas rurales y sus especialidades, en los servicios que

hayan de prestarse con armas de fuego, será, respectivamente, la determinada en el

artículo 124.1.

  1. De acuerdo con lo previsto en la normativa de armas, los vigilantes de seguridad

y, en su caso, los guardapescas marítimos podrán portar y usar armas de guerra para la

prestación de los servicios de protección de personas y bienes establecidos en el artículo

40.1c) de la Ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 138.

  1. Cuando en el servicio a prestar concurran circunstancias extraordinarias que

impidan o desaconsejen el uso de las armas reglamentarias, podrá solicitarse su

sustitución o complemento por otras armas, especialmente no lesivas, previa autorización

de la Dirección General de la Guardia Civil .

Artículo 113. Uso, porte y depósito del arma.

  1. El personal de seguridad privada que preste servicios de seguridad privada con

armas de fuego, utilizarán éstas solo con ocasión y durante el servicio, portándolas con

discreción y sin hacer ostentación de ellas, pudiendo usarlas solamente en caso de

agresión a la vida, integridad física o libertad, propia o de terceros, y atendiendo a criterios

de proporcionalidad con el medio utilizado para el ataque.

  1. De acuerdo con el artículo 40.3 de la Ley, , el personal de seguridad privada

sólo podrá portar el arma de fuego cuando esté de servicio, y podrá acceder con ella al

lugar donde se desarrolle éste, , debiendo el tiempo restante estar depositadas en los

armeros de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la empresa de seguridad

privada o de sus delegaciones.

  1. Previa autorización del jefe de seguridad, el personal de seguridad privada podrá

portar las armas, fuera de las horas y de los lugares de trabajo, en los desplazamientos

anteriores y posteriores al servicio de seguridad privada, en los siguientes supuestos:

  1. a) A la iniciación y terminación del servicio.
  2. b) Con ocasión de suplencias del personal encargado del servicio.
  3. c) Para la realización de los ejercicios obligatorios de tiro.
  4. d) Cuando se trate de realizar servicios cuya duración no exceda de tres

meses, y no se disponga de armero de servicio, o mientras se tramita la autorización del

referido armero.

  1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el personal de seguridad

privada podrá portar las armas de fuego, fuera de las horas y lugares de servicio, sin

necesidad de autorización del jefe de seguridad, en los siguientes supuestos:

  1. a) En los desplazamientos a dependencias policiales motivados por razones

derivadas de la prestación del servicio de seguridad privada o relacionadas con el mismo.

  1. b) En los supuestos de actuación ante un hecho delictivo o por razones

humanitarias.

  1. A la finalización de cada servicio, y siguiendo las instrucciones impartidas al

respecto por el jefe de seguridad, los escoltas privados deberán depositar el arma en el

armero de la empresa de seguridad privada a la que pertenezcan, o en el del lugar de

trabajo o residencia de la persona protegida.

Cuando por razones de trabajo, al finalizar el servicio de seguridad privada, los

escoltas privados se hallasen en localidad distinta de aquélla en la que radique la sede de

su empresa de seguridad privada, el arma se depositará en el armero de la delegación de

la empresa, si la hubiese. En caso contrario, el arma quedará bajo la custodia del escolta,

con la autorización del jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada.

Igualmente, cuando los servicios de seguridad privada de protección personal

impliquen, además, un riesgo especial o la disponibilidad permanente del escolta privado

para la prestación del servicio, en la resolución de autorización de los mismos podrán

establecerse condiciones específicas para el porte y custodia del arma fuera del servicio,

bajo la responsabilidad personal del propio escolta privado.

  1. Las autorizaciones otorgadas por los jefes de seguridad para poder portar armas

de fuego fuera de servicio de seguridad privada se ajustarán al modelo del título VI del

anexo VI. Las empresas de seguridad privada deberán conservar en su sede, o en la de

sus delegaciones, copias de las autorizaciones concedidas, por el tiempo mínimo de dos

años contados a partir de la fecha de expedición.

Artículo 114. Responsabilidad sobre el depósito y custodia del arma.

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.7, durante la prestación del servicio

de seguridad privada el personal de seguridad privada será responsable de la custodia,

cuidado y uso correcto de las armas que tuvieran asignadas o que integren su dotación, y

de las documentaciones de éstas.

  1. De la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de trabajo, o en el

de la empresa de seguridad privada, será responsable el propio personal de seguridad

privada que preste servicios de seguridad privada con armas y el jefe de seguridad de la

empresa de seguridad privada de su efectivo cumplimiento.

  1. En el caso de los guardas rurales y sus especialidades, cuando no estén

encuadrados en una empresa de seguridad privada, al finalizar el servicio, el arma

quedará bajo su custodia, sin necesidad de autorización alguna.

  1. Del extravío, robo o sustracción de las armas asignadas al personal de

seguridad privada, así como de la documentación de éstas, se deberá dar cuenta

inmediata al jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada a efectos de lo previsto

en el artículo 59.7.

  1. Los traslados de armas, excepto las de guerra, motivados por necesidades del

servicio, siempre que su número no supere las cincuenta armas largas y veinticinco

cortas, se harán bajo la responsabilidad del jefe de seguridad de la empresa, de

seguridad privada, que adoptará las medidas pertinentes para garantizar, en todo

momento, su custodia.

Las armas serán trasladadas por el jefe de seguridad, si cuenta con licencia de

armas B o C y, en caso contrario, se hará bajo la protección de un vigilante de seguridad

armado; yendo las armas descargadas y separadas de su cartuchería, que lo hará en

vehículo independiente.

Si el número de armas a trasladar superase esta cantidad, el jefe de seguridad

solicitará la autorización del órgano competente de la Dirección General de la Guardia

Civil, que fijará el plan de seguridad a establecer.

Artículo 115. Ejercicios de tiro.

  1. Para realizar servicios con armas, el personal de seguridad privada, además de

encontrarse en posesión de la preceptiva licencia de armas, estará obligado a acreditar su

aptitud superando los ejercicios que se determinen en el título V del anexo II. A tal fin, las

empresas de seguridad privada, los contratantes de los guardas rurales que trabajen por

cuenta ajena, o los propios guardas que actúen como autónomos, deberán disponer de

los medios para llevarlos a cabo .

Además del personal de seguridad privada que efectúe servicios de seguridad

privada con armas, las empresas de seguridad privada podrán disponer la asistencia a

estos ejercicios del personal de seguridad privada que estimen oportuno para mantener

su capacidad de asumir nuevos servicios armados de seguridad privada en cualquier

momento.

  1. Los vigilantes de seguridad y los guardas rurales que presten servicios con

armas deberán realizar un ejercicio de tiro obligatorio al semestre y los escoltas privados

al trimestre, sin que pueda transcurrir, entre dos ejercicios sucesivos, más de dos meses

del plazo establecido en cada caso.

Aquellos vigilantes, escoltas privados o guardias rurales cuya licencia de armas de

encuentre depositada en la Intervención de Armas y Explosivos por no prestar servicio

armado, deberán realizar un ejercicio de tiro con resultado positivo previamente a la

prestación de nuevos servicios con armas.

  1. El adiestramiento en el manejo de las armas y la dirección de los ejercicios de

tiro obligatorios del personal de seguridad privada correrá a cargo de instructores de tiro .

La obtención de la aptitud como instructor de tiro requerirá la superación de las

pruebas que se determinen por la Dirección General de la Guardia Civil, que habilitará a

los calificados aptos que se encuentren en posesión de todos los requisitos exigidos,

para el ejercicio de esta función.

Esta habilitación, que será inscrita en el Registro Nacional, será bastante para la

acreditación como profesor de armamento en los centros de formación del personal de

seguridad privada.

  1. Si fuere necesario, para la realización de los ejercicios de tiro del personal de

seguridad privada, que no tuviesen asignadas armas para la prestación de sus servicios,

éstas se trasladarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior.

CAPÍTULO V Ejercicio del derecho de huelga

Artículo 116. Consideración de servicios esenciales.

  1. De acuerdo con el artículo 8.6 de la Ley, podrán decretarse servicios mínimos,

respecto de los de seguridad privada que se declaren esenciales por la autoridad pública

competente, en los siguientes supuestos:

  1. a) Los relativos a la prestación de servicios de seguridad privada de vigilancia y

protección:

1.º En infraestructuras críticas o instalaciones que den soporte a servicios

esenciales.

2.º En centrales nucleares, en petroquímicas, refinerías y depósitos de

combustibles.

3.º En actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de

materias inflamables.

4.º En fábricas de armas de fuego, de cartuchería metálica, de explosivos, de

artículos pirotécnicos y en sus almacenamientos.

5.º En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.

6.º En transportes públicos y en puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

7.º En centros de telecomunicaciones.

8.º En centros y sedes de medios de comunicación social.

9.º En hospitales, juzgados y tribunales.

10.º En entidades financieras, de ahorro y de crédito.

11.º En dependencias de las administraciones públicas que, por la relevancia del

servicio, por la afección de éste a los derechos y libertades de los ciudadanos o por el

potencial riesgo que comporta su actividad, disponen, de forma permanente o habitual, de

un servicio de seguridad privada prestado, principal o exclusivamente, por empresas de

seguridad privada.

  1. b) En actividades de seguridad privada de depósito, custodia, recuento y

clasificación de monedas y billetes, así como en las de transporte y distribución de los

mismos.

  1. c) En los servicios de seguridad privada de acompañamiento, defensa y

protección personal a autoridades, cargos públicos y otras personas de especial

relevancia.

En los servicios de seguridad privada que se presten en centrales receptoras de

alarmas.

  1. Igualmente, también podrán decretarse servicios mínimos en todos aquellos

establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad privada

se haya impuesto con carácter obligatorio, , siempre que estos servicios se realicen en

alguno de los lugares señalados en el apartado anterior.

Artículo 117. Determinación de servicios mínimos.

  1. El Secretario de Estado de Seguridad, para supuestos supracomunitarios, o los

Delegados del Gobierno, cuando el ámbito territorial de la huelga sea autonómico o

inferior, o la autoridad autonómica competente, cuando la huelga afecte, exclusivamente,

a comunidades autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y

para el mantenimiento del orden público y tengan asumidas efectivamente las

competencias en materia de seguridad privada, determinarán, mediante resolución

motivada, respecto a los servicios declarados esenciales u obligatorios en el artículo

anterior, el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los mismos que

deberá desarrollar su actividad durante la huelga.

  1. La determinación concreta del personal de seguridad privada que preste los

servicios mínimos, corresponderá a los empresarios, previa audiencia de los

correspondientes comités de huelga.

Artículo 118. Garantías de seguridad y mantenimiento de los servicios esenciales.

  1. Durante el desarrollo de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las

personas, de las instalaciones y del material, asegurándose, además, por el comité de

huelga que, a la finalización de ésta, los distintos centros y servicios se encuentren en

situación de funcionamiento normal.

  1. Los servicios esenciales u obligatorios recogidos en el artículo 116 no podrán ser

perturbados por alteraciones o paros del personal de seguridad privada designado para la

prestación de los servicios mínimos. Caso de producirse, serán considerados ilegales y

quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad,

TÍTULO VI Servicios de seguridad privada

CAPÍTULO I Disposiciones comunes

Artículo 119. Adecuación de los servicios de seguridad privada a los riesgos.

  1. Antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad privada, se

deberá determinar su adecuación a los riesgos de seguridad de las personas y bienes

protegidos, así como del personal de seguridad privada que lo preste. A este fin, deberá

realizarse previamente un análisis de riesgos.

  1. Cuando los servicios de seguridad privada se presten a una empresa o entidad

que disponga de director de seguridad, la adecuación de los servicios de seguridad

privada a los riesgos, establecida en el apartado anterior, será de su competencia.

  1. De no existir director de seguridad en la empresa contratante, el análisis de

riesgos corresponderá al prestador, que lo integrará en un plan o proyecto de seguridad

específico para el servicio, confeccionado conforme a la metodología establecida en el

anexo VII, que se dará a conocer al cliente informándole en todo caso del riesgo residual.

Este documento acompañará a la copia del contrato de servicio de seguridad privada y

deberá obrar en la sede o delegación de la empresa de seguridad privada.

Artículo 120. Garantía de seguridad y deber de sigilo.

  1. La prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes a las

actividades de seguridad privada referidas en el artículo 5.1 de la Ley, deberá realizarse

observando las debidas garantías de seguridad y reserva, especialmente en lo que

respecta a su programación, itinerario, claves y datos personales de clientes y usuarios.

  1. El deber de sigilo no alcanzará a las comunicaciones debidas a las autoridades

competentes en materia de seguridad privada ni a las necesidades de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 121. Comunicación entre la sede de la empresa de seguridad privada y el

personal de seguridad privada.

  1. Las empresas de seguridad privada deberán asegurar la asistencia operativa de

su personal de seguridad privada, mediante la instalación de sistemas que permitan la

comunicación permanente y eficaz entre sus órganos de apoyo operativo y el personal de

seguridad privada que lleve a cabo los servicios de seguridad privada.

  1. Los equipos de comunicación que se utilicen, ya sean fijos, portátiles o móviles,

deberán proporcionar enlace y cobertura permanente al personal de seguridad privada

operativo, entre sí y con la sede o delegaciones de la empresa de seguridad privada, o

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante situaciones de incidencias o emergencias

que puedan tener lugar con motivo del desempeño de sus funciones en los servicios de

seguridad privada que se presten. Igualmente, tales equipos, que estarán dotados de

dispositivos de encriptación cuando así se determine en este reglamento, habrán de

responder adecuadamente a las necesidades de movilidad de dicho personal.

Artículo 122. Autorización de servicios de seguridad privada.

  1. La autorización de los servicios de seguridad privada que lo requieran, deberá

ser solicitada por la empresa de seguridad privada encargada de la prestación de los

mismos o, en su caso, a través del departamento de seguridad, con la conformidad de la

persona o entidad contratante del mismo, o por los propios guardas rurales cuando no se

encuentren integrados en empresas de seguridad privada.

Cuando se trate de servicios de seguridad privada a prestarse por más de una

empresa de seguridad privada a un mismo contratante, y éste cuente con departamento

de seguridad, la solicitud de autorización será realizada por el director de seguridad de

éste.

  1. La solicitud de autorización se dirigirá a la Delegación o Subdelegación del

Gobierno correspondiente o al órgano de la Dirección General de la Policía o de la

Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica funcional, o,

en su caso, al órgano autonómico competente.

  1. En la solicitud de autorización del servicio de seguridad privada, se

cumplimentarán, al menos, los siguientes extremos:

  1. a) Los datos de la persona o entidad interesada en la contratación de los

servicios de seguridad privada.

  1. b) Los datos correspondientes a las personas, bienes o lugares objeto de

protección.

  1. c) Los datos o informes que se consideren pertinentes para motivar la

necesidad de la prestación del servicio de seguridad privada.

  1. d) El número concreto del personal de seguridad privada encargado de la

prestación del servicio de seguridad privada.

  1. e) La forma prevista para el desarrollo del servicio de seguridad privada,

especificando la vigencia, fecha de inicio y, en su caso, de finalización, horario de

prestación y si el mismo se realizará con o sin armas de fuego, con animales o vehículos.

  1. f) El plan de seguridad previsto o el protocolo de actuación al que se ajustará

la prestación del servicio de seguridad privada, especificando la adecuación de los

servicios a los riesgos en relación con el personal de seguridad privada que los preste, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.

  1. El procedimiento se tramitará en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contardesde que hubiera tenido entrada, en el registro del órgano competente para ello, lasolicitud pertinente, salvo que la documentación que se adjunte a la solicitud no se ajustea los requisitos exigidos en este artículo, o no venga acompañada del justificante del pagode la tasa correspondiente, en cuyos casos quedará suspendido hasta que se subsanenlas anomalías observadas, o se complete la documentación a presentar. A tales efectos,se otorgará un plazo de diez días, transcurrido el cual, sin haberse cumplimentado elrequerimiento de que se trate, se archivará, sin más, el procedimiento.
    1. La autoridad, a quien corresponda la autorización podrá recabar un informe de

    los órganos policiales competentes, para motivar su resolución.

    1. La resolución adoptada por la autoridad competente se ajustará, al menos, al

    siguiente contenido:

    1. a) Los antecedentes relativos a la solicitud del servicio de seguridad privada.
    1. b) La normativa que resulte de aplicación en cada caso.
    2. c) La fundamentación que motive la decisión adoptada.
    3. d) El plazo de vigencia de la misma o, en su caso, si se otorga por tiempo

    indefinido.

    1. e) El número de personas de seguridad privada encargado de su realización, el

    lugar, horario y ámbito territorial de prestación, y si se realizará con o sin armas de fuego.

    1. f) Los posibles condicionantes a que se somete su forma de prestación.

    Una misma resolución podrá contener la autorización de varios servicios de

    seguridad privada, siempre que la autoridad competente considere que existe entre ellos

    una conexión o identidad de razón para alcanzar la finalidad de seguridad pretendida.

    1. Podrá concederse una autorización provisional para la prestación del servicio de

    seguridad privada pretendido, por el tiempo imprescindible hasta que se pueda adoptar la

    resolución definitiva por la autoridad competente, cuando, con base en la solicitud e

    información presentada, resultara necesario, teniendo en cuenta las circunstancias y

    urgencia del caso. Estas autorizaciones provisionales serán expedidas por el titular del

    órgano policial competente para la tramitación del expediente de autorización del servicio

    de seguridad privada.

    1. Cualquier posible modificación que pretenda introducirse o que se produzca en

    relación con la autorización otorgada, incluido el cambio de empresa de seguridad privada

    prestadora del servicio, así como si se dejase de prestar el mismo, deberá ser

    comunicado al órgano de control en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se

    haya producido la modificación, y requerirá, en su caso, la solicitud de una nueva

    autorización y la consiguiente resolución por parte de la autoridad competente, con

    arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores.

    CAPÍTULO II Servicios de seguridad privada armados

    Artículo 123. Servicios de seguridad privada con armas de fuego.

    1. De acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley, se prestarán obligatoriamente con

    armas de fuego los siguientes servicios de seguridad privada:

    1. a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación,

    transporte y distribución de dinero, valores, obras de arte, joyas y demás objetos valiosos,

    contemplados en los capítulos V y VI de este título.

    1. b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas,

    cartuchería metálica, explosivos y artículos pirotécnicos, de acuerdo con los planes de

    seguridad aprobados por el órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

    determine su estructura orgánica y funcional, contemplados en los capítulos V y VI de

    este título.

    1. c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que

    naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la

    seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos, contemplados en el artículo

    138, de acuerdo con la autorización otorgada por la Dirección General de la Policía.

    1. d) Los de vigilancia y protección de las siguientes instalaciones:

    1ª. En los centros penitenciarios, cuando así lo considere el Ministerio del

    Interior o, en su caso, la autoridad autonómica competente en materia penitenciaria, en

    función de la necesidad de apoyo del servicio prestado por el cuerpo de seguridad

    competente.

    2ª. En los centros de internamiento de extranjeros, cuando así se considere por

    el Ministerio del Interior, atendiendo a razones de conveniencia o necesidad de apoyo del

    servicio de seguridad prestado por la Policía Nacional.

    3ª. En los establecimientos militares, cuando así lo considere el Ministerio de

    Defensa.

    4ª. En las infraestructuras críticas, cuando así se contemple en los respectivos

    planes de seguridad aprobados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

    5ª. En los edificios o instalaciones de organismos públicos diferentes a los

    contemplados en los párrafos anteriores, cuando lo determinen las autoridades

    responsables de su seguridad.

    1. De acuerdo con el artículo 40.2, podrá autorizarse la prestación de servicios de

    seguridad privada con armas en los siguientes supuestos:

    1. a) Los de vigilancia y protección que se pretendan adoptar en sustitución,

    temporal o definitiva, de una medida de seguridad privada obligatoria, siempre que tal

    sustitución haya sido aceptada por la autoridad competente, previa comunicación de la

    misma.

    1. b) Los de vigilancia y protección, en domicilios privados o lugares de trabajo,

    que se adopten como complemento, refuerzo o extensión de la autorización preceptiva de

    servicios de seguridad privada de protección personal, previa comunicación y aceptación

    de tal circunstancia a la autoridad competente.

    1. c) Los de vigilancia y protección en fábricas, depósitos, industrias o

    establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la legislación de actividades

    clasificadas, por manipulación, utilización o producción de materias o sustancias de esta

    naturaleza, así como su transporte.

    1. d) Cuando lo soliciten sujetos obligados al cumplimiento de medidas de

    seguridad privada, como complemento, refuerzo o extensión de las mismas.

    1. e) Cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal de seguridad

    privada que los presta, atendiendo a la naturaleza del servicio, al objeto de la protección o

    a otras circunstancias que incidan en aquélla, especialmente en los servicios de

    verificación personal de alarmas.

    En otros supuestos no específicamente contemplados, en los que también puedan

    resultar apreciables circunstancias de riesgo similares a las establecidas en este

    apartado.

    1. En los supuestos del apartado anterior las empresas, organismos, particulares o

    entidades titulares de los establecimientos o inmuebles solicitarán autorización para

    prestar el servicio de seguridad privada con armas a la autoridad competente,

    especificando el tipo de armas a emplear y justificando las circunstancias, de localización,

    valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo o peligrosidad, nocturnidad u

    otras de análoga significación, que, a su juicio, motivan la solicitud. Para la autorización

    será preciso el informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil cuando las

    armas o medios de defensa con consideración de armas no estén contemplados en este

    reglamento.

    1. En los contratos de seguridad privada y, en su caso, en las correspondientes

    autorizaciones de servicios de seguridad privada con armas de fuego, deberá expresarse

    el número concreto de personal de seguridad privada que vaya a prestar cada tipo de

    servicio y el número y tipo de armas empleadas en cada uno de dichos servicios.

    Artículo 124. Armas de fuego de servicio.

    1. De acuerdo con el artículo 40.4 de la Ley, , las armas de fuego reglamentarias

    para prestar cada tipo de servicio de seguridad privada, serán:

    1. a) Para los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección, a cargo de

    vigilantes de seguridad, el revólver de calibre .38 Special de cuatro pulgadas.

    1. b) Para los servicios de seguridad privada específicos correspondientes a los

    guardas rurales y sus especialidades, el arma larga rayada de repetición, concebida para

    usar con cartuchería metálica apta para su utilización con arma corta, de calibre 6,35,

    7,65, 9 mm. corto, 9 mm parabellum, o 9 mm largo para vigilancia y guardería.

    1. c) Para los servicios de seguridad privada de depósito o de transportes de

    seguridad o de protección de dichos transportes, a cargo de vigilantes de seguridad o, en

    su caso, de vigilantes de explosivos, el revólver calibre .38 Special de cuatro pulgadas,

    pudiendo disponerse de la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12

    postas comprendidos en un taco contenedor.

    Para los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en buques

    mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las

    que exista grave peligro para la seguridad de las personas o de los bienes, el personal de

    seguridad privada que los preste podrán utilizar, además del revólver del calibre .38

    Special de cuatro pulgadas y la escopeta larga del calibre 12/70, las siguientes armas: 1º

    Armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros que utilicen munición con

    vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde en el mismo lugar.

    2º Armas de fuego que utilicen la siguiente munición:

    1. 5,45 x 39,5.
    2. 5,56 x 45 (o su equivalente 223).

    iii. 7,62 x 39.

    1. 7,62 x 51 NATO
        1. era otro tipo de arma de fuego, la empresa de

      seguridad privada prestadora o, en su caso, el guarda rural lo solicitarán a la autoridad

      competente quien podrá autorizar el empleo, adicional o en sustitución, de otro tipo de

      armas de fuego, siempre que se aprecien motivos especiales que aconsejen su eventual

      utilización.

      1. Igualmente, para la prestación de dichos servicios de seguridad privada

      armados, podrá autorizarse el empleo adicional de otro tipo de armas no de fuego u otros

      elementos o medios defensivos, que tengan la consideración de armas, siempre que así

      se solicite por los interesados y se garantice la debida protección del personal de

      seguridad privada que los preste.

      1. En estos supuestos, la Dirección General de la Policía, previa solicitud de la

      empresa de seguridad, o, en su caso, la autoridad autonómica competente, podrá acceder

      a lo solicitado, con el objeto de dotar a este tipo de servicios de los niveles adecuados de

      protección, en relación al riesgo y amenazas que en cada caso concurran. Para la

      autorización será preciso el informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil

      cuando las armas de fuego, o los medios de defensa con consideración de armas,

      propuestos no estén contemplados en este reglamento.

      Para el caso de los servicios de seguridad privada prestados por guardas rurales y

      sus especialidades, dicha competencia corresponderá a la Dirección General de la

      Guardia Civil.

      Artículo 125. Armeros de servicios.

      1. En los lugares en que se presten servicios de seguridad privada de vigilancia y

      protección con armas de fuego, deberán existir armeros de servicios, aprobados por el

      Delegado o Subdelegado del Gobierno, previo informe del órgano de la Dirección General

      de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional, para el depósito y

      custodia del arma y de su cartuchería metálica, salvo en los siguientes supuestos:

      1. a) Cuando la duración del servicio de seguridad privada no exceda de tres

      meses.

      1. b) Cuando se trate de servicios de seguridad privada permanentes en los que

      no se produzca depósito alguno del arma por relevo continuado en su prestación.

      1. En los servicios de seguridad privada cuya duración sea inferior a tres meses,

      para el depósito y custodia del arma de fuego, se utilizará el armero de la sede o

      delegación de la empresa de seguridad privada, procediéndose al traslado del arma de

      fuego tanto al inicio como a la finalización de los mismos.

      1. En este supuesto, el depósito y la custodia del arma también podrá efectuarse

      en la caja fuerte que pueda existir en el lugar de prestación del servicio, custodiando el

      arma y su cartuchería en una caja metálica cerrada con llave. En tal caso, la llave de esta

      caja metálica deberá estar en posesión del personal de seguridad privada, y una copia

      depositada en el domicilio de la empresa de seguridad privada o en el de su delegación.

      1. Cuando se trate de servicios de seguridad privada de ronda o vigilancia

      discontinua o de respuesta ante alarmas, el armero podrá instalarse en el vehículo que se

      utilice para la prestación de dichos servicios, previa autorización del órgano de la

      Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional. Al

      finalizar el servicio el arma se depositará, en su caso, en el armero de la sede o

      delegación de la empresa de seguridad privada.

      1. En lo relativo a utilización, Libros-Registro y depósito de la llave de los armeros,

      se estará a lo previsto en el artículo 58.

      1. Las medidas de seguridad privada de los armeros de servicio, cajas fuertes y

      cajas metálicas, utilizados para el depósito y custodia de las armas de fuego y de su

      cartuchería, serán las determinadas en el anexo IV.

      CAPÍTULO III Servicios de vigilancia y protección

      SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES

      Artículo 126. Consideración general.

      1. Los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección, en sus distintas

      modalidades, incluidos los de videovigilancia, se corresponderán con la actividad de

      seguridad privada establecida en el artículo 5.1a) de la Ley.

      1. La vigilancia y protección de toda clase de bienes, establecimientos, lugares y

      eventos, incluidos inmuebles, locales, recintos u otros espacios o propiedades de similar

      naturaleza, y de las personas que se encuentran en su interior, constituye el tipo básico

      de servicios de seguridad privada de vigilancia y protección.

      1. Este tipo de servicios podrá abarcar modalidades parciales de servicios de

      seguridad privada de vigilancia y protección, como los referidos a servicios de control de

      accesos, videovigilancia u otros de similar naturaleza, que podrán quedar incluidos y

      amparados en el contrato del servicio base de vigilancia y protección de que se trate.

      Artículo 127. Controles de accesos.

      1. De acuerdo con el artículo 32.1b) de la Ley , los controles de accesos de

      seguridad consisten en la inspección, fiscalización e intervención, en su caso, realizada

      sobre personas, efectos personales, paquetería, mercancías o vehículos, que pretenden

      entrar, circular, permanecer o salir del lugar en el que se presta el servicio de seguridad

      privada.

      1. En su ejecución material se tendrá en cuenta lo siguiente, en cuanto a

      obligaciones y facultades de los vigilantes de seguridad encargados de los mismos:

      1. a) Atenerse a las directrices marcadas por el jefe de seguridad, o, en su caso, por

      el director de seguridad, Deberá existir, en estos lugares, un protocolo de control de

      accesos, firmado por alguno de los responsables anteriormente reseñados. Las posibles

      limitaciones que contenga dicho protocolo, deben respetar los principios de idoneidad,

      necesidad y proporcionalidad.

      1. b) Conocer y aplicar los procedimientos referidos al acceso de los miembros de las

      Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que, en todo caso, habrá de facilitarles su acceso

      sin dilación y prestarles la oportuna colaboración.

      1. c) Podrán hacer uso de dispositivos técnicos de seguridad.
      2. d) Podrán solicitar la identificación de las personas que pretendan el acceso,

      haciendo las anotaciones que resulten necesarias en relación a nombre, apellidos y

      número del documento nacional de identidad o documento equivalente de la persona

      visitante o identificada, objeto de la visita y lugar del inmueble a que se dirigen, sin que

      puedan retener la documentación personal una vez realizado el trámite de identificación,

      dotándolas, cuando así se determine en las instrucciones de seguridad propias del

      inmueble, de una credencial que le permita el acceso y circulación interior.

      1. e) En relación a los vehículos que puedan acceder, u objetos, paquetería o

      mercancía que se pretenda introducir, podrán realizar sobre éstos las comprobaciones y

      anotaciones que resulten necesarias.

      1. f) También podrán realizarse controles de seguridad en el interior de los

      inmuebles, establecimientos, lugares, eventos o propiedades donde se esté prestando el

      servicio de seguridad privada de vigilancia y protección.

      1. g) Podrán denegar el acceso a toda persona particular que se niegue a

      identificarse o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o

      del vehículo, o que no cumpla con las condiciones establecidas en el procedimiento de

      control de acceso, así como ordenarles el abandono del sitio objeto de protección.

      1. A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estén o no de servicio,

      no se les podrá impedir el acceso, con sus armas reglamentarias, a los lugares o

      instalaciones protegidas objeto del control, salvo que legalmente se establezca lo

      contrario.

      1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley, al personal de

      seguridad privada que se encontrase prestando servicio, únicamente podrá impedírsele el

      acceso, portando el arma, al lugar objeto del control, cuando legalmente así establezca.

      1. Cuando en los casos comprendidos en los dos apartados anteriores, legalmente

      se impida el acceso armado, deberá existir en el control de accesos un armero de

      servicio, conforme a lo establecido en el artículo 125.6, realizándose el depósito

      documentando del arma en el mismo, hasta que el miembro de las Fuerzas y Cuerpos de

      Seguridad o personal de seguridad privada, abandone el lugar, momento en el cual le

      será devuelta el arma.

      Artículo 128. Empleo de perros u otros animales.

      1. En los servicios de seguridad privada de vigilancia y protección podrá emplearse,

      como complemento material del servicio, perros especialmente adiestrados.

      En estos casos, deberán constituirse equipos guía-perro que cumplirán los

      siguientes requisitos:

      1. a) El personal de seguridad privada deberá contar con la formación necesaria y

      los perros estar debidamente adiestrados para la prestación de los servicios.

      1. b) El perro deberá estar plenamente identificado y habrá de cumplir con los

      requisitos establecidos en la normativa de control sanitario.

      1. c) Durante la prestación del servicio de seguridad privada, el personal de

      seguridad privada que realice la función de guía canino, deberá llevar la documentación

      acreditativa de los extremos contemplados en los párrafos anteriores.

      1. Cuando en la práctica del servicio de seguridad privada se empleen otros

      animales como apoyo, éstos deberán cumplir con los requisitos de control sanitario y

      habrán de utilizarse de tal forma que no puedan ser percibidos como una amenaza para

      las personas.

      1. En la prestación de los servicios de seguridad privada no podrán utilizarse

      animales que no se encuentren debidamente adiestrados, ni dejarse solos o sueltos en

      los lugares objeto de vigilancia y protección.

      Artículo 129. Servicios de videovigilancia.

      1. De acuerdo con el artículo 42.1 de la Ley, los servicios de videovigilancia habrán

      de ser prestados necesariamente por personal de seguridad privada, siempre que las

      cámaras o videocámaras se encuentren conectadas a un centro de control o de

      videovigilancia.

      Consistirán en el ejercicio, mediante sistemas de visión o detección remota, de la

      vigilancia de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos,

      así como su protección y la de las personas que pueden encontrarse en los mismos.

      102

      1. De acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley, podrán utilizarse cámaras,

      videocámaras u otros sistemas que permitan la captación de imágenes y sonidos de

      carácter personal, susceptibles de identificación, en vías y espacios públicos o de acceso

      público, con fines de seguridad privada, previa autorización del Delegado o Subdelegado

      del Gobierno o, en su caso, de la autoridad autonómica competente:

      1. a) Cuando se trate de la protección de infraestructuras críticas.
      2. b) Cuando resulte imprescindible para la consecución de la finalidad de

      protección que se pretende.

      1. c) Cuando resulte necesario como forma de anticipar la respuesta preventiva

      frente a posibles riesgos externos.

      1. Además de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley, no requerirá de

      autorización la utilización de cámaras o videocámaras, en los siguientes casos:

      1. a) Cuando se trate de la vigilancia en el interior de edificios, inmuebles, recintos

      o propiedades que no capten imágenes de vías o espacios públicos. Cuando se trate de

      la vigilancia de las fachadas, perímetros o accesos a las instalaciones o inmuebles objeto

      de protección.

      1. b) Cuando resulte imposible evitar la captación de imágenes de vías o espacios

      públicos por razón de la necesaria ubicación de las cámaras o videocámaras.

      1. c) Cuando la captación de imágenes de vías o espacios públicos no afecten a

      datos de carácter personal.

      1. La ubicación de las cámaras, la calidad de las imágenes o sonidos por ellas

      captados, y los soportes y formatos en que se graben o almacenen, deberán permitir la

      posterior identificación de las personas, vehículos u objetos registrados.

      1. El tratamiento de imágenes o sonidos captados por cámaras o videocámaras u

      otros sistemas no requerirá el consentimiento de los posibles afectados en los siguientes

      supuestos:

      1. a) Cuando hayan sido instaladas por empresas de seguridad privada.
      2. b) Cuando formen parte de medidas de seguridad privada obligatorias o

      impuestas por la autoridad.

      1. En caso de flagrante delito en el interior de una propiedad que cuente con

      sistema de videovigilancia, el responsable del mismo podrá realizar el seguimiento de los

      presuntos autores con las cámaras instaladas, tanto en el interior como en el exterior,

      hasta que cese el contacto visual con los mismos, finalizado el cual éstas deberán volver

      a su posición inicial, dando cuenta inmediata a los servicios policiales correspondientes.

      1. De acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley, las grabaciones relacionadas con

      hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportarán, de propia

      iniciativa, o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes,

      cuyos miembros podrán acceder o solicitar el visionado de las imágenes en tiempo real u

      obtener copia de las mismas.

      1. Las soportes con las imágenes y sonidos, captados y registrados por los

      sistemas de videovigilancia, deberán conservarse durante treinta días, desde la fecha de

      la grabación, en que estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y

      de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que se facilitarán inmediatamente aquéllas

      que se refieran o que afecten a la seguridad ciudadana o a la comisión de hechos

      delictivos.

      El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes y

      sonidos grabados podrán ser utilizadas como medio de identificación de los autores de

      hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, debiendo ser inutilizado el

      contenido de los soportes y las imágenes y sonidos grabados una vez transcurridos

      treinta días desde la fecha de su grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las

      autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

      SECCIÓN 2.ª SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN RÉGIMEN DE

      COMUNICACIÓN

      Artículo 130. Régimen general.

      1. De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley, los servicios de seguridad privada de

      vigilancia y protección únicamente requerirán de su comunicación para su prestación,

      realizándose ésta, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones

      o propiedades a proteger.

      1. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 41.1a) a g) de la Ley,

      estos servicios podrán prestarse fuera de estos espacios, sin necesidad de autorización

      previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, en los siguientes supuestos:

      1. a) Cuando se trate de actuaciones con ocasión de:

      1º. Los desplazamientos al exterior de los bienes, establecimientos, lugares y

      eventos objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas

      con las funciones de vigilancia y protección realizadas en el espacio circundante a los

      mismos, así como los desplazamientos entre inmuebles colindantes o próximos entre sí,

      que tengan la misma titularidad y que formen parte de un conjunto de edificios destinados

      a una misma actividad, tales como campus universitarios, complejos hospitalarios,

      comerciales, administrativos o de servicios.

      2º. La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación

      con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

      3º. Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.

      1. b) Cuando se trate de servicios específicos de seguridad privada, amparados

      en el correspondiente contrato, o formasen parte de un contrato de servicio más amplio,

      como sucede en los siguientes supuestos:

      1º. La vigilancia y protección de bienes, maquinaria o equipos valiosos o

      peligrosos, cuya exposición, manipulación o utilización hayan de tener lugar en las vías o

      espacios públicos o de uso común.

      2º. La ejecución material y el ejercicio de funciones en este tipo de servicios,

      cuando las vías o espacios no se encuentren acotados o delimitados físicamente, se

      limitará al espacio público circundante al ocupado por los bienes, maquinaria o equipos

      valiosos objeto de protección, y a sus proximidades.

      3º. La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la

      prestación de servicios de vigilancia y protección de los mismos durante las citadas

      operaciones, o en las de reparación de averías.

      4º. La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus

      infraestructuras, contemplados en el artículo 131.

      5º. Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua contemplados en el

      artículo 132.

      1. c) Cuando se trate de servicios de seguridad privada en fincas rústicas, fincas de

      caza y espacios de pesca fluvial o zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.

      Artículo 131. Servicios de seguridad privada de protección de medios de transporte.

      1. De acuerdo con el artículo 41.1d) de la Ley, , estos servicios de seguridad

      privada, consistirán en la vigilancia y protección de la carga y viajeros transportados y de

      los propios medios de transporte, tanto públicos como privados, y de sus infraestructuras,

      incluidas vías y estaciones de todo tipo.

      1. Cuando en la ejecución del servicio de seguridad privada en transportes

      terrestres que circulen por las vías públicas, resultase necesario o conveniente realizar

      sucesivas paradas, con subidas y bajadas de los medios de transporte protegidos, con

      reanudación o continuación del servicio, dichas interrupciones se entenderán

      comprendidas en el servicio.

      Artículo 132. Servicio de seguridad privada de ronda o vigilancia discontinua.

      1. De acuerdo con el artículo 41.1e) de la Ley, estos servicios de seguridad

      privada de vigilancia y protección consistirán en la visita, intermitente y programada, a los

      diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección.

      1. En su contratación y desarrollo, este tipo de servicios de seguridad privada se

      ajustarán a lo siguiente:

      1. a) Podrán ser prestados a uno o varios clientes.
      2. b) El personal de seguridad privada asignado a los mismos no podrá

      compaginarlos con otros servicios que le puedan ser encomendados.

      1. c) Las rondas o vigilancias discontinuas deben realizarse de manera

      intermitente, cesando y repitiendo la vigilancia en cada uno de los lugares protegidos.

      1. d) Su programación horaria deberá figurar en el correspondiente contrato de

      servicios de seguridad privada.

      1. e) La prestación de cada servicio de seguridad privada de vigilancia

      discontinua no podrá ser inferior a quince minutos en cada lugar objeto de prestación.

      1. f) El servicio podrá conllevar la vigilancia interna y externa del lugar objeto de

      protección o, por así acordarse en el correspondiente contrato, solo la externa.

      1. g) Las empresas de seguridad privada dotarán al personal de seguridad

      privada de los medios de transporte adecuados a los desplazamientos que, en su caso,

      deban efectuarse.

      Los desplazamientos entre lugares objeto del servicio de vigilancia discontinua no

      formarán parte de la efectiva prestación material del servicio de seguridad privada

      contratado, ni durante ellos se podrá ejercer función alguna de seguridad privada.

      1. Estos servicios de seguridad privada también podrán consistir en la planificación

      de situaciones de refuerzo inmediato del servicio de seguridad privada que se tenga

      contratado, o en la disponibilidad del mismo ante la ocurrencia de eventuales situaciones

      de inseguridad.

      Estas variantes de la vigilancia discontinua deberán estar dimensionadas, en

      cuanto al número mínimo de efectivos comprometidos en cada caso, y figurar en el

      contrato del servicio de seguridad privada de vigilancia y protección.

      SECCIÓN 3.ª SERVICIOS EN RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

      Artículo 133. Régimen general.

      1. De acuerdo con el artículo 41.2 de la Ley, además de su contratación y

      comunicación, será necesaria la obtención de la correspondiente autorización para la

      prestación de servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en:

      1. a) Polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o

      espacios de uso común.

      1. b) Complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.
      2. c) Acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia

      social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en

      todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

      1. d) Recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.
      2. El elemento diferenciador de este tipo de servicios de seguridad privada es que

      su prestación comprende las vías o espacios públicos o de uso común que se encuentren

      en el interior del lugar objeto de protección, y siempre que su uso o acceso pueda ser

      realizado libremente por cualquier ciudadano. Cuando no se den estas circunstancias, los

      servicios se prestarán en régimen de comunicación y no requerirán autorización previa.

      1. Estos servicios se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y

      Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo con sus instrucciones, y se desarrollarán en el

      ámbito espacial comprendido en la correspondiente autorización, sin poder extralimitarse

      del mismo, salvo en los siguientes supuestos:

      1. a) Los desplazamientos que sobrepasen los lugares objeto de protección para

      la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y

      seguridad de los mismos.

      1. b) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación

      con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

      1. c) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.
      2. Cuando estos servicios de seguridad privada se realicen durante el horario

      nocturno, deberán ser prestados por, al menos, dos vigilantes de seguridad, o dos

      guardas rurales, que habrán de estar conectados entre sí y con la empresa de seguridad

      privada, y, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sistemas de

      comunicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.

      Artículo 134. Servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en polígonos

      industriales y urbanizaciones.

      1. De acuerdo con el artículo 41.2a) de la Ley, los servicios de seguridad privada

      en polígonos industriales y urbanizaciones delimitadas, incluirán sus vías o espacios

      públicos o de uso común.

      1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los

      bienes que integren el polígono o urbanización podrán contratar la protección de sus

      respectivos locales, edificios, instalaciones o viviendas, pero, en este caso, los vigilantes

      de seguridad desempeñarán sus funciones en el interior de los indicados lugares.

      1. Para la autorización de estos servicios de seguridad privada, en la solicitud

      deberá acreditarse la concurrencia de los siguientes requisitos:

      1. a) Que el polígono o urbanización esté netamente delimitado, de forma que se

      pueda determinar con precisión el espacio al que se ceñirá el servicio de seguridad

      privada.

      1. b) Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y global

      con capacidad, legitimación y facultades que permita la adopción de decisiones comunes.

      1. En caso de que en el polígono o urbanización sean distinguibles distintas partes,

      ya sea por la existencia de vías de comunicación ajenas a los mismos o por otros factores

      que puedan presentarse, cada parte podrá ser considerada, como un polígono o

      urbanización autónomos a efectos de autorización, siempre que en cada parte concurra la

      circunstancia del párrafo b) del apartado anterior.

      1. Cuando en el cumplimiento de su misión en este servicio concreto, fuese

      precisa la identificación de alguna persona por infundir sospechas, los vigilantes de

      seguridad lo reflejarán en un parte de servicio, que se remitirá inmediatamente a las

      dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

      Artículo 135. Servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en

      complejos o parques comerciales y de ocio.

      1. De acuerdo con el artículo 41.2b) de la Ley, estos servicios consistirán en la

      vigilancia y protección de complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren

      delimitados, cuando en su interior existan vías o espacios públicos o de uso común.

      1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los

      bienes que integren el complejo o parque comercial y de ocio podrán contratar la

      protección de sus respectivos locales, edificios, instalaciones o viviendas, pero, en este

      caso, las funciones de seguridad se desempeñarán en el interior de los indicados

      lugares.

      1. Para la autorización de estos servicios de seguridad privada, en la solicitud

      deberá acreditarse la concurrencia de los siguientes requisitos:

      1. a) Que se trate de complejos o parques comerciales o de ocio que cuenten con

      espacios o vías públicas o de uso común en los que no se puede impedir el acceso ni se

      encuentran sometidas a posibles horarios de entrada.

      1. b) Que se puedan determinar con precisión los límites del complejo o parque

      comercial o de ocio sobre los que se fijará el servicio de seguridad.

      1. c) Que el parque o complejo cuente con administración específica y global con

      capacidad, legitimación y facultades que permita la adopción de decisiones comunes.

      Artículo 136. Servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en

      acontecimientos culturales, deportivos o sociales.

      1. De acuerdo con el artículo 41.2c) de la Ley, estos servicios consistirán en la

      vigilancia y protección en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento

      de relevancia social que se desarrollen en vías o espacios públicos o de uso común.

      1. Para la autorización de estos servicios de seguridad privada, en la solicitud

      deberá acreditarse la concurrencia de los siguientes requisitos:

      1. a) Que se trate de acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro

      evento de relevancia social que se pretenda desarrollar en vías o espacios públicos o de

      uso común, en los que no se pueda impedir el acceso o la entrada por parte de los

      organizadores.

      1. b) Que las vías o espacios públicos o de uso común en los que se vayan a

      celebrar los acontecimientos o eventos sean lugares de pública y libre concurrencia para

      los ciudadanos.

      1. c) Que resulte factible fijar, con la suficiente precisión, el ámbito espacial sobre

      el que actuará el servicio de seguridad privada de vigilancia y protección.

      1. d) Que el servicio de seguridad privada de vigilancia y protección se realice,

      cuando proceda, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

      Artículo 137. Servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en recintos y

      espacios abiertos.

      1. De acuerdo con el artículo 41.2d) de la Ley, estos servicios consistirán en la

      vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados,

      cuando cuenten con vías o espacios públicos o de uso común.

      1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los

      posibles bienes que se encuentren en los recintos o espacios abiertos objeto de

      protección, podrán contratar la protección de los mismos, pero, en este caso, el personal

      de seguridad privada desempeñará sus funciones en el interior de los indicados lugares.

      1. Para la autorización de estos servicios de seguridad privada, en la solicitud

      deberá acreditarse la concurrencia de los siguientes requisitos:

      1. a) Que se trate de recintos o espacios abiertos en los que existan vías públicas

      o de uso común o zonas o lugares públicos, en los que no se pueda impedir el acceso o la

      entrada.

      1. b) Que se puedan determinar con precisión los límites del recinto o espacio

      abierto sobre los que se fijará el servicio de seguridad.

      1. c) Que el titular del recinto o espacio en cuestión cuente, en su caso, con

      administración específica y global que permita la adopción de decisiones comunes.

      Artículo 138. Servicios de seguridad privada de vigilancia y protección en buques

      mercantes y pesqueros.

      1. De acuerdo con el artículo 40.1c) de la Ley, los servicios consistirán en la

      vigilancia y protección con armas de guerra en buques mercantes y buques pesqueros

      que naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la

      seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos.

      1. Las armas a las que se refiere el apartado anterior, son las que se contemplan

      en el artículo 124.1d).

      1. Estos servicios de seguridad privada únicamente podrán prestarse por empresas

      de seguridad privada de ámbito nacional, autorizadas para la prestación de servicios y

      actividades de seguridad privada de vigilancia y protección de personas y bienes e

      inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que cuenten con personal de

      seguridad privada debidamente adiestrado en el manejo de las citadas armas de guerra.

      1. El procedimiento de autorización de estos servicios se iniciará mediante solicitud

      motivada de la empresa armadora o su representante, a través de la empresa de

      seguridad privada prestataria y dirigida al órgano de la Dirección General de la Policía

      que determine su estructura orgánica y funcional, indicando el motivo por el cual se

      solicita la autorización, la relación nominativa del personal de seguridad privada que

      prestará el servicio, el número de armas con expresión del modelo, el calibre y la

      munición a emplear.

      Por el órgano policial se interesarán los informes, sobre procedencia y adquisición

      de las armas solicitadas, a los órganos competentes del Ministerio de Defensa y de la

      Dirección General de la Guardia Civil.

      1. Por orden de los Ministros de Defensa y del Interior se determinarán y

      desarrollarán todos las demás características, condiciones y requisitos relacionados con

      estos servicios de seguridad privada.

      SECCIÓN 4.ª SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN RÉGIMEN DE

      DECISIÓN

      Artículo 139. Régimen general.

      1. De acuerdo con el artículo 41.3 de la Ley, los servicios de seguridad privada de

      vigilancia y protección en régimen de decisión son aquellos cuya prestación requiere de

      la decisión del órgano competente, y de su comunicación, sin necesidad de ningún tipo de

      autorización, pudiendo consistir en:

      1. a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.
      2. b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.
      3. c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.
      4. d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad

      pública, complementando la acción policial.

      1. Para la prestación de estos servicios se requerirá la decisión favorable y

      consiguiente contratación por parte de las autoridades públicas en cada caso

      competentes y en su realización se cumplirán estrictamente las órdenes e instrucciones

      que impartan dichas autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

      Artículo 140. Servicios de seguridad privada de vigilancia perimetral de centros

      penitenciarios.

      1. De acuerdo con el artículo 41.3a) de la Ley, estos servicios de seguridad

      privada, prestados por vigilantes de seguridad, serán decididos y contratados por la

      Secretaría de Estado de Seguridad o por la autoridad autonómica, y consistirán en

      apoyar al servicio de seguridad pública prestado por el cuerpo en cada caso competente.

      1. La prestación de estos servicios tendrá por objeto la vigilancia y protección del

      perímetro de los establecimientos penitenciarios, pudiendo abarcar el control de acceso

      de personas y bienes a los mismos, así como el control y visionado del sistema de

      cámaras de seguridad.

      1. En todo momento, los vigilantes de seguridad integrantes del servicio de apoyo

      seguirán las instrucciones y el plan de trabajo que fijen los responsables del cuerpo de

      seguridad competente.

      Artículo 141. Servicios de seguridad privada de vigilancia perimetral de centros de

      internamiento de extranjeros.

      1. De acuerdo con el artículo 41.3b) de la Ley , estos servicios de seguridad

      privada, prestados por vigilantes de seguridad, serán decididos y contratados por la

      Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía, y

      consistirán en apoyar al servicio de seguridad pública prestado por la Policía Nacional.

      1. La prestación de estos servicios tendrá por objeto la vigilancia y protección del

      perímetro de los centros de internamiento de extranjeros, así como el control de acceso

      de personas y bienes a los mismos, y el control y visionado del sistema de cámaras de

      seguridad.

      1. En todo momento, los vigilantes de seguridad integrantes del servicio de apoyo

      seguirán las instrucciones y el plan de trabajo que fijen los responsables de la Policía

      Nacional.

      Artículo 142. Servicios de seguridad privada de vigilancia de otros edificios o

      instalaciones de organismos públicos.

      1. De acuerdo con el artículo 41.3c) de la Ley, estos servicios de seguridad

      privada, en todo tipo de dependencias e instalaciones de organismos públicos, serán

      decididos y contratados por las autoridades administrativas en cada caso competentes,

      podrán prestarse en todo tipo de dependencias e instalaciones de organismos públicos y

      consistirán en la prestación general de los servicios de seguridad privada de vigilancia y

      protección .

      1. Cuando exista responsable de seguridad en el organismo público, ,

      corresponderá a su titular la dirección funcional del servicio, con independencia de las

      responsabilidades del jefe de seguridad privada de la empresa de seguridad contratante

      del servicio.

      1. Para el caso de que en tales edificios o instalaciones exista servicio de seguridad

      a cargo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el servicio de seguridad

      privada se prestará de forma coordinada, y los vigilantes de seguridad seguirán las

      instrucciones o indicaciones que aquéllos pudieran darles, bien directamente o a través

      del jefe de seguridad o del director de seguridad, .

      Artículo 143. Participación en la prestación de servicios encomendados a la

      seguridad pública.

      1. De acuerdo con el artículo 41.3d) de la Ley, estos servicios de seguridad

      privada consistirán en la participación de personal de seguridad privada en la prestación

      de servicios encomendados a la seguridad pública, para complementar la acción policial

      desarrollando los cometidos que les encomienden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

      competentes en cada caso.

      1. En la prestación de estos servicios el personal de seguridad privada actuará en

      todo momento bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y siguiendo

      estrictamente sus órdenes e instrucciones.

      1. La decisión y contratación de estos servicios de seguridad privada

      corresponderá a las respectivas autoridades competentes en materia de seguridad

      pública de las que dependa el cuerpo policial, salvo para el caso de las policías locales,

      en los que la competencia para la decisión corresponderá a la Delegación o

      Subdelegación del Gobierno o autoridad autonómica competente.

      1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, también podrán contratarse

      directamente por empresas, organizaciones o entidades interesadas en los siguientes

      supuestos:

      1. a) Cuando tengan por objeto la vigilancia y protección en buques y aeronaves,

      nacionales o extranjeras, en los supuestos de polizones o de inadmitidos en frontera,

      pudiendo extenderse el servicio de seguridad privada hasta el lugar donde haya de

      efectuarse la salida del territorio español de la persona en cuestión, incluyendo el posible

      traslado hasta el mismo, todo ello bajo la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de

      Seguridad competentes.

      1. b) Cuando consistan en la prestación de tareas de información, mediación,

      sensibilización y promoción de actitudes cívicas, dirigidas al respeto y buen uso de bienes

      y mobiliario urbano y de cumplimiento de ordenanzas municipales, siempre que se

      presten bajo la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

      1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cada caso competentes participarán en

      la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de

      estos contratos de seguridad privada, a cuyo fin el órgano de contratación podrá solicitar

      informe al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente.

      CAPÍTULO IV

      Servicios de seguridad privada de protección de personas

      Artículo 144. Carácter y régimen de los servicios.

      1. Los servicios de seguridad privada de protección de personas requerirán para su

      prestación, además de la consiguiente contratación y comunicación del servicio, de la

      obtención de la correspondiente autorización previa otorgada por el órgano competente.

      1. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley, la actividad de seguridad privada de

      protección de personas podrá ser desarrollada, únicamente, por empresas de seguridad

      privada, autorizadas, e inscritas, en el registro que corresponda, , para el ejercicio de la

      actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1b) de la Ley, y que habrán

      de obtener previamente autorización específica para cada contratación de servicio de

      protección.

      1. Las autorizaciones sobre protección de personas tendrán únicamente validezpara el ámbito territorial para el que se expidan, sin que puedan sobrepasar, en ningúncaso, el ámbito territorial de la empresa de seguridad privada prestadora del servicio.
        1. La solicitud de autorización de los servicios de seguridad privada de protección

        personal se dirigirá al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su

        estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico competente.

        1. Los servicios de seguridad privada de protección personal habrán de ser

        autorizados, expresa e individualizadamente. Cuando se trate de protecciones grupales,

        habrá de expresarse la relación o nexo que une al grupo de personas para el que se

        solicita la protección, de forma que éstas sean identificables.

        1. Las autorizaciones unipersonales se concederán y registrarán a nombre de la

        persona protegida, y las de carácter grupal se expedirán y registrarán a nombre de la

        agrupación, entidad, empresa u organización a la que pertenezca el conjunto de personas

        determinadas que vayan a ser objeto de protección.

        1. En los supuestos de asignación de servicios de seguridad privada de protección

        personal por parte de las autoridades de seguridad del Ministerio del Interior o de las

        comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en materia de

        seguridad privada, no se requerirá autorización previa, debiendo la empresa de seguridad

        privada adjudicataria del servicio realizar la correspondiente comunicación de su inicio,

        modificación o finalización.

        Artículo 145. Prestación del servicio.

        1. De acuerdo con los artículos 33 y 43 de la Ley, para la prestación de este

        servicio de seguridad privada, por parte de la empresa de seguridad privada responsable

        del mismo, habrá de realizar las siguientes actuaciones:

        1. a) Llevará un registro informatizado de cada servicio de seguridad privada de

        protección personal que tengan contratado, en el que constarán los datos de identificación

        profesional de los escoltas privados que diariamente prestan el servicio, las incidencias

        relevantes que puedan surgir y los datos de gestión que se consideren necesarios para el

        adecuado control del servicio.

        1. b) El servicio deberá encontrarse desarrollado en un plan de seguridad que será

        custodiado por la empresa de seguridad privada. Deberá dotarse, a los escoltas

        integrantes del servicio de seguridad privada de protección, de los medios materiales y

        técnicos que resulten precisos y, en todo caso, de sistemas de comunicación eficaces que

        permitan la intercomunicación entre si y con los órganos de apoyo operativo de la

        empresa, departamento de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de

        Seguridad.

        1. Todo incidente que requiera la intervención de los escoltas privados, será

        anotado en el parte diario de servicio del escolta privado, además de comunicado, en su

        caso, al cuerpo de seguridad competente, cuando afecte a la seguridad pública o revista

        caracteres de posible infracción penal.

        1. En los supuestos específicos de protección de autoridades o personalidades

        públicas, se tendrán especialmente en cuenta las directrices o instrucciones que sobre la

        ejecución del servicio de seguridad privada puedan impartir los responsables policiales

        encargados de la dirección del mismo.

        1. Cuando los servicios de seguridad privada de protección personal se realicen

        con armas de fuego, resultará de aplicación lo establecido en los artículos 113 y 114,

        respecto al uso, porte, custodia y depósito de armas y responsabilidad derivada de ello.

        CAPÍTULO V

        Servicios de seguridad privada de depósitos de seguridad

        Artículo 146. Carácter, tipos y régimen.

        1. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley, los servicios de seguridad privada de

        depósitos de seguridad únicamente se prestarán por empresas de seguridad privada

        autorizadas e inscritas, respectivamente, para las actividades de seguridad privada a que

        se refiere el artículo 5.1c) y d) de la Ley. 2. Estos servicios consistirán en el depósito y

        custodia de los objetos, productos, sustancias o mercancías a que se refiere el apartado

        siguiente, en depósitos propios o ajenos, o en otros lugares en los que se almacenen o

        encuentren los mismos, así como, en su caso, en su recuento y clasificación, cuando por

        su valor económico, histórico o cultural, expectativas que generen, o por su peligrosidad,

        puedan requerir vigilancia, cuidado y protección especial.

        1. Los servicios de seguridad privada de depósitos de seguridad, podrán ser de los

        siguientes tipos:

        1. a) De monedas, billetes y títulos-valores.
        2. b) De joyas, metales preciosos, u otros objetos valiosos. De antigüedades u

        obras de arte.

        1. c) De explosivos y artículos pirotécnicos.
        2. d) De armas y cartuchería metálica.
        3. e) De sustancias, materias, mercancías u otros objetos peligrosos.
        4. De acuerdo con el artículo 44.1 de la Ley, los servicios de seguridad privada

        referidos en los párrafos a), b) y c) del apartado anterior se prestarán obligatoriamente por

        vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad privada inscritas y

        autorizadas para el desarrollo de esta actividad, de seguridad privada cuando su valor

        alcance las cuantías establecidas en el título VI del anexo III, así como cuando las

        autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y circunstancias

        relacionadas con dichos objetos.

        1. De acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley, los servicios referidos en los párrafos

        d), e) y f) del apartado 3 se prestarán obligatoriamente por vigilantes de explosivos

        integrados en empresas de seguridad privada inscritas y autorizadas para el desarrollo de

        esta actividad de seguridad privada, cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección

        especial, de acuerdo con la normativa específica de cada materia o así lo dispongan las

        autoridades competentes en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas

        con dichos objetos o sustancias.

        1. Estos depósitos deberán contar con las medidas de seguridad establecidas, en

        su caso, en la legislación sectorial y, en lo que no se oponga a ella, en el anexo IV, y

        estarán a cargo, permanentemente, de dos vigilantes de seguridad o, en su caso, de

        explosivos, como mínimo, que deberán utilizar el arma corta de fuego reglamentaria.

        Artículo 147. Registro de bienes depositados.

        1. En los contratos de seguridad privada en que se concierte la prestación de

        servicios de seguridad privada de depósitos de seguridad, habrá de constar la naturaleza

        de los objetos, así como la cantidad y valoración de los mismos.

        1. Las empresas de seguridad privada dedicadas a la prestación de estos servicios

        de seguridad privada de depósitos de seguridad, , llevarán un registro diario en el que

        consten los datos actualizados referidos en el apartado anterior, quedando la referida

        información almacenada, al menos, durante cinco años, y a disposición de los órganos

        policiales de control competentes, a efectos de inspección y comprobación.

        CAPÍTULO VI

        Servicios de seguridad privada de transportes de seguridad

        SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES

        Artículo 148. Carácter, tipos y régimen.

        1. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley, los servicios de seguridad privada de

        transporte de seguridad únicamente se prestarán por empresas de seguridad privada

        autorizadas e inscritas para la actividad de seguridad privada a que se refiere el artículo

        5.1 c), d) y e), de la Ley. 2. Estos servicios de seguridad privada de transporte y

        distribución de los objetos y sustancias a los que se refiere el apartado siguiente,

        consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por vigilantes de

        seguridad o vigilantes de explosivos, y se llevarán a cabo mediante vehículos

        acondicionados especialmente para cada tipo de transporte, ya sean propios o ajenos, u

        otros elementos de seguridad específicos homologados para el transporte.

        1. Los servicios de seguridad privada de transporte de seguridad, podrán ser de

        los siguientes tipos:

        1. a) De monedas, billetes y títulos-valores.
        2. b) De joyas, metales preciosos, u otros objetos valiosos.
        3. c) De antigüedades u obras de arte.
        4. d) De explosivos y artículos pirotécnicos.
        5. e) De armas y cartuchería metálica.
        6. f) De sustancias, materias, mercancías u otros objetos peligrosos.
        7. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley, los servicios de seguridad privada

        referidos en los párrafos a) y b) del apartado anterior, se prestarán obligatoriamente por

        vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad privada inscritas y

        autorizadas para el desarrollo de esta actividad, de seguridad privada cuando su valor

        alcance las cuantías establecidas en el título VI del anexo III, o para el caso del párrafo c),

        cuando las autoridades competentes lo determinen, en atención a los antecedentes y

        circunstancias relacionadas con dichos objetos.

        1. Los servicios de seguridad privada referidos en los párrafos d), e) y f) del

        apartado 3 se prestarán obligatoriamente por vigilantes de explosivos integrados en

        empresas de seguridad privada inscritas y autorizadas para el desarrollo de esta actividad

        de seguridad privada, cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección especial, de

        acuerdo con la normativa específica de cada materia o así lo dispongan las autoridades

        competentes en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos

        objetos o sustancias.

        1. Los transportes contemplados en los dos apartados anteriores deberán contarcon las medidas de seguridad que, en su caso, se establezcan para el desempeño de laactividad en la legislación sectorial que les resulte de aplicación, así como en el anexo IV,y estarán a cargo, al menos, de dos vigilantes de seguridad o, en su caso, de explosivos,que, cuando vayan armados, deberán utilizar el arma corta de fuego reglamentaria.
          1. Las empresas de seguridad privada dedicadas a esta actividad llevarán un

          registro diario en el que consten los datos relativos a la naturaleza, cantidad, valor y

          distribución de los objetos transportados, quedando la referida información almacenada, al

          menos, durante cinco años y a disposición de las autoridades de control, a efectos de

          inspección y comprobación.

          1. En el caso de que estos transportes de seguridad cuenten con protección de las

          Fuerzas o Cuerpos de Seguridad, la participación de los servicios privados de seguridad,

          así como de otros intervinientes en el transporte, quedará sujeta a las instrucciones que

          les puedan ser impartidas por aquéllos.

          Artículo 149. Ámbito de actividad.

          1. Los transportes que reúnan las características que se determinen en este

          reglamento, bien por alcanzar los límites o valores que se establezcan, bien por la forma

          de prestación de los mismos, o bien porque lo dispongan las autoridades competentes, y

          requieran de vigilancia y protección especial, serán considerados transportes de

          seguridad y deberán realizarse, obligatoriamente, por empresas y personal de seguridad

          privada.

          1. También serán transportes de seguridad aquéllos cuya prestación sea

          contratada, de forma voluntaria, con empresas de seguridad privada autorizadas para

          esta actividad.

          Artículo 150. Transportes transfronterizos de seguridad.

          1. De acuerdo con el artículo 12.1f) de la Ley, las empresas de seguridad privada

          autorizadas para el desarrollo de actividades y servicios trasfronterizos de seguridad

          deberán solicitar, en su caso, al órgano de la Dirección General de la Policía que

          determine su estructura orgánica y funcional, una licencia específica, .

          1. Además de las prescripciones establecidas en este reglamento, el transporte

          transfronterizo por carretera de fondos en euros habrá de ajustarse al Reglamento (UE)

          Nº 1214/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011,

          relativo al transporte profesional transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los

          Estados miembros de la zona del euro, .

          1. El transporte transfronterizo de otros bienes preciosos u objetos valiosos,

          incluidas obras de arte, así como de materiales o sustancias peligrosas, requerirán

          comunicación previa a la autoridad competente, sin necesidad de autorización previa

          cuando se trate de una empresa de seguridad privada, autorizada e inscrita en España, la

          que realice el servicio a ambos lados de la frontera.

          Artículo 151. Normas generales de actuación.

          1. Quedan incluidos en los servicios de seguridad privada de transportes de

          seguridad, el porte propiamente dicho y, en su caso, las operaciones de carga, descarga y

          manipulación complementarias, así como los medios empleados para ello,

          1. Las operaciones de entrega y recogida de los bienes, mercancías o efectos a

          transportar, o de carga o descarga de los mismos, en lugares o zonas de gran afluencia o

          tránsito de personas, habrán de efectuarse, de resultar posible, antes o después de la

          apertura al público de los establecimientos, instalaciones o locales en las que aquéllas se

          lleven a cabo.

          1. Cuando la dotación de los vehículos de seguridad se encuentre integrada por

          tres vigilantes de seguridad, las funciones de éstos se ajustarán a lo siguiente:

          1. a) Durante las operaciones de transporte, carga y descarga, el vigilante de

          seguridad conductor se ocupará del control de los dispositivos de apertura y comunicación

          del vehículo, y no podrá abandonarlo en ningún momento.

          1. b) Las labores de carga y descarga, para el caso de monedas, billetes y títulosvalores

          las efectuará un segundo vigilante de seguridad, encargándose de su protección,

          durante la operación, el tercer miembro de la dotación.

          1. c) En razón del riesgo o peligrosidad de los servicios a realizar, o cuando éstos

          se desarrollen en horas nocturnas, o en polígonos industriales o zonas apartadas del

          núcleo urbano, en los vehículos blindados se llevará una escopeta de repetición del

          calibre 12/70, con cartuchos de doce postas comprendidas en un taco contenedor, que

          podrá utilizar, como dotación, además del arma reglamentaria, el tercer vigilante de

          seguridad encargado de las labores de protección.

          1. Cuando la dotación de los vehículos de seguridad se encuentre integrada por

          dos vigilantes de seguridad, las funciones de éstos serán la de conductor del vehículo y la

          de protector, correspondiendo a éste las labores de carga y descarga.

          Artículo 152. Vehículos de transportes de seguridad.

          1. Cuando la prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes a

          las actividades de seguridad privada de transporte y distribución, por carretera, de los

          distintos bienes y objetos que constituyen los servicios de transportes de seguridad, se

          efectúe en vehículos blindados, total o parcialmente, éstos habrán de reunir las

          características establecidas por la normativa sectorial que resulte de aplicación, así como

          por el anexo IV.

          Estos vehículos blindados habrán de estacionarse, fuera de las horas de prestación

          de los servicios correspondientes, en un local exclusivamente habilitado para tal fin, y

          dotado de las medidas de seguridad establecidas en el anexo IV.

          1. Cuando las características o tamaño de los objetos o bienes impidan o hagan

          innecesario su transporte en vehículos blindados, éste se podrá realizar en otros

          vehículos, propios o ajenos a la empresa de seguridad, contando, en su caso, con la

          debida escolta de protección del personal de seguridad privada correspondiente,

          1. Los vehículos de transporte de seguridad a que se refieren los apartados

          anteriores, deberán contar con equipos de comunicación y dispositivos que permitan su

          seguimiento y localización a distancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

          dotados en ambos casos de servicios de encriptación.

          1. Las empresas de seguridad privada podrán utilizar otros vehículos motorizados,

          debidamente identificados, con personal de seguridad privada armado, en apoyo a las

          operaciones de recogida y entrega de los distintos bienes y objetos. Estos otros vehículos

          no reemplazarán a los vehículos blindados.

          Artículo 153. Utilización del transporte aéreo o de otros medios de transporte.

          1. El transporte de fondos, valores y otros bienes u objetos valiosos se podrá

          realizar por vía aérea, utilizando los servicios ordinarios de las compañías aéreas o

          aparatos de vuelo propios.

          1. Cuando en el aeropuerto existan caja fuerte y servicios privados de seguridad de

          vigilancia y protección armados, se podrá encargar, a dichos servicios, la ejecución de las

          operaciones de carga y descarga de los bienes u objetos valiosos, de acuerdo con los

          apartados siguientes.

          1. Cuando en el aeropuerto no exista caja fuerte o servicios privados de seguridad

          de vigilancia y protección armados, los vehículos blindados de las empresas de seguridad

          privada, previa facturación, en la zona de seguridad de las terminales de carga, se

          dirigirán, con su dotación de vigilantes de seguridad y armamento reglamentario, hasta el

          punto desde el que se pueda realizar directamente la carga de bultos y valijas en la

          aeronave, debiendo permanecer en este mismo lugar hasta que se produzca el cierre y

          precinto de la bodega.

          1. Cuando en las instalaciones aeroportuarias existan centros de cargas aéreas

          pertenecientes a operadores, agentes de carga y compañías acreditadas, y éstos cuenten

          con servicios específicos de seguridad privada de vigilancia y protección armados, estos

          servicios podrán trasladar, hasta los medios aéreos correspondientes, los fondos, objetos

          valiosos o peligrosos, obras de arte o antigüedades en ellos depositados.

          1. En aquellos otros supuestos en que los transportes de seguridad no se lleven a

          efecto a través de operadores de carga o compañías acreditadas en el ámbito

          aeroportuario, las empresas de seguridad privada, autorizadas para la actividad de

          seguridad privada, portarán, hasta las aeronaves, los bienes y objetos recogidos en este

          capítulo, debiendo permanecer en el mismo hasta que se produzca el cierre y precinto del

          compartimento de la aeronave destinado a la carga.

          1. En la descarga se adoptarán similares medidas de seguridad, debiendo estar

          presentes los vigilantes de seguridad de dotación, con el vehículo blindado, en el

          momento de la apertura de la bodega.

          1. A los efectos de cumplimentar dichas obligaciones, la dirección de cada

          aeropuerto facilitará, a las empresas de seguridad privada responsables del transporte de

          seguridad, las acreditaciones y permisos oportunos.

          1. En todo caso, será el departamento de seguridad de la instalación aeroportuaria,

          o bien de los operadores, agentes de carga y compañías acreditadas que desarrollen su

          actividad en el entorno aeroportuario, los que planificarán y organizarán la ejecución de

          los servicios de seguridad privada de vigilancia y seguridad en las operativas de los

          transportes de seguridad, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

          responsables de la custodia del aeropuerto.

          1. Las mismas reglas previstas en los apartados anteriores se seguirán para el

          transporte de fondos, valores y otros bienes u objetos valiosos por ferrocarril, vía marítima

          o fluvial.

          1. Igualmente, las consideraciones realizadas en este artículo resultarán de

          aplicación, en cada caso, al transporte de armas, explosivos, artículos pirotécnicos y

          cartuchería o sustancias peligrosas, con arreglo a lo que se disponga en la normativa

          sectorial correspondiente.

          SECCIÓN 2.ª DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE TRANSPORTE

          DE SEGURIDAD

          Artículo 154. Transporte de monedas, billetes y títulos-valores.

          1. El transporte de monedas, billetes y títulos-valores obligatoriamente habrá de ser

          realizado por medio de una empresa de seguridad privada, autorizada para esta actividad

          de seguridad privada, en vehículos blindados, cuando el valor de lo transportado supere la

          cantidad establecida en el título VI del anexo III.

          1. Las empresas de seguridad privada podrán realizar estos transportes por

          carretera empleando un vehículo parcialmente blindado y equipado con un sistema

          inteligente de neutralización de billetes, descrito en el anexo IV, siempre que se cumplan

          las siguientes condiciones:

          1. a) Que las partes del vehículo en las que se encuentre el personal de

          seguridad estén, como mínimo, blindadas.

          1. b) Que el vehículo y los contenedores de billetes lleven distintivos claramente

          visibles que indiquen que están equipados con un sistema inteligente de neutralización de

          billetes.

          1. c) Que el vehículo esté equipado con chalecos antibalas para cada miembro

          del personal de seguridad privada encargado del transporte.

          1. d) Que haya, al menos, tres vigilantes de seguridad encargados del transporte

          en cada vehículo.

          1. Las empresas de seguridad privada podrán llevar a cabo transportes por

          carretera de billetes y títulos-valores empleando un vehículo completamente blindado y no

          equipado con un sistema inteligente de neutralización de billetes, siempre que se cumplan

          las siguientes condiciones:

          1. a) Que el vehículo esté equipado con un chaleco antibalas para cada miembro

          del personal de seguridad.

          1. b) Que haya, al menos, tres vigilantes de seguridad encargados del transporte

          en cada vehículo.

          1. Los vehículos referidos en los apartados anteriores estarán equipados con

          dispositivos electrónicos, de manera que pueda registrarse la fecha, hora y lugar de todas

          las entregas o recogidas de monedas, billetes y títulos-valores, vehículo utilizado, así

          como su dotación, permitiendo, dicha información, conocer diariamente el número de

          entregas o recogidas que se realicen, quedando la misma almacenada, al menos,

          durante cinco años, y a disposición de las autoridades de control, a efectos de inspección

          y comprobación.

          1. Cuando se trate de transportes de dinero en efectivo, cuya cuantía se encuentre

          comprendida entre las cantidades a que se refiere el título VI del anexo III, los interesados

          podrán realizarlos por sus propios medios o a través de terceros que no sean empresas

          de seguridad privada, siempre que, en ambos casos, el efectivo se transporte en un

          contenedor dotado de sistema inteligente de neutralización de billetes.

          Artículo 155. Transporte de joyas, metales preciosos u otros objetos valiosos.

          1. El transporte de joyas, metales preciosos u otros objetos valiosos

          obligatoriamente habrá de ser realizado por medio de una empresa de seguridad privada,

          autorizada para esta actividad de seguridad privada, cuando el valor, en su conjunto, de

          los objetos transportados supere la cantidad establecida en el título VI del anexo III.

          1. Cuando el transporte se realice en vehículos blindados, total o parcialmente, se

          realizará, al menos, por dos vigilantes de seguridad armados, resultando de aplicación

          análogas consideraciones a las establecidas para el caso de los transportes de seguridad

          de monedas, billetes y títulos-valores, en cuanto a características de los vehículos y

          funciones de los vigilantes de seguridad.

          1. Los representantes de joyería solamente podrán llevar consigo reproducciones

          de joyas u objetos preciosos cuya venta promocionen, o las piezas originales, cuando su

          valor, en conjunto, no exceda de la cantidad establecida en el título VI del anexo III.

          Artículo 156. Transporte de antigüedades y obras de arte.

          1. El transporte de antigüedades y obras de arte obligatoriamente habrá de ser

          realizado por medio de una empresa de seguridad privada, autorizada para esta actividad

          de seguridad privada, cuando por la importancia artística, histórica o cultural así lo

          dispongan las autoridades competentes de los Ministerios del Interior y de Educación,

          Cultura y Deporte.

          1. El traslado material de este tipo de bienes podrá realizarse mediante empresas

          especializadas que no sean de seguridad privada, en cuyo caso la protección del

          transporte será realizada por empresas de seguridad privada autorizadas para la actividad

          de seguridad privada de transportes de seguridad, siendo de su responsabilidad el diseño

          y ejecución del plan de seguridad de la expedición.3. Los transportes de seguridad

          contarán con la protección de, al menos, dos vigilantes de seguridad, resultando de

          aplicación análogas consideraciones a las establecidas para el caso de los transportes de

          monedas, billetes y títulos-valores, en cuanto a las funciones de los vigilantes de

          seguridad, excepto las correspondiente a la carga y descarga de los bienes transportados.

          1. Cuando los bienes culturales objeto del transporte integren el Patrimonio

          Histórico Español, el transporte de seguridad será escoltado por las Fuerzas y Cuerpos de

          Seguridad siempre que así lo determine la autoridad competente del Ministerio del

          Interior, a solicitud de las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

          Artículo 157. Transporte de armas, explosivos, artículos pirotécnicos, cartuchería

          metálica, sustancias, materias, mercancías u otros objetos peligrosos.

          1. El transporte de armas, explosivos, artículos pirotécnicos, cartuchería metálica,

          sustancias, materias, mercancías u otros objetos peligrosos, obligatoriamente habrá de

          ser realizado por medio de una empresa de seguridad privada, autorizada para esta

          actividad de seguridad privada de transporte de seguridad.

          1. La dotación necesaria para la prestación de servicios de protección de esta

          actividad será, como norma general, la formada por, al menos, dos vigilantes de

          explosivos armados. Uno de ellos realizará la función de conductor y el otro de protector

          y, en ningún supuesto, podrán realizar tareas de carga y descarga. El personal deberá

          contar con las habilitaciones, certificaciones, licencias o autorizaciones que, en atención a

          las funciones que desarrolle, resulten exigibles en cada caso.

          1. Cuando se trate de la protección de este tipo de transporte, la empresa de

          seguridad privada, previo a la prestación del servicio, obligatoriamente confeccionará un

          plan de seguridad específico del transporte en cuestión, en el que se reflejarán los objetos

          y sustancias transportados y la cantidad de los mismos, la ruta y alternativas, el personal

          de seguridad y los medios disponibles, así como todo lo relativo a las comunicaciones

          entre el convoy, la empresa de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

          Dicho plan deberá estar depositado en el área restringida de la empresa de seguridad

          privada.

          1. Para la determinación de materias o sustancias peligrosas, se considerarán

          aquéllas que, atendiendo a su normativa específica, el vertido, derrame, utilización o

          comercialización no controlada supongan un riesgo para la salud de las personas o el

          medio ambiente.

          1. Por razones de seguridad pública, y al objeto de no distorsionar la realización de

          estos servicios y de facilitar el eficaz control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

          competentes en materia de armas y explosivos, los transportes de seguridad de armas y

          de explosivos, así como los de sustancias peligrosas, deberán ser prestados por una sola

          empresa de seguridad privada, sin que resulte admisible la subcontratación parcial de los

          mismos en cuanto al personal de seguridad privada se refiere.

          1. En general, en todo lo demás que no resulte materia específica, se aplicarán a

          la prestación de los servicios de seguridad privada de seguridad de transportes y

          distribución de armas, explosivos, artificios pirotécnicos, cartuchería metálica y

          sustancias, materias, mercancías y cualesquiera otros objetos peligrosos, análogas

          consideraciones a las establecidas para el caso de los transportes de seguridad de

          monedas, billetes y títulos-valores.

          CAPÍTULO VII

          Servicios de seguridad privada de instalación y mantenimiento de seguridad

          Artículo 158. Ámbito de actividad.

          1. Únicamente las empresas de seguridad privada inscritas en el registro

          correspondiente para el desarrollo de la actividad de seguridad privada establecida en el

          artículo 5.1f) de la Ley, podrán realizar los servicios de seguridad privada de instalación y

          mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y otros elementos integrantes de los

          sistemas de seguridad, destinados a la protección de personas y bienes, cuando se

          conecten a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.

          1. Se entenderá por sistema de seguridad el conjunto de elementos, aparatos,

          equipos o dispositivos, que, ordenadamente enlazados entre sí, contribuyan a la

          prevención contra el robo o la intrusión, o estén destinados a la protección de personas y

          bienes, y cuya activación o vulneración sea susceptible de producir la intervención policial.

          1. Queda prohibida la instalación de marcadores o dispositivos automáticos

          programados para transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y

          Cuerpos de Seguridad, salvo en los siguientes casos:

          1. a) Cuando se trate de depósitos de armas, explosivos, artículos pirotécnicos y

          cartuchería metálica, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la normativa respectiva.

          Cuando se trate de depósitos correspondientes al Banco de España, en cuyo caso se

          establecerá el correspondiente protocolo de actuación operativa por parte del cuerpo de

          seguridad competente.

          1. b) Cuando se trate de instalaciones catalogadas como críticas, cuando así lo

          dispongan los correspondientes Planes de Apoyo Operativo. Cuando así se determine,

          por razones de seguridad, por parte de la autoridad competente en la materia.

          1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar, por sí mismos o través de

          terceros, la instalación y mantenimiento de sus propios sistemas de seguridad.

          Artículo 159. Homologación de material.

          1. Los medios materiales y técnicos, aparatos de alarma, equipos y dispositivos de

          seguridad que instalen y utilicen las empresas de seguridad privada, conectados con una

          central receptora de alarmas, centro de control o de videovigilancia, habrán de

          encontrarse debidamente homologados, con arreglo a lo establecido en el anexo VII.

          1. Dichos medios, aparatos, equipos y dispositivos de seguridad, además de estar

          fabricados con arreglo a las normas técnicas de normalización y certificación , deberán

          contar con la evaluación de conformidad de los organismos de control.

          1. Los dispositivos exteriores, tales como cajas de avisadores acústicos u ópticos,

          deberán incorporar el teléfono de contacto desde el que se pueda adoptar la decisión

          adecuada, y el nombre y teléfono de la empresa de seguridad privada que realice su

          mantenimiento.

          Artículo 160. Personal acreditado de las empresas de seguridad privada.

          1. Los servicios de seguridad privada, correspondientes a la actividad de

          instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y otros elementos

          integrantes de los sistemas de seguridad, se prestarán por los ingenieros y técnicos

          acreditados.

          1. Las altas y bajas de los ingenieros y de los técnicos acreditados deberán

          comunicarse, en el plazo máximo de cinco días, al órgano de la Dirección General de la

          Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano

          correspondiente de la comunidad autónoma competente.

          Artículo 161. Proyecto de instalación de seguridad.

          1. La instalación de aparatos, equipos, dispositivos y demás elementos integrantes

          de los sistemas de seguridad que se vayan a conectar a centrales receptoras de alarmas,

          o a centros de control o de videovigilancia, deberá ser precedida de la elaboración y

          entrega al usuario de un proyecto de instalación de seguridad, con niveles de cobertura

          adecuados a las características del lugar u objeto a proteger y del riesgo a cubrir, todo ello

          de conformidad con el anexo VII.

          1. El proyecto de instalación de seguridad será elaborado y firmado por un

          ingeniero acreditado vinculado por cualquier relación válida en derecho a la empresa de

          seguridad privada prestadora del servicio, o al usuario demandante del mismo. En todo

          caso, su ejecución será realizada por técnicos acreditados de la empresa de seguridad

          privada.

          1. El proyecto de instalación de seguridad incluirá, en todo caso, la descripción del

          lugar o bien objeto de protección, la evaluación de los riesgos a cubrir y el diseño del

          sistema de seguridad, que habrá de ajustarse, al menos, al cumplimiento de las siguientes

          exigencias:

          1. a) Contemplar la instalación del número de detectores y de otros elementos de

          seguridad que resulten suficientes para cumplir la finalidad protectora pretendida.

          1. b) Cubrir, mediante el empleo de los detectores que resulten necesarios, las

          posibles vías de acceso existentes que puedan ser utilizadas por los intrusos que

          pretendan entrar o salir del lugar o alcanzar el bien objeto de protección.

          1. c) Aplicar los materiales o elementos adecuados para la instalación, de manera

          que resulte conforme con las normas o especificaciones técnicas correspondientes.

          1. d) Designar, en su caso, si existe una zona específica de especial protección,

          sobre la que se hayan aplicado los detectores o elementos de seguridad cuya activación

          permita suponer, con razonable certeza, que se trata de una alarma confirmada, a efectos

          de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta zona de especial

          protección, que deberá estar perfectamente delimitada, no podrá coincidir con el conjunto

          o totalidad del lugar protegido, ni abarcar la mayor parte de la instalación.

          1. e) Implementar, al menos, en los sujetos obligados a conexión con central

          receptora de alarmas, dos vías de comunicación, una alámbrica y otra inalámbrica, con

          supervisión digital permanente.

          1. f) Aclarar las posibles dificultades de efectiva protección que puedan concurrir

          en el lugar o bien objeto de protección, de forma tal que lo califican, a efectos de

          seguridad, como local o bien difícilmente protegible, bien por circunstancias que lo definen

          y determinan de manera negativa para la protección mediante alarmas, bien por las

          características técnicas o de ubicación que lo hacen muy vulnerable.

          1. g) Dotar, necesariamente, al sistema de seguridad electrónico de los elementos

          de verificación de alarmas, preferentemente mediante imagen, a fin de posibilitar que

          desde la central receptora de alarmas pueda emplearse alguno o algunos de los

          procedimientos válidos de verificación de alarmas contemplados en este reglamento, al

          objeto de facilitar la gestión eficaz de las señales de alarma por parte de las centrales

          receptoras de alarmas.

          1. h) Especificar los procedimientos de verificación de alarmas de seguridad, con

          los que efectivamente cuenta el sistema de seguridad instalado.

          Artículo 162. Certificado de instalación y conexión a central receptoras de alarmas.

          1. Una vez realizada la instalación del sistema de seguridad, las empresas de

          seguridad privada instaladoras efectuarán las comprobaciones necesarias para

          asegurarse de que el mismo funciona correctamente y que cumple su finalidad preventiva

          y protectora, así como que su ejecución es conforme con el proyecto de instalación de

          seguridad, debiendo entregar al usuario contratante un certificado, firmado por un

          ingeniero acreditado, en el que conste el resultado positivo de las comprobaciones

          efectuadas.

          1. Para la conexión de los sistemas de seguridad instalados a una central receptora

          de alarmas, o a un centro de control o de videovigilancia, las instalaciones de seguridad

          habrán de reunir las características determinadas en el anexo VII, y el certificado a que se

          refiere el apartado anterior deberá emitirse tanto por la empresa de seguridad privada

          instaladora, como, en su caso, por la empresa de seguridad privada receptora de las

          alarmas, conjunta o separadamente, de forma que se garantice su funcionalidad global.

          Artículo 163. Documentación a entregar al usuario.

          1. Las empresas de seguridad privada facilitarán al usuario el proyecto de

          instalación de seguridad, el contrato de instalación y un manual de uso del sistema y de

          su mantenimiento.

          1. En el caso de que un sistema de seguridad instalado sufra alguna variación

          posterior que modifique sustancialmente el originario, en todo o en parte, la empresa de

          seguridad privada instaladora o, en su caso, la de mantenimiento, vendrá obligada a

          confeccionar nuevos manuales de instalación, uso y mantenimiento, así como un nuevo

          proyecto. Asimismo, la empresa de seguridad privada instaladora deberá comunicarlo

          también a la central receptora de alarmas y certificar, en la forma que se establece en el

          artículo anterior, el resultado de las comprobaciones.

          Artículo 164. Revisiones.

          1. Con carácter general, las revisiones preventivas de los aparatos, equipos,

          dispositivos y sistemas de seguridad se realizarán de conformidad con lo que disponga la

          norma técnica de normalización y certificación correspondiente o con arreglo a lo que

          dispongan las posibles especificaciones técnicas que para cada uno de ellos realicen los

          fabricantes, o, en su caso, conforme a lo establecido en el título V del anexo III.

          1. No obstante lo anterior, para los sujetos obligados a disponer de medidas de

          seguridad privada conectadas, se establece un mínimo de dos revisiones preventivas al

          año, al menos una presencial, de conformidad con lo dispuesto en los apartados

          siguientes.

          1. Los contratos de instalación de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de

          seguridad, en los supuestos en que la instalación sea obligatoria o cuando se conecten

          con una central receptora de alarmas, o con un centro de control o de videovigilancia,

          comprenderán el mantenimiento de la instalación en estado operativo, con revisiones

          preventivas cada semestre, no debiendo, en ningún caso, transcurrir más de doscientos

          días entre dos revisiones semestrales sucesivas o cuatrocientos días entre dos revisiones

          presenciales anuales. En el momento de suscribir el contrato de instalación o en otro

          posterior, el titular de la instalación podrá asumir por sí mismo, o contratar con otra

          empresa de seguridad privada, el servicio de seguridad privada de mantenimiento y la

          realización de las revisiones preventivas semestrales.

          1. De estas dos revisiones preventivas anuales, al menos una será siempre

          presencial, y realizada por técnico acreditado de empresa de seguridad privada de

          instalación y mantenimiento. La otra revisión, y siempre que las instalaciones permitan la

          comprobación satisfactoria del estado y del buen funcionamiento de cada uno de los

          elementos o dispositivos que integran el sistema, podrá efectuarse desde la central

          receptora de alarmas, y se realizará también por técnicos acreditados de la empresa de

          seguridad privada de instalación y mantenimiento o de la central receptora de alarmas. En

          caso de no ser posible, las dos revisiones deberán realizarse de forma presencial.

          1. Cuando la central receptora de alarmas se responsabilice contractualmente de

          garantizar el correcto funcionamiento operativo del sistema mediante un mantenimiento

          preventivo continuado, se exigiría un solo mantenimiento preventivo presencial anual, no

          siendo ya necesaria la realización de las revisiones preventivas semestrales.

          1. Las revisiones preventivas podrán ser realizadas directamente por los titulares

          de las instalaciones, cuando dispongan del personal con la cualificación requerida y de los

          medios técnicos necesarios.

          1. Las empresas de seguridad privada dedicadas a esta actividad, y los titulares de

          las instalaciones correspondientes a sujetos obligados a la adopción de medidas de

          seguridad, llevarán el Libro-Registro de Instalaciones y Revisiones, cuyo modelo y

          contenido se ajustará a lo establecido en el título I del anexo VI.

          1. Las empresas de seguridad privada de instalación y mantenimiento deberán

          disponer del servicio técnico adecuado que permita atender debidamente las averías de

          los sistemas de seguridad de cuyo mantenimiento se hayan responsabilizado, incluso en

          días festivos, en el plazo de veinticuatro horas siguientes al momento en que hayan sido

          requeridas al efecto.

          CAPÍTULO VIII

          Servicios de seguridad privada de alarmas de seguridad

          SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES COMUNES

          Artículo 165. Grados de seguridad de los sistemas de alarmas.

          1. En función del riesgo a cubrir, se establecen los siguientes grados de seguridad

          para los sistemas de alarmas:

          1. a) Grado 1, o de bajo riesgo, para sistemas de alarma dotados de señalización

          acústica, que no se vayan a conectar a una central receptora de alarmas.

          1. b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y establecimientos,

          comercios e industrias en general, que se conecten voluntariamente a una central

          receptora de alarmas.

          1. c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a sujetos o establecimientos obligados

          a disponer de medidas de seguridad privada.

          1. d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reservado a las empresas de seguridad

          privada de depósito de efectivo, valores, metales preciosos, materias peligrosas o

          explosivos, así como a las infraestructuras críticas cuando, en virtud de su normativa

          específica, deban conectarse a una central receptora de alarmas.

          1. Cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de

          seguridad, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las

          normas técnicas de normalización y certificación aplicables en cada caso y que estén en

          vigor, de conformidad con lo dispuesto en el anexo VII. Los productos deberán estar

          fabricados con arreglo a las normas anteriormente mencionadas, y certificados, en su

          producción, por organismos acreditados en la Unión Europea.

          1. En caso de que un sistema de alarmas de seguridad se divida en subsistemas

          claramente definidos, será posible que dicho sistema incorpore componentes de distintos

          grados en cada subsistema. El grado correspondiente al subsistema será equivalente al

          grado más bajo aplicable a uno de sus componentes. El grado correspondiente al sistema

          será equivalente al grado más bajo aplicable a sus subsistemas. Los componentes

          comunes o compartidos por los subsistemas deberán tener un grado igual al del

          subsistema del grado más elevado.

          Artículo 166. Conexiones de alarmas.

          Además de los servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 47 de la

          Ley, las empresas de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de alarmas,

          también podrán conectar a sus centrales los sistemas de alarmas contra incendios,

          alarmas técnicas, asistenciales, de control o mantenimiento.

          Artículo 167. Requisitos de conexión.

          1. Para conectar y, en su caso, desconectar, aparatos, equipos, dispositivos o

          sistemas de seguridad a centrales receptoras de alarmas, será preciso que la instalación

          haya sido efectuada por una empresa de seguridad privada, inscrita en el registro

          correspondiente para dicha actividad de seguridad privada.

          1. Los sistemas de alarmas de seguridad que se pretendan conectar a una central

          receptora de alarmas habrán de reunir, al menos, las siguientes características:

          1. a) Disponer del número suficiente de elementos de protección de conformidad

          con el proyecto de instalación, de forma que se puedan diferenciar las señales producidas

          por una intrusión o ataque deliberado, de las originadas por otras causas.

          1. b) Contar con tecnología que permita acceder, bidireccionalmente, a los

          sistemas de alarmas de seguridad, para posibilitar la identificación y tratamiento

          singularizado de las señales correspondientes a las distintas zonas o elementos que

          componen el sistema de seguridad, así como el conocimiento del estado de alerta o

          desconexión de cada una de ellas, y la desactivación, en su caso, de las campanas

          acústicas.

          1. c) Disponer de, al menos, un procedimiento de verificación de los considerados

          validos en los artículos 178 y 179.

          1. d) Contar con un contrato de mantenimiento realizado por una empresa de

          seguridad privada inscrita para dicha actividad de seguridad privada, salvo que el titular

          de la instalación lo haya asumido, conforme a lo dispuesto en el artículo 164.

          1. Además de lo anterior, las centrales receptoras de alarmas deberán disponer de

          los sistemas tecnológicos de filtrado de señales de alarma y de los procedimientos

          125

          operativos de discriminación de alarmas, a fin de cumplir con los parámetros de calidad

          que para su funcionamiento establece el artículo 174.

          1. Las centrales receptoras de alarmas estarán obligadas, antes de efectuar la

          conexión, a comprobar el cumplimiento de estas exigencias y el correcto funcionamiento

          del sistema, emitiendo el correspondiente certificado de conexión suscrito por la persona

          responsable del funcionamiento de las centrales.

          Artículo 168. Requisitos previos al funcionamiento.

          1. Las centrales receptoras de alarmas, antes de entrar en funcionamiento,

          deberán reunir los requisitos y características establecidos en el artículo 173.

          1. Las empresas de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de

          alarmas que vayan a prestar servicios de respuesta ante alarmas, en cualquiera de sus

          modalidades, o de videovigilancia, deberán contar con un jefe de seguridad responsable

          de la actividad operativa de la central receptora de alarmas.

          Artículo 169. Obligaciones de las empresas de seguridad privada prestadoras.

          1. Antes de efectuar la conexión, las empresas de seguridad privada explotadoras

          de centrales receptoras de alarmas están obligadas a instruir al usuario del

          funcionamiento del servicio.

          1. Las empresas de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de

          alarmas también deberán colocar, en lugar visible, en el exterior de los inmuebles o

          instalaciones conectadas, de manera clara y permanente, la siguiente información:

          logotipo de la empresa de seguridad privada prestataria; denominación o, en su caso,

          nombre comercial; domicilio; teléfono; y número de inscripción de la autorización que le

          fue otorgada en el registro correspondiente.

          1. Cuando, por cualquier causa, las empresas de seguridad privada explotadoras

          de centrales receptoras de alarmas, suspendan o interrumpan, temporal o definitivamente,

          los servicios de seguridad privada de alarmas prestados, deberán comunicarlo, de forma

          inmediata, a los clientes usuarios beneficiarios de tales servicios.

          1. Las empresas de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de

          alarmas que tengan contratado servicio de custodia de llaves o de verificación personal,

          indicarán, en los contratos comunicados a las autoridades de control competentes, cuáles

          de éstos incluyen específicamente aquellos servicios.

          Artículo 170. Libros-Registro.

          1. Las empresas de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de

          alarmas llevarán un Libro-Registro de Alarmas, cuyo modelo y contenido se ajustará al

          estipulado en el título I del anexo VI.

          1. Las centrales receptoras de alarmas que vayan a realizar mantenimientos

          bidireccionales de los sistemas de seguridad conectados, deberán disponer de un Libro-

          Registro de Instalaciones y Revisiones, con idéntico formato del exigido a las empresas

          de seguridad privada de instalación y mantenimiento para el registro de sus revisiones

          presenciales.

          Artículo 171. Memoria de eventos y conservación de datos.

          1. La memoria de eventos, deberá contener, al menos, la siguiente información:
          2. a) Activación y desactivación del sistema por el usuario.
          3. b) Día y hora del inicio de transmisión de la señal.
          4. c) Identificación del dispositivo que origina la alarma.
          5. d) Identificación del operador u operadores de seguridad que la gestionan.
          6. e) Procedimiento o gestiones realizadas para su verificación y hora de

          finalización.

          1. f) Resultado final de la verificación y decisión adoptada, comunicación, en su

          caso, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o su consideración como falsa alarma, alarma

          técnica o de sabotaje, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177.

          1. Las memorias de eventos de las centrales receptoras de alarma, deberán

          conservarse por un plazo de dos años, salvo que hubieran dispuesto lo contrario las

          autoridades judiciales, administrativas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

          competentes.

          1. Las obligaciones contenidas en los apartados anteriores afectan tanto a las

          empresas de seguridad de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de

          alarmas como a las centrales receptoras de alarmas de uso propio.

          Artículo 172. Derechos de los usuarios de servicios de alarmas.

          Los usuarios de sistemas de alarmas conectados a empresas de seguridad privada

          explotadoras de centrales receptoras de alarmas tendrán los siguientes derechos:

          1. a) Información del servicio: antes de efectuar la conexión, las empresas de

          seguridad privada están obligadas a instruir al usuario del funcionamiento del servicio.

          1. b) Información contractual: el usuario deberá ser suficientemente informado de

          los procedimientos de verificación contratados.

          1. c) Subcontratación o cesión de servicios: el usuario deberá ser informado, con

          la suficiente antelación, de qué central receptora de alarmas le presta el servicio de

          conexión de forma temporal o permanente.

          1. d) Revisiones o mantenimientos preventivos: el usuario tendrá derecho,

          asimismo, a ser informado de que todo sistema de seguridad conectado a central

          receptora de alarmas, está obligado a los mantenimientos preventivos establecidos en el

          artículo 164.

          1. e) Gestión de alarmas: el usuario tiene derecho a que toda alarma generada

          por el sistema de seguridad conectado, sea tramitada de forma diligente y en el tiempo

          mínimo indispensable para confirmar su veracidad, debiendo, en caso contrario, justificar

          las actuaciones practicadas, así como a recibir el informe elaborado por la central

          receptora en caso de no comunicación de alarmas reales a las Fuerzas y Cuerpos de

          Seguridad.

          1. f) Servicios de verificación y respuesta: este mismo derecho de diligencia y

          prontitud será exigido para el servicio de respuesta ante alarmas,

          SECCIÓN 2.ª CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS

          Artículo 173. Locales de centrales receptoras de alarmas.

          1. Los locales en que se instalen las centrales receptoras de alarmas, deberán

          reunir las características y requisitos a que se refiere el título I del anexo VII.

          Solo cuando resulte materialmente imposible su efectivo cumplimiento, podrá

          solicitarse la dispensa de alguna de dichas características o requisitos, debiendo ser

          sustituida por otra de similares garantías de seguridad.

          1. Los titulares de los locales donde se ubiquen las centrales receptoras de alarmas

          de uso propio, podrán solicitar la dispensa de alguna o algunas de las características o

          requisitos establecidos en el citado anexo, cuando el edificio donde se encuentren sea de

          uso exclusivo de la empresa o entidad y disponga de medidas de seguridad suficientes

          que permitan sustituir a las exigidas.

          Artículo 174. Funcionamiento de las centrales receptoras de alarmas.

          1. Las centrales receptoras de alarmas deberán estar atendidas,

          permanentemente, en su funcionamiento, por operadores de seguridad o vigilantes de

          seguridad, en número adecuado y proporcional a las conexiones que tengan contratadas,

          o de las que dispongan, y que se encargarán de la recepción, verificación y transmisión,

          en su caso, de las alarmas que reciban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

          competentes.

          1. El funcionamiento de las centrales receptoras de alarmas se adecuará a lo

          dispuesto en el título II del anexo VII.

          1. Cuando se produzca una alarma, las centrales receptoras de alarmas deberán

          proceder, de inmediato, a su verificación, por los procedimientos técnicos necesarios,

          utilizando, para que la verificación sea considerada válida, al menos, uno o varios de

          ellos. Cuando estos no permitan confirmar la realidad de la alarma, desplazarán, para su

          efectiva comprobación, el servicio de verificación personal del que dispongan, a cargo de

          vigilantes de seguridad o, en su caso, guardas rurales, debiendo comunicar,

          inmediatamente, al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas.

          1. Las centrales receptoras de alarmas, a través de los sistemas bidireccionales y

          tecnológicos de filtrado de señales de que dispongan, y de los procedimientos operativos

          de discriminación de señales con los que cuenten, deberán ser capaces de diferenciar las

          alarmas reales de las que no lo son, ya se trate de alarmas falsas, técnicas o de sabotaje,

          de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177, descartando estas tres

          últimas de la obligación de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

          competentes.

          1. En los supuestos en que una alarma real no haya sido comunicada al servicio

          policial competente, o cuando se haya retrasado injustificadamente su comunicación, la

          central receptora de alarmas deberá elaborar un informe explicativo de las causas que

          motivaron la ausencia de comunicación de la alarma real producida y entregarlo al

          servicio policial y al usuario titular del servicio en un plazo de diez días desde que se

          produjo el incidente.

          Se entenderá retraso injustificado el que supere los quince segundos desde el

          momento a partir del cual la alarma haya sido verificada como real.

          1. Las centrales receptoras de alarmas deberán comprobar, al menos, una vez

          cada treinta días el normal estado de funcionamiento del sistema de seguridad conectado

          y de sus vías de comunicación.

          SECCIÓN 3.ª VERIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ALARMAS DE

          SEGURIDAD

          Artículo 175. Procedimientos de verificación.

          1. Las centrales receptoras de alarmas deberán verificar las alarmas de seguridad,

          utilizando, al menos, obligatoriamente, alguno de los procedimientos de verificación,

          técnicos o personales, establecidos en los artículos 178 y 179.

          1. La verificación de las alarmas de seguridad por cualquiera de los procedimientos

          será considerada como confirmada, y, en consecuencia, susceptible de ser comunicada a

          los servicios policiales competentes.

          1. Las centrales receptoras de alarmas podrán utilizar, si así lo consideran,

          cualquier otro procedimiento de verificación diferente a los contemplados en el artículo

          1. No obstante, dichos procedimientos tendrán únicamente carácter complementario sin

          que la verificación por algunos de ellos exclusivamente habilite la comunicación a los

          servicios policiales.

          Artículo 176. Alarma real, alarma falsa y alarma confirmada.

          1. Se entenderá por alarma real la originada por una intrusión no autorizada, o por

          un hecho delictivo contra bienes o personas, o por otros hechos de análoga naturaleza,

          que, de ser conocida o transmitida, motivaría la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de

          Seguridad.

          1. Se entenderá por alarma falsa toda aquella que no esté determinada por hechos

          susceptibles de producir la intervención policial en los términos dispuestos en el apartado

          anterior y que, sin embargo, es transmitida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

          provocando su desplazamiento hasta el lugar origen de la alarma.

          1. Se entenderá por alarma confirmada aquella cuya certeza o probabilidad haya

          sido corroborada mediante el empleo de alguno de los procedimientos obligatorios de

          verificación, establecido en el artículo 178, o bien utilizando el procedimiento de

          verificación personal del artículo 179 y en la forma dispuesta en ambos artículos.

          1. Independientemente de los procedimientos de verificación técnica establecidos

          en el artículo 178, se considerará, también, alarma confirmada:

          1. a) La recepción de una alarma seguida de la comprobación de la pérdida de

          una o varias de las vías de comunicación.

          1. b) La comprobación de la pérdida de una de las vías de comunicación, seguida

          de la activación de un elemento detector del sistema, comunicada por una segunda vía.

          1. c) La comprobación del fallo de dos o más vías de comunicación.
          2. También será considerada alarma confirmada, la activación de pulsadores de

          atraco o anti-rehén o código de coacción mediante teclado. En estos casos, y antes de

          proceder a la comunicación al servicio policial correspondiente, podrá verificarse la misma

          exclusivamente mediante video o audio.

          1. Tendrá la misma consideración de alarma confirmada, la activación de

          detectores instalados en zonas de especial protección del lugar o bien protegido, y

          específicamente destinados a la protección de la referida zona, así como la activación de

          los elementos que protejan la unidad de control del sistema.

          En estos casos, y antes de proceder a la comunicación al servicio policial

          correspondiente, podrá utilizarse cualquiera de los procedimientos válidos de verificación.

          Artículo 177. Alarma técnica, alarma de sabotaje y sistemas bidireccionales.

          1. Se entenderá por alarma técnica la señal que emiten los sistemas de alarmas de

          seguridad y que permiten a la central receptora de alarmas la verificación del estado de

          aquéllos. Este tipo de alarmas no serán comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de

          Seguridad.

          1. Se entenderá por alarma de sabotaje la señal indicativa de la manipulación, daño

          o destrucción que se hace, intencionada y maliciosamente, a cualquiera de los elementos

          del sistema de alarmas de seguridad, impidiendo su correcto funcionamiento. Este tipo de

          señales deberán ser comprobadas por cualquiera de los procedimientos de verificación

          previstos y, en su caso, ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

          1. Los sistemas bidireccionales son aquellos que permiten, a la central receptora de

          alarmas, comprobar el estado y funcionamiento de los elementos de un sistema de

          seguridad, así como el armado, desarmado y reinicio del mismo. Estos sistemas

          resultarán adecuados para realizar comprobaciones y mantenimientos técnicos, así como

          para complementar los procedimientos de verificación, sin que resulten suficientes, por sí

          solos, para considerar válidamente verificadas las señales de alarma, al objeto de su

          comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

          Artículo 178. Verificación técnica.

          1. Los procedimientos de verificación técnica obligatorios son los siguientes:
          2. a) Verificación secuencial, consistente en la activación, de forma sucesiva, de

          dos o más señales procedentes, cada una, de elementos de detección diferentes y en un

          espacio de tiempo que dependerá de la superficie o características arquitectónicas de los

          inmuebles, pero que nunca superará los treinta minutos.

          Para la determinación de la ubicación y distancia entre los elementos de detección,

          en la elaboración del proyecto de instalación deberá tenerse en cuenta el espacio de

          tiempo al que hace referencia el párrafo anterior.

          La condición de alarma de un primer detector proporcionará una alarma sin

          confirmar. Si a continuación se produce la activación de un segundo detector, el corte de

          la línea o una alarma de sabotaje, dentro del tiempo especificado, se considerará como

          una alarma confirmada. Si ésta segunda condición se hiciera fuera del tiempo previsto,

          será necesario utilizar otros medios para confirmar la alarma.

          1. b) Verificación mediante vídeo o imagen, consistente en la activación del

          sistema de video por cualquier dispositivo de detección, siendo necesario que la cobertura

          de video sea igual o superior a la del dispositivo o dispositivos asociados.

          El proceso de verificación mediante video sólo puede comenzar cuando la señal de

          alarma haya sido visualizada por el operador de seguridad de la central receptora de

          alarmas. Iniciada la verificación, el sistema debe registrar un mínimo de una imagen del

          momento exacto de la alarma y dos imágenes posteriores a ella, en una ventana de

          tiempo de cinco segundos, de forma que permitan identificar la causa que ha originado

          ésta.

          Los sistemas de grabación utilizados para este tipo de verificación no permitirán

          obtener imágenes del lugar supervisado, si previamente no se ha producido una alarma,

          salvo que se cuente con la autorización expresa del usuario o la norma exija una

          grabación permanente.

          1. c) Verificación mediante audio o sonido, consistente en:

          1.º Almacenar, al menos, diez segundos de audio, inmediatamente anteriores

          a la activación de la alarma, listos para ser enviados a la central receptora de alarmas

          cuando ésta lo demande.

          2.º Almacenar audio después de producirse la alarma, al menos hasta que la

          comunicación por audio se establezca entre la central receptora de alarmas y la

          instalación.

          3.º Poder transmitir audio en directo a la central receptora de alarmas si ésta

          lo demanda.

          Cuando el sistema de seguridad se encuentre dividido en subsistemas, deberá ser

          posible transmitir información de audio relevante solo de la parte del sistema que esté

          activado en el momento de la alarma.

          Únicamente será posible que un sistema de seguridad transmita información de

          audio, cuando se produzca la activación del mismo o se realice su mantenimiento,

          contando siempre con el conocimiento y la autorización del usuario final, o cuando la

          norma exija una grabación permanente.

          1. Para considerar válidamente verificada una alarma por estos procedimientos

          técnicos, la verificación deberá ser acorde con lo establecido en el anexo VII.

          Artículo 179. Verificación personal.

          1. El procedimiento de verificación personal consiste en la constatación de la

          alarma recibida, mediante vigilantes de seguridad o, en su caso, guardas rurales,

          desplazados o presentes en el lugar origen de la señal de alarma, al objeto de realizar las

          comprobaciones oportunas, bien limitando la inspección al exterior del inmueble o lugar

          protegido, bien accediendo al interior del mismo, facilitando la información obtenida a la

          central de receptora de alarmas.

          1. En base a la información que la central receptora de alarmas reciba del servicio

          de verificación personal de la alarma, la comunicará como real a las Fuerzas y Cuerpos

          de Seguridad, o concluirá el procedimiento de verificación al considerarla falsa, técnica o,

          en su caso, de sabotaje.

          Artículo 180. Actuaciones complementarias a la verificación.

          1. Como complemento a las operaciones de verificación técnica enumeradas en el

          artículo 178, las centrales receptoras de alarmas deberán llamar a los teléfonos facilitados

          por el titular de la instalación, con el fin de obtener más información adicional que permita

          confirmar, o no, la veracidad de la señal de alarma recibida.

          Cuando se trate de los supuestos contemplados en el artículo 176.5, la llamada

          telefónica a que se refiere el párrafo anterior, únicamente podrá efectuarse en los casos

          en los que se hayan recibido, desde la misma conexión dos o más falsas alarmas.

          1. En los supuestos de llamada telefónica complementaria a los procedimientos

          válidos de verificación, se actuará de la siguiente manera:

          1. a) Si se consigue comunicar con el usuario o personas autorizadas, se

          solicitará de éstos la contraseña establecida y, si es correcta, se le requerirá sobre la

          situación del lugar protegido. Si del resultado de esta gestión se deduce, con claridad, la

          falsedad de la alarma, se interrumpirán el resto de actuaciones de verificación, dando por

          concluido el proceso de tramitación y gestión de alarmas de seguridad. Si, por el

          contrario, no fuese posible determinar la causa que ha producido la alarma, se continuará

          con el proceso de verificación técnica o personal.

          1. b) Cuando la comunicación se realice al teléfono fijo del lugar protegido, y el

          receptor de la llamada no facilitase la contraseña establecida, o facilite la contraseña de

          coacción, se considerará una alarma real, dando aviso a las Fuerzas y Cuerpos de

          Seguridad competentes. Sin embargo, si el teléfono fuese móvil, se actuará en función de

          la información facilitada, bien continuando con la verificación técnica o personal, o bien

          dando por finalizadas las comprobaciones.

          1. En ningún caso, la llamada a los teléfonos fijos o móviles del usuario o titular del

          sistema de seguridad contratado puede sustituir a los procedimientos válidos de

          verificación técnica o personal y menos aún servir, por sí sola, como medio de

          verificación para considerar válidamente confirmada una alarma comunicada a los

          servicios policiales.

          Artículo 181. Comunicación de alarmas.

          1. Las centrales receptoras de alarmas tendrán la obligación de transmitir,

          inmediatamente, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las alarmas reales

          producidas.

          1. Las alarmas confirmadas, , tendrán la consideración de alarma real y deberán

          ser comunicadas, inmediatamente, al servicio policial correspondiente.

          1. En la comunicación de las alarmas se tendrá en cuenta lo siguiente:
          2. a) La transmisión de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las Fuerzas

          y Cuerpos de Seguridad podrá ser objeto de denuncia.

          1. b) La repetición de la comunicación de una alarma no confirmada, que resulte

          falsa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el plazo de sesenta días, procedente de

          una misma conexión, dará lugar a su denuncia.

          1. c) La comunicación, a los servicios policiales competentes, en un plazo de

          sesenta días, de tres o más alarmas confirmadas, procedentes de una misma conexión,

          que resulten falsas, dará lugar al inicio del procedimiento establecido en el artículo 183 y,

          en su caso, a la correspondiente denuncia.

          1. d) La no comunicación de una alarma real, o el retraso injustificado en su

          transmisión, una vez confirmada, al servicio policial correspondiente, será siempre objeto

          de denuncia. . En estos supuestos, la central receptora de alarmas deberá entregar, en un

          plazo de diez días, al servicio policial y al usuario titular del servicio, un informe explicativo

          de las causas motivadoras de la ausencia o retraso de la comunicación de la alarma real

          producida.

          1. e) De las alarmas falsas, confirmadas o no, comunicadas a las Fuerzas y

          Cuerpos de Seguridad, y con objeto de determinar si tal circunstancia ha implicado una

          inadecuada utilización de éstos, el servicio policial correspondiente podrá requerir, de la

          central receptora de alarmas, antes de proceder a su posible denuncia, la remisión, en el

          plazo de diez días, de un informe explicativo de las causas que la originaron y de las

          gestiones realizadas para la verificación de dichas señales de alarma antes de su

          transmisión a dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

          1. De forma excepcional, motivada por razones de seguridad, el servicio policial

          competente en el territorio podrá disponer, durante el plazo que en cada caso se

          determine, que las centrales receptoras de alarmas comuniquen las señales de alarma

          recibidas, sin agotar totalmente los procedimientos válidos de verificación.

          En ningún caso, dichas instrucciones policiales podrán impedir o retrasar la

          obligada comunicación al servicio policial competente de las alarmas que hayan sido

          confirmadas por la central receptora de alarmas.

          1. En la comunicación de las alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la

          central receptora de alarmas deberá especificar:

          1. a) Datos de la central receptora de alarmas y del operador comunicante.
          2. b) Datos exactos del lugar donde se ha producido el hecho.
          3. c) Elementos que se han activado y la ubicación concreta de los mismos.
          4. d) Procedimientos válidos de verificación utilizados. Si se ha hecho por el

          sistema de verificación por imagen o sonido, comunicar de manera detallada los hechos

          observados o los sonidos escuchados.

          1. e) En caso de que se dirija cualquier otra persona responsable con las llavespara acceder al mismo, datos personales, teléfono de contacto y tiempo estimado dellegada.
            1. f) Datos correspondientes al titular y los que le sean requeridos para contactar

            con el mismo.

            1. Cuando el titular de la instalación protegida por el sistema de seguridad de

            alarmas dispusiera de un servicio de respuesta ante alarmas, , la central receptora de

            alarmas deberá comunicar, igualmente, al cuerpo policial correspondiente las

            características, el tipo de servicio, la empresa de seguridad privada, los datos de la

            tarjeta del personal de seguridad privada, el tiempo estimado de llegada y la forma de

            contactar con el mismo.

            1. Durante la intervención policial derivada de la alarma de seguridad comunicada,

            la central receptora de alarmas se mantendrá en contacto permanente con el servicio

            policial correspondiente, al objeto de facilitarle la información que resulte pertinente o le

            vaya siendo requerida.

            A tal fin, deberá estar conectada a las pasarelas tecnológicas que puedan

            establecerse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para permitir la transmisión en

            tiempo real de señales de audio, vídeo u otros datos desde la central receptora a los

            centros de mando y control correspondientes.

            1. Finalizada la intervención policial, se participará a la central receptora de alarmas

            el resultado de la misma en relación con la veracidad o falsedad de la alarma

            comunicada, .

            1. La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de alarmas recibidas

            por particulares en dispositivos móviles personales deberá ser efectuada por las centrales

            receptoras de alarmas prestadoras del servicio.

            Artículo 182. Sistemas de alarmas móviles.

            1. Se entiende por sistemas de alarmas móviles, los dispositivos de seguridad,

            siempre que estén conectados a una central receptora de alarmas, cuya aplicación se

            encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra

            personas o bienes muebles, o a su seguridad, protección o posible localización, o para

            facilitar el cumplimiento, en su caso, de penas o medidas de seguridad.

            1. En relación con el procedimiento de actuación a aplicar, se tendrá en cuenta lo

            siguiente:

            1. a) Cuando se trate de sistemas de alarmas móviles destinados exclusivamente

            a la prevención de actos delictivos, o a la seguridad, protección o localización de

            personas, así como en los casos de cumplimiento de penas o medidas de seguridad o de

            flagrante delito, bastará con la recepción de la alarma, por parte de la central receptora de

            alarmas, para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente.

            Salvo en casos de flagrante delito o cuando los bienes en cuestión se encuentren

            monitorizados y localizados de forma permanente desde la central receptora de alarmas

            para su comunicación al servicio policial competente, la central receptora de alarmas

            procederá a la activación del sistema de localización instalado en el mismo, confirmando

            la realidad de la alarma mediante información contrastada telefónicamente con el titular o

            usuario autorizado.

            1. b) Las centrales receptoras de alarmas facilitarán, al servicio policial actuante,

            la información actualizada y disponible, en cada momento, sobre el estado y localización

            de la persona o bien mueble objeto de la protección.

            1. c) En el supuesto de que la persona objeto de protección cuente, además, con

            un servicio de seguridad privada de protección personal, este extremo, de ser conocido

            por la central receptora de alarmas, deberá participarse al servicio policial actuante, junto

            con el resto de información obligatoria. .

            1. d) Tanto las centrales receptoras de alarmas como los servicios de respuesta

            ante alarmas que sean requeridos para su personación sobre el lugar, así como, en su

            caso, el servicio de seguridad privada de protección personal, deberán sujetarse, en todo,

            a las instrucciones que les impartan los servicios policiales encargados de la actuación.

            Artículo 183. Desconexión por falsas alarmas.

            1. Cuando un sistema de alarmas, conectado a una central receptora de alarmas,

            origine, en el plazo de treinta días, dos o más falsas alarmas, comunicadas a las Fuerzas

            y Cuerpos de Seguridad, la autoridad policial de control competente requerirá a la central

            receptora de alarmas o, en su caso, al titular de los bienes protegidos, para que proceda,

            a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo que no podrá exceder de setenta y dos

            horas, a la subsanación de las deficiencias que dan lugar a las falsas alarmas, pudiendo

            acordar dicha autoridad la suspensión del servicio, ordenando su desconexión o, en su

            caso, la obligación de silenciar las sirenas, por el tiempo que se estime conveniente.

            1. El plazo de suspensión o de desconexión, que podrá tener hasta un año de

            duración, oscilará entre uno, seis y doce meses, en función de que se trate de la primera,

            segunda o tercera propuesta de suspensión o desconexión, a partir de la cual tendrá

            carácter definitivo. Durante el tiempo de suspensión o desconexión, la central receptora

            de alarmas o, en su caso, el usuario, no podrátransmitir ningún aviso a las Fuerzas y

            Cuerpos de Seguridad, procedente de ese sistema.

            1. No se procederá a desconectar el sistema de seguridad cuando su titular

            estuviere obligado a contar con dicha medida de seguridad privada, y al no poder

            desconectarse el sistema, se exigirá que la verificación se realice a través de un servicio

            de verificación personal.

            1. La nueva conexión del sistema llevará aparejada que la central receptora de

            alarmas, en caso de no ser la responsable de la instalación del sistema, exija al cliente la

            presentación de un proyecto de instalación de seguridad, conforme al artículo 161, así

            como el correspondiente certificado del artículo 162.

            SECCIÓN 4.ª TIPOS DE SERVICIOS DE ALARMAS DE SEGURIDAD

            Artículo 184. Servicios de gestión de alarmas de seguridad.

            1. De acuerdo con los artículos 5.1g) y 47.1 de la Ley, los servicios de gestión de

            alarmas de seguridad consistirán en alguna de las siguientes modalidades:

            1. a) Recepción, verificación técnica y, en su caso, transmisión de las señales de

            alarmas, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes, a las Fuerzas y

            Cuerpos de Seguridad competentes.

            1. b) Monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la

            seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas

            impuestas, y comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

            1. Los servicios de gestión de alarmas de seguridad, deberán ser prestados por

            operadores de seguridad o por vigilantes de seguridad.

            Artículo 185. Servicios de respuesta ante alarmas de seguridad.

            1. De acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley, las empresas de seguridad privada

            explotadoras de centrales receptoras de alarmas podrán contratar con los titulares de los

            bienes protegidos y conectados a la central los siguientes servicios de respuesta ante

            alarmas de seguridad :

            1. a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén

            instalados los sistemas de seguridad conectados a la central receptora de alarmas y, en

            su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la señal de alarma técnicamente

            verificada, para su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

            actuantes, o bien la apertura a distancia controlada desde la central receptora de alarmas.

            1. b) El desplazamiento de personal de seguridad privada al lugar de procedencia

            de la alarma, a fin de verificar personalmente la realidad y origen de la alarma producida,

            y no confirmada por procedimientos técnicos, e informar del resultado obtenido a la

            central receptora de alarmas.

            1. c) La facilitación del acceso a los servicios policiales, o de emergencia, cuando

            las circunstancias lo requieran, bien mediante aperturas remotas controladas desde la

            central receptora de alarmas, o con los medios y dispositivos de acceso de que se

            disponga.

            1. Los servicios de respuesta ante alarmas de seguridad, se prestarán,

            exclusivamente, por vigilantes de seguridad o, en su caso, guardas rurales, con o sin

            armas.

            Para los servicios de seguridad a los que se refiere el apartado anterior, las

            empresas de seguridad privada explotadoras de centrales receptoras de alarmas podrán

            disponer de vigilantes de seguridad o, en su caso, guardas rurales, integrados en su

            plantilla, sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de seguridad

            privada de vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar estos servicios con una

            empresa de seguridad privada de esta actividad.

            1. Aquellos servicios de verificación personal de alarmas que lleven implícito su

            inspección interior, deberán ser realizados por, al menos, dos vigilantes de seguridad o,

            en su caso, dos guardas rurales, uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la

            empresa de seguridad. El resto se prestará por, al menos, un vigilante de seguridad o, en

            su caso, un guarda rural, en las mismas condiciones de uniformidad y medios.

            1. Cuando por el número de servicios de custodia de llaves, o por la distancia entre

            los inmuebles o lugares protegidos, resultare conveniente para la empresa de seguridad

            privada y para los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previo conocimiento de

            éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad, o guardas rurales, en

            un automóvil de la empresa de seguridad privada, conectado, permanentemente y de

            forma eficaz, con la central receptora de alarmas. Esta misma operativa también podrá

            realizarse en aquellos lugares que cuenten con un servicio permanente de vigilancia y

            protección.

            En estos supuestos, las llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los

            códigos desconocidos por el personal de seguridad que las porte, y variados

            periódicamente y cada vez que sean utilizadas. También estarán custodiadas en una

            unidad de almacenamiento de seguridad anclada.

            1. En aquellos casos en los que el lugar protegido por el sistema de seguridad de

            alarmas, estuviera situado en una zona muy retirada, que dificultase o retrasase, en gran

            medida, la llegada del personal de seguridad privada encargado de la verificación

            personal de la alarma, de forma excepcional, la custodia de llaves podrá recaer en

            personal de la entidad o empresa protegida, que tenga su domicilio en un lugar cercano a

            la misma.

            1. En todo caso, el personal de seguridad privada designado para la realización de

            servicios de respuesta ante alarmas, deberá llevar un sistema de comunicación

            permanente con la empresa de seguridad privada, de forma que cualquier incidencia en el

            mismo sea conocida, de modo inmediato, por la central receptora de alarmas.

            1. Todos estos servicios de seguridad privada estarán obligatoriamente reflejados

            en los contratos, y aquellos que lleven aparejada la custodia de llaves, deberán estar

            expresamente autorizados por los titulares de las instalaciones, consignándose por escrito

            en el correspondiente contrato de prestación de servicios de seguridad privada.

            1. Las empresas y entidades industriales, comerciales o de servicios, tanto

            privadas como públicas, que estén autorizadas a disponer de central receptora de

            alarmas de uso propio, podrán contratar los mismos servicios con una empresa de

            seguridad privada autorizada para la actividad de seguridad privada de vigilancia y

            protección de bienes.

            Artículo 186. Servicios de respuesta con armas.

            1. Los servicios de seguridad privada de verificación personal de alarmas de

            seguridad, podrán realizarse portando armas de fuego, cuando su prestación suponga,

            racionalmente, un riesgo para la vida o la integridad física del personal de seguridad

            privada que los presta, o en función de criterios objetivos de nocturnidad, aislamiento o de

            análoga naturaleza.

            Corresponderá al jefe de seguridad de la empresa de seguridad prestadora del

            servicio, o, en su caso, al director de seguridad de la empresa o entidad protegida,

            realizar la solicitud de autorización del servicio armado.

            1. Los vehículos de la empresa de seguridad privada utilizados para la prestación

            de los servicios de seguridad privada de verificación personal con armas deberán

            disponer de un armero que cumpla los requisitos establecidos en la normativa en materia

            de armas y en el título I del anexo IV.

            En cualquier caso, y durante el tiempo de prestación del servicio, mientras no se

            active el servicio de seguridad privada de verificación personal con armas, éstas deberán

            permanecer depositadas en el armero del vehículo.

            CAPÍTULO IX

            Servicios de seguridad privada de investigación privada

            Artículo 187. Prohibiciones y limitaciones.

            1. De acuerdo con el artículo 37.4 de la Ley, , cuando en el curso de una

            investigación de su ámbito material de competencia, llegase a conocimiento del despacho

            de detectives privados o del detective privado encargado de la misma la posible comisión

            de un delito perseguible de oficio, el detective privado que lo haya descubierto, o el

            despacho de detectives privados, una vez comunicados los hechos y puesto a

            disposición de las autoridades judiciales o policiales todo el material probatorio, quedarán

            sujetos a las instrucciones o indicaciones que les dirijan los órganos policiales o judiciales

            competentes.

            1. De acuerdo con el artículo 48. 3 y 4 de la Ley, en la prestación de los servicios

            de investigación privada, los detectives privados no podrán auxiliarse, para su labor, de

            medios personales, materiales o técnicos, siempre que la utilización de los mismos o su

            forma de empleo atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la

            propia imagen, al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.

            1. La utilización de cámaras de videograbación en los servicios de investigación

            privada por parte de los detectives privados no tendrá la consideración de servicio de

            videovigilancia regulado en el artículo 129.

            Artículo 188. Informe de investigación.

            1. De acuerdo con el artículo 49.1 de la Ley, los detectives privados encargados

            del asunto elaborarán y facilitarán, al despacho de detectives privados contratado, los

            partes o notas de investigación que hayan realizado, aportando los documentos,

            grabaciones de audio o de video, fotografías o cualquier otro elemento relacionado con la

            investigación.

            1. El informe se confeccionará por escrito, en formato papel o electrónico, en el

            plazo de un mes, a contar desde la fecha en que hubiesen finalizado las investigaciones

            correspondientes al asunto o encargo objeto de contratación y deberá ajustarse al

            siguiente contenido:

            1. a) Número de registro asignado al servicio o servicios de investigación privada

            que se correspondan con el contrato de que se trate.

            1. b) Nombres, apellidos y documentación personal de identidad del cliente que

            encarga y contrata el servicio o servicios de investigación. Cuando el contratante actuara

            en nombre y representación de una persona física, deberá hacerse constar los datos

            personales de ésta; y cuando lo haga en representación de una persona jurídica, deberá

            hacerse constar, además, la razón social de ésta y su número o código de identificación

            fiscal.

            1. c) Objeto de la contratación, con especificación de la finalidad de la misma y de

            las razones que la motivan.

            1. d) Actuaciones realizadas y desarrollo de las investigaciones.
            2. e) Resultados que se hubieran obtenido en relación con el objeto de la

            contratación. No se incluirá aquella información o datos que no hayan sido requeridos por

            los clientes en relación con los encargos objeto de investigación o que no guarden

            relación con su finalidad o motivación, o con el interés legítimo alegado para la

            contratación.

            1. f) Número de habilitación del detective o detectives privados intervinientes en

            la prestación del servicio o servicios objeto de contratación, tanto por lo que respecta a los

            que estuvieran integrados en el propio despacho de detectives privados contratado como

            aquellos otros que lo estuvieran en otro u otros despachos cesionarios o subcontratados.

            1. g) Medios de investigación empleados para la obtención de información y

            aportación de pruebas sobre las conductas y hechos privados relacionados con los

            aspectos a que se refiere el artículo 48.1 de la Ley.

            1. h) Detalles de anexos documentales, fotográficos, audiovisuales u otros que

            sirvan de soporte al informe, susceptibles de utilización como material probatorio.

            1. i) Firmas del detective o detectives privados que elaboraron el informe y las del

            representante legal o titular o titulares de los despachos de detectives privados.

            1. El informe evacuado, después de su entrega al cliente, podrá ser objeto de

            ampliación, rectificación o aclaración, en su totalidad o parcialmente, cuando concurran

            circunstancias objetivas y relevantes que así lo aconsejen, o se hubiera tenido

            conocimiento con posterioridad de hechos determinantes para la investigación que de

            haberse sabido antes se hubieran incluido en el informe, o apreciado errores o

            deficiencias trascendentes en su confección, o a instancia del propio cliente. En cualquier

            caso, se dará cuenta de ello al cliente y, en su caso, a los órganos judiciales y policiales

            interesados.

            1. Los despachos de detectives privados podrán evacuar o emitir informes

            preliminares o parciales con el fin de fijar los puntos de partida de las actuaciones a

            practicar o dar cuenta de los avances de la investigación a sus clientes, así como facilitar

            a éstos notas aclaratorias o extractos de los mismos.

            Igualmente podrán emitir, a solicitud del cliente, ampliaciones al informe de

            investigación, o extractos del mismo, respecto de aspectos puntuales de la investigación,

            cuando la relevancia de los hechos se conozca con posterioridad a la confección del

            informe inicial.

            Este tipo de informes deberán constar en el expediente de contratación junto al

            informe de investigación.

            1. Los informes de investigación deberán incorporar, obligatoriamente, al inicio o al

            final de su redacción, el siguiente literal:

            La ratificación de este informe de investigación ante los órganos judiciales o

            policiales competentes se realizará mediante la exhibición de la correspondiente tarjeta de

            identidad profesional, expedida por el Ministerio del Interior, como único documento

            público que acredita la habilitación profesional de su titular como detective privado”.

            Artículo 189. Carácter reservado de las investigaciones y deber de colaboración.

            1. De acuerdo con los artículos 49.5 y 50 de la Ley, , los despachos de detectives

            privados aportarán copia del informe de investigación o de las imágenes y sonidos o de

            otros documentos obrantes en el expediente de contratación o investigación, cuando les

            sea requerida por los órganos judiciales o las dependencias policiales.

            1. Los requerimientos que efectúen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se

            realizarán ante el despacho de detectives privados interviniente en el asunto investigado,

            bien directamente por la unidad policial actuante, o a través de las unidades policiales

            competentes en materia de seguridad privada.

            Cuando el requerimiento verse sobre el control de cuestiones del ámbito

            administrativo, éste se realizará por medio de las unidades de seguridad privada de la

            Policía Nacional o, en su caso, de la policía autonómica.

            En los casos contemplados en este apartado, en el requerimiento que se dirija al

            despacho de detectives privados afectado se hará constar los datos concretos cuyo

            acceso se requiere, y que deberán estar directamente relacionados con los hechos

            investigados policialmente.

            1. Los despachos de detectives privados y los detectives privados, en ningún caso

            podrán oponer el deber de reserva frente al deber de denuncia de hechos delictivos

            conocidos en el ejercicio de su actividad profesional.

            TÍTULO VII Medidas de seguridad privada

            CAPÍTULO I Disposiciones comunes

            Artículo 190. Naturaleza y finalidad.

            1. Las medidas de seguridad privada, adoptadas voluntaria u obligatoriamente por

            personas, entidades u organizaciones, tienen una naturaleza preventiva frente a actos

            deliberados o ante peligros o riesgos derivados de la propia actividad para evitarlos o

            aminorarlos y permitir su normal desarrollo y continuidad.

            1. Los usuarios que voluntariamente adopten medidas de seguridad privada, así

            como los que adopten medidas de seguridad privada adicionales a las que resulten

            obligatorias, no estarán sujetos a su mantenimiento permanente, pudiendo modificarlas o

            anularlas por decisión propia, comunicándolo a los órganos de control a los que se

            hubiera participado su adopción.

            Quedarán sometidos a lo establecido en este reglamento, los usuarios que, sin

            estar obligados, adopten voluntariamente medidas de seguridad privada, así como

            quienes adopten medidas de seguridad privada adicionales a las obligatorias.

            1. Las medidas de seguridad privada adoptadas obligatoriamente deben ser

            mantenidas permanentemente por el sujeto obligado a su adopción, sin que pueda

            modificarlas o anularlas sin conocimiento y, en su caso, aprobación previa del órgano de

            control competente,

            1. Las obras que resulte preciso efectuar en las entidades, empresas,

            establecimientos o instalaciones, para la adopción de las medidas de seguridad privada

            obligatorias, serán comunicadas, en su caso, al arrendador, si bien éste no podrá

            oponerse a ellas, salvo que provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad del

            edificio o afecten a sus características de bien cultural. Al concluir el contrato, el

            arrendador podrá optar entre exigir al arrendatario que reponga las cosas al estado

            anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar

            indemnización alguna.

            Artículo 191. Medidas impuestas reglamentariamente.

            De acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley, con la finalidad de prevenir la comisión

            de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser

            especialmente vulnerables, los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales

            y de servicios y los eventos relacionados en el capítulo II de este título, resultarán

            obligados a adoptar las medidas de seguridad privada que se detallan en el mismo.

            Artículo 192. Medidas impuestas por las autoridades.

            1. De acuerdo con el artículo 51.3 de la Ley, , para la protección de la seguridad

            ciudadana, y al objeto de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por

            generar riesgos para terceros o ser especialmente vulnerables, el Ministerio del Interior, a

            través de la Secretaría de Estado de Seguridad, para supuestos supracomunitarios, o de

            los Delegados o Subdelegados del Gobierno, o, en su caso, el órgano autonómico

            competente, podrán ordenar a los titulares de determinadas actividades o instalaciones u

            organizadores de eventos privados en los que se requiera una especial protección, que

            adopten las medidas de seguridad privada que se establecen en el Capítulo VIII del Título

            II del anexo IV.

            1. Cuando esta circunstancia se produzca en empresas, entidades, órganos u

            organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado, o de la

            administración autonómica o local, o en eventos organizados por las mismas, los

            Delegados o Subdelegados del Gobierno elevarán al Ministro del Interior, a través de la

            Secretaría de Estado de Seguridad, la correspondiente propuesta para que, previo

            acuerdo con el Ministerio o Administración de los que dependan las instalaciones o

            locales necesitados de protección, dicte la resolución procedente.

            1. El órgano competente para la imposición de medidas de seguridad privada

            formulará la propuesta y, previa audiencia del titular u organizador, resolverá

            motivadamente.

            En la resolución en la que se impongan las medidas de seguridad privada, que

            obligatoriamente hayan de ser adoptadas, se determinará el tipo y las características de

            aquéllas, así como el plazo de cumplimiento y la duración de las mismas.

            Artículo 193. Características de las medidas de seguridad privada.

            1. De acuerdo con el artículo 52.2 de la Ley, las características, elementos y

            finalidades de las medidas de seguridad privada, además de con las especificaciones

            determinadas, en su caso, en el anexo IV, contarán con la evaluación de conformidad

            realizada por un organismo de control acreditado por una entidad nacional de acreditación

            en base a la norma técnica de normalización y certificación que resulte de aplicación,

            garantizándose mediante la emisión del correspondiente certificado.

            1. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley, se

            entenderá por vida útil la duración que un elemento o medida de seguridad privada pueda

            tener cumpliendo satisfactoriamente la finalidad para la que fueron instalados o

            adoptadas. Cuando se trate de productos certificados, el fin de su vida útil se producirá

            cuando dejen de cumplir las características que dieron lugar, en su momento, a su

            certificación.

            1. Cuando un sistema de seguridad privada necesite utilizar componentes que en el

            momento de su instalación no estén disponibles en el mercado, se permitirá la instalación

            de otros de características similares, aunque no dispongan de la oportuna certificación,

            siempre que tales elementos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo.

            La permanencia de tales elementos en el sistema de seguridad afectado estará

            condicionada a la posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su

            disponibilidad en el mercado. En este caso, se deberá contar , con posterioridad, del

            pertinente certificado emitido por un organismo acreditado para ello en la Unión Europea,

            en el Espacio Económico Europeo o en cualquier tercer país con el que la Unión Europea

            tenga un Acuerdo de Asociación, y exhibirse en caso de ser requerido.

            1. Las empresas de seguridad privada de instalación y mantenimiento, y los

            titulares de los sistemas de seguridad privada, independientemente de su conexión, o no,

            a central receptora de alarmas, o a centro de control o de videovigilancia, cuidarán y

            serán responsables de que los medios materiales o técnicos, aparatos de alarmas o

            demás elementos o dispositivos del sistema de seguridad que instalen o mantengan o

            utilicen, no ocasionen, en su funcionamiento, daños a las personas, molestias a terceros o

            perjuicios a los intereses generales.

            Artículo 194. Exigibilidad de las normas técnicas de normalización y certificación.

            1. Las normas técnicas de normalización y certificación que contengan

            especificaciones técnicas para una actividad o producto resultarán de obligado

            cumplimiento cuando así se establezca en el anexo VII.

            La modificación o aprobación de cualquier nueva norma de las que resulten

            obligatorias, será suficiente para su aplicación inmediata, desde el momento de su

            publicación por el organismo competente para ello, afectando, exclusivamente, a las

            nuevas instalaciones o reformas realizadas con posterioridad, si bien su exigibilidad no

            podrá ser inferior a los treinta meses posteriores a su fecha de publicación.

            1. Desde la fecha de publicación de la modificación o aprobación de cualquier

            norma, hasta la fecha de su exigibilidad, será admisible la instalación y uso de los

            productos existentes y fabricados conforme a la anterior normativa, sin que requieran de

            su posterior adaptación a la nueva norma.

            La adaptación de los sistemas de seguridad instalados con anterioridad a la

            entrada en vigor de las nuevas normas, así como las nuevas instalaciones o reformas de

            los sistemas de seguridad, se realizarán de conformidad con las normas vigentes en cada

            momento, sin que requieran de adaptación ulterior a otras nuevas, siempre y cuando el

            sistema se mantenga en estado operativo y sirva a la funcionalidad para la que fue

            instalado.

            Artículo 195. Exenciones de medidas de seguridad privada.

            1. De acuerdo con el artículo 51.6 de la Ley, podrá eximirse de la implantación de

            medidas de seguridad privada obligatorias, total o parcialmente, previa solicitud del titular

            responsable de su adopción o, en su caso, del director de seguridad del departamento de

            seguridad de la empresa, entidad u organización sujeta a su cumplimiento, cuando las

            circunstancias que concurran en el caso concreto, debidamente acreditadas, las hicieren

            innecesarias o improcedentes.

            1. Las autoridades competentes para la exención de medidas de seguridad privada

            obligatorias, en los supuestos contemplados en el artículo 51.2 de la Ley, son el Delegado

            o Subdelegado del Gobierno y el Director General de la Policía, para supuestos

            supracomunitarios, o, en su caso, el órgano autonómico competente, pudiendo señalar,

            en su caso, medidas alternativas o sustitutorias de las obligatorias que resulten

            dispensadas.

            En los supuestos contemplados en el artículo 51.3 de la Ley, resultarán

            competentes las mismas autoridades señaladas en el párrafo anterior, excepto cuando

            afecten a más de una comunidad autónoma o se trate de órganos u organismos públicos,

            que corresponderá al Secretario de Estado de Seguridad.

            Artículo 196. Apertura, traslado o reforma de establecimientos obligados.

            1. Cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento obligado a

            disponer de medidas de seguridad privada, el titular del mismo remitirá la correspondiente

            solicitud de autorización a la Dirección General de la Policía, para supuestos

            supracomunitarios, o a la Delegación o Subdelegación del Gobierno, o al órgano

            autonómico competente, quienes resolverán lo procedente.

            1. Cuando se trate de la reforma de un establecimiento, que implique la adopción o

            modificación de medidas de seguridad privada obligatorias, bastará la comunicación

            previa a las dependencias policiales de seguridad privada competentes.

            1. Cuando el establecimiento obligado que pretenda la apertura, traslado o reforma

            cuente con director de seguridad, éste podrá proceder a la validación provisional de las

            medidas o sistemas de seguridad privada obligatorias adoptadas, de acuerdo con el

            artículo 36.1e) de la Ley. Cuando el establecimiento obligado no disponga de director de

            seguridad, la validación provisional de los sistemas de seguridad privada podrá ser

            realizada por el jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada instaladora, de

            acuerdo con el artículo 35.1c) de la Ley.

            En estos supuestos, y hasta la comprobación, en su caso, por parte de los servicios

            policiales competentes, el establecimiento obligado de que se trate podrá iniciar sus

            actividades y permanecer abierto y en funcionamiento.

            1. Las previsiones contenidas en el presente artículo serán también aplicables a los

            cajeros automáticos desplazados que no formen parte de la instalación de una oficina

            bancaria.

            Artículo 197. Mantenimiento de las medidas de seguridad privada.

            1. Los sujetos obligados dispondrán la revisión y puesta a punto de las medidas de

            seguridad privada, con la periodicidad y forma establecidas en el artículo 164, por

            personal especializado de empresas de seguridad privada, o propio, si dispone de

            medios adecuados.

            1. Las revisiones y puestas a punto que se realicen, se anotarán en el Libro-

            Registro de Instalaciones y Revisiones previsto en el artículo 206.2a).

            1. Para las medidas de seguridad privada no sometidas a revisiones periódicas, los

            sujetos obligados dispondrán lo necesario en orden a conseguir la finalidad de cada una

            de ellas, a través de inspecciones, auditorías, ensayos o simulacros, de cuya realización y

            resultado dejarán constancia documental.

            CAPÍTULO II Sujetos obligados

            Artículo 198. Clasificación.

            1. De acuerdo con los artículos 51.2, 5 y 7 de la Ley, y 26 de la Ley Orgánica

            4/2015, de 30 de marzo, están obligados a adoptar medidas de seguridad privada los

            siguientes sujetos:

            1. a) Los operadores críticos, que se regirán por lo establecido en la Ley 8/2011, de 28

            de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras

            críticas.

            1. b) Los titulares de establecimientos o instalaciones que precisen una especial

            protección y no hayan sido declarados operadores críticos por la normativa de

            protección de infraestructuras críticas.

            1. c) Los organizadores de eventos de cualquier naturaleza en los que se supere el

            aforo determinado en cada caso.

            1. Además de los sujetos contemplados en el apartado anterior, integran el

            catálogo establecido en el artículo siguiente, las empresas de seguridad privada y los

            despachos de detectives privados, de acuerdo con los artículos 19.1c), 24.2h) y 51.4 de

            la Ley, así como los titulares de centrales receptoras de alarmas de uso propio y de

            centros de control o de videovigilancia, de acuerdo con los artículos 202 y 203.

            Artículo 199. Catálogo de sujetos obligados.

            1. el catálogo de sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad privada

            incluirá a los siguientes sujetos contemplados en los respectivos sectores:

            1. a) Sector seguridad:

            1º. Empresas de seguridad.

            2º. Despachos de detectives.

            3º. Empresas de seguridad informática.

            1. b) Sector financiero:

            1º. Entidades bancarias, financieras o de crédito.

            2º. Oficinas o sucursales de entidades bancarias, financieras o de crédito, en las

            que se manejen o custodien fondos en efectivo.

            3º. Cajeros automáticos desplazados.

            4º. Bancos móviles.

            5º. Módulos transportables.

            6º. Oficinas de cambio de divisas.

            1. c) Sector joyería:

            1º. Establecimientos de joyería, platería y relojería, donde se comercialicen,

            depositen o exhiban objetos fabricados con metales o piedras preciosas.

            2º. Instalaciones de industrias, talleres y fundiciones, donde se fabriquen,

            depositen o exhiban, objetos elaborados con metales o piedras preciosas.

            3º. Locales de compra-venta de objetos fabricados con metales o piedras

            preciosas.

            4º. Personas o entidades que pretendan exhibir, exponer o subastar públicamente

            objetos de joyería, platería o relojería, en espacios o lugares no dedicados

            habitualmente a estas actividades, cuando el valor de los mismos supere, en

            conjunto, la cantidad fijada en el anexo IV.

            5º. Representantes comerciales de joyería, cuando el valor de las joyas u objetos

            preciosos, o sus reproducciones, que porten, como muestrarios, no exceda, en

            conjunto, de la cantidad fijada en el anexo IV.

            1. d) Sector cultura:

            1º. Museos donde se expongan o depositen obras de arte o bienes de interés

            artístico cultural, cuyo valor exceda de la cantidad fijada en el anexo IV, o que

            formen parte del Patrimonio Histórico Artístico.

            2º. Galerías de arte, tiendas de antigüedades y establecimientos que se dediquen a

            la exhibición o venta de obras de artes u objetos valiosos, cuando el valor de los

            mismos supere, en conjunto, la cantidad fijada en el anexo IV.

            3º. Personas o entidades que pretendan exhibir, exponer o subastar públicamente

            antigüedades u obras de arte, en locales o establecimientos no dedicados

            habitualmente a estas actividades, cuando el valor de los mismos supere, en

            conjunto, la cantidad fijada en el anexo IV.

            1. e) Sector juego:

            1º. Casinos.

            2º. Salas de bingo, cuyo aforo sea superior al establecido en el Anexo IV.

            3º. Salones de juego que superen el número de máquinas de juego establecido en

            el Anexo IV.

            4º. Administraciones de lotería y establecimientos de apuestas.

            1. f) Sector comercio:

            1º. Gasolineras o estaciones de servicio y unidades de suministro de carburantes y

            combustibles, en las que se realicen pagos o cobros en efectivo.

            2º. Grandes centros y superficies comerciales.

            3º. Complejos o parques recreativos y zonas o centros de ocio.

            4º. Establecimientos en los que se comercialicen, almacenen, distribuyan, exhiban,

            expongan, subasten o vendan bienes cuyo valor supere, en su conjunto, la

            cantidad fijada en el anexo IV.

            5º. Establecimientos de alquiler de compartimentos de seguridad.

            6º. Establecimientos abiertos al público de venta de terminales de telefonía

            móvil.

            1. g) Sector sanitario:

            1º. Los centros hospitalarios, conforme a los criterios establecidos en el anexo IV.

            2º. Oficinas de farmacia.

            1. h) Sector de eventos y espectáculos públicos:

            1º. Los organizadores de eventos o espectáculos públicos, conforme a los criterios

            establecidos en el anexo IV.

            2º. Los clubs de las ligas profesionales de primera división de futbol y baloncesto.

            1. Por cada uno de estos sujetos obligados, el Ministerio del Interior elaborará una

            matriz de riesgos para valorar los que inciden en su seguridad y establecer el umbral a

            partir del cual los diferentes titulares estarán obligados a adoptar medidas de seguridad

            privada, concretándolas en función de los riesgos soportados.

            1. En tanto no se disponga de las correspondientes matrices de riesgos, el tipo y

            características de las medidas de seguridad privada que deban implantar en cada caso

            los sujetos obligados referidos en el apartado 1, así como los criterios para la

            determinación de los mismos, serán los dispuestos en el anexo IV.

            1. Las medidas de seguridad privada obligatorias señaladas en cada caso

            resultarán compatibles y acumulativas para el supuesto de que un mismo sujeto pueda

            ser encuadrable en varias categorías del catálogo de sujetos obligados, sin que ello

            implique la necesidad de proceder a la duplicación de cada medida de seguridad privada

            asignada.

            1. Las medidas de seguridad privada implantadas serán examinadas por una

            entidad externa debidamente acreditada, de acuerdo con los artículos 238 y 239. Los

            informes de auditoría serán custodiados por los titulares a disposición de las Fuerzas y

            Cuerpos de Seguridad competentes para la inspección de las medidas de seguridad

            privada.

            Artículo 200. Operadores estratégicos.

            1. Los operadores estratégicos, definidos en el artículo 66.1, que no tengan la

            consideración de críticos en virtud de la normativa sobre protección de infraestructuras

            críticas, ni estén incluidos en el catálogo de sujetos obligados del artículo 199.1, podrán

            ser requeridos por las autoridades competentes previstas en el artículo 5.1 de este

            reglamento, párrafos a) y d), para constituir, de acuerdo con el artículo 51.3 de la Ley,

            como medida de seguridad privada obligatoria, el correspondiente departamento de

            seguridad, cuando concurra la circunstancia prevista en el artículo 198.1.a).

            1. El director de seguridad titular del departamento de seguridad, deberá elaborar

            un Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 205.

            Artículo 201. Organizadores de eventos.

            1. De acuerdo con el artículo 51.5 y 7 de la Ley, a los efectos de aplicación de lo

            dispuesto en este reglamento, se entiende por:

            1. a) Promotor: la persona física o jurídica, con o sin ánimo de lucro, que, con carácter

            ocasional o habitual, tiene el interés inicial en la organización de un evento.

            1. b) Productor: la persona física o jurídica contratada, en su caso, por el promotor

            para la organización general del evento. Corresponde al productor la responsabilidad de

            disponer las medidas de seguridad privada necesarias para su correcto desarrollo. Si no

            existiese, esta responsabilidad corresponderá al promotor.

            1. c) Habitualidad en la organización: la celebración de dos o más eventos de

            cualquier naturaleza en el plazo de un año.

            1. Cuando el promotor sea organizador habitual, deberá contar con un director de

            seguridad que desempeñará sus funciones de seguridad privada integrado en la plantilla

            de la empresa o ligado a ella por un contrato de servicios.

            Si la empresa productora no fuera organizador habitual y resultara sujeto obligado,

            no será necesario que el director de seguridad esté integrado en la plantilla de la

            empresa.3. Por cada evento que se organice superando los aforos determinados en este

            reglamento, el promotor deberá disponer la elaboración de un Plan Integral de Seguridad

            en el que se reflejen las medidas de seguridad privada a adoptar, con independencia de

            otros planes que puedan exigirse por la normativa sectorial específica.

            La elaboración de este plan corresponde al director de seguridad, que será

            responsable de la adecuación de las medidas a los riesgos, y deberá presentarlo a la

            Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, o, en su caso, ante la

            autoridad autonómica competente, con quince días de antelación a la celebración del

            evento. Antes de su aprobación, las autoridades reseñadas podrán pedir informe al

            cuerpo policial responsable en materia de seguridad ciudadana.

            1. La celebración de un evento estará condicionada a la aprobación del Plan

            Integral de Seguridad, que incluirá, al menos, lo previsto en el artículo 205.3 b) y f), y a la

            efectiva implantación de las medidas de seguridad privada establecidas en el mismo. En

            todo caso, las Fuerzas de Seguridad podrán ordenar la suspensión del evento, en

            cualquier momento de su celebración, si las medidas de seguridad privada implantadas

            no se ajustan a las aprobadas y existiese riesgo para la seguridad de los asistentes.

            CAPÍTULO III Disposiciones específicas

            Artículo 202. Centrales receptoras de alarmas de uso propio.

            1. De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley, las centrales receptoras de alarmas de

            uso propio también podrán proteger bienes o derechos que, formando parte de su

            patrimonio, sean gestionados por terceros.2. Las entidades públicas o privadas que

            deseen disponer de centrales receptoras de alarmas de uso propio deberán constituir

            previamente un departamento de seguridad con las formalidades requeridas en el artículo

            204.

            1. El procedimiento de autorización se iniciará a instancia de la entidad interesada,

            mediante la presentación de una solicitud dirigida al órgano de la Dirección General de la

            Policía que determine su estructura orgánica y funcional, o, en su caso, al órgano

            autonómico que resulte competente. Dicha solicitud irá acompañada de la documentación

            acreditativa del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el título IV del anexo I.

            1. Obtenida la autorización preceptiva, se procederá, de oficio, a la inscripción de la

            central receptora de alarmas de uso propio en el Registro Nacional de Seguridad Privada,

            cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas.

            1. Los requisitos exigidos para la autorización e inscripción de las centrales

            receptoras de alarmas de uso propio deberán mantenerse durante todo el tiempo de

            vigencia de la autorización.

            1. Su autorización y correspondiente inscripción en el registro se extinguirá y

            cancelará por las siguientes causas:

            1. a) A petición propia.
            2. b) Por pérdida de alguno de los requisitos exigidos.
            3. c) Por cumplimiento de la sanción de cancelación.

            147

            1. A las centrales receptoras de alarmas de uso propio les será de aplicación el

            régimen general establecido en el capítulo IX del título II del anexo I para las centrales

            receptoras de alarmas de las empresas de seguridad privada, salvo en lo relativo a la

            adscripción de personal de seguridad privada para la prestación de los servicios de

            seguridad privada de respuesta ante alarmas, que deberán contratarse y prestarse por

            empresas de seguridad privada autorizadas para la actividad de seguridad privada de

            vigilancia y protección de personas y bienes o de explotación de centrales receptoras de

            alarmas.

            Los operadores de seguridad, encargados de la gestión de las alarmas, podrán

            pertenecer a la plantilla, o estar ligados a la empresa en cualquier otra fórmula admitida

            en derecho, de la entidad titular de la central receptora de alarmas de uso propio o a la de

            una empresa de seguridad privada autorizada para esta actividad de seguridad privada.

            1. La responsabilidad sobre la actividad operativa de la central receptora de

            alarmas de uso propio recaerá en el director de seguridad de la entidad titular de la

            misma.

            Artículo 203. Centros de control o de videovigilancia.

            1. Tendrán la consideración de centros de control o de videovigilancia, aquellas

            instalaciones de seguridad dispuestas en el marco de un dispositivo de vigilancia y

            protección, donde se centralicen los sistemas de seguridad que afecten a uno o varios

            usuarios simultáneamente, ubicados en el mismo o diferente emplazamiento, destinados

            a prevenir infracciones y evitar daños contra las personas o bienes objeto de protección, o

            impedir accesos no autorizados.

            La conexión de alarmas de seguridad a estos centros necesariamente implicará la

            existencia de un contrato con una empresa de seguridad privada autorizada para la

            actividad de seguridad privada de explotación de centrales receptoras de alarmas.

            1. Desde estos centros se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
            2. a) Centralizar, desde la propia instalación protegida, las señales de los sistemas de

            videovigilancia, u otros sistemas de seguridad comunes a un edificio, instalación,

            establecimiento o complejo, incluidos polígonos y urbanizaciones u otros lugares de

            similar naturaleza.

            En el supuesto de que en un mismo complejo presten servicio a diferentes usuarios

            varias empresas de seguridad privada, siempre que se mantengan los contratos previos,

            podrán también derivarse, a dichos centros, las señales de los sistemas de seguridad y

            vigilancia, de los que pueda disponer cada titular o empresa prestadora.

            1. b) Supervisar, de forma centralizada, los servicios y sistemas de seguridad que

            preste u opere una empresa de seguridad privada en más de un edificio, inmueble, o

            instalación con la finalidad de coordinar y dirigir los servicios de vigilancia, videovigilancia,

            alarmas o cualquier servicio de seguridad derivado de las actividades de seguridad

            privada para las que la empresa de seguridad privada se encuentre autorizada, así como

            los correspondientes a actividades compatibles. Estos centros se ubicarán en la sede de

            la empresa de seguridad privada o en sus delegaciones.

            Esta misma supervisión de sus diferentes instalaciones podrá hacerse por las

            empresas industriales, comerciales o de servicios, bajo la dirección de su departamento

            de seguridad,

            1. c) Cualquier otra que permita una mejor coordinación y explotación de los sistemas

            de seguridad y videovigilancia que puedan afectar a uno o varios usuarios

            simultáneamente, ubicados en el mismo o diferente emplazamiento.

            1. Estos centros deberán estar atendidos por personal de seguridad privada,

            pudiendo estar acompañados por operadores de seguridad, en su caso. Cuando coincida

            personal de seguridad privada con personal acreditado, u otro tipo de personal, éste no

            podrá realizar función alguna de seguridad privada de las reservadas a aquéllos.

            1. Cuando estos centros sean de empresas de seguridad privada y se encuentren

            fuera de sus dependencias operativas, los locales donde se ubiquen las instalaciones

            deberán encontrarse cerrados, fuera de la vista del público, y dotados de las medidas de

            seguridad privada establecidas en el anexo IV.

            1. La puesta en funcionamiento de estos centros requerirá la correspondientecomunicación previa al órgano de control competente.
              1. La instalación y mantenimiento de estos centros deberá ser realizada por

              empresas de seguridad privada inscritas para dicha actividad de seguridad privada en el

              registro correspondiente.

              1. En ningún caso, desde los centros de control o de videovigilancia se podrá

              desarrollar la actividad de las centrales receptoras de alarmas, salvo que éstas formen

              parte del propio centro.

              Artículo 204. Departamentos de seguridad.

              1. El departamento de seguridad es la principal medida de seguridad privada

              organizativa, sobre la que se asientan las demás medidas de seguridad privada.

              1. Los departamentos de seguridad pueden ser de dos tipos:
              2. a) Obligatorios, en base a alguna de las siguientes razones:

              1º. Cuando así lo exija este reglamento, o se prevea en una disposición

              especial.

              2º Cuando así se acuerde por resolución de la autoridad competente, de

              acuerdo con el artículo 191.

              1. b) Facultativos, creados por decisión voluntaria de las organizaciones, entidades o

              empresas.

              1. El departamento de seguridad tiene por función auxiliar al director de seguridad

              de la organización en el desarrollo de las funciones que le atribuye el artículo 36.1 de la

              Ley.

              1. La creación y extinción de departamentos de seguridad, sean obligatorios o

              facultativos, deberá ser comunicada, en todo caso, en un plazo máximo de quince días, al

              órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y

              funcional, o, en su caso, al órgano autonómico competente, y se inscribirá en el registro

              correspondiente.

              1. No podrá existir departamento de seguridad sin disponer de director de

              seguridad habilitado al frente del mismo.

              Artículo 205. Planes de seguridad.

              1. La planificación de seguridad, es la principal herramienta de prevención,

              protección y respuesta de seguridad, destinada a realizar las previsiones oportunas sobre

              posibles riesgos y amenazas y la forma de atajarlos, disminuirlos o eliminarlos, mediante

              la programación detallada del conjunto de acciones a realizar y de los medios disponibles

              para alcanzar el objetivo de seguridad fijado.

              1. Los planes de seguridad que inciden en el ámbito de la seguridad privada,

              podrán ser de tres clases:

              1. a) Los planes derivados del sistema de protección de las infraestructuras críticas,

              especialmente los Planes de Protección Específicos y los Planes de Seguridad del

              Operador, que se regirán por la normativa sobre protección de infraestructuras críticas.

              1. b) Los planes de autoprotección, de riesgos laborales y sobre otros riesgos

              específicos, que se regirán por la legislación sectorial aplicable en cada caso.

              1. c) Los planes de seguridad privada, que podrán ser planes específicos de

              seguridad para eventos o acontecimientos concretos, o planes de seguridad corporativa,

              destinados a proteger el normal desarrollo de las actividades empresariales.

              1. La función de planificación atribuida a los directores de seguridad en el artículo

              36.1c) de la Ley, se concreta en la elaboración y actualización permanente del Plan

              Integral de Seguridad de la empresa o entidad en la que preste sus servicios, en el que se

              integrarán, al menos, los siguientes aspectos y planes:

              1. a) Marco estratégico o política de seguridad en su organización o empresa. Dicho

              documento recogerá los principios y valores de la función de seguridad y la forma en que

              dicha función se implementa en términos de organización y metodología.

              1. b) Planificación de acciones tendentes a prevenir y detectar la corrupción, el

              blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

              1. c) Planes de seguridad específicos en función de las características y naturaleza de

              la empresa (infraestructuras críticas, materias clasificadas, continuidad de negocio,

              riesgos específicos u otros) o cuando lo requiera la normativa sectorial.

              1. d) Planes de formación y divulgación interna en materia de seguridad.
              2. e) Planes de autoprotección y emergencias de instalaciones.
              3. f) Cualquier otro que contribuya a prevenir, proteger y reducir la manifestación de

              riesgos de cualquier naturaleza o a la prevención de cualquier tipo de infracción.

              1. En la elaboración del Plan Integral de Seguridad se estará a lo dispuesto en el

              capítulo IV del título I del anexo IV.

              TÍTULO VIII Disposiciones complementarias

              CAPÍTULO I Aspectos documentales

              Artículo 206. Custodia de documentos.

              1. La documentación relativa a procedimientos administrativos o al cumplimiento de

              obligaciones del ámbito de la seguridad privada a que se refiere el artículo 6, en cualquier

              tipo de soporte, deberá conservarse depositada, a disposición de las autoridades

              competentes, al menos, durante cinco años, salvo en el caso de los informes de

              investigación que deberán conservarse, al menos, durante tres años, de acuerdo con el

              artículo 49.4 de la Ley.

              El plazo de conservación comenzará a contar a partir de la fecha del último trámite

              o incidencia procedimental relacionada con la referida documentación, salvo que la misma

              se encuentre afectada por algún procedimiento abierto, de carácter administrativo o

              judicial, en cuyo caso se estará a la finalización del mismo, momento a partir del cual

              comenzará a contar el plazo de los cinco años.

              1. En el anexo VI se fijan los modelos oficiales de los documentos que resultan

              obligatorios en el ámbito de gestión de seguridad privada, que son los siguientes:

              1. a) Libros-Registro.
              2. b) Tarjeta de Identidad Profesional.
              3. c) Tarjeta de Acreditación Profesional.
              4. d) Cartilla profesional.
              5. e) Cartilla de tiro.
              6. f) Autorización para traslado de armas.
              7. g) Diploma de formación.

              Artículo 207. Libros-Registro oficiales.

              1. Los Libros-Registro oficiales en el ámbito de la seguridad privada son los

              siguientes:

              1. a) De Instalaciones y Revisiones.
              2. b) De Comunicaciones.
              3. c) De Armas y Cartuchería.
              4. d) De Alarmas.
              5. e) De Servicios de Investigación.
              6. f) De Diplomas.

              El formato y contenido de los mismos se ajustará a lo que se establece en el título I

              del anexo VI.

              1. Todos los Libros-Registro oficiales del ámbito de la seguridad privada deberán

              llevarse al día, obligatoriamente, por los sujetos responsables, bien en formato físico,

              adquiridos por los propios titulares y diligenciados por las dependencias policiales

              competentes, o bien en formato electrónico, de conformidad a la plataforma electrónica

              que la administración competente ponga a su disposición para el cumplimiento de sus

              obligaciones.

              1. Los Libros-Registro de las empresas de seguridad privada y de los despachos

              de detectives privados, cuando no se encuentren en formato electrónico oficial, se

              llevarán en la sede principal de la empresa o despacho, y en cada una de sus

              delegaciones o sucursales, estando siempre a disposición de los miembros de la Policía

              Nacional y de la policía autónoma, , encargados de su control.

              1. En los Libros-Registro no podrán realizarse enmiendas, modificaciones o

              interpolaciones. La corrección de los errores que pudieran producirse se llevará a cabo en

              el momento en que se adviertan, haciendo constar, en la primera línea inmediatamente

              disponible, la anulación de la anotación errónea con referencia a su número de orden y

              consignando a continuación debidamente la que proceda.

              CAPÍTULO II Formación de seguridad privada

              SECCIÓN 1.ª FORMACIÓN PREVIA

              Artículo 208. Formación requerida.

              1. La formación requerida para el acceso a las respectivas profesiones del personal

              de seguridad privada será la que se contempla, en cada caso, en el artículo 29.1 de la

              Ley.

              1. Los títulos universitarios de grado contemplados en el artículo 29.1b) y c) de la

              Ley, acreditaran, respectivamente, la adquisición de las competencias a que se refiere el

              anexo V, y podrán agruparse en uno solo cuando reúna las enseñanzas de dirección de

              seguridad y de investigación privada, que capaciten como formación previa requerida,

              para la triple habilitación de jefe de seguridad, director de seguridad y detective privado.

              1. De acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley, los aspirantes a vigilantes de

              seguridad o a guardas rurales, y a escoltas privados, que no posean la formación

              requerida, deberán realizar los correspondientes cursos de formación previa en los

              centros de formación, tras cuya superación les será expedido el respectivo diploma

              conforme al modelo establecido en el Título VII del anexo VI.

              1. Los programas de formación previa y de formación especializada para vigilantesde seguridad, guardas rurales, y escoltas privados, así como los títulos reconocidos delos cursos de dirección de seguridad o de investigación privada, se ajustarán a loestablecido, en cada caso, en el anexo V.Artículo 209. Pruebas de comprobación.
                1. De acuerdo con los artículos 28.1i) y 29.1a) y 2 de la Ley, se exigirá la prueba

                de comprobación de conocimientos y capacidad en los siguientes supuestos:

                1. a) Cuando se trate de aspirantes a vigilante de seguridad, vigilante de

                explosivos, escolta privado, guarda rural, guarda de caza y guardapesca marítimo que,

                careciendo de los correspondientes certificados de profesionalidad o del título de

                formación profesional, hubieran obtenido la certificación acreditativa o diploma

                correspondiente, expedido por un centro de formación del personal de seguridad privada,

                tras la superación de los respectivos cursos de formación previa. Cuando se trate de

                aspirantes a detective privado que soliciten el reconocimiento de su cualificación

                profesional conforme a lo dispuesto en el capítulo III de este título.

                1. b) Cuando se trate de supuestos de obtención de habilitaciones adicionales a

                las que se refiere el artículo 84.

                1. d) Cuando se trate de aspirantes a jefe o director de seguridad, no comprendidos

                en los supuestos anteriores, en los que se hayan delegado funciones conforme a lo

                dispuesto en el artículo 105, y carezcan del correspondiente curso o título de formación

                previa requerida, de acuerdo con el artículo 208.2.

                1. En los distintos supuestos contemplados en el apartado anterior, los aspirantes

                podrán solicitar su participación en las correspondientes pruebas oficiales de

                conocimientos y capacidad que para cada profesión o especialidad sean oportunamente

                convocadas por resolución de la Dirección General de la Policía, cuando se trate de

                vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, jefes de seguridad,

                directores de seguridad y detectives privados; o de la Dirección General de la Guardia

                Civil, en los casos de guardas rurales y sus especialidades.

                1. Las pruebas de comprobación versarán sobre un cuestionario de preguntas

                relativo a las materias a que se refieren los contenidos de los respectivos programas de

                cada una de las profesiones de seguridad privada contemplados en el título II del anexo

                V.

                1. Una vez superadas las respectivas pruebas de comprobación, y declarados

                aptos los aspirantes, éstos podrán solicitar, a los órganos policiales competentes, la

                expedición de la correspondiente tarjeta acreditativa de la habilitación profesional

                obtenida.

                Artículo 210. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.

                1. De acuerdo con el artículo 29.2 de la Ley, los miembros de las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, que aspiren a obtener la

                correspondiente habilitación profesional de seguridad privada, y no dispongan de la

                formación requerida a que se refiere el artículo 208, además de reunir los requisitos

                generales y específicos, deberán acreditar, en cada caso, el cumplimiento de las

                siguientes circunstancias:

                1. a) Superar la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se

                refiere el artículo 209, que para las respectivas profesiones de seguridad privada

                establezca y convoque, a tal efecto, la Dirección General de la Policía, o la Dirección

                General de la Guardia Civil para el caso de los guardas rurales y sus especialidades.

                1. b) Tener, al menos, una experiencia profesional de un año en actividades de

                protección personal, cuando pretendan acceder a la profesión de escolta privado.

                1. c) Tener, al menos, una experiencia profesional de tres años en actividades de

                mando y dirección de servicios de seguridad, cuando pretendan acceder a la profesión de

                jefe de seguridad.

                1. d) Tener, al menos, una experiencia profesional de tres años en actividades de

                mando y planificación de dispositivos de seguridad, cuando pretendan acceder a la

                profesión de director de seguridad.

                1. e) Tener, al menos, una experiencia profesional de tres años en actividades de

                investigación, cuando pretendan acceder a la profesión de detective privado.

                1. El grado y experiencias profesionales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos

                de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, se acreditarán mediante certificado específico,

                expedido por el departamento de personal correspondiente, en el que se expresen los

                puestos ocupados relacionados con las funciones de la profesión o profesiones de

                seguridad privada a las que pretenda acceder el interesado, y que serán valorados por los

                órganos competentes, según las distintas profesiones de seguridad privada para las que

                se presenta la habilitación.

                SECCIÓN 2.ª FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZADA

                Artículo 211. Formación permanente de actualización.

                1. De acuerdo con el artículo 21.1d) de la Ley, la formación permanente de

                actualización tiene por objeto el perfeccionamiento y actualización permanente del nivel

                de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio profesional del personal habilitado

                y acreditado de seguridad privada, así como del personal de las empresas de seguridad

                privada que, a juicio de éstas, requiera formación en materia de seguridad privada.

                1. De acuerdo con el artículo 58.2i) de la Ley, la realización obligatoria de cursos

                anuales de formación permanente de actualización afectará a los vigilantes de seguridad,

                guardas rurales, y sus respectivas especialidades, y escoltas privados, que se encuentren

                integrados en empresas de seguridad privada.

                A tal fin, las empresas de seguridad privada deberán programar anualmente

                acciones formativas para su personal relacionadas con su propia actividad. En el caso de

                los guardas rurales no integrados en empresas, estas acciones serán llevadas a cabo con

                la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las que se relacionen, en la

                forma que determinen los respectivos planes de colaboración.

                Dicha obligación afectará igualmente al resto del personal de seguridad privada,

                personal acreditado y otro personal de la empresa que requiera de formación en materia

                de seguridad privada, cuando así lo disponga la empresa de seguridad privada en la que

                se encuentre integrado o vinculado dicho personal, Así mismo, cuando a criterio de la

                autoridad competente se considerase necesario, podrá imponerse, como medida de

                seguridad privada organizativa, la realización de determinados cursos de formación sobre

                materias relacionadas con el tipo de servicios que se presten por el personal de seguridad

                privada o personal acreditado de la empresa de seguridad.

                1. Las empresas de seguridad privada, a través de los centros de formación

                autorizados del personal de seguridad privada, garantizarán la formación y actualización

                profesional del personal del que dispongan mediante la asistencia de su personal a cursos

                anuales de formación, , sobre aquellas materias que hayan experimentado modificación o

                evolución sustancial.

                1. Los vigilantes de seguridad y los guardas rurales, y sus respectivas

                especialidades, y los escoltas privados, deberán realizar, al menos, un curso de formación

                permanente de actualización por año. El cómputo del plazo de referencia se iniciará a

                partir de la fecha de integración del personal de seguridad privada en la empresa de

                seguridad privada en la que preste sus servicios profesionales de seguridad privada, sin

                que puedan transcurrir más de doce meses sin realizar curso alguno de formación

                permanente, sin que el plazo se considere interrumpido por sucesivas contrataciones

                dentro de la misma empresa.

                En aquellos casos en que este personal de seguridad privada prestase sus

                servicios, simultáneamente, en varias empresas de seguridad privada, la obligación de

                garantizar la asistencia a tales cursos anuales corresponderá, en todo caso y por

                separado, a todas ellas.

                1. Estos cursos tendrán una duración, como mínimo, de diez horas lectivas, con un

                porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación presencial.

                1. Serán tenidos en cuenta, a efectos de cómputo como formación permanente de

                actualización, las jornadas, conferencias, seminarios o cursos, dirigidos al personal de

                seguridad privada o acreditado, organizados o impartidos por las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad, a cuyo fin las unidades organizadoras expedirán el correspondiente certificado

                de asistencia.

                Artículo 212. Formación especializada.

                1. De acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley, la formación especializada tiene por

                finalidad que el personal de seguridad privada alcance la capacidad necesaria para la

                prestación de determinados servicios de seguridad privada en los que se requiere una

                especial cualificación, como los siguientes:

                1. a) De vigilancia y protección en infraestructuras críticas.
                2. b) De vigilancia y protección en centros penitenciarios y centros de

                internamiento.

                1. c) De vigilancia y protección en buques.
                2. d) De vigilancia y protección en aeropuertos.
                3. e) De vigilancia y protección en puertos.
                4. f) De vigilancia y protección con perros.
                5. Estos servicios de seguridad privada solo podrán ser desempeñados por

                personal de seguridad privada que haya superado el correspondiente curso de

                especialización, que tendrá la duración y contenido que para cada uno se determina en el

                título III del anexo V, en ningún caso inferior a veinte horas lectivas, y computarán a

                efectos de la formación permanente de actualización.

                SECCIÓN 3ª. CENTROS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

                PRIVADA

                Artículo 213. Régimen general.

                1. Los centros de formación del personal de seguridad privada serán los

                encargados de llevar a cabo las acciones formativas que han de impartirse en los

                correspondientes cursos de formación previa, de actualización permanente y de

                especialización del personal de seguridad privada, así como la formación requerida para

                la acreditación de ingenieros, técnicos y operadores.

                1. Los cursos de formación previa y de actualización permanente podrán

                desarrollarse en forma presencial, a distancia convencional, mediante teleformación o

                mixta, en los porcentajes que en cada caso se determinen.

                1. Los cursos de especialización podrán programarse por los propios centros del

                personal de seguridad privada y ser ofertados, a título personal, a los profesionales de

                seguridad privada a los que se dirijan, o a petición de las empresas de seguridad privada,

                para su propio personal de seguridad privada.

                1. La titularidad de los centros de formación del personal de seguridad privada

                podrá ser de naturaleza pública o privada, y su dirección y gestión podrá ser llevada a

                cabo tanto por personas físicas como por personas jurídicas, siempre a través de un

                director o administrador designado al efecto.

                1. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá a la

                Dirección General de la Policía la recepción y tramitación de las declaraciones

                responsables sobre centros de formación del personal de seguridad privada, excepto las

                de los centros de formación exclusivos para guardas rurales y sus especialidades que

                corresponderán a la Dirección General de la Guardia Civil.

                En las comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en

                materia de seguridad privada, la recepción y tramitación de la declaración responsable de

                los centros de formación del personal de seguridad privada corresponderá al órgano

                autonómico competente.

                1. Las actividades inspectoras se adecuarán al régimen de competencias

                contemplado en el apartado anterior.

                1. La publicidad que realicen, al igual que los logotipos, anagramas u otros medios

                materiales que utilicen, no podrán inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad o de las Fuerzas Armadas, u otros organismos de las Administraciones

                Públicas, ni emplearse junto a los mismos, salvo autorización expresa.

                1. De acuerdo con el artículo 29.1a) de la Ley, la expedición de la certificación

                acreditativa de superación de la formación previa por parte de los aspirantes a obtener la

                correspondiente habilitación como personal de seguridad privada, se materializará

                mediante la emisión de un diploma acreditativo por parte del centro que hubiera impartido

                el pertinente curso.

                Artículo 214. Requisitos de apertura.

                1. De acuerdo con el artículo 29.4 de la Ley, , los centros de formación del

                personal de seguridad privada requerirán, para su apertura, los siguientes requisitos:

                1. a) Estar legalmente constituidos, de acuerdo con su naturaleza, pública o

                privada, y de la forma que revistan, persona física o jurídica. Cuando los centros de

                formación vayan a ser creados por empresas de seguridad privada, no será necesario

                este requisito.

                1. b) Constituir una garantía, en efectivo o mediante aval o seguro de caución, en

                la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o,

                en su caso, en las cajas o establecimientos públicos equivalentes de las comunidades

                autónomas, por el importe establecido en el título I del anexo V, para atender

                exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de

                seguridad privada que se deriven de su funcionamiento.

                1. c) Disponer de un director o administrador, así como de un jefe de estudios.
                2. d) Las instalaciones habrán de estar dotadas de un gimnasio para la

                preparación de las pruebas físicas y de un espacio para la realización de las prácticas de

                manejo de mangueras y extintores contra incendios, y de reanimación. Tal exigencia

                podrá dispensarse, en ambos casos, si se concertara el derecho a su uso con otras

                instituciones o entidades, públicas o privadas, que dispusieran de los mismos, mediante

                convenio o acuerdo escrito firmado al efecto.

                1. Adicionalmente, cuando en los cursos de especialización se deban realizar

                prácticas de tiro con fuego real, los centros de formación del personal de seguridad

                privada deberán reunir los siguientes requisitos:

                1. a) Disponer de una galería de tiro propia, o bien concertar su uso con una

                institución o entidad, pública o privada, debidamente homologada, y, en ambos casos,

                específicamente autorizadas por el órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que

                determine su estructura orgánica y funcional, para la realización de ejercicios de tiro en

                materia de seguridad privada.

                1. b) Estar dotados de los correspondientes armeros, autorizados por el órgano

                de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y

                funcional, para la custodia de las armas y de la cartuchería, que cuenten con análogas

                medidas de seguridad privada a las que se establecen para las empresas de seguridad

                privada, cuando el armamento o la munición que posean, vaya a guardarse en sus

                propias instalaciones.

                1. c) En otro caso, el armamento será facilitado por las propias empresas de

                seguridad privada.

                1. A efectos de acreditación del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los

                apartados anteriores, los centros de formación del personal de seguridad privada habrán

                de estar en poder de la documentación requerida en el capítulo I del título I del anexo V.

                Artículo 215. Inscripción registral.

                1. Una vez haya sido objeto de recepción la declaración responsable presentada

                por el centro de formación del personal de seguridad privada interesado, se procederá, de

                oficio, a la inscripción del mismo en el registro correspondiente, con anotación de los

                datos que figuran en el capítulo II del título I del anexo V.

                Las inscripciones en el registro correspondiente se notificarán a los centros

                interesados, indicando el número de registro asignado y la fecha en que se produjeron.

                1. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en

                la declaración responsable, deberá ser comunicado por el interesado en el plazo máximo

                de quince días a partir del momento en que se produzca la misma, procediéndose,

                igualmente de oficio, a la inscripción de aquélla en el registro correspondiente y a su

                notificación.

                1. En el caso de que las inscripciones y sus modificaciones no hubieran podido

                practicarse, por haberse apreciado errores en la pertinente declaración responsable

                presentada a tal efecto, o no haberse acompañado o completado la misma con los

                documentos requeridos, u omitido datos de obligado cumplimiento, se requerirá al

                interesado para que los subsane, en el plazo de diez días, con apercibimiento de que, en

                caso contrario, y una vez transcurrido dicho plazo, se tendrá por no presentada tal

                declaración.

                1. Los centros de formación del personal de seguridad privada pertenecientes a

                empresas de seguridad privada, se inscribirán en el registro correspondiente, según el

                lugar de su ubicación, en cuyo caso el número de inscripción asignado como centro de

                formación será distinto al de la empresa de seguridad privada titular del mismo.

                Artículo 216. Obligaciones de funcionamiento.

                Los centros de formación del personal de seguridad privada estarán sujetos, en su

                funcionamiento, a las siguientes obligaciones:

                1. a) Al cumplimiento permanente de los requisitos de apertura y de las

                condiciones que se incluyen en la declaración responsable presentada.

                1. b) A la comunicación de las modificaciones que afecten a cualquiera de los

                requisitos de apertura.

                1. c) A la impartición íntegra y efectiva de los programas de formación

                establecidos para cada profesión de seguridad privada, y del personal acreditado..

                1. d) Al desarrollo de las acciones formativas en sus propias instalaciones. A la

                obtención, en su caso, de las pertinentes autorizaciones de adquisición de armas y de

                cartuchería metálica. A la formalización y comunicación de los cursos de formación que se

                impartan con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

                1. e) A hacer constar en su publicidad, estática y dinámica, así como en la

                documentación que maneje y diplomas que expida, su condición de centro de formación

                del personal de seguridad privada inscrito en el registro correspondiente, con indicación

                del número de orden asignado al mismo y la plasmación de su logo.

                1. f) A la presentación de la memoria anual a que se refiere el artículo 232.4.
                2. g) A la expedición, a la finalización de los cursos, a los interesados, del

                correspondiente diploma, cuyo formato se ajustará al modelo establecido en el título VII

                del anexo VI, que acredite la superación de los respectivos cursos de formación previa, de

                actualización permanente y especializada del personal de seguridad privada, o los

                correspondientes al personal acreditado.

                1. h) A la llevanza del Libro-Registro de Diplomas, cuyo formato y contenido se

                establecen en el título I del anexo VI, y que deberá conservarse en el domicilio del centro.

                1. i) A la anotación y sellado en la cartilla profesional del personal de seguridad

                privada, de la realización y superación de los cursos de formación, de actualización

                permanente y especializada impartidos.

                l) A realizar las adaptaciones necesarias para garantizar la participación en

                condiciones de igualdad cuando las acciones formativas estén dirigidas específicamente a

                personas con discapacidad física.

                Artículo 217. Formalización y comunicación de cursos.

                1. Por cada curso de formación que los centros de formación del personal de

                seguridad privada vayan a impartir, se procederá a su formalización, mediante la apertura,

                antes de su inicio, de un expediente académico, que deberá guardarse en el formato

                donde esté contenido, papel o electrónico, y conservarse en el domicilio donde estén

                ubicados durante un plazo, al menos, de cinco años, a contar desde la fecha en que

                hubiera comunicado a la autoridad competente la finalización del curso impartido.

                En cualquier caso, dichos expedientes habrán de estar, en todo momento, a

                disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes para el

                control e inspección que puedan requerirlos.

                1. Los cursos de formación que vayan a impartir los centros de formación del

                personal de seguridad privada, deberán ser comunicados, con una antelación de, al

                menos, cinco días naturales respecto de la fecha prevista de inicio de los mismos, al

                órgano de control e inspección competente del lugar en el que radique el registro donde

                se hallen inscritos.

                A la finalización de los cursos de formación, deberán comunicarse, en el plazo

                máximo de tres días naturales, a contar desde la fecha de finalización, la relación nominal

                de los que han superado el mismo.

                1. Las comunicaciones a que se refiere el apartado anterior se efectuarán,

                respectivamente, a través de las Sedes Electrónicas de la Dirección General de la Policía

                o de la Dirección General de la Guardia Civil, o, en su caso, de la correspondiente a las

                comunidades autónomas con competencia efectivamente asumida en materia de

                seguridad privada, debiendo facilitar, al menos, los siguientes datos:

                1. a) Fechas previstas de inicio y finalización.
                2. b) Tipo y modalidad de formación.
                3. c) Distribución horaria.
                4. d) Relación nominal de alumnos participantes.
                5. e) En su caso, lugar de impartición.
                6. f) En su caso, empresas de seguridad privada contratante.

                En los casos de imposibilidad técnica para efectuar las comunicaciones por dicha

                vía, se comunicarán, por escrito, los datos de referencia en las dependencias policiales de

                seguridad privada de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, o, en su caso, del cuerpo

                de policía autonómico competente, del lugar en el que esté inscrito el centro de formación

                afectado.

                Artículo 218. Cancelación registral.

                1. La cancelación registral de los centros de formación del personal de seguridad

                privada se producirá por alguna de las siguientes causas:

                1. a) A petición de su titular o promotor, de manera expresa y por escrito dirigido

                al registro en el que se hallara inscrito.

                1. b) Por cumplimiento de la sanción a que se refiere el artículo 63.1b) de la Ley.
                2. c) Por incumplimiento o pérdida de los requisitos que dieron lugar a la apertura.
                3. Dicha cancelación registral conllevará el cierre del centro de formación del

                personal de seguridad privada a efectos de seguridad privada, anotándose, de oficio, en

                el registro correspondiente.

                1. Asimismo, la cancelación registral determinará la liberación de la garantía a que

                se refiere el artículo 214.1b), siempre que el centro de formación del personal de

                seguridad privada no tuviera obligaciones económicas pendientes por infracciones a la

                normativa de seguridad privada, o cuando se le estuviera instruyendo uno o varios

                expedientes sancionadores, hasta su resolución y, en su caso, hasta el cumplimiento de

                la sanción impuesta.

                No obstante, podrá reducirse el importe de la garantía teniendo en cuenta el

                alcance previsible de las obligaciones y responsabilidades pendientes.

                CAPÍTULO III Reconocimiento de cualificaciones profesionales

                Artículo 219. Autoridad competente.

                1. El Ministerio del Interior, a través del Director General de la Policía o, en su caso,

                del Director General de la Guardia Civil, es la autoridad competente para el

                reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados miembros

                de la Unión Europea relativas a las profesiones de seguridad privada.

                1. De igual modo, el Ministerio del Interior, a través de los órganos

                correspondientes de la Dirección General de la Policía, o, en su caso, de la Dirección

                General de la Guardia Civil, será el competente para certificar sobre las habilitaciones

                concedidas en España al personal de seguridad privada, su vigencia, cancelación o

                incidencias, y colaborar y prestar asistencia en dicha materia a los demás Estados

                miembros de la Unión Europea.

                1. A tales efectos, se constituirán dos Comisiones de Evaluación, que tendrán

                como funciones:

                1. a) La recepción y tramitación de las solicitudes de reconocimiento de

                cualificación profesional que realicen los interesados.

                1. b) El examen de los títulos, certificaciones y documentos relativos a las

                respectivas profesiones de seguridad privada.

                1. c) El diseño de las pruebas de comprobación y la valoración de las mismas,

                positiva o negativa.

                1. d) La confección del programa para los períodos de prácticas y su seguimiento.
                2. e) La elaboración de la correspondiente propuesta de resolución.
                3. La Comisión de Evaluación para las profesiones de vigilante de seguridad,

                vigilante de explosivos, escolta privado, jefe de seguridad, director de seguridad y

                detective privado, se encontrará adscrita al órgano de la Dirección General de la Policía

                que determine su estructura orgánica y funcional, y la Comisión de Evaluación de los

                guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, lo estará al órgano

                competente de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura

                orgánica y funcional.

                Artículo 220. Procedimiento.

                1. Por orden del Ministro del Interior se determinará el procedimiento, ámbito de

                aplicación, autoridad competente, requisitos, pruebas de actitud y medidas

                compensatorias.

                1. A los candidatos que hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación

                profesional para ejercer en España la profesión de seguridad privada de que se trate, se

                les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la tarjeta.

                CAPÍTULO IV Personal acreditado

                Artículo 221. Composición y funciones.

                1. De acuerdo con el artículo 2.9 de la Ley, el personal acreditado estará

                compuesto por:

                1. a) Los ingenieros y técnicos de empresas de seguridad privada registradas

                para la actividad de seguridad privada de instalación y mantenimiento, a que se refiere el

                artículo 5.1f) de la Ley.

                1. b) Los operadores de seguridad de empresas de seguridad privada autorizadas

                para la actividad de seguridad privada de central receptora de alarmas, a que se refiere el

                artículo 5.1g) de la Ley, o de centrales receptoras de alarmas de uso propio, a que se

                refiere el artículo 5.3 de la Ley.

                1. c) Los profesores de centros de formación del personal de seguridad privada, a

                que se refiere la sección 3ª del capítulo II de este título.

                1. Las funciones propias que en el ámbito de la seguridad privada podrá realizar

                este personal acreditado, serán las siguientes:

                1. a) Corresponderá a los ingenieros de seguridad acreditados la elaboración y

                firma del proyecto de instalación de seguridad de los sistemas de seguridad, así como la

                firma del certificado de instalación y el cumplimiento del resto de obligaciones a que se

                refieren los artículos 161 y 162.

                1. b) Corresponderá a los técnicos de seguridad acreditados la ejecución material

                de los proyectos de instalación de seguridad, a que se refiere el artículo 161, así como la

                revisión y mantenimiento de los sistemas de seguridad instalados a que se refiere el

                artículo 164, y la cumplimentación de los correspondientes Libros-Registro.

                1. c) Corresponderá a los operadores de seguridad acreditados la realización de

                las funciones de los servicios de gestión de alarmas de seguridad, a que se refiere el

                artículo 184.

                1. d) Corresponderá a los profesores acreditados la impartición docente de los

                programas desarrollados en los centros de formación del personal de seguridad privada,

                en aquellas materias para las que se encuentren específicamente acreditados.

                1. Para el ejercicio de estas funciones propias, el personal acreditado deberá estar

                vinculado a la empresa de seguridad privada, o al usuario contratante, o a la central

                receptora de alarmas de uso propio, o al centro de formación del personal de seguridad

                privada, mediante cualquier relación profesional válidamente admitida en derecho que así

                lo acredite.

                Artículo 222. Requisitos de acreditación.

                1. De acuerdo con el artículo 19.1c) de la Ley, se entenderá que el interesado en

                obtener su acreditación cumple con los requisitos de honorabilidad y carencia de

                antecedentes penales, cuando no concurran en el mismo ninguna de las siguientes

                circunstancias:

                1. a) Tener antecedentes penales por delitos dolosos.
                2. b) Haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores a la solicitud por

                infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

                1. c) Haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o

                en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia, en los

                dos años anteriores.

                1. d) Estar incurso en cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo 19.1g)

                y h) de la Ley.

                1. De acuerdo con los artículos 19.1c) y 29.4c) de la Ley, la honorabilidad exigida a

                este personal requiere igualmente disponer de capacidad técnica para asumir las

                funciones atribuidas a cada profesión, lo que implica el cumplimiento de los siguientes

                requisitos:

                1. a) Los ingenieros habrán de estar en posesión del título oficial de grado en las

                ramas de seguridad, telecomunicaciones o de tecnologías industriales, y aportar el

                diploma que acredite la realización del curso sobre proyectos de seguridad, contemplado

                en el título VI del anexo V, que les capacite para el desarrollo de las funciones

                profesionales a que se refiere el artículo 221.2a), expedido por el colegio de ingenieros

                respectivo o por el centro de formación del personal de seguridad privada.

                1. b) Los técnicos habrán de estar en posesión del diploma de formación

                profesional en alguna de las materias de electricidad, electrónica, mecánica u otras

                similares, y aportar el diploma que acredite la realización del curso sobre instalación y

                mantenimiento de sistemas de seguridad, contemplado en el título VI del anexo V, que les

                capacite para el desarrollo de las funciones profesionales a que se refiere el artículo

                221.2b), expedido por un centro de formación del personal de seguridad privada.

                1. c) Los operadores habrán de estar en posesión del diploma que acredite la

                realización del curso sobre centrales receptoras de alarmas, contemplado en el título VI

                del anexo V, que les capacite para el desarrollo de las funciones a que se refiere el

                artículo 221.2c), impartido en un centro de formación del personal de seguridad privada.

                1. d) El profesorado de los centros de formación del personal de seguridad

                privada habrá de estar en posesión de titulación universitaria de grado superior, cuando la

                asignatura de que se trate esté integrada como enseñanza de tal carácter dentro del

                sistema educativo general. En el supuesto de materias no recogidas en el sistema

                educativo general público, se tendrá en cuenta, en todo caso:

                1º. La capacidad pedagógica y la calidad y grado de conocimientos

                característicos de los aspirantes, manifestados, con preferencia, a través de sus

                publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su profesión.

                2º. La experiencia práctica adquirida por los aspirantes, en el ejercicio de

                funciones relacionadas directamente con la seguridad, pública o privada, al menos

                durante 5 años.

                Artículo 223. Procedimiento de acreditación.

                1. El procedimiento de acreditación consistirá en:
                2. a) La formulación de la solicitud, dirigida a la correspondiente Comisión de

                Evaluación, acompañando la documentación necesaria en cada caso.

                1. b) La comprobación de los requisitos generales y específicos, examen de la

                documentación remitida y estudio de la misma por parte de la Comisión de Evaluación

                correspondiente, y emisión de propuesta de resolución al Director General de la Policía o,

                en su caso, al Director General de la Guardia Civil.

                1. c) La expedición de la tarjeta correspondiente por parte del órgano de la

                Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su

                caso, por el órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su

                estructura orgánica y funcional, con arreglo al modelo expresado en el título III del anexo

                1. A esta tarjeta le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 85.
                2. El órgano competente para la tramitación del correspondiente procedimiento de

                acreditación será:

                1. a) Para el caso de ingenieros, técnicos y operadores, la Comisión de

                Valoración del Personal Acreditado, y para los profesores de centros de formación de

                seguridad privada, excepto los referidos a guardias rurales y sus especialidades, la

                Comisión de Valoración del Profesorado, ambas de la Dirección General de la Policía.

                1. b) Para el caso de profesores de los centros de formación del personal de

                seguridad privada que impartan cursos para guardas rurales y sus especialidades, la

                Comisión de Valoración del Profesorado, de la Dirección General de la Guardia Civil.

                Artículo 224. Extinción, y retirada de la acreditación.

                1. La acreditación se extinguirá por alguna de las causas contempladas en el

                artículo 94.3, 4 y 5, a cuyo procedimiento se acomodará.

                1. La tarjeta será retirada en los supuestos de extinción contemplados en el

                apartado anterior, así como cuando dicho personal resulte detenido por su implicación en

                hechos delictivos, de acuerdo con el artículo 55.1f) de la Ley. .

                1. Para la devolución de la tarjeta, resultará de aplicación lo dispuesto en el

                artículo 97.

                CAPÍTULO V

                Seguridad informática

                Artículo 225. Actividades de seguridad informática.

                1. De acuerdo con el artículo 6.6 de la Ley, se consideran actividades de seguridad

                informática las siguientes:

                1. a) La instalación o integración y mantenimiento de medidas de seguridad

                informática, físicas o lógicas, señaladas en el artículo 52.1c) de la Ley, incluida la

                configuración y actualización de soluciones tecnológicas.

                1. b) Los servicios de alojamiento virtual y compartido o almacenamiento de datos

                digitales prestados a terceros.

                1. c) Los procesos destinados al análisis, monitorización, operación y administración

                de los sistemas de seguridad informática y, en su caso, respuesta a incidentes o eventos

                de seguridad de la información en el ámbito de las tecnologías de información y de las

                comunicaciones, prestados a terceros, a través de centros operativos de seguridad o

                equipos de respuesta a incidentes de seguridad de la información.

                La gestión y notificación de incidentes en este ámbito se regirá por la normativa

                sectorial de aplicación que regule la seguridad de las redes y sistemas de información.

                1. d) La fabricación o desarrollo de software y hardware de seguridad, siempre que no

                sea de propósito general.

                1. e) La consultoría, entendida como el asesoramiento experto en el diseño de

                plataformas tecnológicas, modelos de gestión de la seguridad, de soporte al cumplimiento

                legal, de estrategias, de gobierno, o cualquier otro relacionado con la seguridad

                informática.

                1. f) La auditoría de seguridad informática y diagnósticos especializados, entendidos

                como las acciones de revisión del cumplimiento de la política de seguridad, de su cuerpo

                normativo y procedimental y de los controles establecidos, así como la verificación del

                cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en cada momento. Incluye actividades

                de búsqueda de vulnerabilidades para su solución, análisis forense, vigilancia digital u

                otras de similar naturaleza.

                1. Estas actividades podrán llevarse a cabo por empresas españolas o no, con

                servicios prestados desde España o desde el extranjero, y apoyándose en productos

                nacionales o extranjeros.

                Artículo 226. Requisitos de las empresas prestadoras.

                1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.6 de la Ley, a las empresas que

                presten servicios en relación con las actividades descritas en el apartado 1, párrafos a), b)

                y c), del artículo anterior, se les impondrán los requisitos que se especifican en el capítulo

                I del título V del anexo I, siempre que los lleven a cabo a favor de los siguientes grupos de

                usuarios:

                1. a) Proveedores de servicios de la sociedad de la información establecidos en

                España, de acuerdo con la normativa sobre servicios de la sociedad de la información.

                1. b) Operadores estratégicos no declarados críticos por aplicación de la normativa

                sobre protección de las infraestructuras críticas y sujetos obligados por este reglamento a

                adoptar medidas de seguridad informática.

                1. c) Operadores críticos, declarados como tales por aplicación de la normativa sobre

                protección de las infraestructuras críticas.

                1. Igualmente, deberán someterse a auditorías externas, conforme a lo dispuesto

                en los artículos 238 y 239 y título IV del anexo III.

                El cumplimiento de los requisitos exigidos se acreditará mediante la evaluación de

                conformidad de la auditoria de seguridad externa, cuyos resultados serán remitidos, por la

                entidad auditora, al órgano competente de la Secretaría de Estado de Seguridad el cual

                podrá realizar inspecciones a posteriori, cuando tenga conocimiento de incumplimientos

                de la normativa que resulte de aplicación.

                1. La gestión y notificación de incidentes en este ámbito se regirá por la normativa

                específica que regule la seguridad de las redes y los sistemas de información.

                Artículo 227. Anotación registral.

                1. De acuerdo con el artículo 11.4 de la Ley, las empresas legalmente constituidas

                que realicen las actividades de seguridad informática descritas en los párrafos a), b) y c)

                del artículo 225.1, se anotarán en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su

                caso, en el correspondiente registro autonómico, mediante la presentación de la

                correspondiente declaración responsable, acreditando el cumplimiento de los requisitos

                exigidos en el título V del anexo I.

                1. Dichos requisitos deberán mantenerse en todo momento y cualquier hecho que

                suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración responsable,

                deberá ser comunicada en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha en

                que se hubieran producido.

                1. De acuerdo con el artículo 19.1.a) de la Ley, cuando se trate de empresas de

                seguridad privada, además del cumplimiento de los requisitos generales y de los

                específicos por el tipo de actividad, deberán quedar incluidas en su objeto las actividades

                de seguridad informática que se pretendan desarrollar.

                1. La cancelación de la anotación registral de las empresas de seguridad

                informática se producirá por alguna de las siguientes causas:

                1. a) A petición del titular.
                2. b) Por pérdida o incumplimiento de alguno de los requisitos que dieron lugar a su

                inscripción.

                1. c) Por incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para la prestación de

                sus servicios.

                1. Los servicios a que se refiere el artículo 225.1.c), cuando se presten a los

                usuarios relacionados en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser comunicados al

                registro correspondiente en las mismas condiciones que los de servicios de seguridad

                privada.

                TÍTULO IX Control e inspección

                CAPÍTULO I Disposiciones comunes

                Artículo 228. Memoria anual de empresas de seguridad privada.

                1. De acuerdo con el artículo 21.1e) de la Ley, durante el primer mes de cada año,

                y siempre que los datos solicitados no figuren en los correspondientes registros, todas las

                empresas de seguridad privada remitirán al órgano de la Dirección General de la Policía

                que determine su estructura orgánica y funcional, o, en su caso, al órgano autonómico

                competente, un informe explicativo de la actividad o actividades realizadas en el año

                anterior, en el que, además de figurar los datos identificativos de aquéllas, constarán, al

                menos, los siguientes:

                1. a) Número total de altas y bajas producidas tanto en el personal de seguridad

                privada como, en su caso, en el personal acreditado.

                1. b) Número total de servicios de seguridad privada contratados y

                subcontratados, diferenciados por actividades y sectores productivos a los que

                representaban los clientes que los contrataron.

                1. c) Indicación del número de cursos impartidos al personal de seguridad privada

                y acreditado, con expresión del número total de personal asistente a los mismos,

                diferenciando si se trataban de cursos de actualización permanente o de formación

                especializada.

                1. d) Referencia, en su caso, a la certificación necesaria para la contratación de

                servicios en los sectores estratégicos, de acuerdo con el el artículo 19.4 de la Ley.

                1. e) Referencia, en su caso, al informe de la última auditoría externa realizada,

                con expresión de su fecha y de la entidad auditora.

                1. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21.1e) de la Ley, las empresas de

                seguridad privada remitirán al órgano de la Dirección General de la Policía que determine

                su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico competente,

                durante el primer mes de cada año, el resumen de las cuentas anuales, debidamente

                firmado por su representante o representantes legales y con los datos identificativos de

                aquéllas, en el que se refleje la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de la

                empresa, cerrada a 31 de diciembre del año natural anterior, con, al menos, el siguiente

                contenido:

                1. a) El balance, desglosado en los bienes y derechos de los que es titular la

                empresa (activo), y en el capital, las reservas, las deudas y el resultado del ejercicio

                (pasivo), especificándose el patrimonio neto expresado en números.

                1. b) Las ganancias o pérdidas del ejercicio anual, con la debida separación entre

                los ingresos y los gastos habidos, reflejándose el resultado contable final del mismo, de

                manera que sea posible determinar si ha existido un beneficio neto o bien pérdidas y sus

                causas.

                1. c) Los cobros y pagos realizados por la empresa, con el fin de informar acerca

                de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio de que se trate.

                1. d) El volumen de sus actividades o negocios registrado durante el ejercicio

                correspondiente, con indicación de las cifras totales de ventas y su resultado final en la

                facturación anual.

                1. e) En su caso, el grupo empresarial al que pertenezca la empresa de

                seguridad privada informante, las participaciones que tenga en otras sociedades y el

                Registro Mercantil de la provincia en el que están depositadas las cuentas anuales, así

                como copia del informe de los auditores de las mismas cuando sea exigido

                obligatoriamente por la legislación de auditoría de cuentas, o se hayan sometido

                voluntariamente a auditoría tales cuentas.

                1. f) Una exposición real sobre la evolución de las actividades empresariales y la

                situación de la empresa, junto con una descripción de los principales riesgos e

                incertidumbres a los que se enfrenta en el futuro más inmediato.

                1. g) Copia, debidamente compulsada, del informe de los auditores, cuando sea

                obligatorio el sometimiento de las cuentas anuales a verificación, en virtud de la

                superación de determinados límites marcados por la legislación mercantil, tras la entrega

                de éstas a aquéllos por los administradores o representantes legales de la empresa

                auditada.

                1. h) Certificaciones oficiales de la situación que la empresa mantiene al cierre del

                ejercicio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de

                la Seguridad Social.

                1. Cuando las documentaciones remitidas a que se refieren los dos apartados

                anteriores estén incompletas, mal cumplimentadas o no se ajusten a los contenidos

                exigidos a los que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, se informará de

                ello a las empresas afectadas y se les requerirá para que, en un plazo de quince días,

                subsanen las deficiencias observadas, o completen los datos omitidos, con indicación de

                que, si así no lo hicieran, se entenderá que tales documentaciones no han sido

                presentadas, a efectos de lo establecido en el artículo 57.2i) de la Ley.

                Artículo 229. Comunicaciones anuales de las empresas de seguridad privada.

                1. Anualmente, en el mismo plazo determinado en el artículo anterior , las

                empresas de seguridad privada habrán de presentar, en el registro en que se encontraran

                inscritas, certificado original, o copia compulsada del mismo, acreditativo de la vigencia

                del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras que hubieran

                suscrito para cubrir la responsabilidad que por los daños en las personas o en los bienes

                pudiera derivarse de la explotación de la actividad o actividades de seguridad privada

                para las que la empresa esté autorizada.

                1. Las empresas de seguridad privada tiene la obligación de comunicar, al órgano

                de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o,

                en su caso, al órgano autonómico competente, la rescisión y cualquiera otra de las

                circunstancias que puedan dar lugar a la terminación del contrato de seguro de

                responsabilidad civil, aval, seguro de caución u otras garantías financieras, al menos con

                treinta días de antelación a la fecha en que dichas circunstancias hayan de surtir efecto.

                1. En todos los supuestos de terminación de la vigencia del contrato de seguro de

                responsabilidad civil o de caución, aval u otras garantías financieras, las empresas de

                seguridad privada deberán concertar oportunamente, de forma que no se produzca

                solución de continuidad en la cobertura de la responsabilidad, nueva póliza de

                responsabilidad civil, caución, aval u otra garantía financiera, que cumpla las exigencias

                establecidas en los artículos 29 y 30, acreditándolo ante la autoridad competente, a cuyo

                favor se hubieran suscrito o constituido.

                Artículo 230. Memoria anual de despachos de detectives.

                1. De acuerdo con el artículo 25.1i) de la Ley, la memoria anual de actividades del

                año precedente que los despachos de detectives privados deben presentar, se dirigirá, al

                órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y

                funcional o, en su caso, al órgano autonómico competente, dentro del primer mes de cada

                año, en la que figurará la siguiente información, siempre que los datos solicitados no

                figuren en los correspondientes registros:

                1. a) Indicación numérica de los contratos formalizados por los servicios de

                investigación privada que le han sido encargados, y áreas territoriales cubiertas, con

                expresión de los siguientes datos:

                1º. La condición física o jurídica de las personas con las que se concertaron,

                consignándose, en este último caso, el sector específico productivo al que representaba el

                cliente o clientes contratantes.

                2º. La naturaleza, tipo o modalidad de los mismos, de acuerdo con el artículo

                48.1 de la Ley, así como, en su caso, las sucursales a través de las cuales se efectuó su

                contratación.

                3º. Los que se hubiesen cedido o subcontratado con otros despachos de

                detectives, con expresión de su denominación o razón social y el número de orden de

                inscripción como tales en el registro correspondiente.

                1. b) Relación de las informaciones facilitadas a la autoridad judicial o a las Fuerzas

                y Cuerpos de Seguridad competentes sobre los hechos delictivos perseguibles de oficio

                comunicados como consecuencia de su actuación, así como las dependencias policiales

                a las que se comunicaron.

                1. c) Relación de las citaciones de que hubiesen sido objeto por las autoridades

                judiciales y policiales, a los cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus

                informes de investigación hayan sido aportados, para la prestación de testimonio o

                ratificación, en su caso, del contenido de los referidos informes de investigación.

                1. Cuando la memoria a que se refiere el apartado anterior esté incompleta, mal

                cumplimentada o no se ajuste a los contenidos exigidos a los que se ha hecho referencia

                en el mismo, se informará de ello a los despachos de detectives privados afectados y se

                les requerirá para que, en un plazo de diez días, subsanen las deficiencias observadas, o

                completen los datos omitidos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se entenderá

                que dicha memoria no ha sido presentada, a efectos de lo establecido en el artículo 57.2i)

                de la Ley.

                Artículo 231. Comunicaciones anuales de los despachos de detectives privados.

                1. Anualmente, en el mismo plazo determinado en el apartado 1 del artículo

                anterior, los despachos de detectives privados habrán de presentar, en el registro en que

                se encontraran inscritos, certificado original, o copia compulsada del mismo, acreditativo

                de la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil, aval, seguro de caución u

                otras garantías financieras que hubieran suscrito para cubrir la responsabilidad que por

                los daños en las personas o en los bienes pudieran derivarse de la explotación de la

                actividad de investigación privada.

                1. El despacho de detectives privados asegurado queda obligado a comunicar al

                órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y

                funcional o, en su caso, al órgano autonómico competente, la rescisión y cualquiera otra

                de las circunstancias que puedan dar lugar a la terminación del contrato de seguro de

                responsabilidad civil, aval, seguro de caución u otras garantías financieras, al menos con

                treinta días de antelación a la fecha en que dichas circunstancias hayan de surtir efecto.

                1. En todos los supuestos de terminación de la vigencia del contrato de seguro de

                responsabilidad civil o de caución, aval u otras garantías financieras, el despacho de

                detectives privados deberá concertar oportunamente, de forma que no se produzca

                solución de continuidad en la cobertura de la responsabilidad, nueva póliza de

                responsabilidad civil, caución, aval u otra garantía financiera, que cumpla las exigencias

                establecidas en los artículos 29 y 30 para las empresas de seguridad privada,

                acreditándolo ante la autoridad competente, a cuyo favor se hubieran suscrito o

                constituido.

                Artículo 232. Memoria anual de departamentos de seguridad, centrales receptoras

                de alarmas de uso propio y centros de formación del personal de seguridad

                privada.

                1. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley, los departamentos de seguridad, las

                centrales receptoras de alarmas de uso propio y los centros de formación del personal de

                seguridad privada facilitarán, a las autoridades competentes, la información requerida a

                que se refieren los apartados siguientes, siempre que no obre en los correspondientes

                registros.

                1. Aquellas entidades que dispongan de departamento de seguridad, remitirán, por

                medio de dicho departamento, al órgano de la Dirección General de la Policía que

                determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico

                competente, dentro del primer mes de cada año, una memoria de actividades del año

                precedente, en la que se incluirá información sobre los siguientes extremos:

                1. a) Relación de contratos de seguridad privada suscritos, con indicación de las

                empresas de seguridad privada prestadoras de los servicios, del tipo de servicio de

                seguridad privada contratado y del número de personal de seguridad privada que los

                realiza.

                1. b) Relación de los hechos delictivos padecidos y las denuncias por ellos

                formuladas.

                1. Las entidades que dispongan de central receptora de alarmas de uso propio,

                vendrán igualmente obligadas a remitir al órgano de la Dirección General de la Policía que

                determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano autonómico

                competente, y en el mismo plazo, una memoria anual de actividades en la que figurará

                información relativa a los siguientes extremos:

                1. a) Número de instalaciones y de conexiones de alarma de que disponen.
                2. b) Número de alarmas comunicadas a las dependencias policiales, con

                expresión de las comunicadas a cada fuerza y cuerpo de seguridad, indicando el número

                de reales y falsas en cada caso.

                El contenido de estos datos se incluirá en la memoria del departamento de

                seguridad del que dependa la central receptora de alarmas.

                1. Los centros de formación del personal de seguridad privada vendrán igualmente

                obligadas a remitir al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su

                estructura orgánica y funcional, o al órgano de la Dirección General de la Guardia Civil

                que determine su estructura orgánica y funcional, respecto de sus centros exclusivos y

                específicos o, en su caso, al órgano autonómico competente, y en el mismo plazo, una

                memoria anual de actividades en la que figurará información relativa a los siguientes

                extremos:

                1. a) Relación del profesorado acreditado con que cuenta al final del año,

                desglosado por las materias impartidas.

                1. b) Número de cursos de actualización impartidos, con indicación del número

                total de personal de seguridad privada participante, desglosados bien por empresas de

                seguridad privada que los hayan presentado o realizados a iniciativa propia.

                1. c) Número de cursos de formación especializada impartidos, desglosados por

                especialidad y con indicación del número total de personal de seguridad privada

                participante en cada uno de ellos.

                1. Cuando las documentaciones remitidas a que se refieren los apartados

                anteriores estén incompletas, mal cumplimentadas o no se ajusten a los contenidos

                exigidos a los que se ha hecho referencia en los apartados anteriores, se informará de

                ello a las entidades afectadas y se les requerirá para que, en un plazo de quince días,

                subsanen las deficiencias observadas, o completen los datos omitidos, con indicación de

                que, si así no lo hicieran, se entenderá que tales documentaciones no han sido

                presentadas, a efectos de exigencia de la correspondiente responsabilidad.

                Artículo 233. Informe a las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos.

                Con la información reunida anualmente, a través del cumplimiento de lo dispuesto

                en los artículos anteriores, el Ministerio del Interior, y la correspondiente autoridad

                autonómica competente, de acuerdo con los artículos 21.1e) y 25.1i) de la Ley, darán

                cuenta, anualmente, a las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos,

                respectivamente, del funcionamiento del sector de la seguridad privada.

                CAPÍTULO II Inspección policial

                Artículo 234. Actuaciones de inspección.

                1. De acuerdo con el artículo 54.4 y 5 de la Ley, , la práctica de actuaciones de

                inspección por parte del personal policial en cada caso competente, tendrá como fines

                específicos los siguientes:

                1. a) Garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad privada.
                1. b) Propiciar la fiabilidad y calidad de los servicios de seguridad privada.
                2. c) Detectar posibles errores o malas prácticas, procurando su efectiva

                subsanación y mejora.

                1. d) Constatar posibles irregularidades o evidenciar eventuales incumplimientos,

                procediendo, en su caso, a su denuncia. .

                1. A los efectos indicados en el apartado anterior las empresas de seguridad

                privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad privada, así

                como los sujetos obligados a contratar servicios o medidas de seguridad privada, los

                centros de formación del personal de seguridad privada, las centrales receptoras de

                alarmas de uso propio, los departamentos de seguridad y los usuarios que contraten

                dichos servicios, habrán de facilitar a los órganos policiales competentes el acceso a sus

                instalaciones y medios a efectos de inspección, así como a la información contenida en

                los contratos de seguridad privada, en los Libros-Registro y en otros posibles documentos

                de gestión.

                Dicha práctica de actuaciones de inspección se realizará por los miembros

                competentes de la Guardia Civil o, en su caso, por el cuerpo de policía autonómica

                competente, cuando se trate de guardas rurales y sus especialidades, o de centros de

                formación del personal de seguridad privada y cursos de formación específicos y

                exclusivos de este personal, correspondiendo exclusivamente a los servicios de la

                Guardia Civil lo relativo a armas y armeros de las empresas de seguridad privada, centros

                de formación del personal de seguridad privada y personal de seguridad privada.

                1. Cuando se trate de inspecciones de investigación, por denuncia o de oficio, de

                supuestas infracciones, o relacionadas con un expediente sancionador previamente

                comunicado a la empresa de seguridad privada, adoptadas las cautelas necesarias, éstas

                se realizarán con las debidas garantías de reserva en su ejecución y en sus resultados,

                dando cuenta, en su caso, a la autoridad competente.

                Cuando se trate de una inspección relacionada con un expediente sancionador

                comunicado a un servicio de investigación privada, el equipo de investigación tendrá

                acceso completo al expediente de investigación, a los informes de investigación, contratos

                de seguridad privada, imágenes y sonidos relacionados con el mismo, ejecutándose la

                inspección con las debidas garantían de reserva.

                1. Cuando se trate de inspeccionar servicios de seguridad privada relacionados en

                el artículo 41.2 y 3 de la Ley, la inspección de los mismos se ajustará a lo siguiente:

                1. a) Comunicación previa al cuerpo de seguridad responsable del servicio de

                seguridad.

                1. b) Las comprobaciones únicamente abarcarán los aspectos formales de la

                prestación del servicio de seguridad privada, excluidas las actuaciones operativas o

                instrucciones que haya podido recibir el personal de seguridad privada por parte del

                cuerpo de seguridad responsable.

                1. c) La inspección se realizará con presencia del cuerpo de seguridad

                responsable del servicio.

                1. d) Cuando se trate de actuaciones por denuncia o relacionadas con un

                expediente sancionador se interesará informe previo del cuerpo de seguridad bajo cuya

                responsabilidad se preste el servicio, que se unirá al expediente.

                1. e) Del resultado de la inspección se dará cuenta al cuerpo de seguridad

                responsable del servicio.

                Iguales criterios de actuación se seguirán para el caso de inspecciones en materia

                de armas, cartuchería, explosivos y artículos pirotécnicos, cuando tengan por objeto

                dichos servicios de seguridad privada o instalaciones.

                Artículo 235. Acceso de los funcionarios competentes.

                1. Los actos de inspección podrán desarrollarse, indistintamente, en los domicilios

                o sedes de la entidad, organismo, empresa, delegaciones, oficinas, locales, despachos,

                sucursales, centros, establecimientos, inmuebles, espacios o lugares, incluidos los anejos

                a éstos, en los que se desarrollen actividades de seguridad privada o se presten servicios

                de seguridad privada o relacionados con ésta.

                1. Los Libros-Registro de las empresas de seguridad privada, de los despachos de

                detectives privados y de los sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad privada,

                estarán a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que

                resulten competentes para su inspección.

                1. Las empresas de seguridad privada y el personal de seguridad privada de las

                mismas, así como los titulares de los lugares donde se encuentren instalados armeros,

                facilitarán el acceso a éstos, a los servicios de inspección de la Guardia Civil, al objeto de

                que puedan realizar las comprobaciones pertinentes sobre los propios armeros y las

                armas que contengan.

                1. Las empresas de seguridad privada autorizadas para la actividad de depósito,

                custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, obras de arte y

                objetos valiosos, armas, explosivos, cartuchería metálica y artículos pirotécnicos u otros

                objetos o sustancias peligrosas, facilitarán la inspección de la cámara acorazada, o del

                lugar de custodia, a los servicios de inspección competentes, con el fin de hacer las

                pertinentes comprobaciones de los datos que figuren en los Libros-Registro.

                1. Del mismo modo, las empresas, entidades y organismos que deban tener

                instalados dispositivos, sistemas o medidas de seguridad privada, o que tengan servicios

                de seguridad privada de protección prestados por personal de seguridad privada, o

                sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, o a centros de

                control o de videovigilancia, deberán facilitar el acceso a los miembros de las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad encargados de las funciones inspectoras, con objeto de que

                puedan comprobar, en cualquier momento, el estado de las instalaciones y su

                funcionamiento.

                Artículo 236. Acta de inspección.

                1. De acuerdo con el artículo 54.7 de la Ley, en el acta de inspección extendida se

                hará constar, además de la fecha, hora y lugar en que se practique, la descripción

                detallada de los hechos concretos observados directamente por los funcionarios

                competentes, con identificación de las personas incursas en los mismos, así como, en su

                caso, expresión del material decomisado, facilitando copia de la misma a las personas

                que resultaren afectadas.

                En el acta de las inspecciones realizadas sobre despachos de detectives privados,

                de no resultar imprescindible, no se reflejarán datos personales de contratantes ni de

                investigados.

                1. Las manifestaciones contenidas en el acta de inspección, tendrán presunción de

                veracidad y podrán constituir base suficiente para adoptar la correspondiente resolución,

                sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses

                puedan señalar o aportar los propios interesados.

                1. Cuando en la inspección se proceda a la revisión de Libros-Registro, se anotarán

                en éstos, mediante diligencia, las deficiencias o anomalías observadas.

                Artículo 237. Contenido de la inspección.

                1. Las actuaciones de inspección se dirigirán a la comprobación de los aspectos

                siguientes:

                1. a) Verificación del cumplimiento de los requisitos, de las obligaciones de

                autorización y de funcionamiento a los que se encuentren sujetos por la normativa de

                seguridad privada.

                1. b) Verificación del correcto funcionamiento de las medidas de seguridad

                privada con las que cuenten, ya sean obligatorias o adoptadas voluntariamente.

                1. c) Revisión aleatoria de la formalización y comunicación de contratos de

                seguridad privada y de informes derivados de los mismos, y de otra documentación de

                seguridad privada en general.

                1. d) Verificación de la correcta llevanza de los Libros-Registro de los que hayan

                de disponer.

                1. e) Otras posibles cuestiones que se consideren de interés a criterio del equipo

                de inspección.

                1. En las inspecciones que se realicen a centrales receptoras de alarmas de uso

                propio se podrá llevar a cabo, además, una verificación de la correcta gestión de las

                alarmas, especialmente las comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

                1. En las inspecciones que se realicen a los centros de formación del personal de

                seguridad privada o a los centros universitarios donde se impartan cursos de dirección de

                seguridad o de detectives privados se podrá llevar a cabo, además, una verificación de la

                completa impartición de los programas y contenidos de los cursos de seguridad privada y

                de la correcta expedición de diplomas y títulos.

                1. En las inspecciones que se realicen a los departamentos de seguridad de las

                empresas, se podrá llevar a cabo, además, una verificación del mantenimiento de las

                circunstancias manifestadas en la comunicación previa origen de su existencia, así como

                del correcto cumplimiento de los cometidos y obligaciones asignados por la normativa de

                seguridad privada

                CAPÍTULO III Auditoría externa

                Artículo 238. Régimen general.

                1. De acuerdo con los artículos 6.6, 19. 2, 3 y 4, 51.2 y 52.1d) de la Ley, las

                auditorías externas, serán obligatorias en los siguientes supuestos:

                1. a) Para las empresas de seguridad privada que pretendan prestar servicios en

                sectores estratégicos, en los términos establecidos en el título I del anexo III.

                1. b) Para las empresas de seguridad privada que presten los servicios de los

                artículos 40.1 y 41.2 y 3 de la Ley, en los términos establecidos en el título II del anexo III.

                1. c) Para los sujetos obligados que se relacionan en el título III del anexo III.
                2. d) Para las empresas de seguridad informática, en los términos establecidos en

                el título IV de anexo III.

                1. A las auditorías externas a las que voluntariamente pudieran someterse las

                empresas, entidades o sujetos no referidos en el apartado anterior e incluidos en el

                ámbito de aplicación del artículo 3 de la Ley, les resultará igualmente de aplicación lo

                dispuesto en el artículo siguiente, en cuanto a vigencia y efectos, siempre que se realicen

                en las condiciones establecidas, respectivamente, en el título II y título III, ambos del

                anexo III.

                1. Las auditorías internas que puedan realizar los sujetos comprendidos en los dos

                apartados anteriores, en ningún caso podrán sustituir, ni tendrán la validez y efectos de

                las auditorías externas.

                Artículo 239. Validez y efectos de las auditorias.

                1. Para que los informes de auditoría externa resulten válidos en el ámbito de la

                seguridad privada, habrán de reunir los siguientes requisitos:

                1. a) Ser emitidos por entidad acreditada para ello por el organismo de

                acreditación correspondiente, y reunir los requisitos a que se refiere el anexo III. Las

                personas, físicas o jurídicas, que realicen la auditoría externa, no podrán mantener con

                los sujetos auditados vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo que

                puedan afectar a su independencia o influir en el resultado de sus actividades auditoras.

                La auditoría deberá realizarse con una periodicidad mínima de dos años.

                1. Los informes de auditoría externa deberán ser comunicadas, por parte de la

                entidad auditora, en el plazo máximo de treinta días, al órgano de la Dirección General de

                la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano

                autonómico competente, para su constancia y efectos. Tras la evaluación de la

                información o del resultado de estas auditorías, los órganos competentes podrán impartir

                instrucciones vinculantes a las entidades auditadas para subsanar las deficiencias

                detectadas.

                Igualmente, los sujetos auditados deberán mantener el informe de auditoría a

                disposición de los órganos policiales de control competentes.

                1. Cuando el informe de auditoría resulte desfavorable, el sujeto auditado adoptará

                las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que los resultados de la

                auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos de la normativa

                sobre seguridad privada, lo que podrá ser comprobado por los miembros de las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad competentes, pudiendo estos adoptar las medidas provisionales

                contempladas en el artículo 55 de la Ley.

                TÍTULO X Régimen sancionador

                CAPÍTULO I Infracciones

                SECCIÓN 1.ª INFRACCIONES DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA,

                SUS REPRESENTANTES LEGALES, DE LOS DESPACHOS DE DETECTIVES

                PRIVADOS, Y DE LAS CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS DE USO PROPIO

                Artículo 240. Infracciones muy graves.

                1. La infracción consistente en la prestación de servicios de seguridad privada a

                terceros, careciendo de la autorización o, en su caso, sin haber realizado la declaración

                responsable prevista en el artículo 18.1 y 2 de la Ley, para la prestación de los servicios

                de que se trate, se considerará cometida en caso de:

                1. a) La prestación de servicios de seguridad privada sin haber obtenido la preceptiva

                autorización para la clase de actividades o servicios de seguridad privada de que

                se trate, o presentado la correspondiente declaración responsable.

                1. b) La continuación de la prestación de servicios de seguridad privada en caso de

                revocación de la autorización correspondiente o de la pérdida de eficacia de la

                declaración responsable presentada. La subcontratación o cesión de los servicios

                de seguridad privada con empresas de seguridad privada o despachos de

                detectives privados que no dispongan de la correspondiente autorización, o no

                hayan presentado la preceptiva declaración responsable para el servicio o actividad

                de seguridad privada de que se trate.

                1. La infracción consistente en la contratación o utilización, en servicios de

                seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación correspondiente, se

                entenderá cometida por:

                1. a) El empleo de personas pertenecientes a la propia empresa de seguridad privada,

                contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7.1, inciso segundo, de la Ley.

                1. b) Emplear a personas cuya habilitación o acreditación esté extinguida, suspendida o

                se les haya retirado la tarjeta por cualquier causa.

                1. c) Emplear a personal habilitado o acreditado en servicios o funciones de seguridad

                privada distintos de los correspondientes a su respectiva habilitación o

                acreditación.

                1. La infracción por la instalación o utilización de medios materiales o técnicos no

                homologados cuando la homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar

                grave daño a las personas o a los intereses generales, incluirá el supuesto en que dichos

                medios provoquen reiterados avisos o intervenciones innecesarias de las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad.

                1. La infracción consistente en la negativa a facilitar, cuando proceda, la

                información contenida en los contratos de seguridad privada, en los Libros-Registro o el

                acceso a los informes de investigación privada, incluirá:

                1. a) No atender los requerimientos formales, sin causa justificada, en los plazos que

                fijen para su cumplimentación los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad competentes. Impedir o dificultar que los miembros de las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad competentes puedan conocer el contenido de dichos

                contratos, libros o informes.

                1. b) Mostrar a dichos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes,

                copias, en lugar de los originales, de dichos contratos, libros o informes, o

                facilitarles otros que no sean los auténticos.

                1. c) No disponer de los mismos por incumplimiento del deber de depósito y

                conservación mínima de la documentación de seguridad privada

                reglamentariamente establecido.

                1. La infracción relativa al incumplimiento de las previsiones normativas sobre

                adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de

                aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal de seguridad privada a su

                servicio fuera de los casos permitidos por la Ley, o la contratación de instructores de tiro

                que carezcan de la oportuna acreditación, incluirá:

                1. a) Poseer armas que no sean las reglamentariamente determinadas para el servicio

                de seguridad privada de que se trate.

                1. b) La tenencia de armas careciendo de la guía de pertenencia de las mismas.
                2. c) Adjudicar al personal de seguridad privada armas que no sean las

                reglamentariamente establecidas para el servicio de seguridad privada, así como

                cualquiera de las consideradas prohibidas.

                1. d) La negligencia en la custodia de las armas, que pueda provocar su sustracción,

                robo o extravío.

                1. e) Carecer de armero con la correspondiente homologación o no hacer uso del

                mismo, en los casos exigidos por la legislación de seguridad privada.

                1. f) Proveer de armas a personal de seguridad privada que carezca de la licencia

                reglamentaria.

                1. La infracción consistente en la prestación de servicios de seguridad privada con

                armas de fuego fuera de lo dispuesto en la Ley, y en este reglamento, incluirá:

                1. a) La realización de dichos servicios con armas de las consideradas prohibidas.
                2. b) Encargar servicios de seguridad privada con armas de fuego a personal de

                seguridad privada que carezca de la licencia reglamentaria.

                1. La infracción relativa a la negativa a prestar auxilio o colaboración con las

                Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la persecución e investigación de actos delictivos; en

                el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones

                inspectoras y de control que les correspondan, se entenderá cometida en los siguientes

                casos:

                1. a) La falta de comunicación oportuna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de

                informaciones relevantes para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de

                la seguridad ciudadana.

                1. b) La falta de comunicación oportuna de los hechos delictivos de que tuvieran

                conocimiento en el desarrollo de sus actividades de seguridad privada.

                1. c) La negativa a facilitar a dichos funcionarios el acceso a los lugares donde se lleven

                a cabo actividades de seguridad privada, o se presten servicios de esta naturaleza,

                excepto a las zonas de un domicilio particular ajenas a la actividad de seguridad

                privada.

                1. d) Impedir o dificultar, de cualquier modo, el control de la prestación de servicios de

                seguridad privada.

                1. La infracción por la ausencia de las medidas de seguridad privada obligatorias,

                por parte de las empresas de seguridad privada y de los despachos de detectives

                privados, en sus sedes, delegaciones y sucursales, se entenderá producida por:

                1. a) La desconexión, inutilización o no utilización intencional de las referidas medidas

                de seguridad privada.

                1. b) La alteración intencional de su normal funcionamiento.
                2. La infracción por el incumplimiento de las condiciones de prestación de servicios

                de seguridad privada establecidos por la autoridad competente en relación con el ejercicio

                del derecho de huelga en servicios esenciales, o en los que el servicio de seguridad

                privada se haya impuesto obligatoriamente en los supuestos a que se refiere el artículo

                8.6 de la Ley, se entenderá producida:

                1. a) Cuando no se respeten los servicios mínimos impuestos por la autoridad

                competente, bien sea por nombrar más o menos del porcentaje establecido por

                dicha autoridad en el correspondiente decreto de servicios mínimos.

                1. b) Cuando no se respeten otras posibles condiciones que la autoridad competente

                haya impuesto en el referido decreto de servicios mínimos.

                1. La infracción por la falta de transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

                competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de

                alarmas privadas, incluidas las de uso propio, así como el retraso en la transmisión de las

                mismas, cuando estas conductas no estén justificadas, se entenderá producida por:

                1. a) La no comunicación de las alarmas reales o el retraso en su transmisión, por

                inutilización de los propios sistemas de alarmas, bien de los medios de detección o

                de las líneas de transmisión o comunicación de las señales, de forma que se

                impida o dificulte su recepción en la central receptora de alarmas.

                1. b) La vulneración o violación de códigos o protocolos de seguridad que impidan o

                dificulten detectar debidamente a la central receptora de alarmas la realidad de las

                alarmas producidas.

                1. c) El deficiente funcionamiento de las centrales receptoras de alarmas, por carecer

                de los elementos técnicos adecuados o del personal preciso, para detectar la

                realidad de las alarmas producidas o su rápida gestión y comunicación a las

                autoridades policiales.

                1. d) La instalación de marcadores automáticos, fuera de los casos permitidos, para

                transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad.

                Artículo 241. Infracciones graves.

                1. La infracción relativa a la prestación de servicios de seguridad privada con

                vehículos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no reúnan las

                características reglamentarias, incluirá la realización de servicios de transporte de

                seguridad sin que los vehículos cuenten con las características técnicas y dotación del

                personal de seguridad privada exigidas reglamentariamente o, en su caso, sin la

                protección necesaria.

                1. La infracción consistente en la prestación de servicios de seguridad privada

                careciendo de los requisitos específicos de autorización o presentación de declaración

                responsable para la realización de dicho tipo de servicios, también será aplicable cuando

                tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito territorial para el que estén

                autorizados o se haya presentado la declaración responsable o careciendo de la

                autorización previa o de dicha declaración cuando éstas sean preceptivas, o cuando se

                realice en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorización del

                servicio, incluyendo la subcontratación de servicios de seguridad privada con empresas

                de seguridad inscritas para la misma actividad, pero no autorizadas para el ámbito

                territorial correspondiente al lugar de realización del servicio subcontratado.

                1. La infracción relativa a la comunicación de una o más falsas alarmas por

                negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa, se entenderá

                cometida por:

                1. a) El funcionamiento deficiente de las centrales receptoras de alarmas por carecer del

                personal preciso.

                1. b) La transmisión de alarmas a los servicios policiales sin verificarlas previa y

                adecuadamente.

                1. c) La transmisión de falsas alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por falta

                de adopción de las precauciones necesarias para evitarlas.

                1. d) La falta de subsanación de las deficiencias que den lugar a falsas alarmas, cuando

                se hubiere sido requerido para ello, y la de desconexión del sistema que hubiere

                sido reglamentariamente ordenada.

                1. La infracción consistente en la carencia o falta de cumplimentación de cualquiera

                de los Libros-Registro obligatorios, incluirá:

                1. a) El incumplimiento del deber de conservación reglamentariamente establecido.
                2. b) La omisión del deber de adaptar los Libros-Registro reglamentarios en lo relativo a

                sus formatos o modelos; del de llevarlos regularmente y al día, o del de cumplir las

                normas de funcionamiento del sistema o sistemas de información, comunicación o

                certificación que se determinen.

                1. La infracción consistente en la prestación de servicios incumpliendo lo dispuesto

                en el artículo 19.4 de la Ley, y lo establecido al respecto en este reglamento, relativo a la

                obligación de certificación para los sectores estratégicos definidos en la legislación de

                protección de infraestructuras críticas, emitida por una entidad de certificación acreditada

                que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de

                Seguridad Social y Tributaria que les sea de aplicación, se entenderá cometida por:

                1. a) La no realización, o falta de vigencia, de las auditorías externas de seguridad

                privada a las que reglamentariamente vengan obligados.

                1. b) La no realización, o falta de vigencia, de las auditorías externas de seguridad

                informática a las que reglamentariamente vengan obligados.

                SECCIÓN 2.ª INFRACCIONES DEL PERSONAL QUE DESEMPEÑE FUNCIONES DE

                SEGURIDAD PRIVADA Y DEL PERSONAL ACREDITADO

                Artículo 242. Infracciones muy graves.

                1. La infracción cometida por el ejercicio de funciones profesionales de seguridad

                privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria, se entenderá

                cometida por:

                1. a) La prestación de servicios de seguridad privada sin haber obtenido la

                correspondiente tarjeta o acreditación profesional, o en caso de extinción de la

                habilitación o acreditación por cualquier causa, así como en los supuestos de

                suspensión de la habilitación o de retirada de la tarjeta.

                1. b) El ejercicio de funciones profesionales distintas de aquellas para las que se

                estuviere habilitado o acreditado.

                1. La infracción consistente en el incumplimiento de las previsiones contenidas en

                la Ley, sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio de seguridad privada y sobre

                su utilización, se entenderá cometida en los siguientes casos:

                1. a) La prestación con armas de servicios de seguridad privada para los que no

                estuviese legal o reglamentariamente previsto su uso.

                1. b) Portar sin autorización específica las armas fuera de las horas o de los lugares de

                prestación de los servicios de seguridad privada o no depositarlas en los armeros

                correspondientes.

                1. c) Descuidar la custodia de sus armas o de las documentaciones de éstas, dando

                lugar a su extravío, robo o sustracción.

                1. d) No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el extravío,

                destrucción, robo o sustracción del arma asignada.

                1. e) Prestar con arma distinta de la reglamentaria los servicios de seguridad privada

                que puedan ser realizados con armas.

                1. f) Retener las armas o sus documentaciones cuando causaren baja en la empresa de

                seguridad privada a la que pertenecieren.

                1. La infracción consistente en la falta de reserva debida sobre los hechos que

                conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos

                de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la

                propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito, se

                entenderá cometida por:

                1. a) La facilitación de datos sobre las personas o bienes objeto de su protección o

                investigación, a personas distintas de las que se lo encomendaron. En ningún caso

                se considerará infracción la facilitación de estos datos a los superiores jerárquicos,

                a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades judiciales para el ejercicio de

                sus respectivas funciones.

                1. b) La utilización de medios materiales o técnicos en forma tal que no resulte

                acreditado su uso en relación con el fin perseguido, incumpliendo los requisitos de

                idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta.

                1. La infracción consistente en la negativa a prestar auxilio o colaboración a las

                Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y

                persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en

                la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan, incluirá:

                1. a) La falta de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de informaciones

                relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de que

                tuvieren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

                1. b) Omitir la colaboración que sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

                en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o cierre de locales y en

                cualquier otra situación en que sea necesaria para el mantenimiento o el

                restablecimiento de la seguridad ciudadana.

                1. c) No facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las informaciones de que

                dispusiesen y que les fueren requeridas en relación con las investigaciones o

                actuaciones que dichas autoridades judiciales o policiales estuviesen realizando.

                1. La infracción consistente en la negativa a identificarse profesionalmente, en el

                ejercicio de sus respectivas funciones de seguridad privada, ante la Autoridad o sus

                agentes, cuando fueren requeridos para ello, incluirá:

                1. a) No mostrar la tarjeta cuando le sea solicitada.
                2. b) No facilitar el número de habilitación o impedir su visualización en el distintivo.
                3. La realización de investigaciones privadas sobre delitos perseguibles de oficio o

                la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives

                privados en el ejercicio de sus funciones de seguridad privada, incluirá su contratación.

                Artículo 243 Infracciones graves.

                1. La infracción consistente en la realización de funciones de seguridad privada que

                excedan de la habilitación o acreditación obtenida, se entenderá cometida por:

                1. a) Realizar funciones de seguridad privada de vigilancia y protección fuera de los

                edificios, inmuebles o propiedades cuya seguridad tuvieran encomendada, salvo en

                los casos en que estuviere reglamentariamente previsto.

                1. b) El desempeño de las funciones de seguridad privada de escolta privado

                excediéndose de las finalidades propias de su protección o la identificación o

                detención de personas salvo que sea imprescindible para la consecución de dichas

                finalidades.

                1. La infracción consistente en la no identificación profesional, en el ejercicio de sus

                respectivas funciones de seguridad privada, cuando fueren requeridos para ello por los

                ciudadanos, incluirá:

                1. a) No mostrar la tarjeta cuando le sea solicitada.
                2. b) No facilitar el número de habilitación o impedir su visualización en el distintivo.
                3. La infracción consistente en la negativa a realizar los cursos de formación

                permanente a los que vienen obligados, incluirá:

                1. a) La inasistencia a los cursos de formación facilitados por la empresa de seguridad

                privada.

                1. b) La ausencia superior de un diez por ciento de la duración del curso de formación

                facilitado por la empresa de seguridad privada.

                SECCIÓN 3.ª INFRACCIONES DE LOS USUARIOS CONTRATANTES DE SERVICIOS

                DE SEGURIDAD PRIVADA Y LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE

                SEGURIDAD PRIVADA

                Artículo 244. Infracciones muy graves.

                1. La infracción consistente en la utilización de aparatos de alarmas u otros

                dispositivos de seguridad no homologados cuando fueran susceptibles de causar grave

                daño a las personas o a los intereses generales, incluirá la instalación de marcadores

                automáticos, fuera de los casos permitidos, para transmitir alarmas directamente a las

                dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

                1. La infracción consistente en la negativa a prestar auxilio o colaboración a las

                Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en la realización de las funciones

                inspectoras de las medidas de seguridad privada, de los centros de formación de

                seguridad privada y de los establecimientos obligados a disponer medidas de seguridad

                privada, incluirá:

                1. a) No atender los requerimientos formales, sin causa justificada, en los plazos que

                fijen para su cumplimentación los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad competentes.

                1. b) La falta de comunicación oportuna de los hechos delictivos de que tuvieran

                conocimiento en el desarrollo de sus actividades.

                1. c) La negativa a facilitar a dichos funcionarios el acceso a los lugares donde se lleven

                a cabo actividades de seguridad privada, o se presten servicios de esta naturaleza,

                excepto a las zonas de un domicilio particular ajenas a la actividad de seguridad

                privada

                1. d) Impedir o dificultar, de cualquier modo, el control de la prestación de servicios de

                seguridad privada.

                1. e) La desobediencia a los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en

                relación con las funciones inspectoras, con la obligación de colaboración, con la

                utilización y funcionamiento de las medidas de seguridad privada, o con

                obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa de seguridad privada o

                en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana o en reglamentaciones

                especificas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas,

                cuando ello no constituya infracción penal.

                1. La infracción consistente en la falta de adopción o instalación de las medidas de

                seguridad privada que resulten obligatorias en eventos, centros de formación del personal

                de seguridad privada, establecimientos, oficinas, dependencias y demás instalaciones,

                incluirá:

                1. a) Proceder a la apertura de centros de formación del personal de seguridad privada,

                establecimientos, oficinas, dependencias y demás instalaciones, o ejercer las

                actividades propias de los mismos, o celebrar eventos, sin adoptar, total o

                parcialmente, las medidas de seguridad privada obligatorias, o cuando éstas no

                funcionen o lo hagan defectuosamente o, en su caso, antes de que la autoridad

                competente haya expresado su conformidad con las mismas.

                1. b) Mantener abierto el centro, establecimiento, oficina, dependencia o demás

                instalaciones, o continuar la celebración del evento, sin que las medidas de

                seguridad privada reglamentariamente exigidas funcionen, o sin que lo hagan

                correcta y eficazmente.

                1. La infracción consistente en la contratación o utilización a sabiendas de

                personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de

                servicios de seguridad privada, o la utilización de personal docente no acreditado en

                actividades de formación, se entenderá cometida por:

                1. a) El empleo o contratación directa de personal habilitado al margen de las empresas

                de seguridad privada o de los despachos de detectives privados, excepto en el

                caso de guardas rurales, y sus especialidades, no integrados en empresas de

                seguridad privada.

                El empleo, en servicios o funciones de seguridad privada, de personal propio,

                contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7.1, inciso segundo, de la Ley.

                Artículo 245. Infracciones graves.

                1. La infracción consistente en el incumplimiento de las revisiones preceptivas de

                los sistemas o medidas de seguridad privada obligatorias que tengan instalados, incluye

                la no realización de las auditorías externas de seguridad privada o de seguridad

                informática, por parte de los sujetos reglamentariamente obligados.

                1. La infracción consistente en la impartición de los cursos de formación fuera de

                las instalaciones autorizadas de los centros de formación, salvo las excepciones

                contempladas en este reglamento.

                1. La infracción consistente en el anormal funcionamiento de las medidas de

                seguridad privada obligatorias adoptadas o instaladas cuando ocasionen perjuicios a la

                seguridad pública o a terceros, incluirá:

                1. a) El uso indebido o negligente de las mismas.
                2. b) Cuando provoquen la innecesaria intervención de las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad.

                CAPÍTULO II Procedimiento

                Artículo 246. Régimen aplicable.

                1. Al procedimiento sancionador le será de aplicación lo dispuesto en la Ley y en la

                legislación sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

                1. El plazo de caducidad para la instrucción de los procedimientos sancionadores

                por faltas graves y muy graves será de seis meses, y de tres meses para las faltas leves.

                Artículo 247. Incoación.

                1. Tienen competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador, y

                para adoptar, si procede, las medidas cautelares que determina el artículo 55 de la Ley:

                1. a) Para las infracciones graves y muy graves:

                1.º Con carácter general, el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de

                Seguridad, el Director General de la Policía y los Delegados y Subdelegados del

                Gobierno.

                2.º Con carácter específico, el Director General de la Guardia Civil, respecto

                de las infracciones cometidas por guardas rurales, en sus distintas modalidades, y los

                centros de formación del personal de seguridad privada específicos de este personal.

                3.º El titular del órgano competente de las comunidades autónomas, respecto

                a las competencias que le correspondan en materia de seguridad privada.

                1. b) Para las infracciones leves:

                1.º Las Jefaturas Superiores o Comisarías Provinciales de la Policía Nacional,

                con carácter general.

                2.º Las Zonas y Comandancias de la Guardia Civil, respecto a las cometidas

                por los guardas rurales en sus distintas modalidades, y los centros de formación del

                personal de seguridad privada específicos de este personal.

                3.º Las dependencias policiales correspondientes de los cuerpos de policía

                autonómica con competencia en materia de seguridad privada.

                Artículo 248. Instrucción.

                1. La instrucción de los procedimientos sancionadores por infracciones muy graves

                y graves corresponderá a los Delegados o Subdelegados del Gobierno, o a los titulares

                del órgano autonómico competente, salvo cuando corresponda a estas autoridades el

                ejercicio de la potestad sancionadora.

                1. La instrucción de los procedimientos sancionadores, en los supuestos no

                comprendidos en el apartado anterior, corresponderá, con carácter general, a las

                Comisarías Provinciales de la Policía Nacional y, en su caso, a las dependencias

                correspondientes del cuerpo de la policía autonómica, o a las Comandancias de la

                Guardia Civil, éstas últimas solo respecto a los guardas rurales y sus distintas

                especialidades, y los centros de formación del personal de seguridad privada específicos

                de este personal.

                Artículo 249. Fraccionamiento del pago.

                De acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley, cuando se acordase el fraccionamiento

                del pago, éste se efectuará mediante el abono de la sanción en dos plazos, por un

                importe de un cincuenta por ciento de la misma en cada uno de ellos.

                Artículo 250. Informe.

                1. En los procedimientos por infracciones muy graves o graves, antes de formular

                la propuesta de resolución, el órgano instructor, en su caso, remitirá copia del expediente

                instruido, y podrá interesar informe, no vinculante, al órgano de la Dirección General de la

                Policía que determine su estructura orgánica y funcional, que habrá de emitirlo en un

                plazo de quince días.

                1. La solicitud del informe potestativo contemplado en el apartado anterior, se

                dirigirá al órgano policial respectivamente competente cuando se trate de expedientes

                tramitados por las autoridades autonómicas, o, en su caso, al órgano de la Dirección

                General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional cuando se

                trate de guardas rurales y sus modalidades, y los centros de formación del personal de

                seguridad privada específicos de este personal.

                Artículo 251. Ocupación de material.

                En el supuesto de que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 55 o 69 de la Ley,

                se hubiera procedido a la ocupación de material utilizado, y hasta tanto se le dé un

                destino final, el mismo podrá ser empleado en las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de

                Seguridad siempre y cuando no sea material prohibido.

                Disposición transitoria única. Medidas de seguridad de sujetos obligados.

                1. Hasta tanto el Ministerio del Interior elabore las correspondientes matrices de

                riesgos, los respectivos sujetos obligados habrán de cumplir aquellas medidas de

                seguridad establecidas, en cada caso, en el título II del anexo IV.

                1. Los sujetos comprendidos en el artículo 199.1.a), estarán obligados,

                exclusivamente, al cumplimiento de las medidas correspondientes a cada uno de ellos de

                las establecidas en el propio reglamento.

                ANEXO I EMPRESAS

                TÍTULO I Requisitos generales y datos registrales

                CAPÍTULO I Requisitos generales

                1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.3, puesto en relación con el artículo 18.1, las empresas interesadas

                en desarrollar actividades de seguridad privada, deberán acreditar, con carácter general, a través de la

                documentación requerida en los apartados siguientes, el cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, en

                función de la forma jurídica que revistan e independientemente de la actividad o actividades de seguridad privada

                pretendidas.

                En cualquier caso, dichas empresas, deberán siempre estar en posesión de los certificados emitidos por los

                organismos de certificación, debidamente acreditados, en relación con los elementos de seguridad física,

                electrónica o informática instalados, donde conste que los mismos cuentan con la evaluación de conformidad y

                los requisitos constructivos exigidos en las normas técnicas de normalización y certificación que resulten de

                aplicación, y mostrarlos a los miembros de los órganos de control e inspección competentes en materia de

                seguridad privada cuando así lo requieran.

                1. Las empresas revestidas con forma societaria deberán aportar o poseer la siguiente documentación:
                2. a) Copia auténtica, simple, o debidamente compulsada, de la escritura pública de su constitución, y

                certificado o nota de su inscripción en el Registro Mercantil u otro público que corresponda. En dicha

                escritura deberán constar, al menos, los datos a que se refiere el artículo 19.4.

                Cuando las empresas se hubieran constituido como sociedades civiles, comunidades de bienes u otras

                colectividades carentes de personalidad jurídica, los socios o comuneros deberán aportar copia del

                original del contrato privado o, en su caso, público, de constitución, debidamente compulsada, en el que

                deberá figurar el contenido mínimo referido anteriormente.

                Si se tratara de empresas no españolas constituidas como sociedades en cualquier otro Estado miembro

                de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se

                aportará escritura pública o los documentos equivalentes que acrediten la existencia de la empresa, sus

                estatutos vigentes y su administrador o administradores, todos ellos debidamente traducidos y

                legalizados al español por traductor jurado acreditado al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

                20.2.

                1. b) Declaración responsable, con arreglo al modelo oficial único disponible, en cada momento, en la sede

                electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico competente,

                debidamente cumplimentada y firmada por el representante o representantes legales de la empresa, en

                la que conste la no incursión de ésta y de él, o de ellos mismos, en cualesquiera de las

                incompatibilidades, prohibiciones o situaciones contempladas en este reglamento, así como que reúnen

                los requisitos establecidos en el artículo 22.2 de la Ley, y que presta su consentimiento expreso a la

                Administración para la consulta de sus datos contenidos en el Registro Central de Penados del Ministerio

                de Justicia. En defecto de consentimiento expreso, se deberá aportar certificación negativa.

                1. c) Declaración formal de la actividad o actividades de seguridad privada que se pretenden desarrollar, y, en

                su caso, de las compatibles, a las que se refiere el artículo 22, con indicación de un mismo y único

                ámbito territorial de actuación previsto, nacional o autonómico, así como de la dirección de correo

                electrónico a efectos de lo dispuesto en el artículo 47.1.d), de conformidad con el modelo oficial único

                disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso,

                en la del órgano autonómico competente.

                1. d) Original o copia, debidamente compulsada, del documento acreditativo del título en virtud del cual se

                dispone del derecho de uso del local en que se encuentre fijado el domicilio de la empresa, así como del

                local o locales destinados al desarrollo de actividades de seguridad privada vinculadas a la operativa de

                seguridad, cuando éstas no vayan a realizarse en aquél.

                1. e) Certificados, emitidos por los técnicos acreditados, que correspondan en cada caso, de la instalación y

                efectiva implantación en las sedes ligadas a la operativa de seguridad, así como, en su caso, en otros

                locales destinados al desarrollo de actividades vinculadas a dicha operativa, de los sistemas y medidas

                de seguridad físicas, electrónicas e informáticas comunes contempladas en el Anexo IV.

                Junto con los certificados de referencia, se adjuntará el plano de ubicación de los elementos que

                componen tales sistemas y medidas, así como las copias, debidamente compulsadas, de los contratos

                de instalación, conexión a central receptora de alarmas y mantenimiento del sistema de seguridad

                electrónico instalado.

                1. f) Copias, debidamente compulsadas, de los planes de seguridad y contingencia previstos para las sedes

                vinculadas a la operativa de seguridad.

                1. g) Relación nominal del personal integrante de la empresa de seguridad privada, distinguiéndose entre el

                directivo, el administrativo, el de seguridad privada, el acreditado o el comercial, con indicación, en su

                caso, de los números de las tarjetas o de acreditación profesional, del cargo o puesto de trabajo que

                ocupan, su categoría, y del número del documento nacional de identidad, o, en el caso de nacionales de

                Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico

                Europeo, del número de identidad de extranjero. Cuando no haya obligación de obtener este último, se

                expresará el número del documento de identidad equivalente.

                Junto con dicha relación se adjuntará una declaración responsable, con arreglo al modelo oficial único

                disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso,

                en la del órgano autonómico competente, suscrita y firmada por el representante o representantes

                legales, por la que se ponga de manifiesto que la empresa de seguridad privada a la que representan ha

                comunicado, y en su caso comunicará en el futuro, si se produjeran modificaciones, subrogaciones o

                nuevas contrataciones, los contratos celebrados con su personal a la Tesorería General de la Seguridad

                Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, habiéndole dado de alta de acuerdo con el puesto de

                trabajo asignado y al grupo o categoría profesional de cotización, así como que cumple y cumplirá con el

                resto de obligaciones impuestas por las normas del orden fiscal y laboral, incluida en este último caso la

                de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad o en su lugar la

                adopción de las medidas alternativas sustitutorias.

                Podrá incluirse una cláusula en los contratos a celebrar por la que el comienzo de sus efectos quede

                condicionado a la fecha de autorización e inscripción de la empresa de seguridad privada contratante en

                el Registro que corresponda. En cualquier caso, una copia de los mismos deberá permanecer siempre en

                la sede principal o domicilio social de la empresa de seguridad privada contratante y a disposición, en

                todo momento, de los órganos de control e inspección competentes que puedan requerirla en los ámbitos

                de la seguridad privada, laboral o fiscal.

                1. h) Relación del inventario correspondiente a los medios materiales y técnicos de que se disponga para el

                ejercicio de la actividad o actividades de seguridad privada pretendidas, firmada por el representante o

                representantes legales de la empresa de seguridad privada.

                1. i) Copia, debidamente compulsada, del contrato de seguro de responsabilidad civil suscrito, o de otras

                garantías financieras constituidas, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 29 de este

                Reglamento, por el importe, al menos, de la correspondiente cuantía consignada en el Título II de este

                anexo, en función de la actividad o actividades de seguridad privada pretendidas.

                1. j) Resguardo o justificante original acreditativo de haber constituido aval, suscrito contrato de seguro de

                caución o depositado dinero en efectivo, en la forma y condiciones prevenidas en el artículo 30 de este

                Reglamento, por el importe, al menos, de la correspondiente cuantía consignada en el Título II de este

                anexo, en función de la actividad o actividades de seguridad privada pretendidas.

                1. k) Justificante original de haberse efectuado el ingreso correspondiente, en concepto de tasa, a favor del

                Tesoro Público, conforme a la tarifa legal que resulte de aplicación.

                1. Las empresas de seguridad privada revestidas con forma de empresario individual deberán aportar o poseer la

                misma documentación que las que revistan la forma de sociedades, con las siguientes particularidades:

                1. a) Se aportará certificado acreditativo de la primera inscripción en el Registro Mercantil correspondiente,

                junto con la copia compulsada de la Declaración dirigida por el empresario individual a dicho Registro con

                ocasión de tal inscripción. En dicha Declaración, deberán constar, al menos, los siguientes extremos:

                1.º Los datos que permitan identificar al empresario individual y a la empresa de seguridad privada,

                incluida la denominación y, en su caso, el nombre comercial adoptado.

                2.º El número de identificación fiscal asignado por la Administración Tributaria.

                3.º El objeto de la actividad empresarial, que habrá de ser coincidente con todas, varias o alguna de

                las actividades de seguridad privada, así como, en su caso, de las compatibles, a las que se

                refiere el artículo 22.

                4.º El domicilio de la empresa de seguridad privada, que deberá radicar en el territorio de un Estado

                miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico

                Europeo, con indicación de su dirección exacta.

                1. b) Sólo habrá de presentarse la relación nominal de trabajadores en el supuesto de que el empresario

                individual vaya a contratar a trabajadores por cuenta ajena, en cuyo caso estará obligado, igualmente, a

                presentar certificado de la inscripción de la empresa en el sistema de la Seguridad Social, así como del

                número de alta y afiliación de aquéllos a dicho organismo.

                1. c) Las empresas que vayan a tener por objeto exclusivo la actividad de seguridad privada de instalación y

                mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de

                servicios de conexión con centrales receptoras de alarmas, en lugar de presentar la certificación de su

                inscripción en el Registro Mercantil y la copia a que se refiere el párrafo 1º, deberán aportar los

                documentos acreditativos de la asignación del correspondiente Número de Identificación Fiscal por parte

                de la Agencia Tributaria al empresario individual, su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y

                Retenedores y copia compulsada de la resolución de reconocimiento del alta consiguiente en el Régimen

                Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).

                CAPÍTULO II Datos registrales

                En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.2, en el Registro que corresponda, nacional o autonómico,

                quedarán anotados en la hoja abierta a cada empresa de seguridad privada los siguientes datos:

                1. a) El número de orden de inscripción asignado.
                2. b) La fecha de inscripción.
                3. c) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial escogido.
                4. d) La nacionalidad.
                5. e) El número o código de identificación fiscal.
                6. f) El domicilio fijado y, en su caso, las sedes y delegaciones vinculadas a la operativa de seguridad.
                7. g) La personalidad y forma jurídica adoptada.
                8. h) La actividad o actividades de seguridad privada para las que ha sido autorizada, así como, en su caso,

                las compatibles declaradas.

                1. i) El ámbito territorial de actuación declarado.
                2. j) El número de la póliza de responsabilidad civil o, en su caso, de la garantía o garantías financieras

                constituidas, cuantía y entidad o empresa con la que se suscribieron.

                1. k) La entidad con la que se hubiere constituido la garantía exigida en cada caso, la Caja General depositaria

                e importe depositado.

                1. l) El titular o titulares de la empresa de seguridad privada o, en su caso, el representante o representantes

                legales designados por aquél o aquéllos.

                1. m) La titularidad de las acciones y participaciones sociales.
                2. n) Las modificaciones o actualizaciones de los datos enumerados.

                ñ) En su caso, la cancelación de la inscripción cuando proceda.

                TÍTULO II Requisitos específicos

                CAPÍTULO I Disposiciones comunes

                1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, las empresas de seguridad

                privada que pretendan desarrollar actividades de seguridad privada, además de cumplir los requisitos generales a

                que se refiere el artículo 25.1, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 19.1.c)

                de la Ley, deberán reunir, previamente, en función de la actividad concreta de que se trate, y con independencia

                del ámbito territorial de actuación declarado, una serie de requisitos específicos, así como acreditarlos

                documentalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, apartados 2 y 3.

                1. En cualquier caso, dichas empresas, deberán siempre estar en posesión de los certificados emitidos por los

                organismos de certificación, debidamente acreditados, en relación con los elementos de seguridad física,

                electrónica o informática instalados, donde conste que los mismos cuentan con la evaluación de conformidad y

                los requisitos constructivos exigidos en las normas técnicas de normalización y certificación que resulten

                específicamente de aplicación, y mostrarlos a los miembros de los órganos de control e inspección competentes

                en materia de seguridad privada cuando así lo requieran.

                CAPÍTULO II Actividad de seguridad privada de vigilancia y protección de bienes, establecimientos,

                lugares y eventos

                1. Medios Humanos:
                2. a) Un jefe de seguridad
                3. b) Un vigilante de seguridad, o, en su caso, un guarda rural, como mínimo.
                4. Medios Materiales y Técnicos:
                5. a) Tener instalado en el local o locales de la empresa de seguridad privada destinados a desarrollar la

                operativa de seguridad ligada a la actividad de seguridad privada, así como, en su caso, en los lugares

                de prestación de los servicios de seguridad de seguridad privada, armeros o cajas fuertes, para el

                depósito y custodia de las armas y su cartuchería, dotados de las medidas de seguridad privada a que se

                refieren los artículos 58.1 y 125.6, contempladas en el Anexo IV.

                Quedarán eximidas del cumplimiento de este requisito aquellas empresas de seguridad privada que

                no vayan a prestar ningún servicio de seguridad privada con armas de fuego, en aplicación de lo

                establecido en el artículo 58.4.

                1. b) Contar con la instalación de sistemas y medios de asistencia operativa suficientes para garantizar una

                permanente y eficaz comunicación entre el personal de seguridad privada y las sedes ligadas a la

                operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando se fueran a

                prestar cualquiera de los servicios a que se refiere el artículo 121.1. en sus párrafos c), d), e), f), g), h), i),

                j), así como, en su caso, en los párrafos m), n), ñ) y o).

                1. c) Disponer de un uniforme ordinario, al menos, para la prestación de los servicios de seguridad privada por

                parte del vigilante o vigilantes de seguridad o, en su caso, guarda o guardas rurales integrados en la

                empresa de seguridad privada, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 62, y compuesto con las prendas

                de vestir establecidas en el Título I del Anexo II.

                1. Medidas de seguridad:

                Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                1. Seguros y Garantías:
                2. a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras con

                entidad, debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                1. b) Tener constituido o suscrito aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                mínimo de 30.000 euros.

                1. Documentación específica:
                2. a) En su caso, certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el

                que figuren las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local, con indicación de la ubicación

                del armero o de la caja fuerte, así como de los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se

                acompañará copia compulsada del contrato de seguridad privada de instalación, mantenimiento y

                revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa de seguridad privada autorizada, con

                certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de seguridad privada exigidas para la custodia de

                las armas.

                1. b) En su caso, copia, debidamente compulsada, de la factura de adquisición de los sistemas, dispositivos,

                equipos o aparatos precisos en orden a garantizar la permanente y eficaz comunicación entre el personal

                de seguridad privada y las sedes ligadas a la operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad.

                1. c) Reportaje fotográfico, digitalizado, de las prendas del uniforme o uniformes ordinarios de que disponga la

                empresa de seguridad privada para la prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes,

                a través de su personal de seguridad privada, en el que sean nítidamente visibles, al menos, el color, la

                composición y los elementos relativos al distintivo de identificación profesional, la indicación de la función

                de seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de seguridad privada de que se trate.

                1. d) Certificado, emitido por un técnico acreditado, de la adopción de las medidas de seguridad informáticas

                por el hecho de pretender desarrollar específicamente esta actividad, si no se hubiera incluido tal

                acreditación en el certificado requerido que, con independencia de dicha actividad, acredita que se han

                adoptado las medidas de seguridad informáticas comunes exigidas a cualquier empresa de seguridad

                privada como requisito general.

                1. Para la prestación de estos servicios por guardas rurales autónomos, éstos deberán suscribir un seguro de

                responsabilidad civil en garantía de su actividad por un importe mínimo de 25.000 euros.

                CAPÍTULO III Actividad de seguridad privada de acompañamiento, defensa y protección de personas

                físicas determinadas

                1. Medios Humanos:
                2. a) Un jefe de seguridad.
                3. b) Un escolta privado, como mínimo.
                4. Medios Materiales y Técnicos:
                5. a) Tener instalado en el local o locales de la empresa de seguridad privada destinados a desarrollar la

                operativa de seguridad ligada a la actividad de seguridad privada, así como, en su caso, en los lugares

                de prestación de los servicios de seguridad de seguridad privada, armeros o cajas fuertes, para el

                depósito y custodia de las armas y su cartuchería, dotados de las medidas de seguridad privada a que se

                refieren los artículos 58.1 y 125.6, contempladas en el Anexo IV.

                Quedarán eximidas del cumplimiento de este requisito aquellas empresas de seguridad privada que

                no vayan a prestar ningún servicio de seguridad privada con armas de fuego, en aplicación de lo

                establecido en el artículo 58.4.

                1. b) Contar con la instalación de sistemas y medios de asistencia operativa suficientes para garantizar una

                permanente y eficaz comunicación entre las unidades periféricas móviles y la estación base, de acuerdo

                con lo establecido en el artículo 121.1.k).

                1. Medidas de seguridad:

                Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                1. Seguros y Garantías:
                2. a) Tener concertado un seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras, con entidad

                debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                1. b) Tener constituido o suscrito aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                mínimo de 30.000 euros.

                1. Documentación específica:
                2. a) En su caso, certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el

                que figuren las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local o del lugar de prestación del

                servicio de seguridad privada, con indicación de la ubicación del armero o de la caja fuerte, así como de

                los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se acompañará copia compulsada del contrato

                de seguridad privada de instalación, mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una

                empresa de seguridad privada autorizada, con certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de

                seguridad privada exigidas para la custodia de las armas.

                1. b) Copia, debidamente compulsada, de la factura de adquisición de los sistemas, dispositivos, equipos o

                aparatos precisos en orden a garantizar la permanente y eficaz comunicación entre las unidades

                periféricas móviles y la estación base.

                1. c) Certificado, emitido por un técnico acreditado, de la adopción de las medidas de seguridad informáticas

                por el hecho de pretender desarrollar específicamente esta actividad, si no se hubiera incluido tal

                acreditación en el certificado requerido que, con independencia de dicha actividad, acredita que se han

                adoptado las medidas de seguridad informáticas comunes exigidas a cualquier empresa de seguridad

                privada como requisito general.

                CAPÍTULO IV Actividad de seguridad privada de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas

                y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte y otros objetos valiosos

                1. Medios Humanos:
                2. a) Un jefe de seguridad.
                3. b) Dos vigilantes de seguridad, como mínimo.
                4. Medios Materiales y Técnicos:
                5. a) Tener instalado en el local o locales de la empresa de seguridad privada destinados a desarrollar la

                operativa de seguridad ligada a la actividad de seguridad privada, así como, en su caso, en los lugares

                de prestación de los servicios de seguridad privada, armeros o cajas fuertes, para el depósito y custodia

                de las armas y su cartuchería, dotados de las medidas de seguridad privada a que se refieren los

                artículos 58.1 y 125.6, contempladas en el Anexo IV.

                1. b) Tener instalada cámara acorazada y locales anejos, dotados de las medidas de seguridad privada en el

                Anexo IV, según se trate de depósitos de dinero, joyas u otros objetos valiosos, o de obras de arte y

                antigüedades.

                1. c) Disponer, en el local o locales en que se pretenda desarrollar la actividad de seguridad privada, de un

                sistema de seguridad, dotado, como mínimo, de los elementos a que se refiere el Anexo IV.

                1. d) Contar con la instalación de sistemas y medios de asistencia operativa suficientes para garantizar una

                permanente y eficaz comunicación entre el personal de seguridad privada y las sedes ligadas a la

                operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo

                establecido en el artículo 121.1.ñ)

                1. e) Disponer de un uniforme ordinario, al menos, para la prestación de los servicios de seguridad privada por

                parte de los vigilantes de seguridad integrados en la empresa de seguridad privada, con arreglo a lo

                dispuesto por el artículo 62 y compuesto con las prendas de vestir establecidas en el Título I del Anexo II.

                Los requisitos relativos a cámara acorazada, vigilantes de seguridad que integran el servicio, sistema de

                seguridad específico y armero o caja fuerte, se exigirán por cada local o lugar de prestación donde la empresa de

                seguridad privada desarrolle esta actividad.

                1. Medidas de seguridad:

                Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                1. Seguros y Garantías:
                2. a) Tener concertado un seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras, con entidad

                debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                1. b) Tener constituido o suscrito un aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                mínimo de 30.000 euros.

                1. Documentación específica:
                2. a) Certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el que figuren

                las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local, con indicación de la ubicación del armero

                o de la caja fuerte, así como de los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se acompañará

                copia compulsada del contrato de instalación, mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado

                por una empresa de seguridad privada autorizada, con certificación de que, al menos, se cumplen las

                medidas de seguridad privada exigidas para la custodia de las armas.

                1. b) Certificados, expedidos por técnico acreditado, sobre la adecuación de las instalaciones efectuadas en la

                construcción de la cámara acorazada a las características técnicas exigidas en el Anexo IV.

                1. c) Certificados, expedidos por un técnico acreditado, de la instalación del sistema de seguridad, físico y

                electrónico, exigido específicamente al respecto en el local donde se vaya a desarrollar la actividad de

                seguridad privada, así como en el centro de control o de video vigilancia.

                189

                1. d) Copia, debidamente compulsada, de la factura de adquisición de los sistemas, dispositivos, equipos o

                aparatos precisos en orden a garantizar la permanente y eficaz comunicación entre el personal de

                seguridad privada y las sedes ligadas a la operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad.

                1. e) Reportaje fotográfico, digitalizado, de las prendas del uniforme u uniformes ordinarios de que disponga la

                empresa de seguridad privada para la prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes,

                a través de su personal de seguridad privada, en el que sean nítidamente visibles, al menos, el color, la

                composición y los elementos relativos al distintivo de identificación profesional, la indicación de la función

                de seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de seguridad privada de que se trate.

                CAPÍTULO V Actividad de seguridad privada de depósito, custodia, recuento y clasificación de

                explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y otros objetos peligrosos

                1. Medios Humanos:
                2. a) Un jefe de seguridad.
                3. b) Un vigilante de explosivos, como mínimo, por cada depósito en el que se vaya a prestar servicio de

                custodia.

                1. Medios Materiales y Técnicos:
                2. a) Tener instalado en el local o locales de la empresa de seguridad privada destinados a desarrollar la

                operativa de seguridad ligada a la actividad de seguridad privada, así como, en su caso, en los lugares

                de prestación de los servicios de seguridad privada, armeros o cajas fuertes, para el depósito y custodia

                de las armas y su cartuchería, dotados de las medidas de seguridad privada a que se refieren los

                artículos 58.1 y 125.6, contempladas en el Anexo IV.

                1. b) Contar con depósito de almacenamiento, propio o ajeno, que reúna las medidas de seguridad privada

                establecidas en el Anexo IV, así como, en todo caso, aquellas otras que resulten de aplicación en la

                legislación sectorial, en función del tipo de material o sustancia a custodiar.

                1. c) Contar con la instalación de sistemas y medios de asistencia operativa suficientes para garantizar una

                permanente y eficaz comunicación entre el personal de seguridad privada y las sedes ligadas a la

                operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo

                establecido en el artículo 121.1.ñ)

                1. d) Disponer de un uniforme ordinario, al menos, para la prestación de los servicios de seguridad privada por

                parte de los vigilantes de explosivos integrados en la empresa de seguridad privada, con arreglo a lo

                dispuesto por el artículo 62 y compuesto por las prendas de vestir establecidas en el Título I del Anexo II.

                Los requisitos relativos a depósito, dotación de vigilantes de explosivos y armero o caja fuerte, se exigirán por

                cada local o lugar de prestación donde la empresa de seguridad privada desarrolle esta actividad de seguridad

                privada.

                1. Medidas de seguridad:

                Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                1. Seguros y Garantías:
                2. a) Tener concertado un seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras, con entidad

                debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                1. b) Tener constituido o suscrito aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                mínimo de 30.000 euros.

                1. Documentación específica:
                2. a) Certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el que

                figuren las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local, con indicación de la ubicación del

                armero o de la caja fuerte, así como de los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se

                acompañará copia compulsada del contrato de seguridad privada de instalación, mantenimiento y

                revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa de seguridad privada autorizada, con

                certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de seguridad privada exigidas para la custodia de

                las armas.

                1. b) Escrito, suscrito y firmado por el representante legal de la empresa de seguridad privada interesada,

                haciendo constar los siguientes datos del depósito de almacenamiento del que se disponga:

                1º. Titular: persona física o jurídica a cuyo favor se otorgó la autorización.

                2º. Clase de depósito.

                190

                3º. Lugar y dirección exacta del depósito.

                4º. Fecha y número de autorización para el establecimiento del depósito.

                1. c) Copia, debidamente compulsada, de la factura de adquisición de los sistemas, dispositivos, equipos o

                aparatos precisos en orden a garantizar la permanente y eficaz comunicación entre el personal de

                seguridad privada y las sedes ligadas a la operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y

                Cuerpos de Seguridad.

                1. d) Reportaje fotográfico, digitalizado, de las prendas del uniforme u uniformes ordinarios de que disponga la

                empresa de seguridad privada para la prestación de los servicios correspondientes, a través de su

                personal de seguridad privada, en el que sean nítidamente visibles, al menos, el color, la composición y

                los elementos relativos al distintivo de identificación profesional, la indicación de la función de seguridad

                y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de que se trate.

                1. e) Certificados, emitidos por técnicos acreditados, de la instalación del sistema de seguridad, físico y

                electrónico, exigido específicamente al respecto en el local donde se vaya a desarrollar la actividad, así

                como en el centro de control o de video vigilancia.

                CAPÍTULO VI Actividad de seguridad privada de transporte y distribución de los artículos 164, 165 y 166.

                1. Medios Humanos:
                2. a) Un jefe de seguridad.
                3. b) Una dotación de, al menos, tres vigilantes de seguridad, por cada vehículo blindado en el que se vaya aprestar servicio, cuando se trate de transportes de monedas, billetes y títulos-valores.
                  1. c) Una dotación de, al menos, dos vigilantes de seguridad, por cada vehículo en el que se vaya a prestar el

                  servicio, cuando se trate de transportes de joyas, metales preciosos u otros objetos valiosos,

                  antigüedades u obras de arte.

                  1. Medios Materiales y Técnicos:
                  2. a) Tener instalado en el local o locales de la empresa de seguridad privada destinados a desarrollar la

                  operativa de seguridad ligada a la actividad, así como, en su caso, en los lugares de prestación de los

                  servicios de seguridad, armeros o cajas fuertes, para el depósito y custodia de las armas y su

                  cartuchería, dotados de las medidas de seguridad privada a que se refieren los artículos 58.1 y 125.6,

                  contempladas en el Anexo IV.

                  1. b) Cuando se trate de los servicios a que se refieren los artículos 154 y 155, deberán disponer, al menos, de

                  un vehículo blindado, propio o ajeno, de las características que se determinan en el Anexo IV.

                  Cuando únicamente vayan a prestarse los servicios a que se refiere el artículo 156, deberán disponer, al

                  menos, de un vehículo acondicionado para este tipo de transportes.

                  1. c) Contar con un local o locales destinados exclusivamente a la guarda de los vehículos blindados fuera de

                  las horas de servicio, dotados de las medidas de seguridad privada a que se refiere el artículo 152.1 y

                  contempladas en el Anexo IV.

                  1. d) Contar con un servicio permanente y eficaz de telecomunicación de voz entre el local o locales de la

                  empresa de seguridad privada ligados a la operativa de seguridad y los vehículos que realicen el

                  transporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121.1.l)

                  1. e) Disponer de un uniforme ordinario, al menos, para la prestación de los servicios de seguridad de

                  seguridad privada por parte de los vigilantes de seguridad integrados en la empresa de seguridad

                  privada, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 62, y compuesto con las prendas de vestir establecidas

                  en el Título I del Anexo II.

                  1. Medidas de seguridad:

                  Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                  1. Seguros y Garantías:
                  2. a) Tener concertado un seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras, con entidad

                  debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                  1. b) Tener constituido o suscrito aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                  mínimo de 30.000 euros.

                  1. Documentación específica:
                  2. a) Certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el que figuren

                  las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local, con indicación de la ubicación del armero

                  o de la caja fuerte, así como de los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se acompañará

                  copia compulsada del contrato de seguridad privada de instalación, mantenimiento y revisión del sistema

                  electrónico, instalado por una empresa de seguridad privada autorizada, con certificación de que, al

                  menos, se cumplen las medidas de seguridad exigidas para la custodia de las armas.

                  1. b) En su caso, copia, debidamente compulsada, de la Cartilla o certificado de idoneidad del vehículo

                  destinado al transporte de que se trate, en los que constará su matrícula y números de motor y bastidor,

                  así como de la certificación expedida por los fabricantes, carroceros o técnicos que hayan intervenido en

                  la acomodación del vehículo, en la que se acredite que éste reúne las características exigidas en el

                  Anexo IV.

                  1. c) Certificado, expedido por técnico acreditado, por el que se acredite que el local o locales destinados a la

                  guarda de los vehículos blindados fuera de las horas de servicio, cuenta de la dotación de las medidas de

                  seguridad de seguridad privada a que se refiere el artículo 152.2, contempladas en el Anexo IV. Junto

                  con el certificado de referencia, se adjuntará el plano de ubicación de tales medidas y las copias,

                  debidamente compulsadas, de los contratos de seguridad privada de instalación, conexión a central

                  receptora de alarmas y mantenimiento del sistema de seguridad instalado.

                  1. d) Copia, debidamente compulsada, de la factura de adquisición de sistemas, dispositivos, equipos o

                  aparatos precisos en orden a garantizar la telecomunicación de voz entre los vigilantes de seguridad y las

                  sedes ligadas a la operativa de seguridad.

                  1. e) Reportaje fotográfico, digitalizado, de las prendas del uniforme u uniformes ordinarios de que disponga la

                  empresa de seguridad privada para la prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes,

                  a través de su personal de seguridad privada, en el que sean nítidamente visibles, al menos, el color, la

                  composición y los elementos relativos al distintivo de identificación profesional, la indicación de la función

                  de seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de que se trate.

                  1. f) Certificados, emitidos por técnicos acreditados, de la adopción de las medidas de seguridad físicas y

                  electrónicas exigidas en el Anexo IV por el hecho de pretender desarrollar esta actividad, si no se hubiera

                  incluido tal acreditación en los certificados requeridos que, con independencia de dicha actividad,

                  acreditan que se han adoptado las referidas medidas de seguridad comunes exigidas a cualquier

                  empresa de seguridad privada como requisito general.

                  CAPÍTULO VII Actividad de seguridad privada de transporte y distribución del artículo 157.

                  1. Medios Humanos:
                  2. a) Un jefe de seguridad.
                  3. b) Una dotación de, al menos, dos vigilantes de explosivos, por cada vehículo en el que se vaya a prestar

                  servicio.

                  1. Medios Materiales y Técnicos:
                  2. a) Tener instalado en el local o locales de la empresa de seguridad privada destinados a desarrollar la

                  operativa de seguridad ligada a la actividad, así como, en su caso, en los lugares de prestación de los

                  servicios de seguridad, armeros o cajas fuertes, para el depósito y custodia de las armas y su

                  cartuchería, dotados de las medidas de seguridad a que se refieren los artículos 58.1 y 125.6,

                  contempladas en el Anexo IV.

                  1. b) Disponer para el transporte de que se trate de, al menos, un vehículo adecuado a la naturaleza de los

                  objetos o sustancias a transportar, los cuales se atendrán a las especificaciones técnicas y de seguridad

                  exigidas por las normativas sectoriales que resulten de aplicación.

                  1. c) Contar con un local o locales, destinados a la guarda de los vehículos blindados fuera de las horas de

                  servicio, dotados de las medidas de seguridad privada a que se refiere el artículo 152.2 y que se

                  determinan en el Anexo IV.

                  1. d) Contar con un servicio de telecomunicación de voz entre el local o locales de la empresa de seguridad

                  privada ligados a la operativa de seguridad y los vehículos que realicen el transporte, de acuerdo con lo

                  establecido en el artículo 121.1.l).

                  1. e) Disponer de un uniforme ordinario, al menos, para la prestación de los servicios de seguridad privada por

                  parte de los vigilantes de explosivos integrados en la empresa de seguridad privada, con arreglo a lo

                  dispuesto por el artículo 62, y compuesto con las prendas de vestir establecidas en el Título I del Anexo

                  II.

                  1. Medidas de seguridad:

                  Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                  1. Seguros y Garantías:
                  2. a) Tener concertado un seguro de responsabilidad civil o constituido garantía financiera, con entidad

                  debidamente autorizada por un importe mínimo de 150.000 euros.

                  1. b) Tener constituido o suscrito un aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                  mínimo de 30.000 euros.

                  1. Documentación específica:
                  2. a) Certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el que figuren

                  las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local, con indicación de la ubicación del armero

                  o de la caja fuerte, así como de los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se acompañará

                  copia compulsada del contrato de seguridad privada de instalación, mantenimiento y revisión del sistema

                  electrónico, instalado por una empresa de seguridad privada autorizada, con certificación de que, al

                  menos, se cumplen las medidas de seguridad privada exigidas para la custodia de las armas.

                  1. b) Documento, expedido por la Intervención Central de Armas y Explosivos del Cuerpo de la Guardia Civil,

                  en el que se haga constar que los vehículos destinados al transporte de armas, explosivos y cartuchería

                  metálica reúnen los requisitos reglamentariamente exigidos, una vez realizada la pertinente inspección

                  con resultado favorable.

                  1. c) Certificado, expedido por un técnico acreditado, por el que se acredite que el local o locales destinados a

                  la guarda de los vehículos blindados fuera de las horas de servicio cuenta de la dotación de las medidas

                  de seguridad privada a que se refiere el artículo 152.2, contempladas en el Anexo IV. Junto con el

                  certificado de referencia, se adjuntará el plano de ubicación de tales medidas y las copias, debidamente

                  compulsadas, de los contratos de seguridad privada de instalación, conexión a central receptora de

                  alarmas y mantenimiento del sistema de seguridad instalado.

                  1. d) Copia, debidamente compulsada, de la factura de adquisición de los sistemas, dispositivos, equipos o

                  aparatos precisos en orden a garantizar la telecomunicación de voz entre los vigilantes de explosivos y

                  las sedes ligadas a la operativa de seguridad.

                  1. e) Reportaje fotográfico, digitalizado, de las prendas del uniforme u uniformes ordinarios de que disponga la

                  empresa de seguridad privada para la prestación de los servicios de seguridad privada correspondientes,

                  a través de su personal de seguridad privada, en el que sean nítidamente visibles, al menos, el color, la

                  composición y los elementos relativos al distintivo de identificación profesional, la indicación de la función

                  de seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de que se trate.

                  1. f) Certificados, emitidos por técnicos acreditados, de la adopción de las medidas de seguridad físicas y

                  electrónicas exigidas en el Anexo IV por el hecho de pretender desarrollar esta actividad, si no se hubiera

                  incluido tal acreditación en los certificados requeridos que, con independencia de dicha actividad,

                  acreditan que se han adoptado las referidas medidas de seguridad comunes exigidas a cualquier

                  empresa de seguridad privada como requisito general.

                  CAPÍTULO VIII Actividad de seguridad privada de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos,

                  dispositivos y sistemas de seguridad

                  1. Medios Humanos:
                  2. a) Un ingeniero, al menos, debidamente acreditado.
                    1. b) Un técnico, al menos, debidamente acreditado.
                    2. Seguros y Garantías:
                    3. a) Tener concertado un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras

                    con entidad debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                    1. b) Tener constituido o suscrito aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                    mínimo de 30.000 euros.

                    1. Medidas de seguridad:

                    Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                    1. Documentación específica:

                    Certificado, emitido por técnico acreditado, de la adopción de las medidas de seguridad informáticas por el hecho

                    de pretender desarrollar específicamente esta actividad, si no se hubiera incluido tal acreditación en el certificado

                    requerido que, con independencia de dicha actividad, acredita que se han adoptado las medidas de seguridad

                    informáticas comunes exigidas a cualquier empresa de seguridad privada como requisito general.

                    1. Otros requisitos:

                    Cuando la empresa de seguridad privada interesada en desarrollar esta actividad de seguridad privada pretenda

                    dedicarse exclusivamente a ella, deberá presentar una declaración responsable, de conformidad con lo dispuesto

                    en el artículo 39.1 y con arreglo al modelo oficial único disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la

                    Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico competente, la cual irá acompañada,

                    en función de la forma jurídica que revista, de la siguiente documentación:

                    1. a) Copia compulsada del documento original acreditativo de la representación del declarante o declarantes

                    en nombre de la sociedad constituida o del Documento Nacional de Identidad del empresario individual

                    declarante.

                    1. b) Declaración responsable, con arreglo al modelo oficial único disponible, en cada momento, en la sede

                    electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico competente,

                    debidamente cumplimentado y firmado por el representante o representantes legales de la empresa, en

                    la que conste la no incursión de ésta, y de él, o de ellos mismos, en cualesquiera de las

                    incompatibilidades, prohibiciones o situaciones contempladas en este reglamento, así como que reúnen

                    los requisitos establecidos en el artículo 22.2 de la Ley, y que presta su consentimiento expreso a la

                    Administración para la consulta de sus datos contenidos en el Registro Central de Penados del Ministerio

                    de Justicia. En defecto de consentimiento expreso, se deberá aportar Certificación negativa expedida por

                    dicho Registro. Dicha declaración se adjuntará a la declaración responsable presentada por la empresa

                    interesada para el ejercicio de esta actividad.

                    1. c) Justificante de haberse efectuado el ingreso correspondiente, en concepto de tasa, a favor del Tesoro

                    Público, en cualquier entidad bancaria colaboradora de las Administraciones Públicas Tributarias,

                    conforme a la tarifa legal que resulte de aplicación. Dicho justificante se adjuntará a la declaración

                    responsable presentada para el ejercicio de esta actividad.

                    CAPÍTULO IX Actividad de seguridad privada de explotación de centrales receptoras de alarmas

                    1. Medios Humanos:
                    2. a) Un jefe de seguridad, cuando se vayan a prestar servicios de seguridad privada de respuesta ante

                    alarmas o de videovigilancia, que, en ambos casos, incluyan la verificación personal, y siempre que el

                    personal de seguridad privada estuviera directamente contratado por la empresa de seguridad privada

                    explotadora de la central receptora de alarmas.

                    1. b) Al menos, un operador de seguridad o un vigilante de seguridad, o un guarda rural, cuando vayan a

                    prestarse servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas que se produzcan.

                    1. Medios Materiales y Técnicos:
                    2. a) Disponer de un local en el que se vaya a instalar la central receptora de alarmas, el cual deberá reunir las

                    características y requisitos a que se refiere el artículo 173.1, y que se determinan en el Anexo IV.

                    1. b) Contar con los elementos, equipos, dispositivos, aparatos o sistemas adecuados para la recepción y

                    verificación de las señales de alarmas y su transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de

                    conformidad con las exigencias establecidas en el Anexo IV.

                    1. c) Tener instalado en el local o locales de ubicación de la central receptora de alarmas y del centro de

                    control, armeros o cajas fuertes, o, en su caso, área restringida, para el depósito y custodia de las armas

                    y su cartuchería, o de las llaves, dotados de las medidas de seguridad privada a que se refieren los

                    artículos 58.1 y 125.6, contempladas en el Anexo IV, cuando se vayan a prestar servicios de respuesta

                    ante alarmas que comprendan su verificación personal con armas o la custodia de llaves.

                    1. d) Contar con la instalación de sistemas y medios de asistencia operativa suficientes para garantizar una

                    permanente y eficaz comunicación entre el personal de seguridad privada que vaya a prestar servicios de

                    respuesta ante alarmas y la sede de ésta ligada a la operativa de seguridad o, en su caso, con las

                    Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121.1, párrafos m) y n).

                    1. e) Disponer de un uniforme ordinario, al menos, para la prestación de los servicios de seguridad privada de

                    respuesta ante alarmas que comprendan su verificación personal o la custodia de llaves, por parte de

                    vigilantes de seguridad o, en su caso, guardas rurales, cuando éstos estén integrados en la propia

                    empresa de seguridad privada explotadora de la central de alarmas, con arreglo a lo dispuesto por el

                    artículo 62, y compuesto con las prendas de vestir establecidas en los Títulos I del Anexo II.

                    1. Medidas de seguridad:

                    Las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV por el hecho de desarrollar esta actividad.

                    1. Seguros y Garantías:
                    2. a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil o constituido otras garantías financieras con

                    entidad debidamente autorizada, por importe mínimo de 150.000 euros.

                    1. b) Tener constituido o suscrito un aval, contrato de seguro de caución o depósito en efectivo, por importe

                    mínimo de 30.000 euros.

                    1. Documentación específica:
                    2. a) Certificado, emitido por un técnico acreditado, de la instalación del sistema de seguridad exigido

                    específicamente en el local donde se vaya a desarrollar la actividad, de acuerdo con los elementos

                    mínimos exigidos en el Anexo IV, si no se hubiera incluido tal acreditación en el certificado requerido que,

                    con independencia de dicha actividad, acredita que se han adoptado las medidas de seguridad, físicas y

                    electrónicas, comunes exigidas a cualquier empresa de seguridad privada como requisito general.

                    1. b) Certificado, emitido por un técnico acreditado, de la instalación en el centro de control de los elementos,

                    equipos o sistemas exigidos específicamente para la recepción y verificación de las señales de alarma,

                    con arreglo a las características técnicas establecidas en el Anexo IV, si no se hubiera incluido tal

                    acreditación en el certificado requerido que, con independencia de dicha actividad, acredita que se han

                    adoptado las medidas de seguridad, físicas y electrónicas, comunes exigidas a cualquier empresa de

                    seguridad privada como requisito general.

                    1. c) Plano de ubicación de la central receptora de alarmas, así como del centro de control, dentro del edificio

                    o local en que se encuentren.

                    1. d) En su caso, certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el

                    que figuren las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local, con indicación de la ubicación

                    del armero o de la caja fuerte, así como de los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se

                    acompañará copia compulsada del contrato de seguridad privada de instalación, mantenimiento y

                    revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa de seguridad privada autorizada, con

                    certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de seguridad privada exigidas para la custodia de

                    las armas.

                    1. e) En su caso, copia, debidamente compulsada, de las facturas de adquisición de los sistemas, dispositivos,

                    equipos o aparatos precisos en orden a garantizar la permanente y eficaz comunicación entre el personal

                    de seguridad privada y las sedes ligadas a la operativa de seguridad o, en su caso, con las Fuerzas y

                    Cuerpos de Seguridad.

                    1. f) Certificado, emitido por técnico acreditado, de la adopción de las medidas de seguridad informáticas por

                    el hecho de pretender desarrollar específicamente esta actividad, si no se hubiera incluido tal

                    acreditación en el certificado requerido que, con independencia de dicha actividad, acredita que se han

                    adoptado las medidas de seguridad informáticas comunes exigidas a cualquier empresa de seguridad

                    privada como requisito general.

                    TÍTULO III Apertura de delegaciones

                    1. Mediante procedimiento de autorización: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3, la solicitud se

                    cumplimentará por la empresa de seguridad privada interesada, con arreglo al modelo oficial único disponible, en

                    cada momento, en la Sede Electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano

                    autonómico competente, e irá acompañada de los siguientes documentos:

                    1. a) Relación del inventario de los medios materiales y técnicos que se destinan al ejercicio de la actividad o

                    actividades de seguridad privada en la delegación.

                    1. b) Documento acreditativo del Título en virtud del cual se dispone del local destinado a la delegación.
                    2. c) Relación del personal de la delegación, con expresión de su cargo, categoría y del número del

                    documento nacional de identidad o, en el caso de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea

                    o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, del número de identidad de

                    extranjero. Cuando no haya obligación de obtener este último, se expresará el número del documento de

                    identidad equivalente.

                    1. d) Declaración formal de la clase de actividad o actividades de seguridad privada que se pretenden

                    desarrollar o, en su caso, que ya se estén desarrollando en la delegación.

                    1. e) Certificados, emitidos por los técnicos acreditados, de la instalación y efectiva implantación en la sede de

                    la delegación de los sistemas y medidas de seguridad físicas, electrónicas e informáticas contempladas

                    en el Anexo IV.

                    Junto con los certificados de referencia, se adjuntará el plano de ubicación de los elementos que

                    componen tales sistemas y medidas, así como las copias, debidamente compulsadas de los contratos de

                    instalación, conexión a central receptora de alarmas y mantenimiento del sistema de seguridad

                    electrónico instalado.

                    1. f) Copias, debidamente compulsadas, de los planes de seguridad y contingencia previstos para la sede de

                    la delegación.

                    1. g) Documento público, cuando la empresa de seguridad privada matriz revista la forma societaria, que

                    acredite el nombramiento del representante legal que vaya a estar al frente de la delegación, con

                    expresión de los poderes y facultades atribuidas al mismo para operar en nombre y por cuenta de

                    aquélla.

                    1. h) Declaración responsable, con arreglo al modelo al modelo oficial único disponible, en cada momento, en

                    la Sede Electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico

                    competente, debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal que vaya a estar al frente

                    de la Delegación, en la que conste su no incursión en cualesquiera de las incompatibilidades,

                    prohibiciones o situaciones contempladas en este Reglamento, así como que reúnen los requisitos a que

                    se refiere el artículo 22.2 de la Ley, y que presta su consentimiento expreso a la Administración para la

                    consulta de sus datos contenidos en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia expedida

                    por dicho Registro. En defecto de consentimiento expreso, se deberá aportar Certificación negativa.

                    1. i) Justificante de haberse efectuado el ingreso correspondiente, en concepto de tasa, a favor del Tesoro

                    Público, en cualquier entidad bancaria colaboradora de las Administraciones Públicas Tributarias,

                    conforme a la tarifa legal que resulte de aplicación.

                    Si se tratara de delegaciones de empresas de seguridad privada no españolas constituidas en cualquier otro

                    Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

                    los documentos aportados deberán estar traducidos y legalizados al español por traductor jurado acreditado al

                    efecto.

                    En cualquier caso, dichas delegaciones, deberán siempre estar en posesión de los certificados, originales y

                    actualizados, emitidos por los organismos de certificación, debidamente acreditados, en relación con los

                    elementos de seguridad física, electrónica o informática instalados, donde conste que los mismos cuentan con la

                    evaluación de conformidad y los requisitos constructivos exigidos en las normas técnicas de normalización y

                    certificación que resulten de aplicación, y mostrarlos a los miembros de los órganos de control e inspección

                    competentes en materia de seguridad privada cuando así lo requieran.

                    1. Mediante procedimiento de declaración responsable: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3, la

                    declaración responsable presentada por la empresa de seguridad privada interesada, con arreglo al modelo oficial

                    único disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en

                    la del órgano autonómico competente, irá acompañada de una declaración responsable, con arreglo al modelo

                    oficial único disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su

                    caso, en la del órgano autonómico competente, debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal

                    que vaya a estar al frente de la Delegación, en la que conste su no incursión en cualesquiera de las

                    incompatibilidades, prohibiciones o situaciones contempladas en este reglamento, así como que reúne los

                    requisitos a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley, y que presta su consentimiento expreso a la Administración

                    para la consulta de sus datos contenidos en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. En defecto

                    de consentimiento expreso, se deberá aportar Certificación negativa expedida por dicho Registro. Dicha

                    declaración se adjuntará a la declaración responsable. Así mismo, deberá adjuntarse del justificante por el que se

                    acredite el ingreso correspondiente, en concepto de tasa, conforme a la tarifa legal que resulte de aplicación.

                    TÍTULO IV Centrales receptoras de alarmas de uso propio

                    CAPÍTULO I Requisitos y documentación exigida

                    1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 202.2, 3 y 7, las entidades interesadas en obtener la pertinente

                    autorización para constituir centrales receptoras de alarmas de uso propio, además de crear previamente un

                    departamento de seguridad, con arreglo a las formalidades requeridas en el artículo 201, deberán acreditar el

                    cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas de seguridad privada explotadoras de centrales

                    receptoras de alarmas dedicadas a esta actividad, salvo lo dispuesto al respecto en el artículo 202.7, en función

                    de su titularidad, pública o privada, por medio de la presentación, a través de sus representantes legales, de una

                    solicitud de autorización, con arreglo al modelo oficial único disponible, en cada momento, en la Sede Electrónica

                    de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico competente, la cual irá

                    acompañada de la documentación citada en los apartados siguientes, dependiendo del carácter de la entidad.

                    1. Las entidades privadas deberán aportar la siguiente documentación:
                    2. a) Copia auténtica, simple, o debidamente compulsada, de la escritura pública de su constitución, y certificado

                    o nota de su inscripción en el Registro Mercantil u otro público que corresponda. En dicha escritura

                    deberán constar, al menos, los siguientes extremos:

                    1º. Los datos que permitan identificar a los socios otorgantes de la entidad de que se trate.

                    2º. La denominación o razón social y, en su caso, su nombre comercial.

                    3º. El número o código de identificación fiscal asignado a la misma por la Administración Tributaria.

                    4º. El domicilio social, con indicación de su dirección exacta.

                    5º. La composición personal de los órganos de administración y dirección, con indicación de su

                    estructura organizativa, número de miembros, alcance de los poderes otorgados a los mismos y los

                    datos identificativos del socio o socios a los que se les encomienda la representación de la entidad.

                    Cuando las entidades se hubieran constituido como sociedades civiles, comunidades de bienes u otras

                    colectividades carentes de personalidad jurídica, los socios o comuneros deberán aportar copia del

                    original del contrato privado de constitución o de sus estatutos, debidamente compulsada, debiendo

                    figurar el contenido mínimo referido anteriormente.

                    1. b) Original o copia, debidamente compulsada, del documento acreditativo del título en virtud del cual se

                    dispone del derecho de uso del local en el que se va a instalar la central receptora de alarmas.

                    1. c) Certificados, emitidos por los técnicos acreditados que correspondan en cada caso, de la instalación en el

                    local donde se vaya a ubicar la central receptora de alarmas, de los sistemas y medidas de seguridad

                    físicas, electrónicas e informáticas requeridas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV.

                    1. d) Certificados, emitidos por los técnicos acreditados que correspondan en cada caso, de la instalación en el

                    centro de control de los elementos, equipos o sistemas de seguridad capacitados para la recepción y

                    verificación de las señales de alarma, con arreglo a las características técnicas establecidas en el Anexo

                    IV para las empresas de seguridad privada dedicadas a la actividad de explotación de centrales

                    receptoras de alarmas.

                    1. e) Plano de ubicación de la central receptora de alarmas, así como del centro de control, dentro del edificio o

                    local en que se encuentren,

                    1. f) Relación nominal del personal de seguridad privada o, en su caso, el acreditado, que se destina a atender

                    la central receptora de alarmas, con indicación de la empresa de seguridad privada en la que aquél se

                    integra o con la que éste está vinculado profesionalmente, así como la relación de los números de la

                    tarjeta o de la acreditación profesional, del cargo o puesto de trabajo que ocupan, su categoría, y del

                    número del documento nacional de identidad, o, en el caso de nacionales de Estados miembros de la

                    Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, del número de

                    identidad de extranjero. Cuando no haya obligación de obtener este último, se expresará el número del

                    documento de identidad equivalente. En dicha relación, deberá incluirse también al director de seguridad

                    que vaya a estar al frente del departamento de seguridad previamente constituido por la entidad titular de

                    la central receptora de alarmas de uso propio, con la indicación de su nombre, apellidos y número de la

                    tarjeta.

                    En los supuestos de que los operadores de seguridad, en cargados de la gestión de las alarmas, vayan a

                    pertenecer a la plantilla de la entidad que vaya a ser titular de la central receptora de alarmas, además de

                    indicar los datos a que se refiere el inciso anterior en la correspondiente relación nominal del personal de

                    que se dispone, se aportará una declaración responsable, con arreglo al modelo oficial único disponible,

                    en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del

                    órgano autonómico competente, suscrita y firmada por el representante o representantes legales, por la

                    que se ponga de manifiesto que la entidad a la que representan ha comunicado, y en su caso

                    comunicará en el futuro, si se produjeran modificaciones, subrogaciones o nuevas contrataciones, los

                    contratos celebrados con su personal a la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de

                    Empleo y Seguridad Social, habiéndole dado de alta de acuerdo con el puesto de trabajo asignado y al

                    grupo o categoría profesional de cotización, así como que cumple y cumplirá con el resto de obligaciones

                    impuestas por las normas del orden fiscal y laboral, incluida en este último caso la de reserva del dos por

                    ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad o en su lugar la adopción de las

                    medidas alternativas sustitutorias.

                    Podrá incluirse una cláusula en los contratos a celebrar por la que el comienzo de sus efectos quede

                    condicionado a la fecha de autorización e inscripción de la central receptora de alarmas de la entidad

                    contratante en el Registro que corresponda. En cualquier caso, una copia de los mismos deberá

                    permanecer siempre en la sede principal o domicilio social de la empresa contratante y a disposición, en

                    todo momento, de los órganos de control e inspección competentes que puedan requerirla en los ámbitos

                    de la seguridad privada, laboral o fiscal.

                    1. g) Resguardo o justificante acreditativo de haber constituido aval, suscrito contrato de seguro de caución o

                    depositado en efectivo, por importe de, al menos, 30.000 euros.

                    1. h) En su caso, certificado de las características técnicas del armero o caja fuerte, el Plan de Protección en el

                    que figuren las medidas de seguridad privada del lugar y el plano del local destinado para instalar la

                    central receptora de alarmas, con indicación de la ubicación del armero o de la caja fuerte, así como de

                    los sistemas de seguridad instalados. Junto a dicho Plan, se acompañará copia compulsada del contrato

                    de seguridad privada de instalación, mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una

                    empresa de seguridad privada autorizada, con certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de

                    seguridad privada exigidas para la custodia de las armas.

                    1. i) Justificante de haberse efectuado el ingreso correspondiente, en concepto de tasa, a favor del Tesoro

                    Público, conforme a la tarifa legal que resulte de aplicación.

                    1. Las entidades públicas deberán aportar la misma documentación que las entidades privadas, salvo el

                    documento formal por el que se hubieren constituido legalmente, bastando en su lugar con que su director, gestor

                    o administrador esté en poder del documento que acredite la representación legal de la persona jurídica de que

                    se trate para el ejercicio de las actividades propias o su nombramiento oficial para ello en virtud de disposición

                    legal interna publicada al efecto.

                    1. En cualquier caso, las entidades que hubieran constituido una central receptora de alarmas de uso propio,

                    deberán siempre estar en posesión de los certificados originales emitidos por los organismos de certificación,

                    debidamente acreditados, en relación con los elementos de seguridad física, electrónica o informática instalados,

                    donde conste que los mismos cuentan con la evaluación de conformidad y los requisitos constructivos exigidos en

                    las normas técnicas de normalización y certificación que resulten de aplicación, y mostrarlos a los miembros de

                    los órganos de control e inspección competentes en materia de seguridad privada cuando así lo requieran.

                    CAPÍTULO II Datos registrales

                    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202.4, en el Registro que corresponda, nacional o autonómico,

                    quedarán anotados en la hoja abierta a cada entidad autorizada para disponer de una central receptora de

                    alarmas de uso propio, los siguientes datos:

                    1. a) El número de orden de inscripción asignado.
                    2. b) La fecha de inscripción.
                    3. c) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial escogido.
                    4. d) El número o código de identificación fiscal.
                    5. e) El domicilio social y el local donde esté instalada la central receptora de alarmas.
                    6. f) La naturaleza de la entidad, pública o privada.
                    7. g) El ámbito territorial de actuación, nacional o autonómico.
                    8. h) La entidad con la que se hubiere constituido la garantía exigida en cada caso, la Caja General depositaria

                    e importe depositado.

                    1. i) El titular o titulares de la entidad o, en su caso, el representante o representantes legales designados por

                    aquél o aquéllos.

                    1. j) El director de seguridad que, en su caso, se encuentre al frente de la entidad autorizada a disponer de la

                    central receptora de alarmas de uso propio.

                    1. k) Las modificaciones o actualizaciones de los datos enumerados.
                    2. l) En su caso, la cancelación de la inscripción cuando proceda.

                    TÍTULO V Requisitos y datos registrales de las empresas de seguridad informática

                    CAPÍTULO I Requisitos

                    Sección 1ª Generales

                    1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 227, las empresas que realicen las actividades de seguridad informática

                    descritas en artículo 225.1, párrafos a), b) y c), deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

                    1. a) Estar legalmente constituidas.
                    2. b) Disponer de las medidas de seguridad contempladas en el Anexo IV.
                    3. c) Contar con los medios personales, materiales y técnicos necesarios para asegurar la calidad en la

                    prestación de los servicios.

                    1. d) Presentar la correspondiente declaración responsable, acompañada del justificante original por el que se

                    acredite haber efectuado el ingreso pertinente, en concepto de tasa, a favor del Tesoro Público, conforme

                    a la tarifa legal que resulte de aplicación.

                    1. La declaración responsable presentada ante el registro correspondiente, con arreglo al modelo oficial único

                    disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del

                    órgano autonómico competente, debidamente cumplimentada y firmada por el representante o representantes

                    legales de la empresa interesada, deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

                    1. a) Los datos que permitan identificar al titular o titulares de la empresa.
                    2. b) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial de la empresa.
                    3. c) El número o código de identificación fiscal asignado, por la Administración Tributaria, a la empresa.
                    4. d) El domicilio fijado, con indicación de su dirección exacta.
                    5. e) En su caso, la composición personal de los órganos de administración y dirección de la empresa.
                    6. f) Los tipos de servicios a prestar en relación con las actividades de seguridad informática que se

                    desarrollen.

                    1. g) Los grupos de usuarios a favor de los cuales se prestan los servicios.
                    2. h) La relación de los medios personales, materiales y técnicos con los que se cuenta.
                    3. i) En su caso, si la empresa declarante es también empresa de seguridad privada.

                    Sección 2ª Específicos

                    Las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

                    6.6 de la Ley, para garantizar la calidad de los servicios que presten deberán disponer, en función de los mismos

                    como requisitos específicos, de las certificaciones de calidad, seguridad, continuidad de negocio y gestión de

                    riesgos, expedidas por entidades de certificación acreditadas. Como exigencia común a todas ellas, deberán

                    disponer de un sistema de gestión de calidad certificado en base a la norma UNE-EN ISO/IEC 9001, relativo a los

                    procesos operativos de sus servicios, así como, en relación a las actividades del artículo 225.1, párrafos a), b) y

                    c), y dispondrán de las siguientes certificaciones:

                    1. a) Las empresas de instalación o integración y mantenimiento de medidas de seguridad informática, físicas

                    o lógicas, señaladas en el artículo 52.1.c) de la Ley, incluida la configuración y actualización de

                    soluciones tecnológicas:

                    1º. Las empresas de seguridad informática dedicadas a dicha actividad, dispondrán de la

                    certificación de seguridad de la norma UNE-EN ISO/IEC 27001 de seguridad de la información,

                    en vigor, y UNE ISO/IEC 20000, en vigor, como sistema de gestión de los servicios de tecnología

                    de la información que prestan, expedidas por una entidad de certificación acreditada.

                    Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de integración de medidas de seguridad

                    informáticas, o que ejercieran dicha actividad como compatible, ajustarán los proyectos de

                    integración de dichas medidas para sus clientes, al marco de referencia establecido por los

                    colegios profesionales que en su caso correspondan, en aquellos aspectos que le sean de

                    aplicación en razón a la naturaleza de la actividad, servicios y procesos que desarrollen.

                    1. b) Las de servicios de alojamiento virtual y compartido o almacenamiento de datos digitales prestados a

                    terceros.

                    1º. Las empresas de seguridad informática dedicadas a dicha actividad, dispondrán de la

                    certificación de seguridad de la norma UNE-EN ISO/IEC 27001 de seguridad de la información,

                    en vigor, y UNE ISO/IEC 20000, en vigor, como sistema de gestión de los servicios de tecnología

                    de la información que prestan, expedida por una entidad de certificación acreditada.

                    Complementarán la certificación de seguridad, en relación con la seguridad de la información de

                    la computación en nube con la aplicación de los controles de seguridad de la norma ISO/IEC

                    27017.

                    2º. En relación a los planes de continuidad y gestión de riesgos, contarán con la certificación en

                    base a norma UNE-EN ISO/IEC 22301, en vigor, expedida por una entidad de certificación

                    acreditada.

                    1. c) Las de procesos destinados al análisis, monitorización, operación y administración de los sistemas de

                    seguridad informática y, en su caso, respuesta a incidentes o eventos de seguridad de la información en

                    el ámbito de las tecnologías de información y de las comunicaciones, prestados a terceros o por personal

                    propio del sujeto obligado, a través de centros operativos de seguridad.

                    1º. Las empresas de seguridad informática dedicadas a dicha actividad, dispondrán de la

                    certificación de seguridad de la norma UNE-EN ISO/IEC 27001 de seguridad de la información,

                    en vigor, y UNE ISO/IEC 20000, en vigor, como sistema de gestión de los servicios de tecnología

                    de la información que prestan.

                    2º. En relación a los planes de continuidad y gestión de riesgos, contarán con la certificación en

                    base a norma UNE-EN ISO/IEC 22301, en vigor, expedida como en el punto anterior, por una

                    entidad de certificación acreditada.

                    CAPÍTULO II Anotación y datos registrales

                    1. En previsión de lo dispuesto en los artículos 226 y 227, las empresas de seguridad informática, para poder

                    anotarse en el registro correspondiente, deberán estar en posesión, previamente a la presentación de la

                    declaración responsable, de la siguiente documentación:

                    1. a) Documento, público o privado, de acuerdo con la forma jurídica que revistan, acreditativo de su

                    constitución legal como tales, con la inclusión en su objeto de las actividades de seguridad informática

                    que desarrollen cuando se trate de empresas de seguridad privada.

                    1. b) Certificados, emitidos por los técnicos acreditados que correspondan en cada caso, de la efectiva

                    implantación de las medidas de seguridad físicas, electrónicas, informáticas y organizativas exigidas en

                    el Anexo IV.

                    1. c) Relación nominal de los medios personales, así como del inventario de los medios materiales y técnicos,

                    con los que se cuenta para asegurar la calidad en la prestación de los servicios correspondientes.

                    1. d) Las certificaciones de seguridad, comunes y específicas, a las que se refiere la Sección 2º del capítulo

                    anterior, emitidas por organismos de certificación debidamente acreditados.

                    1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227, en el Registro que corresponda, nacional o autonómico,

                    quedarán anotados los siguientes datos:

                    1. a) El número de orden de anotación registral asignado.
                    2. b) La fecha de anotación.
                    3. c) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial escogido.
                    4. d) La nacionalidad.
                    5. e) El número o código de identificación fiscal.
                    6. f) El domicilio fijado.
                    7. g) Los tipos de servicios que se prestan.
                    8. h) El titular o titulares de la empresa o, en su caso, el representante o representantes legales designados

                    por aquél o aquéllos.

                    1. i) Las modificaciones o actualizaciones de los datos enumerados.
                    2. j) En su caso, la cancelación de la anotación registral cuando proceda.
                    3. En el supuesto de que la empresa interesada en anotarse fuese ya empresa de seguridad privada, los datos

                    registrales a que se refiere el apartado anterior se incorporarán también a los de esta última, dentro de las

                    actividades compatibles, pero solo respecto de los que no constaran ya en ella y con la asignación del número de

                    orden registral de empresa de seguridad privada como número de orden de anotación registral igualmente, sin

                    perjuicio de que se deje constancia fehaciente interna de tal circunstancia en el registro correspondiente a efectos

                    de ser tenida en cuenta dicha empresa tanto como de seguridad informática como de seguridad privada en

                    relación con las actividades desarrolladas por la misma. Dicho número deberá utilizarse en la publicidad que

                    posteriormente se desarrolle por la empresa en el ámbito de la seguridad informática, así como en los contratos

                    de servicios de esta naturaleza que se formalicen.

                    TÍTULO VI Apertura de despachos de detectives privados

                    CAPÍTULO I Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos

                    1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1, para la apertura de los despachos de detectives privados,

                    éstos, en función de la forma jurídica que revistan, y previamente a la presentación de la correspondiente

                    declaración responsable, deberán estar en posesión de la documentación que acredite el cumplimiento de los

                    requisitos legal y reglamentariamente exigidos:

                    1. Los despachos de detectives privados revestidos con forma societaria deberán poseer la siguiente

                    documentación:

                    1. a) Copia auténtica, simple, o debidamente compulsada, de la escritura pública de su constitución, y

                    certificado o nota de su inscripción en el Registro Mercantil u otro público que corresponda. En dicha

                    escritura deberán constar, al menos, los siguientes extremos:

                    1º. Los datos que permitan identificar a los socios otorgantes.

                    2º. La razón social y, en su caso, el nombre comercial.

                    3º. El código de identificación fiscal asignado por la Administración Tributaria.

                    4º. El objeto social, que habrá de ser coincidente con la actividad de seguridad privada de

                    investigación privada.

                    5º. El domicilio social, fijado como sede física del despacho, que deberá radicar en territorio español,

                    con indicación de la localidad y su dirección exacta.

                    6º. La indicación del carácter de la sociedad elegida.

                    7º. La composición personal de los órganos de administración y dirección, con indicación de su

                    estructura organizativa, número de miembros, alcance de los poderes otorgados a los mismos y

                    los datos identificativos de los socios a los que se les encomienda la representación del

                    despacho de detectives privados.

                    Cuando los despachos de detectives privados se hubieran constituido como sociedades civiles,

                    comunidades de bienes u otras colectividades carentes de personalidad jurídica, los socios o comuneros

                    deberán aportar copia del original del contrato privado de constitución, debidamente compulsada, en el

                    que deberá figurar el contenido mínimo referido anteriormente.

                    1. b) Declaración formal de los servicios que se van a prestar en relación con la actividad propia de

                    investigación privada que se pretenden desarrollar, con indicación del ámbito territorial de actuación

                    previsto, nacional o autonómico, así como de la dirección de correo electrónico a efectos de lo dispuesto

                    en el artículo 71.2.d), de conformidad con el modelo oficial único disponible, en cada momento, en la

                    sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico

                    competente.

                    1. c) Documento acreditativo del título en virtud del cual se dispone del derecho de uso del local en que se

                    encuentre la sede física del despacho de detectives privados destinada a desarrollar la actividad de

                    investigación privada.

                    1. d) Certificados, emitidos por los técnicos acreditados que correspondan en cada caso, de la instalación y de

                    la efectiva implantación en la sede física fijada como domicilio del despacho de detectives privados, de

                    los sistemas y de las medidas de seguridad físicas, electrónicas e informáticas contempladas en el Anexo

                    IV.

                    Junto con los certificados de referencia, figurará el plano de ubicación de los elementos que componen

                    tales sistemas y medidas, así como las copias, debidamente compulsadas, tanto de los contratos de

                    instalación, conexión a central receptora de alarmas y mantenimiento del sistema de seguridad

                    electrónico instalado, como de los certificados originales emitidos por los organismos de certificación,

                    debidamente acreditados, en relación con los elementos de seguridad física y electrónica instalados,

                    donde conste que los mismos cuentan con la evaluación de conformidad y los requisitos constructivos

                    exigidos en las normas técnicas de normalización y certificación que resulten de aplicación.

                    1. e) Copia, debidamente compulsada, del plan de seguridad previsto para la sede física fijada como domicilio

                    del despacho, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IV.

                    1. f) Relación nominal del personal adscrito al despacho de detectives privados, distinguiéndose entre su

                    titular o titulares, asociados o dependientes, comercial o administrativo, con indicación de los números

                    del DNI y, en su caso, de su tarjeta.

                    Junto con dicha relación se adjuntará una declaración responsable, de conformidad con el modelo oficial

                    único disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su

                    caso, en la del órgano autonómico competente, suscrita y firmada por el titular o titulares, o, en su caso,

                    representante o representantes legales, por la que se ponga de manifiesto que el despacho de detectives

                    privados ha comunicado, y en su caso comunicará en el futuro, si se produjeran modificaciones,

                    subrogaciones o nuevas contrataciones, los contratos celebrados con su personal a la Tesorería General

                    de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, habiéndole dado de alta de acuerdo

                    con el puesto de trabajo, así como que cumple y cumplirá con el resto de obligaciones impuestas por las

                    normas del orden fiscal y laboral; o bien, que dicho personal se halla vinculado al despacho mediante

                    cualquier otra relación profesional válidamente admitida en Derecho que así lo acredite.

                    Podrá incluirse una cláusula en los contratos a celebrar, o relaciones profesionales a entablar, por la que

                    el comienzo de sus efectos quede condicionado a la fecha de presentación de la declaración responsable

                    realizada por el despacho de detectives privados en el Registro que corresponda, a efectos de su

                    inscripción en el mismo. En cualquier caso, una copia de los mismos deberá permanecer en la sede

                    principal o domicilio social del despacho de detectives privados contratante y a disposición, en todo

                    momento, de los órganos de control e inspección competentes que puedan requerirla en los ámbitos de

                    la seguridad privada, laboral o fiscal.

                    1. g) Relación del inventario correspondiente a los medios materiales y técnicos de que se disponga para el

                    ejercicio de la actividad de seguridad privados de investigación privada, firmada por el titular o titulares o,

                    en su caso, representante o representantes legales del despacho de detectives privados, con indicación

                    de la dirección exacta del local o locales utilizados. Dicha relación irá acompañada de los originales o

                    copias, debidamente compulsadas, de las facturas o justificantes de adquisición o derecho de uso de los

                    mismos.

                    1. h) Documentación acreditativa de la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil o de la

                    constitución de otras garantías financieras, por importe de, al menos, 150.000 euros.

                    1. i) Resguardo o justificante acreditativo de haber constituido aval, suscrito contrato de seguro de caución o

                    depositado en efectivo, por importe de: 30.000 euros.

                    1. j) Declaración responsable, de conformidad con el modelo oficial único disponible, en cada momento, en la

                    sede electrónica de la Dirección General de la Policía o, en su caso, en la del órgano autonómico

                    competente, debidamente cumplimentada y firmada por el titular o titulares del despacho, o, en su caso

                    por el representante o los representantes legales del mismo, en la que conste la no incursión de aquél, y

                    de ellos mismos, en cualesquiera de las situaciones contempladas en el artículo 19.1.g) y h) de la Ley, y

                    que presta consentimiento expreso a la Administración para la consulta de sus datos contenidos en el

                    Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. En defecto de consentimiento expreso, se deberá

                    aportar Certificación negativa expedida por dicho Registro. Dicha declaración se adjuntará a la

                    declaración responsable presentada por el despacho interesado para el ejercicio de la actividad de

                    investigación privada.

                    1. k) Justificante de haberse efectuado el ingreso correspondiente, en concepto de tasa, a favor del Tesoro

                    Público, conforme a la tarifa legal que resulte de aplicación, debiéndose adjuntar el original del mismo a

                    la declaración responsable presentada para el ejercicio de la actividad de investigación privada ante el

                    registro correspondiente.

                    1. Los despachos de detectives privados revestidos con forma de empresario individual deberán poseer la misma

                    documentación requerida a los que revistan la forma de sociedades, excepto del documento privado o público de

                    constitución y su inscripción en el Registro Mercantil. En su lugar, bastará con que se justifique documentalmente

                    el cumplimiento ante Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, de las obligaciones

                    establecidas por la legislación fiscal y laboral para el inicio y ejercicio de actividades profesionales.

                    1. Cuando los despachos de detectives privados pretendan abrir sucursales, de acuerdo con lo dispuesto en el

                    artículo 71, resultará de aplicación a ellas solamente lo establecido al efecto en los párrafos b), c), d), e), f), g), j) y

                    1. k) del apartado 2 de este capítulo, debiendo igualmente presentar la correspondiente declaración responsable y

                    cumplir previamente con los requisitos exigidos legal y reglamentariamente al respecto.

                    Podrán establecerse las sucursales en la misma localidad donde el despacho haya fijado su domicilio, o en otras

                    distintas, debiendo, en todo caso, estar un detective privado habilitado, distinto del titular o titulares de aquél, al

                    frente de cada una de ellas.

                    CAPÍTULO II Datos registrales

                    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67.3, en el Registro que corresponda, nacional o autonómico,

                    deberá figurar en la hoja abierta a cada despacho de detectives privados, al menos, el siguiente contenido:

                    1. a) El número de orden de inscripción asignado.
                    2. b) La fecha de inscripción.
                    3. c) La denominación o razón social y, en su caso, el nombre comercial escogido.
                    4. d) El número o código de identificación fiscal.
                    5. e) El domicilio fijado como sede física del despacho de detectives privados y las sucursales si las hubiere.
                    6. f) La personalidad y forma jurídica adoptada.
                    1. g) El ámbito territorial de actuación declarado.
                    2. h) La nacionalidad, nombres, apellidos y número de tarjeta del detective privado titular o detectives privado

                    titulares, así como, en su caso, de los detectives privado asociados o dependientes.

                    1. i) El número de la póliza de responsabilidad civil o, en su caso, de la garantía o garantías financieras

                    constituidas, cuantía y entidad o empresa con la que se suscribieron.

                    1. j) La entidad con la que se hubiere constituido el aval o seguro de caución, la Caja General depositaria e

                    importe depositado.

                    1. k) En su caso, el representante o representantes legales.
                    2. l) La composición de los órganos de administración y dirección de los despachos, en su caso.
                    3. m) Las modificaciones o actualizaciones de los datos enumerados.
                    4. n) En su caso, la cancelación de la inscripción cuando proceda.

                    ANEXO II Personal

                    TÍTULO I Uniformes

                    1. La composición del uniforme, en cuanto a la combinación de las distintas prendas de vestir, se determinará por

                    cada empresa de seguridad privada en función de su conveniencia o necesidades, de las condiciones de trabajo,

                    de la estación del año y de otras posibles circunstancias de orden funcional, laboral o personal.

                    En el caso de guardas rurales contratados por personas físicas o jurídicas, la combinación de las prendas será

                    determinada por éstas, o por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su función de seguridad privada por

                    cuenta propia.

                    1. Todas las prendas de la parte superior del uniforme, llevarán, en la parte alta de la manga izquierda, el escudoemblema

                    o anagrama específico de la empresa de seguridad privada.

                    En el caso de guardas rurales encuadrados en empresas de seguridad de seguridad privada, el uniforme llevará,

                    en todas las prendas exteriores, parte alta superior derecha correspondiente al pecho, el escudo-emblema o

                    anagrama específico de la empresa de seguridad privada.

                    1. En aquellos servicios de seguridad privada que hayan de prestarse en determinados lugares de trabajo que así

                    lo aconsejen, en especificas condiciones laborales que lo requieran, o en circunstancias climatológicas o de

                    especial peligrosidad o riesgo, podrán usarse prendas específicas, accesorias o adecuadas al puesto de trabajo,

                    según lo dispuesto en las normas sectoriales o legislaciones especiales en las que se vele por la salud, seguridad

                    o prevención de riesgos en los puestos de trabajo.

                    1. Estará adaptado a la persona, deberá respetar, en todo momento, su dignidad y posibilitar la elección entre las

                    distintas modalidades cuando se trate de prendas tradicionalmente asociadas a uno de los sexos.

                    1. No podrán asemejarse o inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los de las

                    Fuerzas Armadas.

                    CAPÍTULO I Uniformes de los vigilantes

                    1. El uniforme ordinario del vigilante de seguridad y del de explosivos, así como, en su caso, el adicional o el de

                    servicio, podrá conformarse con las siguientes prendas:

                    1. a) Anorak y pantalón de agua.
                    2. b) Jersey.
                    3. c) Cazadora.
                    4. d) Chaqueta.
                    5. e) Corbata.
                    6. f) Camisa o polo de manga corta o larga.
                    7. g) Pantalón.
                    8. h) Chaleco.
                    9. i) Calcetines.
                    10. j) Medias panty
                    11. k) Zapatos ordinarios o técnicos
                    12. l) Botas.
                    13. m) Cinturón.
                    14. n) Falda.

                    ñ) Chaleco reflectante, cuando las circunstancias lo precisen.

                    1. o) Boina o gorra de plato o tipo béisbol.
                    2. p) Guantes.
                    3. Podrán utilizarse como prendas optativas en el uniforme, las siguientes:
                    4. a) Forro polar
                    5. b) Bufanda tubular.
                    6. c) Botas motorista Todo Terreno.
                    7. d) Casco motorista Todo Terreno.
                    8. e) Pantalón de montar (jinete).
                    9. f) Botas de montar (jinete).
                    10. g) Casco protector (jinete).
                    11. h) Chaleco salvavidas, cuando las circunstancias lo aconsejen.
                    12. i) Cualquier otra prenda que resulte necesaria con arreglo a normas sectoriales o legislaciones

                    especiales

                    1. Podrán ser utilizadas, con carácter potestativo, en aquellos actos cuya relevancia así lo aconseje, las

                    siguientes prendas.

                    1. a) Gorra de plato.
                    2. b) Chaqueta de dos cuartos.
                    3. c) Camisa blanca de manga larga.
                    4. d) Corbata.
                    5. e) Pantalón recto.
                    6. f) Guantes blancos.
                    7. g) Calcetines negros.
                    8. h) Zapato de color negro.
                    9. En la configuración del uniforme que haya de emplearse en los distintos tipos de servicios de seguridad privada

                    de vigilancia y protección, las empresas de seguridad privada tendrán en cuenta los lugares de trabajo y las

                    condiciones laborales específicas, así como las circunstancias climatológicas o de especial peligrosidad o riesgo

                    que concurran en el desarrollo del servicio o en el puesto de trabajo.

                    1. Las prendas exteriores llevarán inscrita, en la parte posterior, la denominación “Seguridad Privada”.
                    2. Las características técnicas de las distintas prendas del uniforme deberán ajustarse a las exigencias de la

                    legislación de prevención de riesgos laborales y, en su caso, a lo que se determine mediante la correspondiente

                    Resolución del Director General de la Policía.

                    CAPÍTULO II Uniformes de los guardas

                    1. El uniforme ordinario del guarda rural y de sus especialidades, guarda de caza y guardapesca marítimo será

                    único y podrá conformarse con las siguientes prendas:

                    1. a) Pantalón.
                    2. b) Jersey de parches.
                    3. c) Camisa de manga larga o corta.
                    4. d) Anorak.
                    5. e) Botas.
                    6. f) Ceñidor.
                    7. g) Gorra.
                    8. h) Calcetines.
                    9. i) Chaleco reflectante, cuando las circunstancias lo precisen.
                    10. Podrán utilizarse como prendas optativas en el uniforme, las siguientes:
                    11. a) Forro polar.
                    12. b) Bufanda tubular.
                    13. c) Traje de agua.
                    14. d) Polo de manga corta.
                    15. e) Chaleco multibolsillos.
                    16. f) Zapatos de color negro.
                    17. g) Botas de agua, tipo pocero.
                    18. h) Botas de agua, caña extra alta.
                      1. i) Zapato náutico
                      2. j) Faja riñonera para motoristas todo terreno.
                      3. k) Botas motorista Todo Terreno.
                      4. l) Casco motorista Todo Terreno.
                      5. m) Pantalón de montar (jinete).
                      6. n) Botas de montar (jinete).

                      ñ) Casco protector (jinete).

                      1. o) Chaleco salvavidas, cuando las circunstancias lo aconsejen.
                      2. p) Traje de agua de neopreno.
                      3. Por razones de identidad e históricas se mantiene el uniforme tradicional del guarda particular del campo, para

                      ser utilizado con carácter potestativo en aquellos actos cuya relevancia así lo aconseje.

                      1. a) Sombrero de ala ancha.
                      2. b) Chaqueta de pana.
                      3. c) Camisa blanca manga larga.
                      4. d) Corbata.
                      5. e) Pantalón recto de pana.
                      6. f) Bandolera.
                      7. g) Zapato de color negro.
                      8. Los guardas encuadrados en empresas de seguridad privada llevarán el escudo-emblema o anagrama

                      específico de la empresa de seguridad privada, sin que sus dimensiones puedan exceder del distintivo profesional

                      de guarda rural y sus especialidades.

                      Dicho escudo-emblema se mostrará permanentemente y en la prenda exterior del uniforme, en la parte superior

                      derecha.

                      La configuración de las prendas del uniforme de los guardas rurales integrados en una empresa de seguridad

                      privada, y la de aquellos que estuvieran contratados por cuenta de una persona física o jurídica, será determinada

                      por la empresa o personal física o jurídica contratante, según el caso. En el supuesto de desarrollar su función por

                      cuenta propia, será determinada por el propio guarda.

                      1. Las prendas exteriores llevarán inscrita, en la parte posterior, la denominación “Seguridad Privada”.
                      2. Las características técnicas de las distintas prendas del uniforme, incluyendo sus representaciones gráficas,

                      deberán ajustarse a las exigencias de la legislación de prevención de riesgos laborales y, en su caso, a lo que se

                      determine mediante la correspondiente Resolución del Director General de la Guardia Civil.

                      TÍTULO II Distintivos

                      CAPÍTULO I Características de los distintivos profesionales de los vigilantes

                      1. El distintivo profesional de los vigilantes de seguridad y los de explosivos tendrá la forma y características

                      conforme al modelo siguiente:

                      1. a) Alto de 6 cm. y ancho de 5,5 cm.
                      2. b) Fondo de color azul (Pantone Reflex Blue) …
                      3. c) Tipo de letra arial negrita de color blanco.
                      4. d) Tamaños de letra de cada palabra:

                       VIGILANTE: 27,6

                       DE: 20,9

                       SEGURIDAD: 24

                       EXPLOSIVOS: 18

                       Nº (y los dígitos): 24

                      1. e) Todos los textos tienen un contorno de 0,353 mm de color dorado (Pantone 109).
                      2. f) Líneas interiores perimetral y del recuadro del número, de color dorado (Pantone 109).
                      3. g) Grosores de líneas:

                       Perímetro Exterior: 0,45 mm.

                       Perímetro Interior: 0,706 mm.

                       Rectángulo: 1,5 mm.

                      1. Podrá ser de material metálico o plástico flexible, con las siguientes características:

                      1º Si fuera metálico estará elaborado mediante una aleación de un 65 por 100 de cobre y un 35 por 100 de

                      zinc, recubierto con esmalte cerámico y tratado con baños de decapado, desengrasado, níquel y latón.

                      Su fijación al uniforme se realizará con cualquier tipo de sistema que impida su caída accidental.

                      2º Si fuera plástico estará elaborado en policloruro de vinilo (PVC). Su fijación al uniforme se realizará con

                      un sistema de cierre de gancho y bucle de los denominados tipo “velcro”.

                      CAPÍTULO II Características de los distintivos profesionales de los guardas

                      1. El distintivo profesional de los guardas tendrá la forma y características conforme al modelo siguiente:
                      2. a) Alto de 6 cm. y ancho de 5,5 cm.
                      3. b) Fondo de color verde (Pantone 341 c).
                      4. c) Tipo de letra arial negrita de color blanco.
                      5. d) Tamaños de letra de cada palabra:

                       GUARDA: 27,6

                       RURAL: 24

                       DE :20,9

                       CAZA: 24

                       GUARDAPESCA: 18

                       MARÍTIMO: 18

                       Nº (y los dígitos): 24

                      1. e) Todos los textos tienen un contorno de 0,353 mm de color dorado (Pantone 109).
                      2. f) Líneas interiores perimetral y del recuadro del número, de color dorado (Pantone 109).
                      3. g) Grosores de líneas:

                       Perímetro Exterior: 0,45 mm.

                       Perímetro Interior: 0,706 mm.

                       Rectángulo: 1,5 mm.

                      1. Podrá ser de material metálico o plástico flexible, con las siguientes características:
                      2. a) Si fuera metálico estará elaborado mediante una aleación de un 65 por 100 de cobre y un 35 por 100 de

                      zinc, recubierto con esmalte cerámico y tratado con baños de decapado, desengrasado, níquel y latón.

                      Su fijación al uniforme se realizará con cualquier tipo de sistema que impida su caída accidental.

                      1. b) Si fuera plástico estará elaborado en policloruro de vinilo (PVC). Su fijación al uniforme se realizará con

                      un sistema de cierre de gancho y bucle de los denominados tipo “velcro”.

                      CAPÍTULO III Fabricación de distintivos

                      1. Quienes pretendan fabricar estos distintivos, y a los efectos de registro y publicidad, lo comunicarán al órgano

                      de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional o, en su caso, al órgano de

                      la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional.

                      1. Cuando se comunique al personal de seguridad privada el número de la habilitación que les corresponde, se

                      les facilitará la relación de fabricantes registrados para que puedan proveerles de los mismos.

                      1. Los fabricantes sólo suministrarán distintivos a aquel personal de seguridad privada que se acredite como tal

                      con la tarjeta, debiendo llevar un control de los distintivos suministrados, con anotación del nombre y del número

                      de tarjeta, que estará a disposición del personal competente de la Policía Nacional o, en su caso, de la Guardia

                      Civil.

                      TÍTULO III Medios de defensa

                      Los medios de defensa del personal de seguridad privada uniformado, a los que se refiere el artículo 109, estarán

                      constituidos por la defensa reglamentaria, que será de color negro, de goma semirrígida y de cincuenta

                      centímetros de longitud, y por los grilletes de seguridad, que serán de tipo manilla.

                      TÍTULO IV Informes de aptitud psicofísica para prestar servicios de seguridad privada y portar armas

                      1. Los Centros de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos que hayan de expedir los informes de aptitudes

                      psicofísicas necesarias para prestar servicios de seguridad privada y para tener y usar armas, lo efectuarán,

                      respectivamente, en los Modelos I y II del presente título.

                      1. Los expresados Centros comunicarán los informes negativos que expidan y los procesos de reconocimiento

                      que se interrumpan, indicando en ambos casos las causas:

                      1. a) Al órgano de la Dirección General de la Policía que determine su estructura orgánica y funcional,

                      competente para tramitar la expedición de la tarjeta de vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y

                      escoltas privados, en el Modelo III de este título.

                      1. b) Al órgano de la Dirección General de la Guardia Civil que determine su estructura orgánica y funcional,

                      competente para tramitar la expedición de la tarjeta de identidad profesional de guardas rurales, guardas

                      de caza y guardapescas marítimos, en el Modelo IV de este título.

                      1. c) Al Registro Central de Guías y Licencias de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección

                      General de la Guardia Civil, en el Modelo V de este título, cuando se refieran a licencias y autorizaciones

                      para la tenencia y uso de armas.

                      FOTOGRAFÍA

                      RECIENTE.

                      FIRMADA Y

                      SELLADA AL

                      DORSO

                      Modelo 1

                      (Nombre y dirección del Centro) Número de inscripción en el

                      Registro: …………………..

                      SEGURIDAD PRIVADA

                      1. …………………………………………………………………………………,

                      Director del centro de Reconocimiento Médico y Psicotécnico ……………….

                      ………………………………………………………………..………………………..

                      INFORMA:

                      Que D. ……………………………………………………………………………….

                      con D.N.I. nº ………………………nacido el ………………………se ha

                      sometido al reconocimiento facultativo pertinente de comprobación

                      (1)…………………………… de las aptitudes físicas y psicológicas necesarias

                      a efectos de habilitación para prestar servicios de seguridad privada de

                      conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2487/98, de 20 de

                      noviembre, y visto el dictamen médico (2)…………………………, así como el

                      dictamen psicológico (2)…………………….……………………se le considera

                      (3)……………….para (4)…………………….……………………. la habilitación

                      correspondiente.

                      A los efectos indicados, expido el presente informe en

                      ..………………a…….de…………………..de 2.0….

                      EL DIRECTOR DEL CENTRO,

                      (Sello)

                      (1) Inicial o periódica.

                      (2) Positivo o negativo.

                      (3) Apto o no apto.

                      (4) Obtener o mantener la vigencia de. (Enumeración de enfermedades, deficiencias u

                      Caduca a los tres meses observaciones al dorso).

                      ENFERMEDADES O DEFICIENCIAS:

                      (Si hay enfermedades, deficiencias u observaciones, sello del Centro y firma del Director).

                      OBSERVACIONES:

                      TALLA: (expresada en centímetros)

                      Modelo 2

                      (Nombre y dirección Número de inscripción en el Registro…………..

                      del Centro)

                      AUTORIZACIONES DE ARMAS

                      1. …………………………………………………………………………………,

                      Director del centro de Reconocimiento Médico y Psicotécnico………………….

                      …………………………………………………………………………………………..

                      INFORMA:

                      Que D.

                      ………………………………………………………………………………….

                      Con D.N.I. nº ………………………nacido el ………………………se ha

                      sometido al reconocimiento facultativo pertinente de comprobación de las

                      aptitudes físicas y psicológicas necesarias para la

                      (1)……………………………

                      de la Licencia o Autorización de tenencia y uso de armas del grupo

                      (2)………………, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto

                      2487/1998, de 20 de noviembre, y visto el dictamen médico

                      (3)…………………………, así como el dictamen psicológico

                      (3)…………………………se le considera (4)……………………….……….para

                      (5)………………………….la Licencia o Autorización de armas

                      correspondiente.

                      A los efectos indicados, expido el presente informe en

                      ..………………a…….de…………………..de 2.0….

                      EL DIRECTOR DEL CENTRO,

                      (Sello)

                      (1) Obtención o renovación.

                      (2) M o L.

                      (3) Positivo o negativo.

                      (4) Apto o no apto.

                      (5) Obtener o renovar. (Enumeración de enfermedades deficiencias

                      Caduca a los tres meses. u observaciones al dorso)

                      FOTOGRAFÍA

                      RECIENTE.

                      FIRMADA Y

                      SELLADA AL

                      DORSO

                      ENFERMEDADES O DEFICIENCIAS:

                      (Si hay enfermedades, deficiencias u observaciones, sello del Centro y firma del Director).

                      OBSERVACIONES:

                      Modelo 3

                      (Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para la habilitación como

                      vigilantes de seguridad, de explosivos y escolta privado)

                      (Nombre y dirección del Centro) Número de inscripción en el Registro………….

                      En cumplimiento de los dispuesto en el Real Decreto 2487/98 de 20 de noviembre, se participa que el

                      día……..de…………………………de………….., se ha sometido a reconocimiento en este Centro

                      D……………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………………..

                      nacido el ……………………………, y con domicilio en

                      ……………………………………………………………………………………….…,para la emisión del

                      correspondiente INFORME de aptitudes psicofísicas necesarias para

                      (1)………………………………………………… de la habilitación como

                      (2)……………………….………………………, y dicho reconocimiento ha resultado

                      (3)………….…………………., por las siguientes causas:

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………

                      ……………………………………………………………………………………………………………………

                      Lo que se comunica a los efectos oportunos.

                      …………………a…….de…………….de 2.0….

                      EL DIRECTOR DEL CENTRO,

                      (Sello)

                      UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA.

                      (1) La obtención o el mantenimiento de la vigencia.

                      (2) Vigilante de seguridad, escolta privado o vigilante de explosivos.

                      (3) Negativo o Interrumpido.

                      Modelo 4

                      (Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para la habilitación como guarda rural

                      en sus distintas modalidades).

                      (Nombre y dirección del Centro) Número de inscripción en el Registro………….

                      En cumplimiento de los dispuesto en el Real Decreto 2487/98 de 20 de noviembre, se participa que el

                      día……..de…………………………de………….., se ha sometido a reconocimiento en este Centro

                      D……………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………………..nacido el

                      ……………………………, y con domicilio en ………………………………………………………………………….…,

                      para la emisión del correspondiente INFORME de aptitudes psicofísicas necesarias para

                      (1)………………………………………………… de la habilitación como

                      (2)………………………………………………………, y dicho reconocimiento ha resultado

                      (3)…………………………., por las siguientes causas:

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………

                      ………………………………………………………………………………………………

                      Lo que se comunica a los efectos oportunos.

                      …………………a…….de…………….de 2.0….

                      EL DIRECTOR DEL CENTRO,

                      (Sello)

                      SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.

                      (1) La obtención o el mantenimiento de la vigencia.

                      (2) Guarda rural, guarda de caza o guardapesca marítimo.

                      (3) Negativo o Interrumpido.

                      Modelo 5

                      (Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para poseedores de armas de fuego)

                      (Nombre y dirección del Centro) Número de inscripción en el Registro………….

                      En cumplimiento de los dispuesto en el Real Decreto 2487/98 de 20 de noviembre, se participa que el

                      día……..de……………de………….., ha sido reconocido en este Centro D…………………………………………, con

                      D.N.I. nº ………………………..nacido el ……………………………, y con domicilio en …………………………..

                      ……………………………………………………………………………………….…,para la emisión del correspondiente

                      INFORME de aptitudes psicofísicas necesarias para la (1)…………………………..de la Licencia o Autorización

                      como poseedor de armas de fuego de la categoría…………………., y dicho reconocimiento ha resultado

                      (2)…………………………., por las siguientes causas:

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………

                      ………………………………………………………………………………………………

                      Lo que se comunica a los efectos oportunos.

                      …………………a…….de…………….de 2.0….

                      EL DIRECTOR DEL CENTRO,

                      (Sello)

                      Registro Central de Guías y Licencias. Intervención Central de Armas y Explosivos. Dirección General de

                      la Guardia Civil.

                      (1) Obtención o renovación.

                      (2) Negativo o Interrumpido.

                      TÍTULO V Ejercicios de tiro del personal de seguridad privada

                      CAPÍTULO I Disposición común

                      1. Objeto.

                      Regular la realización de los ejercicios de tiro obligatorios con armas de fuego y prácticas con fuego real, de los

                      vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas rurales, con las adecuaciones técnicas y procedimientos que

                      mejoren la eficacia y seguridad de su práctica y desarrollo, establecer las condiciones para la autorización de los

                      Instructores de tiro a que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada y el procedimiento para la obtención de

                      la licencia de armas “C”.

                      1. Supervisión de los ejercicios de tiro.

                      2.1 La supervisión y control de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada y aspirantes

                      corresponde al Cuerpo de la Guardia Civil en el ejercicio de su competencia derivada de la legislación de

                      Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de armas, cartuchería, artículos pirotécnicos y explosivos.

                      Los Jefes de Comandancia designarán de entre su personal con la aptitud pertinente para actuar como

                      director de tiro en la Guardia Civil, a aquellos que deben supervisar los ejercicios de tiro del personal de

                      seguridad privada.

                      2.2 A dichos supervisores les corresponde:

                      1. a) Asistir a todos los ejercicios de calificación, y a los de entrenamiento y prácticas de los aspirantes

                      a obtener la habilitación como personal de seguridad privada cuando lo consideren conveniente,

                      sin aviso previo a las empresas de seguridad privada o centros de formación del personal de

                      seguridad privada.

                      1. b) Comprobar que los ejercicios se realicen de acuerdo con la legislación vigente y lo dispuesto en

                      el presente Título.

                      1. c) Evaluar la actuación de los instructores de tiro en sus funciones.
                      2. d) Verificar las documentaciones de los asistentes al ejercicio, así como la habilitación de los

                      instructores.

                      1. e) Dar el visto bueno a las cartillas de tiro de los asistentes, cuando se haya consignado por las

                      empresas de seguridad privada, o, en su caso, por los propios guardas rurales, el resultado de los

                      ejercicios de tiro.

                      1. f) Dar cuenta al Jefe de Comandancia de los tiradores que han obtenido resultado negativo y de

                      aquellos en que procede la suspensión temporal de la licencia de armas.

                      1. g) Hacer propuesta razonada, a los Jefes de Comandancia, de las causas que consideren

                      suficientes para la retirada y suspensión temporal o definitiva de la habilitación de los instructores

                      de tiro de personal de seguridad privada.

                      1. h) Evaluar el nivel de adiestramiento en el manejo de las armas del personal asistente.
                      2. i) Comprobar el buen estado de funcionamiento de las armas y la conservación de la munición de

                      dotación.

                      1. Lugares.

                      3.1 Los ejercicios de tiro y prácticas con armas de fuego, deberán realizarse en campos, galerías y polígonos

                      de tiro, autorizados conforme a lo previsto en la normativa de armas. Donde no existan instalaciones

                      autorizadas, el Jefe de la Comandancia podrá determinar su lugar de realización, que deberá reunir las

                      suficientes medidas de seguridad en función de las armas a utilizar, de conformidad con lo establecido en

                      dicha normativa.

                      3.2 Ante la eventualidad de que, en algunas provincias, el número de campos y galerías autorizados haga

                      imposible la asistencia a todas ellas del personal de la Guardia Civil encargado de la supervisión de los

                      ejercicios de calificación, o, incluso, por meras razones de optimizar su rendimiento, los Jefes de

                      Comandancia podrán rechazar, para estos ejercicios calificatorios, los lugares solicitados por las

                      empresas de seguridad privada, centros de formación del personal de seguridad privada o guardas

                      rurales, que no permitan, en una sesión de duración máxima (cuatro horas), la realización del ejercicio de

                      tiro de un mínimo de cien hombres.

                      1. Armas y municiones.

                      4.1 Todas las armas de fuego de las empresas de seguridad privada, al menos una vez al año, deberán ser

                      utilizadas en los ejercicios de tiro o en las pruebas para la obtención de la licencia de armas “C” con objeto

                      de comprobar su estado y funcionamiento.

                      4.2 Como norma general, y siempre que sea posible, el personal de seguridad privada realizará los ejercicios

                      de tiro con las armas adjudicadas para el servicio.

                      4.3 En el supuesto de que, por cualquier razón, la empresa de seguridad privada dispusiera de más armas

                      que vigilantes, guardas o escoltas privados, las armas sobrantes deberán ser trasladadas al campo de tiro

                      en los ejercicios de calificación, o pruebas de obtención de la licencia de armas “C”, para su prueba por

                      parte de los jefes de seguridad habilitados como instructores de tiro de personal de seguridad privada, por

                      instructores de tiro de personal de seguridad privada habilitados, o bien por los aspirantes a la licencia de

                      armas “C”, realizando, al menos, 10 disparos con cada una de ellas.

                      4.4 El transporte de las armas y la cartuchería se realizará de conformidad con lo dispuesto en las normativas

                      de armas, de artículos pirotécnicos y cartuchería y de este reglamento, respectivamente.

                      1. Solicitud y dotación de cartuchería.

                      5.1 La empresa de seguridad privada, la persona física o jurídica contratante de guardas rurales o, el propio

                      guarda, en el supuesto de que desarrolle su función por cuenta propia, aunque no esté prestándose

                      servicios con armas de fuego, así como los centros de formación del personal de seguridad privada,

                      podrán solicitar en cualquier fecha, de conformidad con lo recogido en el artículo 136.3.a).c) del

                      Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, la autorización para la adquisición de la cartuchería

                      que precisen para los ejercicios o prácticas de tiro, debiendo depositarse en cajas fuertes aptas para ello

                      independientes de las de las armas, o en lugares que reúnan las condiciones de seguridad que se

                      determinen reglamentariamente.

                      5.2 Las empresas de seguridad privada, los centros de formación del personal de seguridad privada, las

                      personas físicas o jurídicas contratantes de los guardas rurales y los guardas rurales en el caso de

                      desarrollar su función por cuenta propia, llevarán un Libro-Registro de altas y bajas de munición, foliado y

                      sellado por la Intervención de Armas y Explosivos.

                      5.3 La cartuchería cuya adquisición se puede solicitar en función de las armas adjudicadas, es la siguiente:

                      1. a) Para ejercicios de tiro:

                       Vigilante de seguridad, vigilante de explosivos y guarda rural:

                      o Revólver: 75 cartuchos anuales por tirador que preste servicio con armas y 75

                      cartuchos anuales por tirador para aquellos que puedan prestar servicios con armas.

                      o Escopeta: 50 cartuchos anuales por tirador que preste servicio con armas; y 25

                      cartuchos anuales por tirador para aquellos que puedan prestar servicios con armas.

                       Escolta privado:

                      o Pistola: 100 cartuchos anuales por tirador.

                       Guarda rural:

                      o Carabina: 70 cartuchos anuales por tirador que preste servicio con armas; y 70

                      cartuchos anuales por tirador para aquellos que puedan prestar servicios con armas.

                       Armas sin adjudicar para el servicio: 10 cartuchos anuales por arma.

                       Por cada tirador con resultado negativo los mismos que para el total anual del arma

                      correspondiente, repartidos de la siguiente forma:

                      o Un ejercicio de calificación completo.

                      o Resto de munición para entrenamiento.

                      1. b) Para la realización de las pruebas de obtención de licencia de armas “C”:

                       25 cartuchos por aspirante.

                      1. c) Para la obtención de la extensión de la habilitación de la licencia de armas “C” a una segunda o

                      sucesiva arma distinta a la utilizada para obtener dicha licencia:

                       10 cartuchos por aspirante.

                      5.4 Con objeto de facilitar la adquisición de la cartuchería que, en pequeñas cantidades puede suponer

                      inconvenientes, en partidas que no completen los envases, las empresas de seguridad privada podrán

                      redondear estas cantidades siempre que, a la finalización de los ejercicios anuales, el total del sobrante

                      de munición no sobrepase los 200 cartuchos de cada calibre.

                      5.5 En los ejercicios de tiro se emplearán los cartuchos de dotación que tienen las armas reglamentarias,

                      siendo éstos canjeados por otros tantos de los que se hayan adquirido para los ejercicios de tiro.

                      1. Calendario anual y solicitudes de las empresas de seguridad privada.

                      6.1 Con el fin de que las empresas de seguridad privada, las personas contratantes de guardas rurales o, el

                      propio guarda, puedan programar las fechas de realización de los ejercicios de tiro obligatorio, en el mes

                      de enero de cada año, las Jefaturas de Comandancia de la Guardia Civil confeccionarán, dentro de los

                      límites del apartado décimo, el calendario anual de los ejercicios de tiro anuales, semestrales, y

                      trimestrales, al que tendrán acceso las mencionadas empresas y guardas.

                      6.2 Una vez conocido el calendario, podrán solicitar las plazas como mínimo diez días antes del comienzo del

                      período de ejercicios. Excepcionalmente, por razones justificadas, los Jefes de Comandancia podrán

                      aceptar peticiones de este tipo fuera del plazo establecido.

                      6.3 En dicha solicitud de fechas incluirán los lugares, propios o ajenos, que proponen para la realización de

                      los ejercicios de su personal y el plan de contingencia a que se refiere el apartado séptimo del presente

                      Título.

                      6.4 Los Jefes de las Comandancias atenderán en lo posible las fechas solicitadas por las empresas de

                      seguridad privada, por las personas contratantes de guardas rurales o, por el propio guarda, y los lugares

                      propuestos siempre procurando, en los ejercicios de calificación, cumplir el concepto de máximo

                      rendimiento del personal designado para la supervisión a que hace referencia el punto 2.

                      1. Asistencia sanitaria.

                      7.1 En los campos, polígonos o galerías de tiro reglamentariamente autorizados, durante los ejercicios y

                      prácticas de tiro, concurrirá obligatoriamente el servicio sanitario necesario dotado de personal y equipos

                      adecuados, en relación a la distancia con el centro sanitario más próximo, para atender en primera

                      instancia y posterior evacuación, si procede, a los asistentes ante cualquier accidente que pudiera ocurrir,

                      garantizando, en todo caso, la prestación de atención inmediata en soporte vital básico.

                      7.2 El servicio sanitario que asista a los ejercicios de tiro, debe contar con un plan de contingencia que incluya

                      la localización del polígono, campo o galería de tiro, accesos, vías de evacuación, centros médicos

                      próximos, comunicaciones, enlace con el servicio de emergencia médica 112, por si fuera necesario la

                      evacuación, con soporte vital avanzado, y una posterior asistencia hospitalaria. A tal efecto, antes de cada

                      ejercicio y con el objeto de garantizar lo indicado en este apartado, se comunicará la realización del

                      mismo a los servicios de emergencias correspondientes.

                      7.3 Las empresas de seguridad privada, las personas contratantes de guardas rurales o, el propio guarda, así

                      como los centros de formación del personal de seguridad privada, serán responsables del cumplimiento

                      de lo dispuesto en este apartado.

                      CAPÍTULO II Ejercicios de tiro obligatorios con fuego real del personal de seguridad privada

                      1. Personal que debe realizar los ejercicios de tiro y periodicidad.

                      1.1 El personal de seguridad privada realizará los siguientes ejercicios:

                      1. a) Vigilantes de seguridad que presten servicios con armas, un ejercicio de tiro al semestre.
                      2. b) Escoltas privados, un ejercicio de tiro cada trimestre.
                      3. c) Guardas rurales que presten servicios con armas, un ejercicio de tiro al semestre.

                      1.2 Los ejercicios de tiro del primer semestre de los vigilantes de seguridad y guardas rurales que presten

                      servicios con armas y los del primer y tercer trimestre de los escoltas privados, se considerarán de

                      entrenamiento. El resto de los ejercicios serán de calificación para comprobación de la aptitud.

                      1.3 Los vigilantes de seguridad, guardas rurales o escoltas privados por no prestar servicio armado, deberán

                      realizar un ejercicio de tiro con resultado positivo previamente a la prestación de nuevos servicios con

                      armas que será de calificación para comprobación de la aptitud.

                      221

                      1. Requisitos asistencia a los ejercicios de tiro y documentación.

                      2.1 El personal que tome parte en la realización de los ejercicios de tiro a que se refieren estas instrucciones

                      deberá asistir a los mismos, como mínimo, ocho horas después de la realización del último servicio. Los

                      vigilantes de seguridad y los guardas rurales deberán acudir perfectamente uniformados.

                      2.2 Al asistir a los ejercicios de tiro deberá llevar consigo los siguientes documentos:

                      1. a) Documento Nacional de Identidad en vigor, pasaporte o permiso de conducir o, tratándose de

                      extranjeros, de la tarjeta o autorización de residencia en vigor, o en su defecto, del pasaporte.

                      1. b) Tarjeta de identidad profesional.
                      2. c) Licencia de armas.
                      3. d) Guía de pertenencia del arma.
                      4. e) Autorización de traslado del arma, en su caso.

                      2.3 La falta de alguna prenda de uniformidad o de algún documento podrá ser causa suficiente para la

                      eliminación del ejercicio de tiro del personal de seguridad privada en que concurra esta circunstancia. Este

                      personal deberá realizar el ejercicio en cualquier otra sesión programada.

                      1. Fechas.

                      3.1 Como norma general, los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, se realizarán:

                      1. a) Vigilantes de seguridad y guardas rurales:

                      – Primer semestre: Durante los meses de marzo, abril y mayo.

                      – Segundo semestre: Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

                      1. b) Escoltas privados:

                      – Primer trimestre: Durante el mes de marzo.

                      – Segundo trimestre: Durante el mes de mayo.

                      – Tercer trimestre: Durante el mes de septiembre.

                      – Cuarto trimestre: Durante el mes de noviembre.

                      3.2 Los ejercicios de tiro se realizarán en días laborables de lunes a sábado, ambos inclusive, en sesiones de

                      cuatro horas como máximo, debiendo existir entre dos sesiones consecutivas un período de tiempo de

                      dos horas como mínimo.

                      El último día de los programados para ejercicios de tiro será dedicado a incidencias y en éste se realizarán

                      los ejercicios el personal que, por causa justificada, no haya podido asistir el día que tuviera señalado para

                      efectuarlo.

                      Dentro de los diez días siguientes al de incidencias, se establecerá una fecha para la recuperación de los

                      tiradores que hayan obtenido resultado negativo en los ejercicios de calificación.

                      3.3 Cuando, por razón del servicio de seguridad privada que presten, los vigilantes de seguridad y los guardas

                      rurales se encuentren desplazados fuera del territorio nacional en los periodos de realización de los

                      ejercicios de tiro, la empresa de seguridad privada lo comunicará a la Jefatura de la Comandancia donde

                      esté el domicilio del interesado.

                      Dicha empresa solicitará la asignación de fechas para realizar los ejercicios que tengan pendientes,

                      dentro del mes siguiente a la fecha prevista para su regreso a territorio nacional, manteniendo mientras

                      tanto la vigencia de sus licencias de armas. Por causas justificadas, a solicitud del interesado, el indicado

                      plazo podrá ampliarse por resolución motivada de los Jefes de Comandancia, que fijarán el término de

                      vigencia.

                      1. Ejercicios a realizar.

                      4.1 Los ejercicios de los vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas rurales, ya sean de

                      entrenamiento o de calificación, cuya periodicidad será trimestral o semestral, serán realizados de

                      conformidad con lo dispuesto en los Capítulo IX y XI del presente título.

                      4.2 El empleo de simuladores para mejorar la instrucción del tiro del referido personal de seguridad privada,

                      tendrá carácter complementario, quedando su uso a criterio de las empresas de seguridad privada, de la

                      222

                      persona física o jurídica contratante de los guardas rurales o, por el propio guarda en el supuesto que

                      desarrolle su función por cuenta propia.

                      1. Clasificaciones.

                      5.1 Se clasificará sobre impacto dentro de silueta:

                      1. a) Negativo: Hasta el 50 por 100 del total de disparos puntuables.
                      2. b) Positivo: Más del 50 por 100.
                      3. c) Primera: Más del 70 por 100 en todos los ejercicios anuales.
                      4. d) Selecto: Más del 90 por 100 en todos los ejercicios que realice durante dos años consecutivos.

                      5.2 Las dimensiones de la silueta serán las que figuran en el Capítulo XII.

                      5.3 Al tirador que haya obtenido la clasificación de selecto, los Jefes de Comandancia expedirán un diploma

                      según las características descritas en el Capítulo XII.

                      5.4 Se considerarán impactos dentro de la silueta todos aquellos que la marca dejada por el proyectil toque la

                      silueta.

                      5.5 La calificación del tiro con escopeta cal. 12, será valorada por el instructor de tiro en función del resultado:

                      será negativo si el ejercicio no se realiza siguiendo los criterios que defina el instructor y será positivo

                      cuando estos criterios sean cumplidos.

                      5.6 A los tiradores que no alcancen resultados positivos en el ejercicio puntuable ni en el de recuperación les

                      será suspendida temporalmente la licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado

                      positivo.

                      Este personal podrá prestar cualquier tipo de servicio de seguridad privada que no requiera la utilización

                      de las armas amparadas por su licencia y se le autoriza su asistencia a los polígonos, campos o galerías

                      de tiro, que designe la empresa de seguridad privada, las personas contratantes de guardas rurales o, el

                      propio guarda, para que, bajo la dirección de instructores habilitados, realicen las prácticas necesarias

                      para recuperar la aptitud y disponer nuevamente de su licencia de armas “C”.

                      Las pruebas de los suspendidos temporalmente de licencia de armas se realizarán durante los ejercicios

                      reglamentarios del semestre siguiente al que hubiera tenido lugar la suspensión, en el lugar y fecha que el

                      Jefe de la Comandancia designe y, en todo caso, bajo la supervisión de la Guardia Civil.

                      CAPÍTULO III Instructores de tiro

                      Funciones, habilitación y revocación.

                      1. Los ejercicios y prácticas de tiro con armas de fuego del personal de seguridad privada, de los alumnos de los

                      centros de formación del personal de seguridad privada y de los aspirantes a obtener la licencia de armas “C”,

                      serán dirigidos por instructores de tiro de personal de seguridad privada debidamente habilitados.

                      1. La habilitación para ser instructor de tiro de personal de seguridad privada se obtendrá mediante la superación

                      de las pruebas que convocará la Dirección General de la Guardia Civil, sobre un programa que aprobará al

                      efecto. Éstas consistirán en una prueba de conocimientos teóricos y en una prueba de aptitud práctica que

                      constará de dos partes, una sobre dirección de prácticas y perfeccionamiento en el manejo de las armas del

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